Con la presencia del contralor General del Estado, Carlos Pólit, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado intensificó el estudio de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría, de iniciativas del Presidente de la República y del legislador Vethowen Chica.El doctor Pólit sostuvo que la segunda propuesta no tiene sentido, más aún cuando en nada aporta, innova, complementa o aclara el funcionamiento de la norma vigente, por lo que sugirió el archivo de la misma.
En la Comisión de Gobiernos Autónomos se realizó una reunión de trabajo con representantes de los gobiernos municipales de Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas; asesores legales de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y los asesores de los asambleístas de la mesa para trabajar una solución a los problemas de los asentamientos urbanos consolidados no regularizados que existen a lo largo del territorio nacional.
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), existe una alta importancia de la agenda legislativa en los medios de comunicación.
La Comisión de Seguridad, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce, inició el trámite del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana, de iniciativa del Presidente de la República; y, el de Creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, de autoría de la segunda Vicepresidenta de la Asamblea, Rocío Valarezo.
La propuesta del Ejecutivo se orienta a la transformación de la Policía Nacional, que asuma las responsabilidades que por disposición constitucional le corresponde en materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden público, pues como institución profesional puede responder a las necesidades técnicas, logísticas, y operativas en la forma dispuesta en la Carta Magna.
Establece la creación de una carrera profesional, organizada sobre la base de los perfiles correspondientes a cada agrupación policial y que tengan reconocimiento económico.
También, la propuesta gubernamental promueve crear el servicio civil de investigación como apoyo a la investigación de la infracción en procesos judiciales para garantizar el acceso a la justicia y la no impunidad, así como el servicio de protección pública con la finalidad de responder a la seguridad de las personas protegidas que en razón de sus funciones requieran de ésta.
Entre tanto, el proyecto de la legisladora Rocío Valarezo Ordóñez, de la provincia de El Oro, determina la creación del Sistema de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de consolidar el esfuerzo nacional optimizando las acciones del Estado e integrando la participación ciudadana de manera planificada y coordinada.
Este Sistema estará compuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana; Consejos Provinciales de Seguridad Ciudadana; Consejos Cantonales de Seguridad Ciudadana; Comités Parroquiales de Seguridad Ciudadana; y, el Instituto Nacional de Seguridad Ciudadana.
La segunda autoridad del Legislativo consideró clave que las alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales y otras instituciones, a las que debe sumarse el esfuerzo privado y especialmente la participación ciudadana, desplieguen acciones de autoprotección, dentro de un sistema organizado y debidamente articulado para enfrentar los efectos y combatir las causas y orígenes de la descomposición social.
MG/pv
El asambleísta Vethowen Chica Arévalo (AP), vocal de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, informó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibió del Ministerio de Defensa la lista de 1 400 ciudadanos que serán acreditados y se beneficiarán de la Ley de Reconocimiento a Héroes y Heroínas Nacionales, aprobada por la Asamblea Nacional.
Chica, representante por la provincia de Morona Santiago, destacó que el cuerpo legal, que fuera tramitado en la Comisión de Relaciones Internacionales, establece sueldos y salarios, programas de vivienda, salud y educación, entre otros beneficios.
Néstor Segovia, uno de los héroes que constan en la respectiva lista oficial, expresó la alta sensibilidad y solidaridad de la Asamblea para reconocer derechos de un importante grupo de ecuatorianos patriotas.
Marcela Miranda, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, anunció que coordinará con el Ministerio de Defensa la organización de un evento público con los excombatientes, para este 27 de febrero, que se celebrará el Día del Ejército Ecuatoriano, con el propósito de que la población se entere, a cabalidad, del contenido, los alcances y beneficios de la citada ley.
Por último, comentó que trabajará intensamente en la difusión de la normativa.
MG/eg
La Concordia no tiene conflictos territoriales ni de pertenencia, por tanto la consulta jamás debió ser convocada pues es inconstitucional e ilegal, dijo categóricamente, el legislador Línder Altafuya (MPD), tras anunciar que la comunidad de Esmeraldas defenderá su heredad territorial.
Con esta oportunidad, alertó que existe una marcada diferencia entre la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno al número de votantes en el cantón La Concordia.
Comentó que según el INEC el número de electores no superarían las 23 000, sin embargo, el CNE ha establecido que el padrón está conformado por 29 198 electores, lo que hace presumir que habría un padrón electoral inflado que no garantizaría la realización de un proceso electoral transparente.
Bajo estos antecedentes, Altafuya Loor solicitó al titular del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, una explicación urgente al respecto, además que se reciba en audiencia al Comité Cívico de Esmeraldas, para aclarar estos hechos.
Puntualizó que al organismo le corresponde garantizar un proceso transparente y demostrarle al país su independencia frente al Presidente de la República.
