La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, puso en conocimiento de la Asamblea Nacional su cuarta propuesta de derogatoria de 150 decretos legislativos y decretos supremos obsoletos.
En efecto, el organismo presentó ante la Secretaría General el informe para primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, que comprende 150 decretos supremos, legislativos y una Resolución Legislativa.
Las normas a derogarse, aunque forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, perdieron su eficacia, en unos casos por el transcurso del tiempo fijado para su vigencia, en otros, por el cumplimiento de la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, o, porque las hipótesis consideradas en ellas fueron recogidas en otros cuerpos legales promulgadas posteriormente, lo cual las convierte en normas jurídicas irrelevantes.
Dentro del proyecto de Ley Derogatoria No. 4, los decretos supremos se refieren principalmente a la reorganización de la mayoría de los concejos cantonales del país, así como de la Corte Suprema de Justicia, cortes superiores y tribunales de cuentas.
Entre tanto, los decretos legislativos tratan sobre la construcción de varios tramos del ferrocarril en distintas provincias del Ecuador; indultos y amnistías a desertores del Ejército y guardias nacionales, además a participantes en revueltas; abolición de cobros exigidos a los indígenas; el establecimiento de una aduana en Santa Rosa; la suspensión de la vigencia del arancel de aduanas, entre otras.
MG/pv
“Nuestro país posee recursos naturales no renovables que se deben aprovechar de manera sustentable y responsable, generando con estos ingresos políticas que promuevan una mayor equidad social y un desarrollo económico responsable”, dijo la asambleísta Zobeida Gudiño, respecto al conflicto presentado en la provincia de Zamora Chinchipe con los mineros informales.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado tendrá a su cargo el análisis de los siete proyectos de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Bajo estos parámetros, la presidenta del organismo, María Paula Romo, a través del correo electrónico, puso en conocimiento de los asambleístas y la ciudadanía una matriz de sistematización de las propuestas, con el propósito de que presenten aportes para enriquecer el debate de esta temática.
Las enmiendas tienen relación con las infracciones gravísimas, vacancia judicial, funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, oficinas territoriales, competencias y obligaciones de la Defensoría Pública de la Víctimas de la Delincuencia, ingreso al servicio notarial, entre otras. Los legisladores Andrés Páez, Fernando Cáceres, Paco Fierro, Cynthia Viteri, así como el fiscal General del Estado, Washington Pesántez Muñoz, remitieron proyectos en materia de administración de la justicia.
Vacancia judicial y sanciones
De acuerdo con las reformas, para los servidores judiciales de la Corte Nacional de Justicia, Juzgados de Inquilinato y Juzgados de Trabajo, las vacaciones se establecen en dos períodos de 15 días cada uno: del 1 al 15 de agosto, para el régimen de sierra y amazonía; del 17 al 31 de marzo, para la región litoral e insular; y, del 22 de diciembre al 6 de enero subsiguientes en todo el país.
Se incorpora la norma en el sentido de que será también causal de destitución de jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios o quien les subroguen legalmente y peritos de la Función Judicial y otros operadores de justicia, cuando éstos de manera injustificada no concurran en el día y hora a las diligencias judiciales, excepto por causas de caso fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán ser justificadas en las 24 horas subsiguientes.
Defensoría Pública
El Defensor Público General de las Víctimas de la Delincuencia será la máxima autoridad de esta entidad y deberá reunir los siguientes requisitos: ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de participación política, ostentar el título de doctor en jurisprudencia; y, haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años.
Deberá ser designado por el Consejo de Participación Ciudadana, mediante concurso público de oposición y méritos. La persona designada se posesionará ante la Asamblea Nacional; durará cuatro años en el cargo, sin posibilidad de reelección.
Servicio Notarial
El ingreso al servicio notarial se realizará por medio de un concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y control social. El Consejo de la Judicatura determinará el número de notarías que funcionarán en las cabeceras cantonales, de acuerdo a sus necesidades.
La Contraloría realizará auditorías financieras y de gestión en las notarías, para establecer el trabajo ejecutado, el correcto pago de los tributos y la transparencia en relación a la transferencia de los recursos producto de las tasas, a la Cuenta Única del Tesorero Nacional.
