En rueda de prensa, la Bancada de Alianza País (AP), en compañía de los grupos aliados, denunció que los bloques de oposición pretenden desestabilizar a la Asamblea y, como tal, a la democracia ecuatoriana, a través del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La asambleísta Zobeida Gudiño, coordinadora de AP, subrayó que la propuesta última expuesta por el legislador Vicente Taiano difiere totalmente del documento aprobado hasta las primeras de la mañana de este martes (01:00), tras señalar que no bajaron al Pleno porque dicho articulado no cumplía con el plazo de 48 horas para su presentación y votación, conforme lo establecido en la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, por tanto, no había el tiempo suficiente para realizar una revisión profunda.
“Dicho proyecto tiene como finalidad el asalto de la primera función del Estado, en este caso, la Asamblea Nacional para, desde la Legislatura, dirigir la desestabilización del régimen democrático que vive el país”, enfatizó.
“Queremos denunciar al pueblo ecuatoriano el intento de golpe de Estado que se pretende dar desde la oposición al Legislativo”, puntualizó.
Expresó que el proyecto de la oposición, de manera perversa, propone la destitución del Presidente de la Asamblea y de todas las autoridades legislativas, entre ellos, de las principales dignidades de las comisiones especializadas; la autoconvocatoria de la Asamblea con 63 votos; la apelación a la Presidencia de la Asamblea con mayoría simple, tendente a cambiar la dirección de la entidad, lo que generaría caos y desestabilización en cada sesión.
Además, se incluye a los alcaldes, concejales, juntas parroquiales y a todos los servidores públicos como sujetos de fiscalización, en clara contradicción con la norma constitucional, agregó.
La asambleísta Zobeida Gudiño aseguró que también se busca alterar la disposición constitucional sobre el trámite de las leyes urgentes en materia económica, tratando de bloquear su tratamiento.
Subrayó que se intenta crear una veeduría en el Consejo Nacional Electoral, que sería una flagrante intromisión en otra función del Estado; y, crear comisiones viajeras.
Finalmente, aseveró que se plantea el enjuiciamiento de jueces y funcionarios judiciales, con clara intención de interferir en la Función Judicial.
MG/eg
La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Mauro Andino Reinoso, a propósito del debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, viene desarrollando, a nivel nacional, una serie de encuentros ciudadanos, con el objetivo de socializar, analizar y recibir propuestas respecto a este tema.
Para el lunes 12 de diciembre, a partir de las 16:00, se prevé la realización del Foro: “Reflexiones sobre el proyecto del Código Orgánico Integral Penal”, en el Aula Magna de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca.
Este acto contará con la presencia de académicos, funcionarios judiciales, estudiantes y ciudadanía en general.
Las asambleístas Mariangel Muñoz Vicuña y Rosana Alvarado Carrión, vocales de la Comisión de Justicia, son las coordinadoras del evento.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, confirmó que el próximo martes, 13 de diciembre, a las 17:00, se procedería a la fase de votación del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre la base del informe presentado por el ponente, Vicente Taiano Álvarez.
En el programa Cuórum, que se realizó en conexión con Radio Carrusel, desde Guayaquil, el arquitecto Cordero, anticipó que el martes en la mañana se reinstalaría la sesión 139, para continuar con el primer debate del proyecto de Ley de Protección del Cóndor y otras Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción.
Recordó, también, que está pendiente la resolución orientada a exhortar al Presidente de la República para que mantenga el subsidio a los compustibles en favor del transporte aéreo de la provincia de Galápagos.
En todo caso, se mostró abierto a acoger la sugerencia de Taiano, quien adelantó que varias organizaciones habrían conseguido 63 firmas para pedir que el tema se resuelva en la mañana del martes. “No tengo problema para invertir las horas de las sesiones”, añadió, al reiterar que el tema será abordado el martes.
Destacó que la aprobación de las reformas a la Ley de la Función Legislativa (LOFL) establecen las reglas para la consulta prelegislativa, figura que fue creada por la Organización del Trabajo en 1998, por tanto, Ecuador sería pionero en el mundo en aplicar este mecanismo, que permitirá avanzar en el trámite de leyes importantes como la de Recursos Hídricos y de Culturas.
Agenda
Comentó que la próxima semana, y en transcurso de diciembre, se prevé despachar la Ley de Límites, que se postergó por solicitud de la AME y el Congope; de Fronteras; las reformas electorales; de Discapacidades; la Ley de Comunicación, más aún cuando ésta constituye un mandato de la Constitución y el pueblo ecuatoriano.
