Asambleísta por la provincia de Azuay | Presidente de la Comisión Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
Con algunos cambios que mejoran el texto, la Comisión del Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para el Fomento Productivo, enviado por el Ejecutivo y calificado como urgente en materia económica.
El próximo martes, 12 de junio, se conocería y debatiría en el Pleno, según Esteban Albornoz, presidente de la mesa . La norma tiene como objetivo fomentar la inversión, atraer inversiones, generar empleo y estabilidad fiscal.
Se lo hará a través de varios mecanismos, como la remisión de intereses, multas y recargos; incentivos a la Economía Popular y Solidaria (EPS); para las pequeñas, medianas y grandes empresas; para la construcción de vivienda de interés social; para el sector exportador y turístico; y para la atracción de inversiones.
Remisión
Se dispone la remisión de los intereses, multas y recargos de obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y de las Aduanas, pero si el deudor paga todo el capital pendiente en 90 días, en el caso de grandes empresas, y en dos años, para otros contribuyentes. Con esta medida se espera que ingresen al fisco más de 700 millones de dólares
Pero, los comisionados no quieren que esta figura se convierta en una práctica, por lo que incluyeron un candado, a fin de que quienes se beneficien con esta medida no puedan acogerse a una acción similar en los próximos 15 años.
La remisión también se aplicará para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, infracciones de tránsito, recargos de matriculación vehicular y para el Seguro Social. Esta entidad, según sus autoridades, recaudaría 189 millones de dólares.
Incentivos
Se exonerará del Impuesto a la Renta (IR) por 12 años a nuevas inversiones que se hagan fuera de Quito y Guayaquil, es decir, la Comisión aumentó dos años más de lo propuesto por el Ejecutivo. En cambio, dentro de estas dos urbes esa liberación será de 10. Ese plazo se aumenta hasta 15 años para Manabí y Esmeraldas y hasta 20 años para los cantones fronterizos.
Con relación al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) se establece que deberá ser reducido gradualmente a partir del siguiente ejercicio fiscal, previo informe favorable del ente rector de Finanzas. Para el segundo debate, los comisionados pedirán información sobre el impacto de esta reducción, pues les preocupa la sostenibilidad de la dolarización.
Por ahora, habrá la devolución de este tributo en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital para nuevas inversiones.
Los exportadores habituales y quienes se dedican al turismo receptivo podrán deducir el 100% de gastos por publicidad.
Fomento de viviendas
En la construcción de viviendas de interés social no se cobrará el IVA. Además, se simplificarán los trámites y procesos para la aprobación de proyectos. Aquí entra la edificación de 325.000 viviendas planteadas por el gobierno, con las que se generarán más de dos millones de empleo, aseguró el ministro del ramo, Xavier Torres.
Estabilización y sostenibilidad fiscal
Según el informe, se creará un Fondo de Estabilización Fiscal que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas, con los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables que superen lo establecido en el Presupuesto General del Estado. Se establece un período de convergencia para bajar la deuda pública hasta el 40 %.
El proyecto elimina la posibilidad de que el Banco Central adquiera títulos y obligaciones emitidas por el Ministerio de Finanzas.
Medidas para las Mipymes y EPS
Con las utilidades de la banca pública, la norma exige la creación de un Fondo de Garantías para la Economía Popular y Solidaria (EPS). Además, este sector, al momento de contratar con el Estado, tendrá un anticipo. En el país existen unas 600 mil instituciones de esta naturaleza.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), para el cálculo del IR, podrán deducir el 5 % de su inversión en capacitación y mejora en la productividad. En la actualidad lo pueden hacer solo hasta el 1 %.
Otras disposiciones
Se mantiene la tarifa cero del IVA a los seguros de vida y salud, así como para importaciones y transferencias de los insumos al sector agropecuario, acuícola y pesca; se fomenta el uso de medios de pago electrónico; se impulsa las Zonas de Desarrollo Económico; y las empresas podrán utilizar su crédito tributario del IVA hasta por cinco años.
