La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, bajo la presidencia de Fernando Bustamante, decidió hoy recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, la aprobación de la denuncia del Convenio entre los Gobiernos del Ecuador y la República China para el Fomento y Protección Recíproca de Inversiones.
En efecto, el organismo aprobó el pertinente informe, el cual contó con el voto favorable de Linda Machuca, Fernando Bustamante, Vethowen Chica, Gabriel Rivera, Maruja Jaramillo y Eduardo Zambrano. En contra se pronunciaron Fausto Cobo y Fernando Aguirre, mientras Vladimir Vargas se abstuvo.
La Corte Constitucional emitió dictamen previo y vinculante el 29 de julio de 2010, por medio del cual determinó que el artículo 9, numeral 3 de dicho Convenio, contradice lo dispuesto en el primer inciso del artículo 422 de la Constitución, en cuanto a la prohibición de celebrar tratados o instrumentos internacionales en que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Bajo tales antecedentes, la Corte determinó que, al encontrarse este instrumento en contradicción con el texto constitucional, es procedente continuar el trámite correspondiente para su denuncia.
Socialización, observaciones y aportes
Previo a la aprobación del informe, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió a Jorge Acosta, subsecretario de Asuntos Económicos y Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; Pablo Piedra, funcionario de la Cancillería; Cai Runguo, embajador de la República China; Michael David Caza, representante de la Cámara de Comercio Ecuatoriano – China, quienes presentaron sus pareceres y aportes sobre el tema.
MG/pv
Ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la ministra del Deporte, Sandra Vela Dávila, aseguró que la población de Morona Santiago hasta julio de 2011 podrá verificar la terminación integral de las obras, que estuvieron fijadas para los Juegos Deportivos – Macas 2008.
La comparecencia de la Secretaria de Estado fue solicitada por la asambleísta Diana Atamaint, del Movimiento Pachakutik, quien dijo que existe marcada preocupación de la comunidad de Morona por el reiterado incumplimiento de las obras de infraestructura comprometidas por el gobierno.
Recordó que en junio del año pasado se ofreció superar todas las dificultades respecto de los contratos, tareas en ejecución, obras retrasadas e inconclusas, entre otras cosas, pero la situación en su gran mayoría continúa igual, tras puntualizar que incluso algunos escenarios atraviesan serios problemas de deterioro, lo cual significa un grave perjuicio económico para el Estado.
La legisladora planteó la necesidad de mantener permanentes reuniones de coordinación entre el Ministerio, las autoridades de la zona, la Federación Deportiva Provincial, sobre la base de una agenda y cronograma, con el propósito de avanzar en la concreción de la respectiva infraestructura deportiva, para lo cual se debería activar el funcionamiento del comité de seguimiento.
Entre tanto, la Ministra del Deporte explicó que le tocó asumir la búsqueda de medidas alternativas de 154 contratos con graves conflictos legales a nivel nacional y que en manos de la Contraloría y la Fiscalía está el determinar responsabilidades y sanciones.
En el caso de Macas, la funcionaria argumentó que el propio presidente de la República, Rafael Correa Delgado, se comprometió a dar solución a los contratos atinentes al 2008 hasta diciembre 2009, y que la terminación integral de las obras se prevé para diciembre 2011, lo que ha sido respaldado por la comunidad de Morona Santiago, especialmente la dirigencia deportiva.
MG
Representantes de los diversos movimientos campesinos e indígenas que asisten al Quinto Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) que se iniciará esta tarde en Quito, condenaron el intento de golpe de Estado producido el pasado 30 de septiembre y respaldaron el sistema democrático y constitucional del Ecuador.
Bajo la Presidencia de la asambleísta Linda Machuca, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, inició el estudio del pedido de denuncia, formulado por el Ejecutivo, a los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones firmados por el Ecuador con las Repúblicas de China y Finlandia.
En el marco de los 15 proyectos de ley en materia penal, que procesa la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, propone que sean sancionados con prisión de dos a cuatro años y multa de 100 a 500 remuneraciones básicas unificadas quienes establezcan casas, mesas o centros de juegos de azar, casinos o salas de juego.
Según la reforma, en la normativa se incluirá a todos los establecimientos que se dediquen a la práctica, con fines de lucro, de juegos de azar, de mesa y banca en los que se utilicen naipes, dados, ruletas, máquinas tragamonedas, máquinas de juegos mecánicos, electromecánicos o electrónicos cualquiera sea su denominación, en los que se admitan apuestas o que permitan al público un tiempo de uso a cambio del posible pago de un premio por la jugada.
