El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, recibió en su despacho a los miembros del Consejo de la Judicatura de Transición; Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, con el propósito de definir puntos de cooperación institucional, que permitan, en el menor tiempo posible, hacer realidad la ejecución del Complejo Legislativo.
El presidente Fernando Cordero recordó el interés de la Asamblea por contar, a corto plazo, con el Palacio de Justicia, para allí establecer las oficinas de los 124 asambleístas, para cuya adquisición existe alrededor de cuatro millones, como parte del presupuesto de la entidad, al tiempo de expresar el compromiso de trabajar decididamente para concretar la transformación de la justicia ecuatoriana.
Por su parte, Paulo Rodríguez , titular del Consejo, comentó que, en el marco de la mayor transparencia, están visitando cada una de las funciones del Estado, con el objetivo de identificar los elementos de colaboración institucional, tras enfatizar que el Presidente de la República, en la pertinente reunión, les garantizó la entrega de recursos, para implementar los cambios sustanciales en la administración de justicia, que demanda la comunidad.
Acá hemos venido para ponernos de acuerdo cómo vamos a contribuir en el traspaso de la edificación en que están nuestros juzgados y tribunales, la que formará parte del Complejo Legislativo, cuyo espacio servirá para que los legisladores cuenten con un lugar donde puedan trabajar con mayor comodidad y en condiciones más óptimas, lo que facilitará brindar a la ciudadanía un servicio de calidad y calidez, precisó.
Por último, resaltó que la propia Constitución prevé la cooperación entre las instituciones del Estado, en procura del bien común de la población ecuatoriana, acoplándonos al nuevo modelo de gestión.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, solicitó al contralor General del Estado, Carlos Pólit Faggioni, mediante comunicación escrita, que disponga una auditoría de gestión del período legislativo 2009-2011. Haga click aquí para ver el documento.
Adicionalmente, pidió al funcionario que proceda a iniciar, inmediatamente, un examen especial de las declaraciones juramentadas entregadas por los 124 asambleístas.
El titular de la Función Legislativa mencionó que la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en su artículo 6, atinente a la accesibilidad y confidencialidad, establece: “…Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y consignar sus datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen.
Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el/la titular de la información pueda ejercer…”
MG
El vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Eduardo Zambrano, ratificó su compromiso de intensificar el seguimiento al proceso de regularización de documentos de las y los ecuatorianos que residen en la República Bolivariana de Venezuela.
También, requirió conocer el número de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos que han solicitado la regularización de sus documentos en ese país y, de igual manera, la cantidad de personas que han obtenido la visa expedida por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, dentro del citado proceso.
El funcionario, inmediatamente, respondió que el proceso de regularización tendrá como fecha límite el 30 de septiembre de 2011, dando cumplimiento a los 180 días establecidos en el correspondiente acuerdo; además, que hasta el 7 de julio de 2011, el SAIME reportó 3 890 solicitudes atendidas y aprobadas a nivel nacional para dar curso a la regularización.
A partir de esa fecha, la SENAMI en Venezuela ha recibido 100 solicitudes adicionales y el Consulado del Ecuador en Caracas otras 200 aproximadamente, pero se desconoce la cantidad recibida en las oficinas del SAIME a nivel nacional, sabiendo de antemano que han disminuido significativamente con el pasar de los días, explicó.
Bajo estos antecedentes, el legislador Eduardo Zambrano comentó que el pertinente Estatuto Migratorio, acorde el Art. 18, puede ser enmendado y modificado por disposición de las Partes, por lo que el plazo de 180 días podría extenderse, considerando las buenas relaciones entre los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez y sus evidentes actitudes solidarias con la gente.
Invocó a los compatriotas que están en situación migratoria irregular y que todavía no han acudido a las oficinas del SAIME, SENAMI y Consulado, a fin de que concurran a presentar los documentos y solicitud para su regularización dentro de los 24 días que restan para que culmine el plazo.
Finalmente, reiteró su decisión de velar por el cumplimiento de los derechos de las y los ecuatorianos en el exterior, determinados en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales.
MG/eg
Como un mecanismo legal indispensable para enfrentar el terrible mal de la delincuencia, el legislador Paco Moncayo Gallegos (Alianza Libertad) puso en consideración del país el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.
Sostuvo que la seguridad no es un tema del Ejecutivo o del gobierno central, sino que compete a todas las funciones del Estado y a todos los niveles de gobierno, desde la Presidencia de la República hasta la junta parroquial.
En tal sentido, destacó la necesidad de crear un sistema que integre a todos los actores, de manera que las funciones y niveles de gobiernos puedan participar en una estrategia permanente, diseñada para combatir la delincuencia.
A través de la implementación del cuerpo legal se trata de establecer un cambio profundo, con una nueva forma de enfocar el ámbito de la seguridad y un cambio en la legislación ecuatoriana. El enfoque a nivel mundial de la seguridad ciudadana es distinto del enfoque de la seguridad pública, enfatizó.
Lamentablemente, continuó, en la política del gobierno y en las leyes vigentes, se ve cómo la seguridad ciudadana se reduce a la seguridad pública, de la Policía y de las leyes penales, conceptos que ya no tienen razón de ser en el mundo.