MG/eg
La inmunidad es una conquista histórica, inherente al ser fiscalizador, no se podría fiscalizar ni legislar sin inmunidad, pero confundir esto con una patente de corso para insultar, es diferente, declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, respecto a las solicitudes de autorización de la Corte Nacional de Justicia para iniciar dos causas legales contra el asambleísta Galo Lara, por supuestas injurias.
El Pleno de la Consejo Nacional Electoral (CNE) acudió ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, con el propósito de presentar observaciones y aportes al proyecto de reformas al Código de la Democracia.
En el Pleno de la Asamblea Nacional, se instaló el Foro Internacional “Adolescentes y Justicia Penal, un Debate Social”, organizado por la Comisión Especializada de Justicia, el Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) y Unicef.
Al evento asistió un significativo número de estudiantes de los Colegios Mejía, Simón Bolívar, Quito, Luxenburgo, de la Universidad Católica, así como profesionales del Derecho. En calidad de expositores participaron expertos de Chile, Panamá y Ecuador.
Mirar desde otro ángulo la realidad de la niñez
La asambleísta Marisol Peñafiel, coordinadora del Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, invocó a mirar desde otro ángulo la realidad de la niñez y adolescencia, de cómo este grupo humano construye ciudadanía.
Destacó que la Asamblea Nacional, en su conjunto, y la gran mayoría de legisladores están empeñados en una lucha permanente por la vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al enfatizar que el Foro, en el marco del debate y análisis del nuevo Código Penal, nos invita a reflexionar desde otra mirada, desde la mirada de lo integral y también del cambio estructural; nos invita a ver más allá de lo evidente.
Este encuentro, continuó, es la oportunidad propicia para liberarnos de los prejuicios, de los atavismos sociales y culturales; pretende la participación de la ciudadanía, intenta ser plural y acabar con el populismo penal que demanda la intervención del Estado y de dar respuesta, pero la intervención estatal en el tema no será lo punitivo, lo privativo de la libertad.
No a la imputabilidad de menores
De su parte, Sara Oviedo, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) dijo que no debemos permitir que se baje la edad de la imputabilidad a los adolescentes, al recordar que el Estado y el país en la Constitución actual estableció, con absoluta claridad, la existencia de una justicia especial para los menores, lo cual no puede entrar en discusión alguna, más aún cuando este asunto está consagrado en la Convención de Derechos del Niño.
Reiteró que ese argumento legal tiene que ser reforzado constantemente, al puntualizar que a este grupo vulnerable se le debe garantizar protección, mejoramiento de sus condiciones de vida, a través de acceso a la educación, salud, recreación, en particular a los menores que han entrado en conflicto con la ley
Socialización a nivel nacional
El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino Reinoso, resaltó que el organismo legislativo ha puesto en marcha un intenso proceso de socialización a nivel nacional del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, de iniciativa del Ejecutivo.
Al indicar que dicha propuesta contiene más de 1 000 artículos, entre ellos, algunos temas sumamente conflictivos, nuevos y novedosos, anunció que en las próximas semanas la comisión iniciará el desarrollo del articulado, a fin de someterlo a consideración del Pleno.
Expresó que el vigente Código, por ser la reproducción de varias leyes penales, principalmente europeas, se ha dedicado a proteger los derechos patrimoniales de un sector económico de la comunidad, sirviendo en la práctica para el castigo a los menos favorecidos e ignorando que existe una serie de conductas lesivas que afectan gravemente a la sociedad sin recibir una respuesta punitiva.
Por tanto, dijo, es necesario crear nuevos tipos penales que protejan bienes jurídicos y elaborar un nuevo Código Penal que unifique las infracciones penales dispersas en diferentes normas; más de 230 leyes vigentes en el Ecuador tienen tipos penales y sanciones penales, lo que genera impunidad, confusión y un retraso en la administración de justicia.
MG/pv
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, realizó un proceso de sistematización sobre las memorias de los seminarios que se efectuaron en Guayaquil y Machala, bajo la coordinación de los legisladores Vicente Taiano Álvarez y Gina Godoy Andrade.