La Comisión de Desarrollo Económico incorporará algunos cambios en el proyecto de Ley de Fomento Productivo, confirmó su presidente, Esteban Albornoz. Pondrán un candado para que quienes se beneficien de la remisión de intereses, multas y recargos no puedan acogerse a este beneficio en los próximos 15 años.
La norma prevé esta figura jurídica para obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduanas, Seguro Social y otras, con lo cual se espera recaudar este año 670 millones, según Albornoz.
Estos recursos permitirán dar mayor liquidez al Estado y financiar el presupuesto general. Albornoz aclaró que con esta medida no se está condonando los impuestos o las infracciones, sino que está únicamente liberando los intereses, multas y recargos, como una opción que ayuda a los contribuyentes y al Estado.
También habrá cambios en la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) para dar mayor oportunidad a las provincias que tradicionalmente han sido olvidadas. El Ejecutivo planteó que se libere de este tributo durante 10 años a nuevas inversiones fuera de Quito y Guayaquil, pero los asambleístas creen que debe ser 12 años. En cambio, dentro de estas dos ciudades será de ocho.
Esta exoneración será de 15 años para Manabí y Esmeraldas, que aún se reactivan del terremoto del 2016, mientras que los cantones fronterizos podrían llegar a 20.
Se prevé la inclusión de iniciativas que respondan a las necesidades de la economía popular y solidaria, por ejemplo, se propondrá que se les dé un anticipo en los procesos de contratación con el Estado.
Amplia socialización
Durante ocho sesiones consecutivas la Comisión del Desarrollo Económico recibió 42 comparecencias de ciudadanos, gremios, organizaciones, entidades del Estado, actores públicos y privados, quienes acudieron para pronunciarse sobre el proyecto de Ley para el Fomento Productivo.
Asimismo, receptó 54 oficios con alrededor de 200 observaciones. Después de escuchar a quienes acudieron a la mesa, los parlamentarios debatían los temas planteados o sugeridos, los que tenían consenso se incorporaban en el texto, que lo prepara el equipo asesor.
El trabajo ha sido contra reloj, pero amplio, incluyente y profundo. La iniciativa tienen la calificación de económica urgente, y, por tanto, la Asamblea tiene 30 días para tramitarlo, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con ese plazo, este viernes, en la tarde, se aprobará el informe para primer debate.
LILA/pv
Autoridades del Ministerio de Agricultura, del Congope, de la Cámara de Industriales y Procesadores Atuneros, de la Cámara de Fabricantes de Carrocerías y Deudores de Buena Fe llegaron a la Comisión de Desarrollo Económico para exponer varias propuestas que contribuirán a enriquecer el proyecto de Ley de Fomento Productivo. Coincidieron que el documento debe activar el desarrollo del país y que los recursos vayan a impulsar programas sociales.
El asambleísta Carlos Bergmann, vicepresidente del Legislativo, también participó en la reunión. Comentó que entre las 22H30 hasta las 08h30 del día siguiente existe más de 2 mil megavatios que no se utilizan, por lo que planteó que se fije una tarifa de 1 dólar y medio para beneficio del sector productivo que emprenda en generación de actividades en ese lapso, lo que permitirá abrir plazas de empleo y que este régimen tarifario se mantenga por algunos años para garantizar seguridad jurídica.
Mientras que Rubén Flores, ministro de Agricultura, habló de definir la corresponsabilidad entre los sectores público y privado para desarrollar los servicios financieros y no financieros, mediante estructuras parafiscales y el tema de fondos gremiales, a fin de consolidar el proceso de fondos para la asociatividad. Igualmente, sugirió que el acto inmediato integral del contrabando se pueda resolver el mismo instante del ilícito con la presencia de la Fiscalía.
