La Comisión de Justicia y Estructura del Estado se reunió la mañana de ayer, miércoles 15 de enero, en sesión No. 164, para conocer, debatir y aprobar cuatro informes pendientes dentro del trabajo legislativo. La Mesa de Justicia contó con la presencia de los 11 miembros de la Comisión.
La mañana de hoy, el asambleísta Mauro Andino envío un oficio mediante el cual solicita al Licenciado Carlos Ochoa, Superintendente de Información, la creación de una intendencia zonal de información en la Provincia de Chimborazo con sede en la ciudad de Riobamba.
La mañana de hoy, el Pleno de la Asamblea retomó la Sesión No. 257 sobre el Proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), esta vez para la votación del Proyecto después de conocer los cambios realizados luego de las múltiples observaciones que se presentaron en el Pleno en días pasados por varios asambleístas.
La mañana de hoy, el asambleísta Mauro Andino recibió en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado a los dirigentes de los transportistas que llegaron de varias ciudades del país a solicitar audiencia en las afueras del Palacio Legislativo.
En entrevista en Radio Quito hablando sobre el artículo sobre la mala práctica profesional, los artículos sobre tránsito y adolescentes infractores. Si desean escuchar la entrevista completa lo pueden hacer a través de este link:
La Ley de la Función Legislativa faculta a cualquier asambleísta a solicitar la reconsideración de una ley que haya sido votada. La próxima semana se prevee realizar la reconsideración de este Proyecto de Ley.
La mañana de hoy, el asambleísta Mauro Andino junto a miembros de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) y de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) mantuvieron una reunión con el Lic. Carlos Ochoa, Superintendente de Comunicación y el Lic. Patricio Barriga, Presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.
La mañana de hoy se desarrolló la continuación de la Sesión No. 261 del Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno conoció y debatió la objeción parcial del Presidente de la República al Proyecto de Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008.