En cumplimiento del artículo 127 de la Constitución, que dispone que las asambleístas y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes, la asambleísta Mary Verduga realizó su rendición de cuentas ante los medios de comunicación de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Al amparo de los artículos 131 de la Constitución y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la Comisión de Fiscalización calificó el trámite de juicio político en contra de la ministra de Educación, Gloria Vidal, propuesto por el legislador Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático.
A favor de la moción, para que el organismo inicie la sustanciación del proceso, se pronunciaron César Alvear (alterno de Marllely Vásconez), Fernando Cáceres, Luis Morales, Alfredo Ortiz, Franklin Purcachi (alterno de Galo Lara), Tomás Zevallos, y Silvia Salgado. En tanto, se abstuvieron de votar Viviana Bonilla, Soraya Viteri (alterna de Lídice Larrea) y Omar Juez.
Jorge Escala, quien participó en la sesión, responsabilizó a la funcionaria de haber impuesto el bachillerato general unificado sin consultar a los actores inmersos en la temática, lo que violenta la Constitución y la propia Ley de Educación Intercultural, hecho que ha generado conflicto y movilización de parte de la juventud estudiosa del país.
Consideró también que, en los últimos días, se ha evidenciado una actitud de persecución de la Ministra Vidal en contra de maestros y estudiantes por su filiación política, atentando a la libertad y derecho de organización.
Trámite
El artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que una vez calificado el trámite, la Comisión notificará al funcionario sobre el inicio del mismo, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de 15 días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.
De igual forma, notificará a los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones…
Solicitud de César Rodríguez
La solicitud de juicio político planteada por el asambleístas César Rodríguez no fue aceptada, puesto que obtuvo cinco votos a favor (Luis Morales, Alfredo Ortiz, Franklin Purcachi, Tomás Zevallos, Silvia Salgado); y, cinco abstenciones César Alvear, Viviana Bonilla, Fernando Cáceres, Omar Juez, Soraya Viteri).
MG
El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino Reinoso, convocó para este miércoles, 23 de noviembre, a la continuación de la sesión 91 del organismo, a partir de las 09:30, en la cual se recibirá al alcalde de Quito, Augusto Barrera Guarderas.
El primer personero municipal estará acompañado de los concejales metropolitanos y representantes de la Mesa Ciudadana: Quito por la Seguridad. La reunión se cumplirá en la Sala 2, ubicada en el primer piso de la Sede Legislativa.
Con esta oportunidad, el alcalde Barrera explicará los alcances de la propuesta legal que busca garantizar seguridad para la ciudad capital y el país, misma que surgió de la ciudadanía (barrios y grupos organizados), reformas que se incorporarían al nuevo Código Integral Penal, de iniciativa del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia.
El cuerpo legal se orienta a tipificar nuevas formas delictivas, así como contar con un eficiente sistema de investigación; un adecuado juzgamiento de las causas; la ejecución de las sentencias; y, la rehabilitación del delincuente, para que se reinserte como un elemento útil para la sociedad.
Según estadísticas, las cifras delincuenciales son realmente preocupantes: de 100 delitos que se cometen, solo 20 se denuncian; de ellos, 12 reciben dictamen acusatorio del Fiscal y, de éstos, apenas cinco son sentenciados.
Entre otros temas, la propuesta recoge la nueva clasificación de delitos; el juzgamiento ágil y oportuno; tipificación de nuevas modalidades delictivas; juzgamiento ágil de los delitos flagrantes; tratamiento especial de la habitualidad del delito; creación de un sistema integrado informático en materia de justicia; asesoría legal gratuita a las víctimas de la delincuencia; evaluación de desempeño de los administradores de justicia; desconcentración de unidades especializadas de la Fiscalía; y, creación de un cuerpo especializado de investigación delictiva.
En esta sesión, la Comisión también conocerá y discutirá el contenido del informe preliminar aprobado por la subcomisión respecto del Libro I del proyecto de Código Orgánico Integral Penal.
MG/eg
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, destacó que “acercarnos a la gente no es un slogan, es una convicción”, tras enfatizar que las buenas leyes son las que cuentan con la participación y calificación de la gente.
