La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por Fernando Bustamante Ponce, presentó el correspondiente informe para primer debate del proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, de iniciativa del Ejecutivo.
La propuesta tiene por objeto reconocer como Héroes y Heroínas Nacionales a miembros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional o ciudadanos civiles que hayan sido destacados por la realización de actos únicos de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, que hayan salvado vidas, protegido instituciones fundamentales o defendido en conflictos armados la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado ecuatoriano.
Dicha condición se reconoce, también, a quienes en los actos realizados hayan perdido la vida o sufrido lesiones de carácter físico o sicológico total o parcial de forma permanente.
La calidad de héroe, según el proyecto, se obtendrá mediante sumario iniciado ante el Ministro Coordinador de Seguridad Pública, previo informe de un comité integrado por delegados del Presidente de la República, el Ministro del área a la que pertenece él, la o los calificados, de la Asamblea y la máxima autoridad institucional a la que pertenece él o la candidata, en caso de ser pertinente. La calificación será revisada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un proceso de veeduría e impugnación ciudadana.
Se declara como política de Estado la protección de los héroes y heroínas nacionales, de sus viudas e hijos menores de edad o con discapacidad total o parcial, permanente; además de otros familiares que se encuentran bajo la protección o el cuidado del titular del derecho.
Se crea una pensión de reconocimiento a la que tendrán derecho el militar, policía o civil declarado héroe; y a falta de éste, el o la cónyuge sobreviviente, los hijos menores de edad o con discapacidad.
Igualmente, se establece una pensión a favor de los ex combatientes militares, policiales y civiles que participaron en la defensa nacional en los conflictos armados de 1981 y 1995, que recibieron condecoraciones y a los que sufrieron lesiones físicas y sicológicas que provocaron discapacidad.
El beneficio se extiende para aquellos que perdieron su vida o resultaron con lesiones físicas y sicológicas de carácter total o parcial permanente, como consecuencia del levantamiento de campos minados, Igualmente, para quienes hayan sufrido consecuencias similares, en el desarrollo de misiones de paz.
MG/pv
Con seis votos a favor de los asambleístas Juan Carlos Cassinelli, Vanessa Fajardo, Xavier López, Vicente Robalino, Cristian Viteri y Francisco Velasco, la Comisión de Régimen Económico, decidió iniciar el debate del articulado del proyecto de Código de la Producción que busca regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales relacionadas con la producción, comercio e inversiones, orientadas a la realización del Buen Vivir.
Estudiantes, maestros, autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y representantes de organizaciones sociales coincidieron que el Sistema Nacional de Educación Superior debe dar una urgente respuesta al desafío constitucional del Ordenamiento Territorial en el marco de las nuevas exigencias de la realidad actual del país.
De conformidad con el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado presentó el informe para primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 5 para la Depuración de la Normativa Legal.
El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Virgilio Hernández, en el panel sobre “Competencias para el Ordenamiento Territorial y su articulación”, dentro del Simposio sobre esta temática que se realiza en la ciudad de Cuenca, planteó cinco ejes para construir una estrategia territorial nacional.
El Pleno inició el primer debate del proyecto que busca la regulación de las actividades relacionadas con la obtención y utilización clínica de órganos, tejidos, células de humanos y de los productos derivados de ellos.
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 83 votos afirmativos, uno negativo, ocho blancos y 16 abstenciones, exhortó al Gobierno Nacional que ejecute una agresiva campaña de sensibilización, autoidentificación y autodefinición étnica, que permita que los ciudadanos/as que pertenecen a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios tengan la posibilidad de autodefinirse y autoidentificarse de manera individual y colectiva en el marco del próximo censo de población y vivienda que se desarrollará en noviembre del año en curso.
El asambleísta Jimmy Pinoargote, en representación de la Asamblea Nacional, colocó en el estandarte de la Dirección Nacional de Registro Civil la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Institucional.
En esta oportunidad resaltó el cambio positivo que en los últimos años ha tenido el Registro Civil, pues “se ha remplazado la pluma por el lápiz óptico, el mancharse los dedos por el lector de huellas digital, la máquina de escribir por la computadora. Esta unión de la tecnología con el factor humano es la que ha hecho posible estos cambios”
Al evento asistieron también Carlos Melo, representante del BID, Roberto Cavanna, presidente general de Correos del Ecuador; Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones; Paulo Rodríguez, director general del Registro Civil; Vicente Peralta, delegado de la Presidencia de la Republica; Carlos Alvear, delegado Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos.
La Comisión de Régimen Económico profundizó hoy el proceso de socialización del Código de la Producción con representantes del sector empresarial, sistema financiero, de las cámaras de comercio y de la producción, de los trabajadores, entre otros.
En efecto, al organismo comparecieron autoridades y delegados de la Asociación de Bancos Privados, de la Bolsa de Valores de Quito, de Expoflores, de la industria Textilera, del Servicio de Vigilancia Aduanera, de las empresas de telecomunicaciones, de las centrales sindicales, de las comercializadoras de combustibles, del Consejo de Minería, entre otros.
