Este día lunes 09 de septiembre, los presidentes de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Desarrollo Económico y Derechos Colectivos, acudieron a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales para explicar los contenidos de los informes que elaboraron, por resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), en relación al pedido de declaratoria de interés nacional de la explotación petrolera en los bloques 31 y 43, cada una en el ámbito de sus competencias.
Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, explicó que uno de los enfoques de análisis sobre los que se elaboró el informe de su mesa es el realizar “inversión pública para disminuir la pobreza y alcanzarla equidad territorial en el país”. En ese sentido señaló que aunque, gracias a la inversión pública de este Gobierno, la pobreza se redujo de 41.7% en 2008 a 33.7% en 2012, aún existen muchas necesidades que cubrir, fundamentalmente en la Amazonía, en donde el índice de pobreza, por necesidades básicas insatisfechas (NBI), es el mayor del país, con 50.7%.
Según Calderón, el principal problema que enfrentan los Gobiernos Autónomos Descentralizados este momento es la falta de cobertura de agua potable, alcantarillado y recolección de residuos que, en los tres casos, es menor al 40%. De acuerdo al informe de esta Comisión, se necesita 2300 millones de dólares para una cobertura total de agua potable y alcantarillado, y con 793 millones se construirían rellenos sanitarios para todos los cantones que aún carecen de esta infraestructura.
En este momento, el presupuesto de los GADs proviene de lo establecido en el Art. 192 del COOTAD que señala que los Gobiernos Autónomos participarán del 21% de los ingresos permanentes del presupuesto general del Estado y del 10% de los no permanentes, a esto se suma lo establecido en la Ley 010 que deja en la Amazonía 1 dólar por cada barril de petróleo que se extrae. De aprobarse la declaratoria de interés nacional, los GADs de la Amazonía además recibirían alrededor de 2000 millones de dólares, correspondientes al 10% de los recursos que se generen de esta explotación.
Por su parte, Juan Carlos Cassinelli, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, informó que uno de los principales pilares del trabajo de su mesa fue recibir en comisión general a los Ministros de Coordinación de la Política Económica, Coordinador de Sectores Estratégicos y Recursos Naturales No Renovables, así como al Secretario Nacional de Planificación y el gerente general de Petroamazonas, quienes aportaron datos relevantes para el análisis de esta mesa.
Entre otros aspectos, el titular de la Comisión de Desarrollo Económico señaló que, de acuerdo al valor actual, el Estado obtendría 22 260 millones de dólares por la explotación de los bloques 31 y 43 (18 mil del boque 43 y 4 mil del 31). Sin embargo, existe otro escenario que sitúa el precio del barril de petróleo en 91.7 dólares, con lo cual los ingresos serían de 32 780.9 millones, que no se podrán usar para gasto corriente sino que deberán ser invertidos en reducción de la pobreza y cambio de la matriz productiva, según el informe de esta Comisión.
Zobeida Gudiño, presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, por su parte señaló que su mesa realizó los análisis a la luz de la Constitución, el Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Desde este punto de vista, el informe de esta Comisión recoge lo establecido en el Art. 57 numeral 7 de la Constitución que reconoce como derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas “la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente (…)”.
Gudiño explicó que “la Comisión de Derechos Colectivos, considera viable la solicitud presentada por el Presidente de la República, sobre la base del irrestricto respeto a la protección de la zona intangible. Además, recomienda que se sea obligatoria la suspensión de cualquier actividad en el momento en que se realice un avistamiento o encuentro accidental con los pueblos no contactados y la elaboración de protocolos de protección en caso de suscitarse dicho contacto”.
Asambleísta Nacional | Integrante de la Comisión De los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad | Miembro del Grupo Parlamentario de las Mujeres de la Asamblea Nacional |Visita mi perfil
