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La comparecencia del ministro de Economía, Richard Martínez, será una de las primeras actividades que realizará la Comisión del Desarrollo Económico, una vez que concluya el receso legislativo, este 1 de marzo. También dará prioridad a los proyectos que tengan que ver con el impulso al emprendimiento, innovación, fomento artesanal y cuidado del ambiente. Así lo anunció su presidente, el asambleísta Esteban Albornoz.
El pasado 5 de febrero, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para solicitar la comparecencia de Martínez en la Comisión del Desarrollo Económico para que informe el impacto de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, así como las razones que motivaron desarrollar un nuevo cálculo de intereses por los pagos mínimos o parciales de deudas con tarjeta de crédito. Lo hará como presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria.
Albornoz explicó que, aunque este cómputo ya no se lo ejecutará, es importante conocer cuáles fueron los motivos de la medida. Por otra parte, recordó que presentó un proyecto de Ley que busca evitar los cobros indebidos de los bancos, evitar llamadas impertinentes y hacer un buen uso de la base de datos del sector financiero y de telefónicas. La iniciativa se tramita en la Comisión de Régimen Económico.
El organismo también está preocupado por el cambio climático, que afecta, entre otros sectores, al agrícola. Por ello, continuará con el trámite del proyecto de Ley que busca la reducción del plástico de un solo uso. Además, espera que el Pleno resuelva el veto parcial a la Ley de Eficiencia Energética, cuyo informe está listo. Las dos iniciativas son de Albornoz.
Respecto del proyecto de Ley de Emprendimiento, el Presidente manifestó que le darán todo el impulso, tomando en cuanta la vocación que tiene el país para estas actividades y por su capacidad de generar empleo. Lo mismo harán con propuestas sobre el fomento artesanal.
LILA/eg
Las sociedades que se dediquen a la producción audiovisual, de vídeos musicales, telenovelas, series, miniseries, reality shows, tanto televisivas como en plataformas en Internet, o cinematográficas, tienen derecho a que les sea reintegrado el 50 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en el desarrollo, preproducción y postproducción. Esto, si es que sus rodajes se realizan en Ecuador.
Así lo establece la Ley de Fomento Productivo aprobada por la Asamblea y que está vigente desde el 21 de agosto de 2018. La norma indica que la devolución de ese porcentaje será a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago.
Las sociedades que pretendan beneficiarse de esta disposición deberán registrarse, previa solicitud de devolución, en el Servicio de Rentas Internas. Este incentivo no abarca a las sociedades que se dediquen a las actividades de programación y transmisión, aún cuando tengan a su cargo actividades de producción.
Producción nacional
La Ley, que la tramitó la Ley del Desarrollo Productivo, implementa mecanismos para el desarrollo de la producción y generación de empleo. Determina, por ejemplo, que en los procesos de contratación pública para la provisión de bienes y servicios para proyectos sociales públicos, las entidades contratantes deberán privilegiar las ofertas que utilicen insumos y suministros de origen local, mayoritariamente del sector de la economía popular y solidaria, de medianas y pequeñas empresas, y el empleo de mano de obra de origen nacional
Movilidad Humana
Otro de los beneficios que otorga a la Ley de Fomento Productivo es que los inversionistas puedan acceder a una residencia temporal de excepción. Este tipo de visa podrá ser renovada cuantas veces lo requiera el peticionario, siempre que no incurra en alguna de las prohibiciones que establece la Ley para obtener este tipo de documento.
Por inversionista la norma entiende a quien cuenta con bienes y recursos económicos de origen lícito para realizar actividades productivas o comerciales en el Ecuador. Una vez concedida la residencia temporal, la persona extranjera deberá afiliarse al sistema nacional de seguridad social o demostrar que tiene un seguro de salud privado con cobertura en nuestro país.
LILA/eg
Luego de la intervención de cuatro asambleístas, se cerró el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil y al Código Aeronáutico sobre la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves, cuyo informe fue preparado por la Comisión de Desarrollo Económico.
La mesa, durante el proceso de socialización, recibió los aportes de la Dirección Geneal de Aviación Civil, la Junta Investigadora de Accidentes, la Asociación Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador, entre otras entidades.
El legislador César Rohon, en calidad de ponente del documento, manifestó que la Junta Investigadora de Accidentes (JIA) requiere independencia y autonomía para regular lo referente a incidentes de las aeronaves.
