Los asambleístas debaten el proyecto de reformas al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través del cual se aclaran los procedimientos para la elección de Procurador General del Estado y de los Superintendentes de Bancos, de Compañías y de Telecomunicaciones.
A criterio del presidente de la Comisión de Régimen Económico, Francisco Velasco, el proyecto de Código de Planificación de las Finanzas Públicas, prevé importantes cambios en el modelo de gestión del Estado, en aspectos como política pública, como un instrumento para la garantía de derechos y el logro de resultados, planificación como obligación del Estado; planificación de mediano y largo plazo, vinculada a la programación plurianual y el presupuesto; construcción social de la política pública; y la inversión pública como instrumento clave para el desarrollo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva resaltó que para la presente semana tienen una amplia agenda legislativa, pues tratarán los proyectos de Código de Planificación y Educación Superior este lunes; reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y el convenio de Seguridad Social suscrito con España, el martes; Servicio Público el miércoles y las reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, el jueves.
Con la presencia de 97 asambleístas de diversos bloques políticos, el Pleno de la Asamblea debate en primera el Código de Planificación y Finanzas Públicas, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, mismo que tiene por objetivo organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales.
Impulsar la función social y ambiental, evitar el acaparamiento y la redistribución de la tierra, son los ejes del proyecto de Ley de Tierras que será presentado en los últimos días de octubre anunció el asambleísta Jaime Abril en el acto de rendición de cuentas ante decenas de representantes de sectores sociales en la “Quinta Bolívar”, donde hoy funciona la Casa Legislativa de la ciudad de Cuenca.
El asambleísta lamentó que respecto a este proyecto haya existido desinformación. En ningún artículo se promueve la confiscación de tierras, aquello no lo permite la Constitución, dijo.
Además descartó que se pretenda establecer una medición o valoración de hectáreas como límite de la propiedad privada.
Rendición de cuentas
El asambleísta informó que durante el año de funciones aportó en los diferentes proyectos, como por ejemplo en el Código de Organización Territorial, Educación Superior, Servicio Público, Registro de Datos, Hidrocarburos, entre otros.
Sin embargo, gran parte de su labor estuvo enfocada al tratamiento del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, tema que fue socializado ampliamente con los diversos actores relacionados con el tema.
Recordó cada una de las actividades realizadas desde el 28 de agosto de 2009, como la realización de cuatro foros regionales en Montecristi, Quito, Babahoyo y Cuenca, así como las grandes concentraciones, una de ellas en Chimborazo, en donde se profundizó el diálogo con la Conaie y sus bases indígenas, sobre el nudo crítico la Autoridad Única del Agua y otros aspectos que concentraron el debate.
En el marco de la nueva Constitución se actuó con una perspectiva humana y participativa, garantizando el derecho humano al agua, que nadie puede sentirse dueño de este recurso, que no sea una mercancía, así como la prohibición de su privatización y el derecho preferencial para las comunidades, dijo.
En el área de la fiscalización, el asambleísta Jaime Abril apoyó la investigación al Fiscal General de la Nación; la investigación de la utilización del agua en Yaruquí – Pichincha; el ingreso de sal de mesa yodada desde Colombia; la contaminación del río Cutuchi, cuyo informe recibirá la presente semana, entre otros casos.
A pesar de la fiscalización realizada “no está derrotada la corrupción” en el Ecuador, por lo que nuestro rol debe ser apoyado y comprendido por la ciudadanía, manifestó.
AM/pv
En la sesión 61 del Pleno, convocada para el miércoles 29 de septiembre, a partir de las 09h40, se conocerá y resolverá el veto del presidente de la República, Rafael Correa, al proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público.
Previamente, en el orden del día consta el análisis del informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, al pedido del Ejecutivo de aprobar el Acuerdo suscrito entre la República del Ecuador y la República del Perú para el establecimiento de la Comisión Binacional para la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla.
Veto a Ley de Servicio Público
En la objeción el mandatario propone incorporar en este cuerpo jurídico a las funciones Legislativa, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social, así como a la Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional.
También, es partidario de ampliar la normativa a las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales; a los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, a las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos.
