El asambleísta Mauro Andino Reinoso, ponente del proyecto de Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, afirmó que el camino del reconocimiento por parte del Gobierno de los hechos ocurridos es lo que puede superar la impunidad para poder decir nunca más.
En el marco del segundo debate del proyecto de Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008 el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, enfatizó que los programas administrativos de reparación constituyen una expresión concreta del reconocimiento a las víctimas y una oportunidad para construir relaciones de confianza entre las víctimas y el Estado.
En el Seminario Internacional de Derecho Parlamentario, Seguridad Jurídica y Técnica Legislativa, que contó con la presencia de más de trescientas personas entre ellas asambleístas y catedráticos relacionados con la materia, Julio Echeverría subrayó que la Legislatura no puede cumplir con la consecución de derechos sino incide en la construcción de política pública, por tanto debe intervenir en la construcción decisional.
Pedro de la Cruz, presidente del Parlamento Andino, Patricio Zambrano y Silvia Salgado integrantes de este organismo coincidieron en la necesidad de continuar la reingeniería de la estructura institucional y funcionamiento de este organismo con la finalidad de fortalecer y dar un renovado dinamismo al proceso andino de integración, con el fin de adecuar la Comunidad Andina (CAN) a los retos del actual contexto internacional.
La Comisión de Derechos Colectivos recibió a Marcela Miranda Pérez, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a Leidy Mosquera, coordinadora provincial del Guayas y representante del Pueblo Montubio; y, a Viviana Durán Aguilar del Foro Permanente de las Mujer Ecuatorianas, quienes dieron sus aportes al proyecto de Ley Orgánica de creación de los Consejos Nacionales para la Igualdad.
Piedad García Escudero, letrada de las Cortes Generales de España, quien dicta el programa académico “Técnica Legislativa” en el salón José Mejía Lequerica, de la Asamblea Nacional, subrayó que el objetivo de este curso es contribuir al mejoramiento del ordenamiento jurídico ecuatoriano.
La Comisión del Derecho a la Salud, presidida por el asambleísta Carlos Velasco Enríquez, en el marco de la socialización del proyecto de Código Orgánico de Salud, recibirá el miércoles 2 de octubre de 2013, a las 9h00, a varios representantes nacionales e internacionales de la salud, quienes emitirán sus observaciones respecto de la referida norma legal.
El Consejo de Administración Legislativa resolvió conformar una Veeduría Legislativa para dar seguimiento a los procesos de judicialización denunciados por la Comisión de la Verdad en Ecuador. La veeduría está presidida por la asambleísta María Augusta Calle y será integrada por los miembros de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Su intención es que en el desarrollo de estos procesos se actúe en el marco de la ley para el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia de las víctimas y la eliminación de la impunidad, para que delitos de lesa humanidad no se repitan en el Ecuador.
El legislador Andrés Páez, en rueda de prensa, dijo que el Estado ecuatoriano gasta importantes sumas de dinero, más de 40 millones de dólares, en el pago de abogados en el exterior, por lo que pidió a la Contraloría General del Estado que inicie un proceso de auditoría para transparentar estas cuentas.
Por pedido de la asambleísta Verónica Rodríguez, representante de la provincia de Manabí, la Legislatura entregará la presea “Asamblea Nacional del Ecuador, Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” al mérito cultural, educativo y social a la ciudadana Bertha Mendoza Mera de Tapia.