Estas declaraciones las formuló durante el seminario “Fortalecimiento de la Capacitación Ciudadana” que se ofreció a coordinadores y miembros de las diferentes casas legislativas, especialmente sobre el manejo de la Red Mundial de Información Legal, estación Ecuador (GLIN), manejo del Portal Web de la Asamblea.
Es fundamental prepararnos constantemente individual y colectivamente para enfrentar, de mejor manera, nuestras responsabilidades. Ustedes son nuestra expresión cotidiana y nuestro rostro visible en las provincias y por eso les queremos mejor preparados, sostuvo.
La Asamblea, continuó, es bastante más de lo que parece y eso debemos mostrar a la comunidad. Las leyes no son para o de los asambleístas que las presentan, del Ejecutivo, cuando es de su iniciativa, no pertenecen a ningún grupo político. Las leyes son buenas o malas por la cantidad de personas a la que involucran y la gente es las que califica, subrayó.
Si la ley es buena es porque beneficia a la colectividad, porque le permite superar problemas y desarrollar aspiraciones, dijo, al resalta la aprobación unánime de las reformas al Código de Salud que reconocen la existencia de enfermedades raras o huérfanas, la misma que tuvo total aceptación porque obró el milagro de la gente.
Insistió el alto beneficio para un grupo poblacional ecuatoriano permanentemente excluido y marginado, que a uno le conmueven; enfermedades que ni siquiera sabíamos que existen, las farmacias no tienen las medicinas que necesitan los afectados, no hay especialistas, las universidades no estudian este tipo de enfermedades, conflictos que van a cambiar con la vigencia de la respetiva ley, agregó.
Recordó que en la casa legislativa de Cuenca acudieron las viudas de los combatientes del 41, quienes cuestionaron en duros términos que se les haya quitado las pensiones de que gozaban, tema sobre el cual nada tenía que ver la Asamblea, pues el responsable era un pagador del ISSFA que interpretaba la ley. Gracias a un serio control político se resolvió el problema, manifestó.
Finalmente, anunció la decisión de hacer video-conferencia con el Pleno y las casas legislativas, a fin que la ciudadanía participe activamente en el debate de la Ley de Comunicación.
MG
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino Reinoso (AP), presentó informe favorable, para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.
Para tal efecto, el organismo unificó las propuestas presentadas por los legisladores María Soledad Vela (AP), Andrés Roche (MDG) y Saruka Rodríguez (PRE).
También, el titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon Campaña, formuló observaciones al respecto. Incluso, el Consejo remitió a la Asamblea Nacional, con fecha 11 de noviembre de 2011, en ejercicio de la iniciativa legislativa, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral.
Contenido del informe
El documento se refiere a temas como los derechos del elector, equidad de género, acoso político, simultaneidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales, el método de adjudicación de escaños, administración electoral, entre otros.
Establece que los órganos de la Función Electoral implementen políticas y acciones destinadas a promover la interculturalidad en el marco de la promoción del ejercicio de los derechos políticos y de participación, que se ejercen a través del sufragio.
Elección simultánea y segunda vuelta
Propone que las elecciones se realizarán cada cuatro años para elegir simultáneamente Presidente o Vicepresidente de la República, asambleístas, representantes ante el Parlamento Andino, consejeros y consejeras regionales y gobernadores regionales.
En el caso que en la primera votación ningún binomio presidencial hubiere logrado mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta dentro de los siguientes 45 días y en ella participarán los dos binomios más votados en la primera vuelta. No será necesaria la segunda votación si el binomio que consiguió el primer lugar obtiene al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor de diez puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en el segundo lugar.
Además, el proyecto determina que a partir de las 17:00 se cerrarán los recintos electorales y se receptará el sufragio de quienes, hasta esa hora, se encontraren en la fila de la respectiva junta receptora del voto.
Para la adjudicación de escaños en elecciones pluripersonales, se procederá de acuerdo con los cocientes mayores mediante la aplicación de la fórmula de divisores menores continuos.
Los movimientos políticos que obtuvieren el equivalente al cinco por ciento de los votos válidos a nivel nacional en dos elecciones pluripersonales consecutivas, adquirirán iguales derechos y deberán cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos.