Iniciativa consensuada
Gustavo Baroja, principal del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, presentó varias reformas, resultado del consenso con los gobiernos parroquiales y municipales. Expresó la necesidad que se permita la adquisición de títulos y obligaciones emitidos por el Ministerio de Finanzas y realizar operaciones de redescuento, con el único fin de mantener la liquidez para los programas sociales, o lo fondos destinados a los GAD.
También sostuvo que para el cálculo del fondo de estabilización, sería pertinente, primero descontar el 10 % establecido en el Cootad, que se destina a los gobiernos autónomos descentralizados, como ingreso no permanente; que se considere como fines de dicho fondo, a más de los programas sociales, el pago de las deudas a los entes seccionales y a los proveedores.
La Cámara de Industriales y Procesadores de Atún, Ceipa, a través de Gustavo Núñez y Javier Hidalgo, presentó las líneas estratégicas para impulsar la competitividad del sector atunero. Los criterios se enfocaron en que el proyecto urgente considere la exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de crédito de financiamiento externo, así como que los beneficios de la Ley de Solidaridad se extiendan para inversiones existentes.
MG/pv
Quienes tengan deudas tributarias, no tributarias y por la prestación de servicios básicos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) también podrían beneficiarse con el proyecto de Fomento Productivo, idea que toma fuerza en la Comisión del Desarrollo Económico, que estudia esta iniciativa legal.
En el proyecto se propone que los GAD, sus empresas, agencias, instituciones y entidades adscritas podrán aplicar la remisión de intereses, multas y recargos en las obligaciones, pero el criterio en la mesa es que no sea opcional. De ahí que plantean que se cambie el término “podrán” por “deberán”.
Con este mismo planteamiento acudió el asambleísta Montgómery Sánchez a la Comisión. Argumentó que si el sacrificio de este perdón fuera solo para las entidades nacionales habría contraposición respecto de los principios de universalidad y generalidad sobre la determinación tributaria.
Según la propuesta del Ejecutivo, la medida podría generar inseguridad en los GAD sobre su aplicación Esteban Albornoz, presidente de la Comisión, no obstante, si se aclara su alcance, podría ayudar a la liquidez de estos niveles de gobierno.
En su exposición, Sánchez solicitó la remisión del 100% para intereses, multas y recargos de las obligaciones que mantengan personas naturales y jurídicas con Banecuador y con la Corporación Financiera Nacional (CFN), determinadas hasta el 2 de abril de este año, pedido similar al expuso ayer por Israel Avilés, representante de los deudores de la Banca Pública.
En el proyecto ese perdón se aplicará a las obligaciones tributarias y aduaneras, así como para obligaciones patronales con el Seguro Social. En este último caso, se aplicará desde 99% hasta el 50%, según como se acoja el beneficiario. Depende de en qué tiempo va a pagar el capital, mientras más rápido lo haga, más alto será el beneficio.
Aportes de la Bolsa de Valores
La Comisión del Desarrollo Económico recibió lo aportes de la Bolsa de Valores de Quito, a través de su representante, Gilberto Pazmiño. Propuso que para atraer inversión extranjera en el área de activos financieros no les obliguen a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Explicó que esta medida, que complica la legislación, desincentiva a los inversionistas, por lo que prefieren otros países. También, aseveró que otra barrera está relacionada con las medidas tributarias que establecen una exoneración en la retención de la fuente, cuando las inversiones son más de un año. Considera que no debería haber límite de tiempo.
Tampoco está de acuerdo en que el Servicio de Rentas Internas cobre el Impuesto a la Renta en las ganancias netas de las empresas, cuando esos recursos son utilizados para la recapitalización. Asegura que esta entidad interpreta como si se tratara de un dividendo, es decir, recursos que han sido repartidos, por ejemplo, entre accionistas.
La Comisión recibe todos estos aportes y los analizará para incluirlos o no en el informe para primer debate que deberá estar listo este viernes, 8 de junio, pues se trata de un proyecto económico urgente, que tiene plazos específicos para su aprobación.