El parlamentario Carlos Viteri destacó la trascendencia de las reformas, en especial para la Amazonía, considerando que tiene cerca de 300 pistas comunitarias construidas en mingas por la población. El tema de seguridad y el mejoramiento del servicio tiene que ser enfocado de manera integral, puntualizó.
En tanto, Patricio Donoso mencionó los esfuerzos en la firma de acuerdos comerciales, al subrayar la importancia de dar, en calidad de autoridad descentralizada, todo el apoyo a la JIA para investigar accidentes. Indicó que, según el proyecto, el Director de la Aviación Civil tendrá la obligación de seguir los parámetros determinados por la Junta Investigadora de Accidentes.
Mientras Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, expresó que los cambios se orientan a mejorar significativamente la investigación de los accidentes aéreos y que se cumplan con las normas que regulan esta temática.
Objetivos
La propuesta fortalece la independencia de la Junta Investigadora de Accidentes como entidad especializada, con plena autonomía administrativa, financiera, operativa y decisoria para el cumplimiento de funciones.
También trata de evitar la existencia de conflictos de intereses entre los miembros de la JIA e instituciones o empresas nacionales o extranjeras vinculadas a los sectores aeronáuticos o aeroportuarios, además de delimitar el ámbito de competencia de la Junta.
MG/sv
En la Comisión de Desarrollo Económico, gremios de artesanos insistieron en la necesidad de un tratamiento urgente de la Ley de Fomento Artesanal, que beneficia a 178 sectores, con un número de 810 mil talleres, en todo el país, a fin de potenciar e impulsar su trabajo. Aseguraron que esta norma protege y ampara al 17 % de la población nacional, titulados o no, y tiene un carácter netamente productivo.
Así mismo, indicaron que la vigencia de las leyes de Fomento Artesanal y de Defensa del Artesano, con disposiciones contradictorias, impide la total aplicación de una normativa que garantice sus derechos.
Plantearon que para su tratamiento se unifiquen las dos normativas, con el propósito de canalizar las necesidades del gremio en los diferentes sectores del país.
Marcelo de la Torre y Alfredo Cerda, presidente y vicepresidente de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales, respectivamente, indiciaron que la Ley de Fomento Artesanal, no tiene la cabal potestad de regirlos. Mientras, la Ley de Defensa del Artesano, promulgada el 5 de noviembre de 1953, establece que en el caso del artesano que no pertenezca o que no esté calificado en la Junta de Defensa del Artesano, su taller será clausurado, lo cual contradice el espíritu de apoyo al ejercicio de la actividad artesanal.
Explicaron que la Ley de Fomento Artesanal, que rige desde 1986, ampara, protege a todos los artesanos, titulados o no, con carácter productivo y con el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración como ente rector.
Según los dirigentes del sector artesanal, en la década anterior, esta actividad fue disminuyendo y los artesanos, maestros y operarios se vieron obligados a cambiar su trabajo de manera forzosa, por falta de apoyo, convirtiéndose en su gran mayoría en maestros albañiles, lo cual genera preocupación a nivel nacional.
RSA/eg
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Varias versiones y observaciones se presentaron en la Comisión del Desarrollo Económico, que analizó el proyecto de Ley que busca la reducción del plástico de un solo uso. Desde diferentes sectores de plantearon temas de educación ciudadana, reciclaje y el rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Inti Gronneberg, científico ecuatoriano radicado en Inglaterra, sostuvo que si no se controla el uso de plásticos hasta el 2050 existirá más peso de este material que peces en los mares, incluso, dijo que hay lugares, como China, que ya no tienen vida marina y por eso sus barcos salen a buscar peces a otros lados del mundo. En el caso de Ecuador, indicó que los ríos Guayas y Esmeraldas son los más contaminados, cuyos productos llegan al mar y por las corrientes llegan a Galápagos, en donde existe una riqueza marina invaluable. Planteó incrementar un sistema de reciclaje.
Por su parte, Inés Manzano, directora de Círculo Verde, propuso pensar en una economía circular, es decir, que los materiales se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible. Planteó que todos los tipos de fundas plásticas con 70% y más de plástico reciclado debería ser gratis; las que tienen menos del 70% ser prohibido; mientras que los envases plásticos desechables y los fabricados de polietileno o espumaflón, prohibirse.