Los juegos de azar tendrán un tiempo perentorio de 12 meses para dejar de operar, a partir de la vigencia de dicha norma.
En otro ámbito, el Ejecutivo plantea sanción con prisión de tres a cinco años y multa de 10 a 50 remuneraciones básicas unificadas para quien ilegalmente impidiere el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas del país.
Si la interrupción provoca graves destrucciones y daños en la vía o en contra de otros bienes, la pena será de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.
También, el mandatario es partidario de que los particulares que sin el permiso respectivo, portaren armas de fuego, serán sancionados con reclusión de tres a seis años de reclusión menor ordinaria y multa equivalente a 10 remuneraciones básicas unificadas. Quien proporcione, venda o facilite un arma de fuego a un niño, niña o adolescente será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de 10 a 20 remuneraciones básicas.
Propuestas de la Fiscalía
La Fiscalía establece que constituye delito de sicariato, el homicidio cometido por encargo, cumpliendo órdenes o por convenio, bajo la promesa o el pago de un precio, retribución o compensación económica o de otra naturaleza, en beneficio personal o de terceros, para lo cual sugiere reclusión mayor especial de 25 a 28 años. La misma pena recibirán quienes encarguen u ordenen la ejecución del delito, sus intermediarios y ejecutores.
Serán sancionados con la mitad de la pena los que por cualquier medio promuevan, oferten, demanden o instiguen la comisión de estos delitos de sicariato, aunque éstos no se hubieren ejecutado.
MG/pv
A partir de las 14h00 del lunes 11 de octubre, la Comisión de Régimen Económico y Tributario, realizará el último análisis de los artículos y debate de las observaciones, previo a la lectura y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, inició el análisis de 15 proyectos de reformas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal orientados a establecer mayores sanciones contra los delitos de sicariato, usura, tráfico de influencias, así como normar la participación de menores de edad en la delincuencia, entre otros aspectos.
Las propuestas, debidamente calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), son de iniciativa de los legisladores Abdalá Bucaram Pulley y Gabriela Pazmiño; Susana González, Leonardo Viteri, Mercedes Villacrés, Henry Cuji, Paco Fierro, Vicente Tainao, Guillermina Cruz, Mauro Andino, Cynthia Viteri, además del Presidente de la República y de la Fiscalía General del Estado.
Sicariato
Henry Cuji plantea que se reprima con reclusión mayor especial de 20 a 25 años el homicidio que se cometa por precio, promesa remunerativa, recompensa, dádiva, orden o cualquier otro medio fraudulento con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igual sanción recibirá el autor intelectual del hecho o contratante, el cómplice y el encubridor.
En el mismo ámbito, Guillermina Cruz es partidaria de reclusión mayor especial de 25 a 35 años. Además, sugiere que los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas que incurran en el delito de sicariato sean procesados y sancionados por la justicia ordinaria y con el Código Penal vigente.
Usura
Será reprimido con la pena de reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 100 salarios básicos unificados el que se dedicare a la actividad de otorgar préstamos con intereses usurarios. También recibirá estas penas el que encubriere con otra forma contractual, la realidad de un crédito usurario, según el proyecto de Paco Fierro.
Tráfico de influencias
Mercedes Villacrés plantea que toda persona que mediante el ofrecimiento de dádivas o promesas y valiéndose de las relaciones que tenga con autoridades o servidores públicos, influyera para obtener una resolución que pueda generarle beneficio económico para sí o para un tercero, sea reprimido con prisión de seis meses a tres años y una multa equivalente a 10 salarios unificados.
Delincuencia juvenil
Dentro de la inimputabilidad penal de los adolescentes menores de 18 años, lo que está siendo aprovechado por nuevas forma delincuenciales que llevan a la impunidad de los mismos, en perjuicio de los derechos humanos de la ciudadanía, el parlamentario Vicente Taiano propone que las personas que no hayan cumplido los 16 años de edad, estén sujetos al Código de la Niñez y Adolescencia.
MG/pv
En la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, el legislador Leandro Cadena, responsabilizó al gobernador del Carchi, Efrén Benavides, de haber contratado a un grupo de sicarios para acabar con su vida, el pasado 20 de septiembre.