En tales eventos participaron Alfonso Zambrano Pasquel, docente universitario; Martín Saquicela, miembro de la Comisión de Tránsito del Guayas; Pablo Corrales, de la Defensoría Pública; Diego Tipán, del Ministerio de Justicia; Yanina Mendoza, jueza Décimo Quinta Adjunta de Adolescentes Infractores; María Eugenia Díaz, de la Defensoría Pública; Carmen Bauz, experta en adolescentes infractores; Sebastián Sotomayor, del Ministerio de Justicia, entre otros.
Observaciones y aportes
Para el doctor Alfonso Zambrano Pasquel es necesario crear protocolos para la Policía Nacional y sus procedimientos, además capacitar a los jueces de garantías penales, en especial lo que tiene que ver con la posibilidad de dictar sentencias salvo en los casos de acción privada y en ciertos procedimientos especiales.
Hay que tener cuidado con el debido proceso y las reglas de respeto a los derechos, por ejemplo, en la toma de fluidos corporales; la ponderación de derechos para autorizar la toma de decisiones en derechos humanos y los delitos sexuales, manifiesta el jurisconsulto.
También, considera que no tiene que haber la extradición por que hay una ley expresa sobre la materia y que en la casación debería revalorizarse la prueba.
Entre tanto, Diego Tipán, del Ministerio de Justicia, expone el contenido de la reparación integral a la víctima que busca que ésta no tenga que ir a la vía civil, que pueda acceder a derechos como a ser atendidos por sicólogos, la no repetición y otras medidas para que cese la vulneración de derechos.
La implementación de penas no privativas es un avance. Los delitos informáticos cuentan con un capítulo en que constan el terrorismo y el fraude por medios electrónicos, asimismo, la presencia de nuevos delitos sexuales, agrega.
MG/pv
La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, se reunirá el próximo miércoles, en horas de la mañana, con el propósito de escuchar la sustentación de la solicitud de juicio político por parte del interpelante, Jorge Escala Zambrano y la presencia personal de la ministra de Educación, Gloria Vidal, a fin de que ejerza su legítimo derecho a la defensa.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, luego de una intensa jornada de tres días de recepción de testimonios, dentro del proceso político propuesto por el asambleísta Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático, en contra de la ministra de Educación, Gloria Vidal, tiene previsto -para el próximo miércoles 7 de diciembre-, en horas de la mañana, recibir las pruebas de descargo de parte de la Secretaria de Estado.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, presentó informe favorable, para segundo debate, del proyecto de Ley de Repetición.
El documento está suscrito por Mauro Andino, Henry Cuji Coello, Rosana Alvarado Carrión, Giovanny Villamar, César Gracia Gámez, Mariangel Muñoz, Marisol Peñafiel y Vicente Taiano.
El proyecto, de iniciativa del asambleísta Mauro Andino Reinoso, titular del organismo, busca regular los mecanismos que permitan el ejercicio del derecho de repetición del Estado en forma obligatoria contra todas las personas naturales o jurídicas que, como servidoras y servidores públicos, concesionarios, delegatarios u otras que en ejercicio de una actividad pública, causen perjuicios por los cuales el Estado o sus instituciones realizaron pagos reparatorios, indemnizatorios o compensatorios, siempre y cuando esos perjuicios surjan de una conducta activa u omisiva verificada con dolo o culpa grave.
De esta manera se pretende proteger el patrimonio estatal, propiedad de todas y todos los ecuatorianos. Dispone que en el ejercicio de la acción de repetición se aplicarán los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales y demás normas jurídicas pertinentes.
Socialización
Se recibieron observaciones de parte de José Serrano, Ministro de Justicia; Diego García Carrión, procurador General del Estado; Isabel Ulloa, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; Elizabeth Cárdenas, jueza Primera de Trabajo de Pichincha; Victoria Neacato, Jueza Quinta de la Niñez y Adolescencia de Pichincha; Cristhian Recalde, juez Tercero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha.
También, presentaron aportes Carlos Fernández Idrovo, juez Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha; José Martínez, juez Décimo de lo Civil de Pichincha; Raúl Marino Hernández, juez Séptimo de lo Civil de Pichincha; Patricio Vaca Quijano, juez Cuarto de lo Civil de Pichincha; Ramón Rodríguez, docente de la Universidad Central del Ecuador; Miguel Valarezo, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja; y, del teniente coronel de Policía Fabián Salas, de la Comisión de Análisis y Reformas de la Policía Nacional.
MG/pv
