Con la finalidad de dar a conocer la difícil situación por la que atraviesan alrededor de tres mil empleados de las salas de juego en su estabilidad económica y laboral, un grupo de trabajadores acudió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, presidida por la asambleísta Scheznarda Fernández. Sixto Ruales, a nombre de los trabajadores, solicitó que se les conceda seis meses para el proceso de liquidación y poder incorporarse a otra actividad profesional.
Los asambleístas César Montúfar, Fausto Cobo y Jimmy Pinoargote solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, realice una observación “in loco” a la situación de la libertad de expresión y los derechos Humanos en el Ecuador.
César Montúfar expresó que esta observación será de enorme utilidad para que la comisión formule recomendaciones inmediatas al Estado ecuatoriano, “frente a las violaciones de los derechos humanos de sus ciudadanos, en particular los de libertad de expresión”.
En la petición, sostienen que “el Ecuador está atravesando una situación de extrema gravedad en materia de respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos, en particular en lo que se refiere a la libertad de expresión y a las garantías del debido proceso. Debido a múltiples factores la actual administración presidencial ha mostrado una actitud recalcitrante intolerancia hacia quienes expresen opiniones que no concuerden con las ideas prevalecientes del régimen y ha adoptado diversas acciones que han vulneración de manera sistemática la situación de los derechos humanos en el país”.“Debemos informar, entre una serie de hechos muy preocupantes que chocan con el respeto irrestricto al derecho a la libertad de expresión, la presentación de demandas judiciales en contra de periodistas por sus investigaciones u opiniones críticas al régimen; el intento de aprobar una Ley de Comunicación que viola de manera clara la libertad de expresión y contradice a estándares internacionales en la materia; los repetidos ataques verbales y persecución judicial hacia personas que piensan diferente o hacia los medios de comunicación independientes, entre otros”, subrayaron.
También mencionaron el juicio planteado en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del Libro “El Gran Hermano” y la denuncia en contra de siete radioemisoras por transmitir un espacio de opinión en defensa de la libertad de expresión.
Por las razones expuestas, solicitaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga al Ecuador a realizar la investigación pertinente.
PV
En el marco del proceso de socialización del proyecto urgente, la Comisión de Régimen Económico recibió hoy aportes, comentarios y observaciones de parte de la Fundación Ecuatoriana de Propietarios de Farmacias, de la Asociación de Bancos Privados (ABPE), de la Asociación de Propiedad Intelectual y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).
Monopolio
Carlos Reyes indicó que, hace 15 años, aparecieron los grandes monopolios en el sector farmacéutico, con la presencia de grandes cadenas de farmacias, que surgen de la unión entre el laboratorio, la distribuidora y la farmacia, que han impuesto sus reglas de juego y precios de los medicamentos, en detrimento de las farmacias pequeñas, que se preocupan por la salud de la gente y no el simple lucro y la ganancia.
Comentó que tres mil farmacias independientes, que promueven el sustento para 25 mil familias, están instaladas a nivel nacional en sitios populares, mientras las grandes cadenas se ubican en lugares comerciales estratégicos.
Reyes destacó la necesidad urgente de que se implementen una normativa clara, en pro de un negocio justo, con oportunidades para todos y en igualdad de condiciones.
Cuestionamientos
Ricardo Cuesta, titular de la ABPE, dijo que la entidad apoya el hecho de que Ecuador cuente con una ley de competencias, pues no puede quedarse rezagada de países que si tienen legislaciones de este tipo.
Reiteró que no cuestionan el contenido de la ley en su conjunto, sino específicamente la inclusión de las disposiciones generales que hacen alusión a las instituciones financieras y a la obligación de desinversión de la banca en las casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros.
Esas disposiciones van más allá de los resultados de la consulta del 7 de mayo, en donde nada se dijo acerca de la desintegración de los grupos financieros. El espíritu de la pregunta se enfocó a las actividades no financieras, por tanto, dichas normas pueden afectar la liquidez, solidez y solvencia del sistema bancario, a más de generar problemas a la banca y sus accionistas, manifestó.