Precisó que los GAD deberían mejorar la gestión de los residuos sólidos y expresó que hasta el 2030 solo el 10% sea enterrado, el resto reutilizado.
Desde la Cámara de Comercio de Pichincha, Patricio Alarcón, sostuvo que el problema no es la producción, ni la comercialización del producto, sino la capacitación del ciudadano y los procesos de reciclaje por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Para él no se debería eliminar el uso del plástico, sino promover una cultura de reciclaje y que los GAD asuman una gestión adecuada de los residuos sólidos, pues solo el 9,5% de la Costa cuentan con procesos de separación.
En la medida en que más reciclemos, menos utilizaremos materia virgen y así contribuimos con el medio ambiente, agregó Carlos Rabascall, de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, quien aseguró que la intención de esta industria es incorporar material reutilizado en sus procesos
Alfredo Hoyos, de la misma Asociación, expuso sobre el aporte de este sector a la economía y a la sociedad. Indicó que exportan 110 millones de dólares, en su mayoría de productos reciclados; que generan más de 17 mil empleos directos; y que aportar con 2.100 millones de dólares al Producto Interno Bruto.
LILA
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La Asamblea Nacional, con el voto de 61 legisladores, dispuso la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en su calidad de presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y del superintendente de Bancos (e), Juan Carlos Novoa, a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, para que expliquen los criterios que motivaron la resolución aprobada por el organismo respecto de las operaciones de las tarjetas de crédito, incrementando los valores que tienen que pagar los usuarios.
Sobre el texto, propuesto por la asambleísta Ximena Peña, se registraron también 15 abstenciones y un voto negativo.
La citada resolución de la Junta, aprobada el 30 de noviembre de 2018, establece una reforma en la modalidad de cálculo intereses de los saldos de las tarjetas de crédito, no desde la fecha de corte del pago, sino desde la fecha en que se contrajo el crédito, lo cual perjudica a tres millones 51 mil ciudadanos.
El ministro Martínez también deberá explicar los efectos de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en el sector real de la economía, la reducción de subsidios y los mecanismos de compensación.
Los convocados indicarán las razones del incumplimiento de lo previsto en la Disposición General Décimo Segunda de la Ley de Reactivación Económica, en el sentido que, en 45 días, se revisen los costos de las tarifas que rigen en el sistema financiero, hacia la baja.
Las comparecencias deberán desarrollarse en un plazo máximo de 15 días, luego de lo cual la Comisión Desarrollo Económico presentará un informe para conocimiento del Pleno.
EG/ds
Varios proyectos de ley que tienen que ver con el fomento artesanal se analizarán este miércoles, 6 de febrero, a las 17:00, en la Comisión del Desarrollo Económico. Este es un tema fundamental dentro de la Agenda Legislativa Priorizada.
En la mesa reposan iniciativas de los parlamentarios Marcelo Simbaña y Soledad Buendía, así como de los exlegisladores Wilson Chicaiza y Vanesa Fajardo. Estas propuestas buscan unificar en un solo cuerpo legal las normas dispersas sobre la materia, a fin de establecer con claridad las instancias responsables del diseño de las políticas públicas para el sector.
Por ejemplo, establecer incentivos para quienes se dedican a la actividad artesanal, es otro de los temas que impulsan los proponentes, así como la capacitación, formación, uso de medios tecnológicos, acceso a líneas de crédito, fomento a la asociatividad e incentivar las exportaciones de sus productos.
En días pasados, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas Guerrero, convocó a los integrantes de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales que se involucren en la construcción de la normativa a favor de este sector productivo, a fin de alcanzar nuevos retos encaminados a su fomento. Además, resaltó la riqueza artesanal que tiene el país.
Más temprano, a las 15:00, la Comisión continuará con el tratamiento del proyecto de Ley que busca reducir el consumo de plásticos y conocerá el proyecto de Ley para el Emprendimiento e Innovación.
LILA/eg
Tanto el sector público como la academia felicitaron la iniciativa que se tramita en la Comisión del Desarrollo Económico para reducir el consumo de plásticos y contribuir con el medio ambiente, pero también presentaron algunos criterios para mejorar la propuesta.
Ante la mesa, acudió Yuri Parreño, viceministro de Comercio Exterior, quien aseguró que, incluso, existe interés de algunos países para invertir en proyectos de gestión de residuos, por lo que se debería pensar en incluir incentivos para atraer a los empresarios. Recomendó que se incluya mecanismos de control para la aplicación de la norma.