Advirtió que la población esmeraldeña adoptará todas las acciones legales que contempla el Código de la Democracia, a fin de que en este proceso no se susciten irregularidades y que demandarán la implementación de auditorías al sistema informático que se utilizará para esta consulta.
Finalmente, Línder Altafuya indicó que el Comité Cívico decidió efectuar una consulta popular a nivel de toda la provincia, en la cual se preguntará a la gente esmeraldeña si está de acuerdo con que el cantón La Concordia pase a la jurisdicción de Santo Domingo de los Tsáchilas o permanezca como parte de Esmeraldas.
MG/pv
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, analizó el informe borrador, para primer debate, del proyecto de reformas al Código Civil, para lo cual recibió aportes del doctor Luis Parraguez Ruiz, catedrático de la Universidad San Francisco.
“Eloy Alfaro fue la figura más importante que actuó durante el gobierno de Zelaya, no solamente por la comunidad de ideas de ambos, sino porque estaban propulsando la unidad de los países, en este caso Zelaya en Centroamérica y Alfaro en Suramérica”, manifestó el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, René Núñez Téllez, al destacar la figura y el pensamiento del Viejo Luchador.
Algunas aclaraciones para los ciudadanos y ciudadanas de Pichincha. No las dirijo al Sr. Peñaherrera, porque tengo la impresión de que su interés no es cuestionar mi gestión, sino ser entrevistado por los medios de comunicación. Ahora, que él ha logrado su objetivo, considero mi deber compartir con ustedes toda la información relacionada con este pedido:
1. La revocatoria del mandato es una institución creada para que los ciudadanos puedan controlar, pedir cuentas o incluso retirar el encargo a sus representantes. Cualquier ciudadano tiene el derecho de activarla, solicitando a la autoridad electoral los formularios en los cuales debe probar que tiene el apoyo de otras personas.
2. Según la Constitución y el Código de la Democracia se requiere para convocar el proceso electoral en que se puede revocar o no un mandato, el apoyo del 10% de los ciudadanos del correspondiente padrón. En las elecciones del 2009, la provincia de Pichincha tuvo 1’850.516 electores, es decir, el pedido de revocatoria debería ser firmado por 185.051 personas.
3. El Sr. Peñaherrera ha solicitado los formularios para este proceso con el argumento de que no asistí a la reunión de la Asamblea del día 17 de noviembre de 2011 en que se votó una resolución (resolución es igual a opinión; resolución no es decisión) respecto a la Ley de Fomento Ambiental, pues los asambleístas tratábamos de impedir que la reforma tributaria se apruebe por el ministerio de la ley. Insisto, lo que se propuso y finalmente se votó y aprobó (pues las resoluciones requieren solo la mitad más uno de los presentes) no tuvo ningún efecto jurídico en el tratamiento de la ley.
4. Para que podamos hacer memoria, la sesión en que esto se discutió el miércoles 16 de noviembre durante todo el día, pasada la media noche, el Presidente Cordero suspendió la sesión. Según manda la ley las sesiones se deben convocar con 48 horas de anticipación. Sin embargo, el Presidente Cordero, al día siguiente, a las 12h30 convocó para la continuación de esta sesión a las 15h30. Fue la primera y única sesión que se convocó sin la anticipación de dos días y eso provocó que varios asambleístas estén en apuros para asistir. Afortunadamente, Francisco Cevallos, mi asambleísta alterno estaba en Quito y le pedí tan pronto como me enteré de la convocatoria que asistiera al Pleno, lo que en efecto sucedió.
A continuación, mi intervención en el Pleno en la que queda clara mi posición sobre este tema:
http://www.youtube.com/watch?v=wfPZgBpbp1s&context=C345b70dADOEgsToPDskKhyHwo535VA1s3h8mBxW3V
Finalmente, cuando se presenten las 185.000 firmas empezaría un período de campaña en que cada posición presenta sus argumentos a la ciudadanía. Me alegrará tener la oportunidad de debatir y rendir cuentas de formas más extensa. ¿Será necesario explicarle al Sr. Peñaherrera todos los detalles que evidentemente desconoce sobre el funcionamiento del Legislativo y sobre mis posturas políticas?
María Paula Romo
La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Guillermina Cruz Ramírez, ofició a los titulares de la Secretaría Nacional del Migrante; Francisco Hagó; del Ministerio del Interior, José Serrano; y, de la Cancillería, Ricardo Patiño Aroca, a fin de que remitan sus puntos de vista en torno al proyecto de Ley Orgánica de Protección e Igualdad de Derechos de las y los Migrantes Ecuatorianos Residentes en el Exterior y sus Familiares, auspiciado por asambleísta Washington Cruz, que tiene por objetivo desarrollar los derechos y garantías establecidos en la Constitución para este sector social.