LILA/eg
A través de la remisión de intereses, multas y recargos a las deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), por concepto de obligaciones patronales, esta institución recaudaría 189 millones de dólares. Por el contrario, con la liberación perdería 26 millones de dólares.
Según Carlos Vallejo, director general de esta entidad, quien acudió para expresar sus criterios respecto del proyecto urgente de Fomento Productivo, que se tramita en la Comisión del Desarrollo Económico, defendió la iniciativa. Su exposición se centró en la cantidad de recursos que se obtendrían y la cantidad de beneficiarios.
Aseguró que el potencial de empresas que recibirían esta ventaja sería de 202.972, mientras que los afiliados beneficiados llegarían a 326.402. El 56 % corresponde a empresas unipersonales y pequeña industria y el 20 % a empresas a privadas, sociedades y compañías.
De acuerdo con el proyecto, se perdona el 99 % de los intereses, multas y recargos, cuando el interesado pague la deuda en 90 días; el 75 %, si lo hace hasta 150 días; y el 50 %, si paga hasta los 180 días.
La condonación de los intereses, mas no de las multas, las podría dar también la Superintendencia de Compañías. Ese planteamiento lo formuló su representante, Suad Manssur. La funcionaria realizó algunas precisiones conceptuales y jurídicas para que los beneficios de la norma se apliquen correctamente. Un equipo de esta institución dará acompañamiento técnico a la Comisión.
A este mismo tema se refirió Édison Garzón, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de las Empresas Públicas. Precisó que con la remisión se les dará liquidez a muchas de estas empresas.
En su presentación pidió, además, que las asociaciones público-privadas, conformadas por empresas públicas, con mayoría de participación, tengan el mismo tratamiento tributario, beneficios e incentivos previstos en la norma.
Vivienda y empleo
A la mesa también acudió el ministro de Vivienda, Xavier Torres, para hablar de las reformas enfocadas al desarrollo de soluciones habitacionales de interés social. Dijo que el objetivo primordial es que las familias cuenten con una vivienda adecuada y generar empleo.
Reiteró que se busca simplificar trámites, que antes duraban de seis a ocho meses, y reducirlos a dos. Habló de la tarifa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para servicios de construcción de viviendas sociales.
Según el Ministro se construirán 325.000 viviendas, con las que se generará 2´.200.000 empleos. Se refirió al pedido que recibió de los pueblos y nacionalidades para que se las construya con su mano de obra, con el apoyo de las universidades. Las casas serán de 50 metros cuadrados y muchas de ellas se entregarán de forma gratuita y otras, con copago.
Economía Popular y Solidaria (EPS)
Sofía Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, propuso que se incluyan temas que permitan dinamizar al sector. Entre ellos, que se generen incentivos especiales para los encadenamientos productivos con la EPS e integración económica y financiera.
Sugirió que se democratice el uso de plataformas móviles de pago; que se regularice la propiedad de los predios en las cooperativas de vivienda; que se canalicen los recursos de vivienda de interés social de manera preferente a través del sector financiero popular y solidario; y, que se incluyan incentivos para los actores de la EPS que participen en la cadena productiva de la construcción de vivienda social.
LILA/eg
Los exportadores, empresarios e industriales calificaron como un buen paso que el gobierno haya enviado el proyecto urgente de fomento productiva, pero creen que se requieren otras acciones para alcanzar una verdadera reactivación. Otro eslabón, según ellos, podría ser la suscripción de acuerdos comerciales.
El proyecto se lo tramita en la Comisión del Desarrollo Económico, que también abrió las puertas para que se expresen los trabajadores, representantes del sector agrícola y pesquero. Estos actores si bien no rechazan el proyecto, piden más beneficios para estas áreas y que se respeten los derechos de los trabajadores.
Para Daniel Legarda, de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, la propuesta presenta una renovada visión del manejo económico, poniendo al sector empresarial como motor de la misma. Con otras palabras, Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial, se expresó en el mismo sentido. Dijo que se está cambiando el modelo de desarrollo.