Las instituciones podrán establecer procesos de compra de renuncia de los servidores públicos de carrera, previo el pago de una indemnización, por una sola vez, equivalente a cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general por cada año de servicio y hasta un monto máximo de ciento setenta y cinco salarios básicos unificados, para cuyo efecto, se realizarán las reformas presupuestarias correspondientes acorde con la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado.
Igualmente, plantea que los contratos que se hubieren suscrito con profesionales médicos, odontólogos, enfermeras, tecnólogos médicos, obstetrices y psicólogos clínicos, en los cuales se haya fijado una jornada de trabajo inferior a 8 horas, serán reformados para establecer una jornada laboral de 8 horas.
Acuerdo
La Comisión de Relaciones Internacionales, como parte de las conclusiones, consideró que el Acuerdo constituye un instrumento jurídico idóneo constitucionalmente viable, que favorecerá los intereses de los ciudadanos ecuatorianos y peruanos de la frontera; potenciará e irrigará la producción de extensas zonas desérticas.
El documento cuenta con el dictamen previo y vinculante de la Corte Constitucional.
MG/pv
Luego de varias jornadas de trabajo y la participación de varios sectores involucrados, la Comisión de Desarrollo Económico entregó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a través del cual se redefine el rol del gobierno central y local para hacer realidad la transferencia de competencias en los ámbitos político, administrativo, legal y financiero a cada entidad territorial autónoma, reconocida en la Constitución de la República.
Con la presencia de más de un centenar de personas, entre médicos, enfermeras, estudiantes, autoridades de gremios, entidades relacionadas con la salud, pacientes, y asambleístas se realizó el Foro Regional, “Hacia la Construcción Participativa de la Ley de Trasplante de Órganos Tejidos y Células, organizado por la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional.
El asambleísta Fernando Bustamante, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, desmintió la versión periodística publicada en el diario Hoy, en el sentido que participó en la comitiva que viajó a Toronto, Canadá, el pasado 22 de junio de 2010.
En tal sentido, mediante carta dirigida al señor Jaime Mantilla, Director Ejecutivo del Diario Hoy, el asambleísta demandó que se rectifique el contenido de dicha nota, al amparo del artículo 66, numeral 7, de la Constitución, el cual establece: “El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario”.
Explicó que inicialmente fue invitado a integrar tal misión, pero que en días previos a ella, decidió no formar parte, por lo que nunca estuvo en el vuelo que es materia del artículo. Así mismo, tampoco viajó, por cualquier otra vía a Toronto, Canadá, para participar en los eventos mencionados.
Bustamante adjuntó los oficios 558 GV-AN y 611 MV-AN, por medio de los cuales se certificó que él no formó parte de la comitiva a la que se aduce y que incluso el 22 de junio de 2010, a las 09h00, realizó la devolución de los viáticos acreditados a su cuenta corriente.
MG/pv
La Comisión de Régimen Económico, presidida por Francisco Velasco, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas, que hasta el 15 de octubre deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional.
Dentro del plazo de socialización, la Comisión recibió los criterios del ministro de Finanzas, Patricio Rivera; del secretario de Planificación y Desarrollo encargado, Diego Martínez; del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero; del director del Observatorio de la Política Fiscal, Hugo Jácome; y, César Robalino, de la Asociación de Bancos Privados.
La propuesta constituye un instrumento jurídico para la planificación y se estructura en función de tres ejes: el régimen del desarrollo, la garantía de los derechos del buen vivir y el nuevo modelo de Estado.
Se destaca como principal desafío el devolver la rectoría del ámbito de la planificación al Estado.
En este aspecto se identifican aspectos como la vinculación entre la planificación y presupuesto; la gestión fiscal plurianual; se redefine el concepto de endeudamiento público dando la suficiente flexibilidad a instrumentos financieros modernos; se mejora los límites de endeudamiento para los gobiernos autónomos descentralizados en función de su capacidad de pago; entre otros.
En la fase de aprobación del informe se registró: 6 votos afirmativos, 4 negativos y una ausencia. El proyecto sería puesto a consideración del Pleno el lunes próximo, 27 de septiembre, según lo anunció el principal de la Función Legislativa, Fernando Cordero.
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