Precisó que en el sistema de seguridad ciudadana participarán el gobierno central, mediante los ministerios; las funciones del Estado; y, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), al tiempo de solicitar que dicho proyecto sea calificado como de alta prioridad por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), tomando en cuenta que es una respuesta a la angustia que vive la población por efectos de la inseguridad.
Finalmente, el asambleísta Paco Moncayo invocó al análisis serio y responsable del Ejecutivo, tras señalar que está abierto a debatir su contenido con total amplitud.
MG/pv
Dentro del proceso de socialización del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, realizará mañana, a las 16h00 un foro de discusión en el que se abordarán temas relacionados con los monopolios y el abuso de poder.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a la sesión No. 121 del Pleno, para este martes 6 de septiembre de 2011, a las 09H30, con el fin de tratar temas relacionados con la derogatoria de 150 normas obsoletas, el acuerdo internacional sobre comercio de banano y el informe del primer mandatario, Rafael Correa Delgado.
El asambleísta Gilmar Gutiérrez, jefe de la bancada de Sociedad Patriótica, negó enfáticamente las versiones de que su organización habría establecido acercamientos con el gobierno y Alianza País, para la designación de las autoridades de las comisiones especializadas permanentes.
Gutiérrez recordó que Alfredo Ortiz, Fernando González y Thomás Zevallos apoyaron decididamente, el lunes anterior, 29 de agosto, para que el oficialismo asuma el control casi total de dichas comisiones, más aún cuando dos representantes de AP no habían asistido a la reunión, por tanto la mayoría no contaba con los votos necesarios y suficientes para proseguir con el tema.
Frente a ese inexplicable hecho, ese mismo día, Sociedad Patriótica resolvió, de forma amplia y democrática, dar cierta libertad a que los legisladores actuaran de acuerdo a la situación particular de cada comisión, con ciertas limitaciones, en especial “no respaldar, de ninguna manera, a los traidores, a los que no son de aquí ni de allá”, dijo.
Aseguró que específicamente en la Comisión de Biodiversidad se comprobó que los que traicionaron a la oposición fueron traicionados por el gobierno.
Ahora que algunos se han dado cuenta que el régimen no cumple y que la traición no paga ni premia, ojalá se decidan a consolidar una oposición frontal y seria, puntualizó.
MG
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ratificó en la presidencia al asambleísta Raúl Abad (AP), representante por la provincia de Cañar, para el período agosto 2011 a mayo 2013.
Raúl Abad Vélez anunció que la Comisión intensificará su trabajo para afianzar, en todo momento, los derechos de los educandos y educadores, en el objetivo de prestigiar más el accionar del organismo y de la Asamblea, en su conjunto.
La línea de comportamiento será de debate y diálogo permanente, en la búsqueda de los más amplios consensos, respetando siempre las diferencias y puntos de vista de las diversas corrientes de opinión, dijo, al puntualizar que fortalecerá la participación ciudadana, lo que es clave para enriquecer los proyectos de ley.
Hacia la eficiencia
Mientras tanto, Gioconda Saltos, flamante vicepresidenta, se comprometió a luchar decididamente para que el Ecuador alcance los anhelados niveles de eficiencia en el sector educativo, lo que permitirá que el país avance hacia un mejor presente y futuro.
MG/eg
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) reformada, la asambleísta Silvia Salgado convocó a la sesión 93 de la Comisión de Fiscalización y Control Político, con el propósito de designar a las correspondientes autoridades.
Postulaciones
Fernando Cáceres propuso a Silvia Salgado (PSFA) para la presidencia de la Comisión de Fiscalización, quien obtuvo seis votos a favor, dos negativos y tres en contra, mientras que en la reconsideración se registraron cinco afirmativos y seis en contra, por lo que la moción fue negada.
La vicepresidencia de la entidad recayó en la asambleísta Marllely Vásconez, quien logró seis votos afirmativos, dos negativos y tres abstenciones. Para esta dignidad también se postuló a Abdalá Bucaram Pulley.
Compromiso
La representante nacional, Silvia Salgado Andrade, ratificó el compromiso de garantizar el respeto a la Constitución, la gobernabilidad y, lo que es más, la defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano, al tiempo de enfatizar sobre su activa, leal y disciplinada militancia en el Partido Socialista, por 30 años.
Vamos a hacer lo que tenemos que hacer
Entre tanto, Marllely Vásconez subrayó: “vamos a hacer lo que tenemos que hacer, en estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales, respondiendo siempre a los grandes intereses nacionales y no a caprichos de nadie, tras ponderar los logros del gobierno en las áreas de vialidad, salud, educación, vivienda, entre otros”.
MG/eg
El presidente de la Función Legislativa, Fernando Cordero Cueva, en compañía de los vicepresidentes Juan Carlos Cassinelli y Rocío Valarezo y Pedro de la Cruz, vocal del Consejo de Administración Legislativa, impuso la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte, al Mérito Institucional” al Pabellón de la Procuraduría General del Estado, en razón de cumplir 83 años de vida.
