La Comisión de Desarrollo Económico inició el 2016 analizando temas de interés social. Los parlamentarios escucharon al alcalde del cantón San Lorenzo, de la provincia de Esmeraldas, Gustavo Samaniego, quien solicitó realizar las acciones necesarias con las autoridades pertinentes, a fin de que se les autorice ampliar el plazo para el pago de una deuda de 270 mil dólares por consumo de energía eléctrica.
El proyecto de Ley de Tierras tiene como objetivo estratégico la definición de políticas agrarias y alimentarias dentro de un marco de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. El Capítulo 2, Art. 13, de la actual Constitución, manifiesta el derecho de las personas y colectividades al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.
La asambleísta Dora Aguirre resaltó que el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en el artículo 15 referente a la prioridad en la redistribución de tierras rurales, se incorpora en el literal j) a las y los migrantes ecuatorianos en proceso de retorno o retornados al país, para que previamente organizados tengan prioridad en la redistribución de tierras rurales.
La Comisión de Régimen Económico inició el trámite del proyecto de Ley para Evitar la Elusión del Impuesto a la Renta sobre Herencias, Legados y Donaciones, de iniciativa del Ejecutivo.
Legisladores de diversos bloques políticos destacaron que a través del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales se busca normar el uso y la propiedad de la tierra rural, la cual cumple una función social como ambiental y que se fundamenta en tres ejes transversales: la redistribución equitativa de la tierra que debe ir acompañada de un sistema integral que comprende financiamiento –créditos- y asesoramiento técnico; garantía de la soberanía alimentaria y el desarrollo sustentable de la tierra.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que tiene, entre otros propósitos, normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma, que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Regula la posesión, propiedad, la administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado; y, otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos.
La Comisión de Régimen Económico avocó conocimiento del proyecto de Código de Comercio de iniciativa del asambleísta Galo Borja, vicepresidente de este organismo legislativo, quien precisó que el documento tiene por objetivo regular las actividades mercantiles en el Ecuador, así como los títulos valores y otras instituciones afines. Para el efecto se modifican los códigos de Comercio, Civil, Monetario y Financiero, de la Función Judicial, Aeronáutico, General de Procesos y el COIP.
En la continuación del segundo debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales los parlamentarios resaltaron el contenido de la propuesta que recoge las aspiraciones de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que por décadas han sufrido injusticias al no poseer su fuente de empleo que es la madre tierra, además destacaron la importancia de garantizar la función social, ambiental para alcanzar la soberanía alimentaria de todos los ecuatorianos, pero cumpliendo el mandato constitucional de cuidar el medio ambiente y su naturaleza.
La Comisión de Fiscalización atendió a las delegaciones de las asociaciones ´´Criadores de Ovino Señor Maca´´ y ´´Trabajadores Agricultores Autónomos La Majadita´´, para tratar denuncias alrededor de dos proyectos sociales relacionados con el Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca y el Banco Nacional de Fomento (BNF).
Los asambleístas Gina Godoy y Diego Vintimilla, miembros del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres; el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino y representantes del Ministerio de Justicia, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública y Fiscalía General del Estado analizan los nudos críticos en la atención a víctimas de violencia de género y las prácticas implementadas en cada instancia, a partir de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal, para construir el significado de la tipificación de la violencia psicológica.