Cuesta expresó que la incorporación en el proyecto de normas que reforman la Ley de Instituciones del Sistema Financiero da lugar a una inconstitucionalidad, al tiempo de considerar que esos aspectos deberían ser parte de otro nuevo cuerpo legal.
Mayores preocupaciones
Henry Kronfle y Blasco Peñaherrera, presidentes de la Cámara de Industrias de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), respectivamente, coincidieron en señalar que el proyecto, antes que frenar la competencia desleal, otorga a la Superintendencia de Control del Mercado, específicamente al Presidente de la República, la facultad de intervenir en el mercado, es decir, en la economía del país.
Intervenir en la economía significa fijar precios; en esas condiciones el productor al darse cuenta de que no puede mantener su negocio con precios que están por debajo de sus costos decide no producir, lo que genera escasez, mercado negro y desabastecimiento de mercados, puntualizaron, al recordar los ejemplos de la Venezuela de hoy, y Chile de hace 30 años.
En la reunión también participaron Roque Albuja, presidente de la Asociación de Propiedad Intelectual y Rodrigo Landeta, de la Senplades.
MG/eg
La Comisión de Régimen Económico y Tributario sesionará este miércoles a las 14:15, para realizar el último debate con los representantes de la Senplades sobre el proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado y luego se procederá a la votación del informe para segundo debate.
La Asamblea Nacional, en cumplimiento con la disposición del artículo 2 de la Constitución, por intermedio de la Dirección de Comunicación, presentó la Constitución de la República escrita en el idioma Shuar.
Con la entonación del Himno Nacional del Ecuador en el idioma shuar, inició la sesión 125 del Pleno, en la que el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, tras recordar que hace 180 años, el 20 de septiembre de 1831, se cumplió la primera sesión del Congreso Nacional del Ecuador, puntualizó que el tiempo no ha transcurrido en vano porque hoy las cosas son diferentes, pues la historia se nutre con el apoyo de la gente a fin de conseguir la patria que todos queremos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, recibió al titular de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, quien entregó varias publicaciones que ha realizado el organismo en torno a la gestión cumplida.
La Constitución, que se construyó en Montecristi, a más de haber creado la Corte Constitucional como el más alto órgano de justicia y control constitucional del país, nos confirió la tarea de promover, difundir y profundizar la investigación y la promoción de los derechos constitucionales, para lo cual se estableció el Centro de Estudios y Difusión Institucional, adscrito a la Corte, explicó el magistrado.
Sostuvo que esta entidad, en los últimos tres años, ha llegado a más de 500 mil personas a nivel nacional con los procesos de capacitación, talleres de formación y facilitación en derechos constitucionales.
Por tanto, continuó, hoy hemos venido a entregar la producción intelectual, académica e investigación que ha publicado la Corte Constitucional, por intermedio del Centro de Estudios, cuyo material puede convertirse en insumos y herramientas para los actores políticos, sociales y funcionarios, con el objetivo fundamental de que se eleve el contenido y la calidad de debate jurídico, político y constitucional.
Informó que están distribuyendo materiales de análisis jurídico y doctrinario, una revista de pensamiento constitucional inédita, que creemos acercará a los actores políticos, al sector público y a los ciudadanos a fortalecer este nuevo estado constitucional, en una muestra de total transparecia del trabajo realizado.
MG/pv
En cumplimiento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el canciller Ricardo Patiño acudió, esta tarde, ante la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, con el propósito de presentar un informe trimestral de la gestión cumplida.
Previo a la instalación de la sesión, el economista Patiño Aroca, en diálogo con la prensa, dijo que venía no a hacer una rendición de cuentas global, sino a presentar, acorde a la ley, un informe sobre temas que tienen que ver con seguridad, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio.
Tenemos que explicar qué novedades ha habido en el marco de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), con Colombia; también cómo está el asunto de delimitación de hitos, las relaciones con Perú, entre otros puntos, dijo.
Sostuvo que tenía conocimiento que hoy la Corte Constitucional remitiría a la Asamblea su pronunciamiento en torno a la Convención del Mar (Convemar).