De acuerdo con estos dirigentes, una de las cosas que conceptualmente se está cambiando es la estigmatización que había a estas áreas productivas, separando a las empresas grandes, de las pequeñas y medianas. A ese criterio se sumó Pablo Zambrano, de la Cámara de Industrias.
Coincidieron en su apoyo para la mayoría de ejes que plantea el proyecto, sobre todo en los temas tributarios. Manifestaron su conformidad con la remisión de intereses multas y recargos en obligaciones tributarias y aduaneras, así como la devolucuión del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para exportaciones habituales, siempre que demuesten el ingreso neto de divisas.
En este punto surigió una de las observaciones más comunes para estos sectores: que paulatinamente se elimine el ISD, porque es un tributo que genera distorsión.
Sobre estos beneficios, Legarda aclaró que no significan una disminución de impuestos, sino incentivos para nuevas inversiones y generar empleo. Y fueron más allá. Quieren que se aplique de la mejor manera. Solicitaron que se exija a la utoridad tributaria un tiempo determinado para que emita la normativa secudaria y los efectos de la norma sean inmediatos.
Estas medidas tributarias, explicó Zambrano, son para sanear el alto déficit fiscal y las necesidades de financiamiento, pero sugirió que, a largo plazo, se piense en una racionalización tributaria.
En cuanto a la remisión tributaria hubo una nueva propuesta. Israel Avilés, representante de los deudores de la banca pública, propuso que se los incluya en este proyecto, es más pidió que se disponga la extinción de las dudas del campesino.
En cambio, para Gorette Carrera, de los extrabajadores de Repsol, si bien no se oponen a la iniciativa legal, la remisión viola los derechos de los trabajadores, porque se perjudican en sus utilidades.
Menos impuestos para renvoar la flota pesquera, planteó, por su parte, Rafael Trujillo, de la Cámara de Pesquería. Por ejemplo, tarifa cero en el Impuesto al Valor Agregado para la importación y transferencia de bienes.
En la agricultura el problema que visualizan sus representantes, como Kléver Zúñiga, de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona, es el alto costo de producción y que este proyecto los beneficia, porque se establece una tarifa cero al IVA en importaciones y transferencias de insumos del sector agropecuario, acuícola y pesquero.
LILA/pv
La Comisión del Desarrollo Económico continuará hoy, 4 de mayo, con la socialización del proyecto de Ley de Fomento Productivo. A partir de las 15:30, recibirá a seis actores del sector productivo privado. La mesa legislativa escuchará a representantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción; Cámaras de Agricultura del Ecuador, de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, así como de la Economía Popular y Solidaria de Pichincha y de Comercio de Guayaquil. También estará presente la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión, subrayó que se deben garantizar los derechos de la ciudadanía y las empresas que son responsables con el cumplimiento de sus deberes tributarios y son quienes sostienen los ingresos fiscales, “por lo que no se descarta debatir un candado legal”. La semana pasada comparecieron autoridades del frente económico y productivo, quienes acudieron para explicar los alcances del proyecto, los beneficiarios, beneficios y la forma cómo se aplicarán. Con ello, la mesa, en dos días, jueves y viernes, ha logrado contar con los elementos que motivaron al Ejecutivo para presentar este proyecto, con el carácter de urgente en materia económica. Los funcionarios aclararon que el objetivo es fomentar la producción, generar empleo, atraer divisas y garantizar la estabilidad fiscal. Hasta el momento han comparecido los ministros de Economía, Richard Martínez; de Comercio Exterior, Pablo Campana; de Industrias, Eva García; la directora del Banco Central, Verónica Artola; así como los directores del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade, y del Servicio Nacional de Aduanas, Carlos Andretta. La Comisión pedirá información al SRI para conocer las empresas que ya han sido beneficiadas de la remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones tributarias, fiscales y aduaneras. LILA/eg
La Comisión del Desarrollo Económico continuará hoy, 4 de junio, con la socialización del proyecto de Ley de Fomento Productivo. A partir de las 15:30, recibirá a seis actores del sector productivo privado.