Los actores sociales coincidieron en destacar la trascendencia de la iniciativa para impulsar la reactivación productiva del país, pero que hubiese sido preferible tratarla con amplitud y tiempo suficiente. El Comité Empresarial, por medio de su presidente, Blasco Peñaherrera, sugirió que el documento sea devuelto y que el Ejecutivo lo remita por la vía ordinaria.
El asambleísta Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, anunció que el Código será objeto de una verdadera transformación con respecto al proyecto original, recogiendo los aportes y comentarios de las distintas organizaciones, con el propósito de sacar adelante una ley que propicie el desarrollo nacional.
César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados, planteó que se elimine el impuesto a la salida de capitales, además dejar sin efecto la retención del impuesto a la renta del 10% a la remeza de intereses por créditos internacionales que vienen de la banca, tomando en cuenta que ello encarece el crédito en claro perjuicio de los clientes.
Adicionalmente, consideró que es pertinente que los créditos se direccionen a la acción de la banca pública, pero no en el sistema financiero privado, tras sostener que ciertas partes del texto son confusas, especialmente en lo atinente a la intermediación financiera.
De su parte, Ignacio Pérez, de Expoflores, mencionó que el salario digno es una medida discriminatoria, pues no están incluidos todos los trabajadores ni los sectores productivos, por lo que el tema no debería ser incorporado en el Código, más aún cuando generará conflictos respecto a atender las supuestas nuevas conquistas laborales, en el segundo año de aplicación.
Entre tanto, Patricio Peña, presidente de la Bolsa de Valores de Quito, señaló que les preocupa que el proyecto pudiera ser declarado inconstitucional, considerando la diversidad de áreas y materias que contiene el mismo.
No es conveniente que el beneficio de la exoneración tributaria se restrinja a documentos e inversiones a más de un año, ya que ello afectaría la operatividad del mercado secundario de capitales, puntualizó.
A su vez, Mesías Tatamuez, representante de las centrales sindicales, afirmó que el Código de la Producción fue elaborado sin la participación de los trabajadores.
Se nos invitó 15 días antes de presentar el documento a la Asamblea, con el propósito de decir que la clase obrera intervino en la discusión, contradiciendo el principio constitucional de que la democracia debe ser participativa, agregó.
En la reunión participaron Mauricio Peña y Santiago León, encargado del Ministerio de la Producción y titular del Directorio de la CAE, respectivamente.
MG/pv
Por iniciativa de la Comisión de Régimen Económico se realizó el Foro de socialización del proyecto de Código de la Producción, que fue enviado por el Presidente de la República, Rafael Correa, con el calificativo de urgente en materia económica, donde empresarios, trabajadores y funcionarios gubernamentales expusieron sus puntos de vista al respecto.
En efecto, a la convocatoria del organismo acudieron Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil; Santiago León, titular del Directorio de la CAE; Mauricio Peña, secretario Técnico del Ministerio Coordinador de la Producción; Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI); Bernardo Acosta, representante de la Cámara de Industrias; y, Pablo Serrano, dirigente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl).
El asambleísta Paco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, anunció que el próximo miércoles continuará el proceso de socialización abierta, con el objetivo de escuchar a todos los actores sociales y lograr así acuerdos indispensables para que el Código sea resultado del más amplio debate, considerando que el proyecto constituye una herramienta efectiva para el desarrollo del comercio exterior y del país en general.
Eduardo Peña y Bernardo Acosta, de la línea empresarial, reconocieron que la propuesta gubernamental tiene aspectos positivos para el progreso nacional, sin embargo, plantearon que se elimine el impuesto a la salida de divisas y el cobro del impuesto mínimo, además que el pago del impuesto a la renta sea al final del año y no en el transcurso del camino.
Las medidas descritas son una mala señal para atraer las inversiones, enfatizaron, a la vez de sugerir que se establezcan incentivos fiscales para que la empresa privada genere mayor productividad y empleo, tratado de incorporar a los comerciantes informales al comercio formal, considerando que son una gran mayoría y perciben menos del salario básico.
La aplicación del Código tendrá un impacto en la economía de más de 379 millones de dólares en el primer año, destacó Carlos Marx Carrasco, director del SRI, quien puntualizó que no es procedente eliminar el impuestos a la salida de capitales y el impuesto mínimo, ya que atentaría a la estabilidad y sustentabilidad fiscal que ha desarrollado el régimen, para consolidar el principio constitucional del buen vivir de la sociedad ecuatoriana.
Entre tanto, Pablo Serrano, de la Ceosl, aseveró que se pretende fomentar la precarización en una especie de tercerización camuflada de empleo y que la unificación de los décimos y otras compensaciones en el salario digno vulnerarían la estabilidad y conquistas laborales, consagradas en la Constitución.
En respuesta, Mauricio Peña, del Ministerio de la Producción, aseveró que los trabajadores continuarán cobrando normalmente los décimos tercero y cuarto sueldos, al tiempo de indicar que el proyecto crea la figura de la contratación temporal especialmente en el área del turismo, para los que se ha fijado un pago adicional del 35% del sueldo básico unificado y se garantiza el reconocimiento pleno de la afiliación al seguro social y otros beneficios laborales.
MG/pv
