El miércoles a las 09h00, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, se iniciará el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, con el auspicio de la Asamblea Nacional y varias instituciones nacionales e internacionales. Haga click aquí para ver la agenda.
El evento, que concluirá el viernes, tiene como objetivo debatir con los actores involucrados en el desarrollo nacional, sobre la necesidad de generar procesos planificados de ordenamiento territorial en el Ecuador, desde enfoques académicos, políticos y técnicos, para promover insumos que alimenten iniciativas legislativas y procesos articulados de planificación y gestión en los diferentes niveles de gobierno.
Temas
Dentro de los temas de análisis constan: la evolución del ordenamiento territorial en el Ecuador; los procesos de descentralización y ordenamiento territorial; ordenamiento territorial frente a las demandas sectoriales y las competencias exclusivas o concurrentes de los diferentes niveles de gobierno; redefinición y creación de perfiles universitarios, para afrontar la descentralización y el ordenamiento territorial establecidos en la Constitución.
Expositores
En calidad de expositores intervendrán Domingo Gómez, Universidad Politécnica de Madrid; Juana Mariño de Posada, experta en ordenamiento territorial de Colombia, así también representantes de la Asamblea Nacional, AME, CONCOPE, CONAJUPARE, BEDE, SENPLADES, MIDUVI, universidades.
Se espera una importante participación de asambleístas, alcaldes, prefectos, concejales y miembros de las juntas parroquiales, además de técnicos de los entes seccionales y universidades públicas y privadas, especialmente de las facultades y organismos académicos y de investigación que tengan relación con el tema del encuentro.
MG/pv
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, presentó los correspondientes informes para segundo debate de los proyectos de Ley de Derogatoria números 3 y 4 para la Depuración de la Normativa Legal.
Los dos trabajos incluyen un total de 345 normas a eliminarse, que aunque forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para su vigencia, por el cumplimiento de la finalidad que su expedición se propuso alcanzar, o, porque los presupuestos considerados en ellas fueron recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
La propuesta de Derogatoria No. 3 (195) contiene leyes, decretos legislativos, decretos supremos y acuerdos referentes, principalmente, a la exoneración del requisito de licitación para que varias instituciones públicas adquieran bienes muebles e inmuebles, vehículos, repuestos, implementos para recolección de basura, equipos contra incendios, así como maquinaria para los planes viales de los consejo provinciales.
De igual manera, constan normas referentes a la emisión de bonos para la construcción de carreteras, calles, aceras y más obras municipales; autorizaciones para que el Banco de Fomento y el Ministerio de Agricultura importen ganado; la facultad para que los rectores de la Universidad Central y de Escuelas Politécnicas adquieran terrenos e implementos para sus laboratorios.
Derogatoria No. 4 (150)
Los decretos supremos se refieren principalmente a la reorganización de la mayoría de los Consejos Cantonales del país, así como de la Corte Suprema de Justicia, Cortes Superiores y Tribunales de Cuentas.
A su vez, los decretos legislativos tratan sobre la construcción de varios tramos del ferrocarril en distintas provincias; indultos y amnistías de desertores del Ejército y guardias nacionales, como también a participantes en revueltas; abolición de cobros exigidos a los indígenas; el establecimiento de una aduana en Santa Rosa; la suspensión de la vigencia del arancel de aduana.
Los informes están suscritos por María Paula Romo, presidenta; Henry Cuji, vicepresidente; Mauro Andino, César Gracia, María Cristina Kronfle, Mariángel Muñoz, Washington Cruz, Andrés Páez, Vicente Taiano y Marisol Peñafiel.
MG/pv
Por iniciativa de la asambleísta Betty Amores, hoy se dieron cita a un conversatorio una veintena de representantes de instituciones inmersas con la legislación por los derechos y bienestar de la niñez, a fin de analizar ciertas sentencias de Hábeas Corpus relacionadas con el incumplimiento de pensiones alimenticias.
En efecto, al llamado de la Vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización asistieron Daniel Gallegos y Lorena Dávalos, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; Adriana Molesterolo y Belén Carrillo, de la Confie; Patricio Benalcázar, de la Defensoría del Pueblo; Juan Calero, del Ministerio de Justicia; Ernesto Delgado, de la Defensa de Niños y Niñas Internacional, entre otros.
Betty Amores informó que la Corte Constitucional ha resuelto revisar dos sentencias de Hábeas Corpus otorgadas por los jueces de la niñez y adolescencia a ciudadanos que han incumplido el pago de pensiones alimenticias, para lo cual el organismo ha convocado a una audiencia pública para los días 26 y 27 de octubre.
Destacó que el Art. 44 de la Constitución establece que: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas...”, mientras el Código de la Niñez determina que no habrá prisión por deudas, a excepción de lo atinente a pensiones alimenticias.
Por tanto, en cada una de las audiencias, por espacio de 20 minutos, fundamentaremos nuestras argumentaciones legales con el derecho de réplica de 10 minutos y al final de las exposiciones se podrá presentar un escrito y, eventualmente, solicitar actuación de prueba, de acuerdo a la providencia, sostuvo.
Finalmente, reiteró que la reunión es el mejor escenario para estudiar la constitucionalidad de disposiciones legales sobre el tema de pensión de alimentos, con el propósito de unificar esfuerzos y, lo que es más, criterios jurídicos que permitan garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en los casos que se encuentran en revisión por parte de la Corte Constitucional.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, se reunió con un grupo de jubilados en los exteriores de la Sede Legislativa, con el propósito de compartir momentos de emoción y alegría ocasionada por la aprobación del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, a través del cual se incrementarán entre 40 y 60 dólares las pensiones en este año y para el futuro se crean los mecanismos para una revalorización automática.