En la Comisión reflexionaron que existen esfuerzos de los gobiernos autónomos descentralizados para reducir el consumo de este material, pero que se requiere una Ley marco para que las ordenanzas locales tengan orden y coherencia.
Lo que solicitó la representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Karín Jaramillo, es que en la norma no se duplique competencias con otras que ya están vigentes, como el Código del Ambiente.
En tanto, desde el Ministerio del Ambiente, Fernando Granizo, recomendó que se definan con algunos conceptos como plástico de un solo uso y vajillas de un solo uso para que la Ley tenga claridad. Además, pidió que en la socialización se incluya a todos los sectores como productores y recicladores.
En cambio, la inclusión de la academia y la industria en los debates la solicitó Pablo Bonilla, docente de la Universidad Central del Ecuador, para quien es importante la educación en la lucha frente a esta problemática.
LILA
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Los legisladores están de acuerdo en que es necesario un estudio técnico para verificar si se ha cumplido el objetivo de reducir la contaminación generada por los vehículos; esto, en el marco del debate de la Comisión de Desarrollo Económico sobre la implementación del Impuesto Verde.
Según José Almeida, director general del Servicio de Rentas Internas (SRI) subrogante, desde la aplicación de la Ley Ambiental, en 2012, se ha evidenciado un cambio de comportamiento en los automóviles, es decir, ha disminuido en el mercado la participación de los de menor cilindraje (tamaño del motor). Pero, no ha sucedido lo mismo con las camionetas y jeeps.
Para Pablo Jerves, del Colectivo Fuera Impuesto Verde, este tributo debe desaparecer. De acuerdo con su versión no se ha cumplido con la meta, pues el 75% de la contaminación es causada por buses, transporte pesado y taxis, que no pagan el impuesto y, además, reciben subvención en el combustible. Sostuvo que la ciudadanía está indignada porque es impagable e injustificable.
El representante del SRI explicó que en este año los ciudadanos perciben un incremento porque ya no existe ninguna rebaja, como sucedió en los años anteriores. Entre el 2012 y 2014 fue del 80%, mientras que entre el 2015 y 2018 fue del 50%.
De acuerdo con el funcionario, el SRI recaudó el año pasado, por el Impuesto a la Contaminación, $119 millones, pagado por 2 millones 700 mil vehículos. En tanto, por el Impuesto a la propiedad recibió $191 millones y por el Impuesto a la Transferencia de Vehículos $23 millones. Almeida afirmó que trasladarán las inquietudes a las autoridades, puesto que esta institución se encarga de aplicar la normativa.
Después de escuchar las exposiciones, los legisladores afirmaron que no debe haber privilegios y el impuesto lo deben pagar todos, sobre todo, quienes más contaminan, caso contrario se convierte en discriminatoria, confiscatoria y regresiva de derechos.
LILA/ds
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La Comisión del Desarrollo Económico llamará a los ministros de Hidrocarburos, Carlos Pérez, y al de Economía, Richard Martínez, para que informen los motivos que impulsaron la elevación de los precios de los combustibles. La petición la realizaron varios legisladores después de escuchar la exposición de Luigi Benincasa, de la Asociación de Atuneros del Ecuador, quien sostuvo que se está afectando al sector.
La solicitud la plantearon no solo asambleístas de la Comisión, sino también parlamentarios de Esmeraldas y Guayas, quienes acudieron a la mesa. Indicaron que la industria pesquera genera empleo, ingresos de dólares por las exportaciones y desarrollo.
Benincasa sostuvo que con el Acuerdo Ejecutivo 0001, emitido este 15 de enero, el precio de diésel (1.054 dólares) se mantiene elevado para quienes se dedican a la pesca atunera. Indicó que quitándoles los subsidios perderán competitividad con otros países, pues en todo el mundo existe este tipo compensación, que llega a 35 mil millones de dólares, de los cuales el 22% está dirigido al sector de la pesca.
Explicó que la industria a la que representa exporta 1.200 millones de dólares anuales, genera 108 mil empleos directos y produce beneficios a la cadena productiva, como la fabricación de latas, aceites, transporte y otros insumos. Además, señaló que el 69% del consumo de diésel está en el sector automotriz y solo el 5% en el pesquero.
LILA/ds
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