Recordó que el lunes 20, a las 20h00, en la ciudad de Tulcán, fue interceptado por un vehículo del que se bajaron dos de los tres ocupantes, según dijo sicarios, quienes lo amenazaron con matarlo si no dejaba de interferir en las labores del funcionario provincial, lo que ha generado un grave trauma sicológico para su familia y la indignación de la población carchense.
Aseveró que este tipo de acciones no lo van a callar para continuar su labor de fiscalización, denunciando que el Gobernador, aliado con ciertos políticos en decadencia, ha impuesto un régimen de temor, intimidación, persecución y, lo que es más, la corrupción se ha convertido en una norma de conducta, con un poder maligno y malévolo.
De su lado, Augusto Tandazo, en representación de Efrén Benavides, comentó que la Constitución garantiza la presunción de inocencia y que el caso debe ser ventilado en la Fiscalía General del Estado, a donde el propio legislador ha acudido.
Las acusación directa contra el Gobernador sobre la responsabilidad en la supuesta amenaza de muerte es grave, sobre la base de poca información, por tanto, ésta se debe demostrar con total veracidad, de lo contrario se puede interponer una demanda por daños y perjuicios, advirtió, tras indicar que Efrén Benavides, con fecha 23 de septiembre, solicitó tanto al Comandante Provincial de Policía, cuanto al Jefe de la Policía Judicial del Carchi, procedan a la inmediata investigación del asunto.
Comparecencia del Ministro del Interior
De su parte, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Luis Morales, anunció que el organismo insistirá en la comparecencia del ministro del Interior, Gustavo Jalkh, para que asuma medidas frente a este tema.
Estaremos, también, vigilantes para que el proceso en la Fiscalía se lleve de manera transparente, así como en defensa de la acción y la vida de Leandro Cadena, agregó.
MG/eg
Con la presencia de la viceministra de Defensa, Rosa Pérez, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social centró su mayor interés en buscar una fórmula de solución al conflicto de los ex trabajadores de la desaparecida Junta de Defensa Nacional, quienes reclaman que su liquidación se someta al Mandato Constituyente No. 2.
En la reunión también estuvieron presentes el asesor jurídico del ministerio, Gonzalo Salvador; el abogado defensor de los ex funcionarios de la entidad, Manuel Mora y el grupo de reclamantes.
La viceministra Rosa Pérez precisó que el correspondiente Mandato estableció un piso y techo, mas no una cantidad exacta para los casos de indemnización por supresión de partidas y dejó esa responsabilidad legal en manos de la anterior Secretaría Nacional Técnica de Remuneraciones, Senres, hoy Ministerio de Relaciones Laborales.
Dicho organismo, luego de la respectiva consulta al respecto formulada por el Ministerio de Defensa, dispuso el pago de mil dólares por cada año de servicio, hasta un tope de 30 mil dólares, enmarcado en las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Civil, Carrera Administrativa y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (Loscca).
Reiteró que el Ministerio de Relaciones Laborales es la instancia de competencia para resolver el tema, por lo que se mostró partidaria de que la Comisión invite a sus principales autoridades, a fin de acercar posiciones y lograr una salida legal al problema, sin afectar el interés económico del país.
De su parte, Manuel Mora sostuvo que el Mandato Constituyente y el pronunciamiento de la Procuraduría son de estricto cumplimiento, por tanto, el Ministerio de Defensa no puede interpretar una determinada norma, tras precisar que sus defendidos están incluso dispuestos a aceptar una reliquidación en un monto de 1 400, tal como sucedió con los ex trabajadores del comisariato de las Fuerzas Armadas.
Alternativa
De su parte, el legislador Luis Morales, presidente de la Comisión de Participación, respaldó el criterio que solo la Asamblea puede interpretar la ley, al comentar que la Junta contaba con recursos propios por alrededor de 46 millones, de los cuales se podría atender las inquietudes de los 30 afectados, para lo que se requeriría aproximadamente 110 mil dólares.
Anunció que el ente legislativo podría aprobar un proyecto de resolución en los mismos términos que lo ocurrido con la problemática del comisariato del Ejército.
MG/eg
Por disposición de la presidenta encargada de la Asamblea, Irina Cabezas, el Secretario General, Francisco Vergara, mediante oficio No. SAN-2010-674, solicitó al ministro de Defensa Nacional, Javier Ponce Cevallos, otorgue seguridad militar para la Función Legislativa, mientras se encuentre en vigencia el estado de excepción decretado por el Presidente de la República.