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La asambleísta Cynthia Viteri presentó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, el primer proyecto que cuenta con la iniciativa popular y que busca endurecer las penas para sancionar delitos atroces como el sicariato y el asesinato.
La Asamblea Nacional recibió este jueves, a las 08:00, el proyecto de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, enviado por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica, por el cual se busca organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el sistema Nacional de Finanzas Públicas y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales. Descargue el "proyecto urgente de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas"
En la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), Ángel Rubio Game, aseveró que el veto por el cual se incorpora a la Función Judicial al proyecto de Ley de Servicio Público pondría en riesgo la autonomía sobre la administración de recursos humanos y financiero del sector justicia.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al inaugurar el Foro sobre el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Social, subrayó que las propuestas legales mientras más se conozcan y participativas sean, tendrán mejores augurios porque se las hace a la luz pública.
La Comisión de Participación Ciudadana, presidida por Luis Morales Solís, luego de recibir información del representante de la empresa Taski, Óscar Ayerve y del gerente de la imprenta Mariscal, Francisco Valdiviezo, en torno al proceso de contratación del servicio de impresión de cuestionarios censales, formularios, rotafolios, manuales y otros para la realización del VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010, resolvió insistir en el llamado al director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Byron Villacís; al subdirector, Jorge García; al director del Instituto Nacional de Compras Públicas, Incop, Jorge Luis González; y, al Secretario de Transparencia, Juan Sebastián Roldán, para que expliquen pormenores de este proceso.
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores demandó del ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, acciones concretas que permitan solucionar los conflictos en empresas como Marbelize S.A, Cuerpo de Ingenieros, Edesa-Prebam, Petroecuador, Erco y Vachangnon.
A pesar que el plazo concluye el lunes próximo, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, prevé entregar en las próximas horas el informe sobre el Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y Ecuador.
Linda Machuca, vicepresidenta del organismo legislativo, precisó que por la importancia del tema para los intereses de miles de compatriotas, se ha priorizado la socialización y el debate de este instrumento internacional, al expresar su confianza que será aprobado por unanimidad en el seno de la entidad y luego en el Pleno.
Enfatizó que el Convenio se firmó el 4 de diciembre de 2009 y cuenta con el dictamen favorable de la Corte Constitucional, por lo que su ratificación se daría en el menor tiempo posible, tras agregar que se espera celebrar ese tipo de acuerdos a nivel mundial.
La Comisión 5 dialogó hoy con el Embajador de España acreditado en nuestro país, Federico Torres Muro, quien indicó que las Cortes de esa nación ratificaron el contenido del documento bilateral en mayo de 2010, el cual debe ser concebido dentro de una política de atención preferencial a las necesidades tanto de los trabajadores tanto españoles cuanto ecuatorianos.
Más allá que cambien de país, no puede representar una pérdida de derechos, sino lo contrario, que cada día se vayan ampliando progresivamente, dijo, al argumentar que el tratado consolida el compromiso de su pueblo en la satisfacción de derechos sociales, de los seguros por enfermedad, maternidad, incapacidad laboral, pensiones de jubilación, de orfandad, viudedad.
Recalcó que se trata de los derechos, en este caso, vinculados a cuestiones de salud y de trabajo, al explicar que, según datos de finales de julio, hay alrededor de 178 mil ciudadanos ecuatorianos cotizando a la seguridad social, de una presencia de 500 mil personas, de las que cerca de 100 mil se han convertido en españolas y, como tal, se los considera hispano-ecuatorianos.
El embajador Torres estuvo acompañado de Dolores Hernández, encargada de asuntos sociolaborales.
Apoyo incondicional
Igualmente, en la reunión participaron activamente los representantes del grupo de jubilados “Batalla de Tarqui”, quienes, a través de su titular, Gabriel Riera, resaltaron la apertura, importancia y sensibilidad demostradas por la Asamblea Nacional para con los sectores vulnerables de la patria, por lo que expresaron el apoyo incondicional al Convenio.
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