La mesa legislativa escuchará a representantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción; Cámaras de Agricultura del Ecuador, de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, así como de la Economía Popular y Solidaria de Pichincha y de Comercio de Guayaquil. También estará presente la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador.
Esteban Albornoz, presidente de la comisión, subrayó que se deben garantizar los derechos de la ciudadanía y las empresas que son responsables con el cumplimiento de sus deberes tributarios y son quienes sostienen los ingresos fiscales, “por lo que no se descarta debatir un candado legal”.
La semana pasada comparecieron autoridades del Frente Económico y Productivo, quienes explicaron los alcances del proyecto, los beneficiarios, beneficios y la forma cómo se aplicarán.
Con ello, la mesa, en dos días, jueves y viernes, ha logrado contar con los elementos que motivaron al Ejecutivo para presentar este proyecto, con el carácter de urgente en materia económica. Los funcionarios aclararon que el objetivo es fomentar la producción, generar empleo, atraer divisas y garantizar la estabilidad fiscal.
Hasta el momento han comparecido los ministros de Economía, Richard Martínez; de Comercio Exterior, Pablo Campana; de Industrias, Eva García; la gerente del Banco Central, Verónica Artola; así como los directores del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade y del Servicio Nacional de Aduanas, Carlos Andretta.
La Comisión pedirá información al SRI para conocer las empresas que ya han sido beneficiadas de la remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones tributarias, fiscales y aduaneras.
LILA/eg
Esteban Albornoz Vintimilla, Presidente de la Comisión del Desarrollo Económico concluyó la tercera sesión para el debate del proyecto de Ley de Fomento Productivo de carácter económica urgente con la comparecencia de la mayoría de ministros, directores y gerentes del Frente Económico del Gobierno. El día de hoy estuvieron convocados oficialmente, la Ministra de Industrias, el Ministro de Hidrocarburosy el Ministro de Trabajo.
La Ministra Eva García respondió alrededor de treinta preguntas de los asambleístas miembros de la Comisión y dosasambleístas de otras comisiones y de distintos partidos políticos, donde se resaltó la necesidad de apoyar a los pequeños y medianos emprendimientos, así como dar seguridad jurídica a la ciudadanía sobre las condiciones para el comercio, la industria y el pleno empleo.
La Comisión del Desarrollo Económico ha logrado en dos días tener elementos para comprender las motivaciones del Ejecutivo y los primeros pasos para la ejecución del plan económico que atraiga inversiones y promueva nuevos emprendimientos.
La Comisión tomó varias resolucionescomo la conformación de grupos de trabajo que reciban a quienes tengan interés en el proyecto de ley y solicitar al Sistema de Rentas Internas informaciónpara conocer las empresas que ya se han beneficiado de la remisión de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, fiscales y aduaneras.
La Comisión en pleno lamentó la ausencia del Ministro de Hidrocarburos y el Ministro de Trabajo, quienes fueron convocados formalmente para que comparezcan sobre las reformas que propone el proyecto de ley económica urgente.
El Asambleísta Albornoz señaló que se debe garantizar los derechos de la ciudadanía y las empresas que son responsables con el cumplimiento de sus deberes tributarios y son quienes sostienen los ingresos fiscales por materia de impuestos, por lo que no se descarta debatir un “candado legal”.
Los equipos asesores mantendrán jornadas extendidas de trabajo sobre el proyecto de ley y el día lunes a las 15h30 se ha convocado a Sesión para recibir a cámaras de comercio, la Cámara de Economía Popular y Solidaria y otros representantes del sector productivo que han solicitado ser recibidos ante los asambleístas de la Comisión.
Esteban Albornoz, quien es asambleísta por el Azuay, señaló la necesidad de convocar a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, para que esta ley abone al desarrollo local.