Visita del mandatario colombiano
En otro ámbito, el Canciller ecuatoriano expresó que, a través de los canales diplomáticos, se está analizando la fecha para la visita del mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, a nuestro país, cuya invitación la formuló el presidente Rafael Correa Delgado.
Aspiramos que este encuentro se concrete este año o el primer trimestre del 2012, en el cual los jefes de Estado pasarán revista a los múltiples proyectos de integración fronteriza, precisó.
Relaciones con Estados Unidos
Ricardo Patiño destacó que hay un buen paso dado para fortalecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, luego que se anunciaran los nombres de los embajadores y que se espera el correspondiente beneplácito.
MG/pv
La aplicación incorrecta del Art. 117 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural ha significado un cambio de 40 horas pedagógicas a 40 horas reloj, lo que ha generado el incremento, en la práctica, de ocho (8) horas semanales de trabajo adicionales, sin ninguna compensación económica, denunciaron los asambleístas Ramiro Terán y Jorge Escala, del bloque del Movimiento Popular Democrático (MPD).
Ramiro Terán, de la provincia de Imbabura, indicó que en la sesión del Pleno de este jueves presentarán una resolución, por medio de la cual se determina que mientras no exista el reconocimiento económico a la tarea pedagógica se laborará en jornada estudiantil, es decir, de las 07H00 a las 13H00, además de solicitar al Ministerio de Relaciones Laborales que proceda a la homologación para reconocer las horas excedentes que vienen trabajando los maestros ecuatorianos.
Comentó que los docentes en la Costa han sido sobreexplotados, ya que venían laborando en el horario de siete de la mañana hasta las 13H30, sin reconocimiento económico alguno. Hoy los maestros se han organizado y demandan justicia, aplicando el principio constitucional de a igual trabajo igual remuneración, para luego pasar a una modificación del artículo 117, agregó.
Invocó a la sensibilidad de los legisladores de las diversas corrientes políticas, con el propósito que respalden la búsqueda de una urgente salida a esta problemática, tras invitar a los maestros para que acudan al Pleno.
Perjuicio económico
A su vez, Jorge Escala, representante nacional, aseguró que cerca de 80 mil maestros, que representan el 63% del total del Magisterio del sector público, han sido perjudicados, ya que en función de su nueva carga horaria se les ha reducido significativamente su salario.
Por último, respaldo las acciones que organiza para mañana la Unión Nacional de Educadores (UNE), que se dará cita a la Asamblea para auspiciar el proyecto de ley interpretativa.
MG/pv
La asambleísta Saruka Rodríguez Félix (PRE) presentó un proyecto de reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador – Código de la Democracia.
La propuesta establece que “de conformidad con el artículo 143 de la Constitución, si ningún binomio hubiera logrado una mayoría absoluta de votos válidos emitidos en la primera vuelta, se convocará a una segunda vuelta electoral dentro de los siguientes 45 días, el resto de dignidades serán electas en la primera vuelta electoral”.
La vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico considera que al realizarse la elección de asambleístas en la segunda vuelta, la ciudadanía estaría influenciada mayoritariamente por la campaña de los dos binomios presidenciales que accedan a la segunda vuelta, lo cual ubica en una posición de desventaja a las agrupaciones políticas que apoyaron a otros binomios y, a la vez, distorsiona la voluntad popular.
Además, expone que tal cual está redactado el inciso segundo del referido artículo 89, podría darse el caso de que exista un binomio presidencial ganador en la primera vuelta y se realizaría la elección de asambleístas 45 días después de la primera, lo que afectaría a la economía nacional ya que ello conllevaría a un gasto innecesario.
Saruka Rodríguez Félix recuerda que el Ejecutivo, mediante objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica Electoral, logró remplazar el segundo inciso, por medio del cual se traslada la elección de asambleístas a la segunda vuelta electoral, con el argumento de que así se eliminaría la atomización de la representación popular.
El proyecto es respaldado por 21 asambleístas pertenecientes al PSP, independientes, Pachakutik, ID, PRE, MPD, AP, PS-FA.
MG/pv