En una de las disposiciones generales, se plantea que para efecto de las campañas electorales de consulta, referéndum y revocatoria de mandato se considerarán sujetos políticos a los proponentes de éstas; y, a quien promueva la revocatoria de mandato y a la autoridad contra quien se la proponga. El Consejo Nacional Electoral dictará la normativa necesaria para garantizar la promoción electoral equitativa e igualitaria en radio, prensa, televisión y vallas durante estos procesos electorales.
Asimismo, la propuesta está dirigida a garantizar la representación paritaria, alternabilidad y secuencialidad entre hombres y mujeres tanto en el Concejo Nacional Electoral cuando el Tribunal Contencioso Electoral.
MG/pv
Representantes de 15 organizaciones sociales, gremios periodísticos, empresas de comunicación presentaron en el Pleno de la Asamblea Nacional sus aportes en torno al proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, que responde a un mandato de la Constitución.
Con 86 asambleístas presentes, a las 15:45, se reinstaló la sesión 136 del Pleno, en la cual asambleístas de distintas bancadas políticas manifestaron sus posiciones respecto al proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, pues comparten la necesidad de contar con una normativa que reemplace a la actual Ley de Radiodifusión y Televisión, misma que contiene una serie de sanciones que son discrecionales, muy generales y se prestan para acciones arbitrarias.
La sesión No. 136 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se debate el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, también se escucha en la ciudad de Guayaquil, a través de Radio Carrusel, 660 AM y Radio El Telégrafo 770Am.
La asambleísta Marisol Peñafiel Montesdeoca presentó ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado una serie de observaciones y aportes al proyecto de Código Integral Penal, especialmente a lo concerniente al Libro I.
Otros aportes
La asambleísta Peñafiel también pide eliminar todo lo referente a adolescentes en conflicto con la ley penal, más aún cuando el artículo 30 determina que las y los adolescentes que hubieren cumplido 16 años de edad al momento de cometer una infracción penal serán imputables penalmente.
Para tal efecto, se debe tomar en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil, por lo que es fundamental mantener el régimen especial que contempla el Código de la Niñez y Adolescencia para estos casos, según la legisladora.
Adicionalmente, sugiere que no prescriba la acción penal en las infracciones de agresión de un Estado contra otro, genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de guerra, infracciones graves a los derechos humanos; enriquecimiento privado no justificado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito; e, infracciones contra el medio ambiente y el patrimonio cultural.
Sanción para la pornografía infantil
Además, la doctora Marisol Peñafiel, vocal de la Comisión de Justicia, propone una sanción con pena privativa de libertad de 19 años a 25 años, para quien filme, fotografíe, grabe imágenes de niños, niñas y adolescentes representaciones visual o ilustración, real o simulada de una conducta sexualmente explícita para producir, divulgar, distribuir, ofrecer, vender, comprar, poseer, portar, almacenar, transmitir o mostrar por cualquier medio.
Si la infracción se comete contra una niña o niño menor de 12 años de edad o persona con discapacidad, será sancionado con pena privativa de libertad de 25 a 28 años.
Si la víctima es menor de cinco años de edad o cuando la víctima mantenga o haya mantenido una relación afectiva con el agresor; o sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano o afines en línea recta o se aprovecharen de una posición de autoridad sobre la víctima, tutoras o tutores, representantes legales, curadoras o curadores o cualquier persona del entorno íntimo de la familia, ministras o ministros de culto o profesionales de la educación o de la salud, la pena se aumentará en un tercio de la pena máxima prevista en esta infracción. Se aplicará la misma pena cuando la conducta sexual explícita sea violenta, sin importar la edad del niño, niña o adolescente.
Serán comisados los instrumentos, productos o réditos utilizados u obtenidos del cometimiento de la infracción. Se sancionará la tentativa.
Secuestro express
Para quien prive ilegalmente de la libertad a una o más personas por el tiempo estrictamente indispensable, con el propósito de cometer una infracción, para la comisión de un robo o beneficio económico o actos de extorsión, la legisladora Peñafiel plantea sanción con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Considera la necesidad que el servidor público que tenga la obligación jurídica de evitar la comisión de la infracción de tortura o no lo denuncie ante la autoridad competente reciba sanción con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
MG
El bloque legislativo del PRIAN ratificó la decisión de votar en contra del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, argumentando que la creación y el incremento de los impuestos tendrá consecuencias negativas en la economía.