En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la Comisión de Desarrollo Económico, recibió a Marisol Andrade Hernández, directora del Servicio de Rentas Internas, quien precisó dos temas: el uno vinculado a la remisión tributaria y, el segundo, referente con el pequeño contribuyente que no tenga para cancelar.
Aclaró que no es el primer proceso de remisión, puesto que la primera vez que de adoptó una medida como esta fue hace 47 años, en 1971; luego, en 1997, una segunda remisión. Hoy se plantea un nuevo proceso con dos características: que los grandes contribuyentes, tendrán un plazo de 90 días para acogerse a este beneficio, mientras las personas naturales, las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán como plazo hasta dos años.
La segunda característica se refiere a que las micro, pequeñas y medianas empresas que no tenga dinero para cancelar sus obligaciones, podrán solicitar facilidades de pago, dentro de dos años, sin necesidad de cancelar la cuota inicial del 20 %. “Con esto demostramos que este proyecto de Ley no apunta a los grandes contribuyentes, sino que considera la realidad de los pequeños empresarios”, agregó.
Explicó que, según cifras actualizadas a 2015, del total de contribuyentes que se acogieron a la remisión, el 92 % corresponde a personas naturales y el 8 % restante a sociedades. Es decir, de 33 mil contribuyentes que se beneficiaron, el 60 % corresponde a las microempresas y tan solo el 1.2 % del universo de contribuyentes representa al grupo de grandes contribuyentes.
La funcionaria se refirió, también, al Impuesto a la Renta y la reducción, tanto de gastos personales, como la exención de la décimo tercera y décimo cuarta remuneración. En este caso, añadió, se mantiene la deducibilidad de gastos personales en las citadas remuneraciones para todas las personas naturales y contribuyentes que tengan ingresos netos de hasta 100 mil dólares al año.
Corresponsabilidad del sector privado
De su lado, la gerente del Banco Central, Verónica Artola, tras informar que el proyecto es producto del trabajo entre el frente económico y el frente productivo, resaltó que el objetivo más importante es atraer las inversiones, mejorar la economía y, con ello, mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.
Asimismo, subrayó que la normativa busca la corresponsabilidad del sector privado que tiene que invertir más en el país y lo antes posible. En lo que corresponde al Banco Central, actualmente tiene la posibilidad de proveer liquidez a la economía, a través de la adquisición de diferentes instrumentos financieros que emite el Ministerio de Economía y Finanzas.
Recordó que es indispensable poner un límite a este mecanismo de provisión de liquidez, lo cual permitirá fortalecer los activos del Banco Central y, sin duda alguna, la reserva internacional. “Para que la reserva internacional se mantenga sólida, al menos durante los próximos seis meses, sin duda, van a requerir endeudamiento, que busca financiar el Presupuesto General del Estado, fortalecer la reserva internacional pero, sobre todo, quitar la dependencia que se ha tenido durante los últimos años en la correlación entre deuda y reserva internacional.
Para que las reservas internacionales que son administradas por el Banco Central sean sólidas necesitamos inversión extranjera, así como mayor exportación, reiteró
facilidades para el pago de las obligaciones aduaneras
El director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Senae, Carlos Andretta, recalcó el esfuerzo para trabajar de manera transparente y eficiente en el comercio exterior. Los objetivos de esta propuesta son promover la transparencia, fortalecer el control del sistema aduanero y dar facilidades para el pago de las obligaciones aduaneras.
Aseguró que el haber incluido al comercio exterior en este proyecto de Fomento Productivo es un reconocimiento que hace el país a la relevancia de este sector para potenciar el desarrollo económico y la reactivación productiva.
En este ámbito, la normativa propone la remisión de intereses multas y recargos en las obligaciones aduaneras, dijo, al destacar que el Senae continuará con la lucha contra el contrabando y la defraudación, que no es un mal que afecta solo al comercio exterior, sino al desarrollo del país.
RSA/eg