El titular de la Legislatura, tras destacar que el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los asambleístas presentes, enfatizó que cuando se suman voluntades es posible construir las mejores leyes. Qué bueno que ésta sea mejor de lo que todos queríamos, porque cuando hay razones y no intereses, impera la razón fundamental que son ustedes, afirmó.
Al señalar que se hace justicia con este importante sector de la población les exhortó a transmitir esta información a los jubilados que viven en el exterior, de modo que conozcan que los hijos de los afiliados de hasta 18 años de edad tendrán derecho al servicio de salud gratuito por parte del IESS, que será de gran beneficio para los ecuatorianos.
Además, dijo, hemos hecho justicia con los hombres, pues con la legislación vigente solo a las viudas se les daba una pensión de 40% de la que recibía en vida su esposo, pero con la reforma se incrementa al 60%, beneficio que se amplía a los viudos que actualmente no tienen ese beneficio.
Gracias por el apoyo brindado por ustedes, porque fue fundamental, si bien habría sido preferible darles esta solución de manera más rápida, la ley como fue aprobada compensa todas esas largas tardes, todas las marchas y desvelos, perdonen por la demora, pero no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, subrayó.
Así mismo, reiteró que una vez que se promulgue la ley en el Registro Oficial los jubilados recibirán el incremento de este año con carácter retroactivo desde enero.
A su vez, uno de los jubilados presentes en la concentración exaltó que “la revolución se hace con todos, con los jubilados y el pueblo”, a la vez que expresó su satisfacción porque los criterios y aspiraciones de este sector fueron tomados en cuenta por la Asamblea en la aprobación de la ley.
RSA/pv
Alrededor de 400 jubilados del país, ubicados en las barras altas del Salón del Pleno, participan del debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, que tiene como objetivo incrementar las pensiones de jubilación.
Con el auspicio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, IDEA Internacional, el Instituto Holandés por la Democracia Multipartidaria-NIMFD y el Grupo Parlamentario sobre Población y Desarrollo Tránsito Amaguaña, se inició en Ciespal el Seminario Internacional “Democratización de las Frecuencias de Radio y Televisión” - Desafíos de la digitalización.
El Viceministro de Transporte y Obras Públicas, Andrés Martínez y el Director de Aviación Civil, Fernando Guerrero reconocieron que el proceso licitatorio para construir el primer aeropuerto ecológico del mundo, en Baltra-Galápagos se realizó sin la aprobación previa de Senplades y la Contraloría y que uno de los problemas graves consistía en que no se encontraba definida la situación legal de los terrenos donde se asentarían las edificaciones y pistas, razón por la cual no se firma aún el contrato con la Corporación América S.A.
Este pronunciamiento lo emitieron en el seno de la Comisión de Biodiversidad, donde también estuvieron presentes el subsecretario de Transporte Aeronáutico Civil, capitán Guillermo Bernal y la Ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, quien se comprometió a intervenir inmediatamente para realizar arreglos en la pista del aeropuerto Baltra, tomando en cuenta que su estado es pésimo.
Advirtió que si no hay una salida legal hasta el próximo 28 de octubre para firmar el contrato de concesión del aeropuerto ecológico de Seymour de la Isla Baltra y las autoridades de control no emiten su pronunciamiento, el Estado delegaría a empresas privadas la operación para el arreglo de la pista, aclarando que no es la concesión.
Esta decisión la anunció luego de escuchar al asambleísta Alfredo Ortiz, quien a través de un video advirtió el estado calamitoso del aeropuerto de Baltra y aseguró que existe una serie de omisiones legales e inconsistencias de carácter económico y que, por tanto, la concesión no es conveniente a los intereses del Estado.
A su vez, el Viceministro de Transporte, ante las inquietudes del asambleísta Ortiz de que no se debe entregar a una empresa extranjera la concesión de esta obra que generaría enormes beneficios económicos, indicó que la rentabilidad del negocio no es para la Corporación América, sino para el Estado, ya que en el contrato se especifica que existe un horario para la administración del aeropuerto y el régimen de ingresos y egresos computables está regulado, por lo que las utilidades que resulten de la administración de la terminal son para el Estado y por ende permitiría la reactivación económica local, a más de que el Estado mantiene su soberanía.
Entre tanto, el Director de Aviación Civil, Fernando Guerrero, señaló que por iniciativa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con conocimiento de la Corporación América S.A, a partir de junio de 2010, se realizó un análisis respecto del contrato de concesión del aeropuerto de Baltra bajo el nuevo régimen constitucional vigente en el país, es decir, antes de que el asambleísta Ortiz presente observaciones y cuestionamientos al proceso de concesión y ratificó que espera el pronunciamiento definitivo de los organismos de control.
JLVN/pv
El Pleno inició el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, que tiene como propósito crear los mecanismos técnicos para revalorizar de manera automática las pensiones de jubilación al inicio de cada año.
El 28 de septiembre de 2008, el 64% de los ecuatorianos aprobó, en consulta popular, la nueva Constitución que fue elaborada por la Asamblea Constituyente, con la participación colectiva de todos los sectores, para vivir con justicia, equidad, igualdad y libertad.
En el proceso constituyente participaron centenares de organizaciones que presentaron alrededor de 3.500 propuestas, las que fueron incorporadas en los 444 artículos que contiene la Constitución.
Con ello, se crearon las herramientas para establecer una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir o el sumak kawsay; una sociedad que respeta la dignidad de las personas y las colectividades; y, un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional realizará este viernes, 22 de octubre, a partir de las 17:00, el Foro sobre proyectos de reformas penales, como parte del proceso de socialización y recepción de aportes.
