En la Comisión de Derechos Colectivos, Saúl Lara Paredes y Franklin Tapia, rector y coordinador de la parte académica de la Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI), respectivamente, se comprometieron a agilizar los procesos de graduación para que más de 700 estudiantes de este centro de estudios puedan graduarse y obtener su título académico.
Los integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social trabajarán en cinco subcomisiones para agilizar el tratamiento de los proyectos de Ley calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), mismos que están divididos en los temas de jubilación especial para las mujeres; seguridad social; Código de Trabajo e igualdad laboral; jubilación para los trabajadores de la industria del cemento; y, servicio público.
La Asamblea Nacional, la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentarán esta tarde, a las 17h00 el Informe Parlamentario Mundial, “La naturaleza cambiante de la representación parlamentaria”.
Mañana a partir de las 10h45, la Comisión Especializada del Derecho a la Salud, presidida por el asambleísta Víctor Quirola Fernández, recibirá a los representantes de la Federación Médica Ecuatoriana, quienes presentaran sus inquietudes respecto a la adquisición de medicamentos, concursos de cargos médicos, despidos de profesionales en este sector, así como al presupuesto de salud.
El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 157, negó la moción de archivo del proyecto de Ley de Servicio Cívico Militar y de las Reservas de las Fuerzas Armadas Nacionales, propuesto por el presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Fernando Bustamante, quien argumentó que la propuesta vulnera normas respecto a las competencias que le corresponden al Ejecutivo determinadas en el artículo 135 de la Constitución, es decir, que solo el Presidente de la República puede presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público. Por tanto, pasó el primer debate.
La actual ley no reconoce los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras con el carácter de derechos humanos, constitucionales reconocidos y garantizados; no establece mecanismos claros de control de calidad ni un sistema de protección, reparación y sustitución de derechos; las sanciones no responden a la realidad económica actual, dijeron algunos asambleístas de distintas bancadas quienes resaltaron la importancia de contar con una nueva legislación que garantice los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras en armonía con los proveedores.
El jueves 19 de abril, a partir de las 9h45 la Asamblea Nacional, posesionará al doctor Carlos Polít Faggioni, como primera autoridad de la Contraloría General del Estado, según consta en la convocatoria de la sesión 158 del Pleno, por parte del presidente de la Legislatura Fernando Cordero Cueva.
El Pleno de la Asamblea Nacional, inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras, sobre la base del informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico, que entre otros aspectos crea mecanismos claros de protección y promoción prioritaria y especializada sobre los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras; así como, establece un proceso especializado, a través de mecanismos de justicia extrajudicial, judicial y constitucional con procedimientos propios e independientes de esta rama jurídica y que sean más ágiles, para garantizar la participación activa del Estado mediante la emisión de políticas públicas y sancionar su incumplimiento.
A pedido del asambleísta Thomás Zevallos, de la provincia de Orellana, el Presidente del Consejo de Educación Superior, René Ramírez, argumentó las razones de la suspensión de dos universidades amazónicas y explicó un plan de contingencia para los estudiantes.
El asambleísta Linder Altafuya planteó el enjuiciamiento político al ministro de Finanzas, Patricio Rivera, a quien le acusó de “incumplir los artículos 371 y 372 de la Constitución, al no realizar las transferencias de los aportes obligatorios del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, correspondiente al 40% del aporte obligatorio a las pensiones jubilares y los recursos destinados a atención médica en salud para los jubilados”.
