La sesión No. 136 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se debate el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, también se escucha en la ciudad de Guayaquil, a través de Radio Carrusel, 660 AM y Radio El Telégrafo 770Am.
La asambleísta Marisol Peñafiel Montesdeoca presentó ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado una serie de observaciones y aportes al proyecto de Código Integral Penal, especialmente a lo concerniente al Libro I.
Otros aportes
La asambleísta Peñafiel también pide eliminar todo lo referente a adolescentes en conflicto con la ley penal, más aún cuando el artículo 30 determina que las y los adolescentes que hubieren cumplido 16 años de edad al momento de cometer una infracción penal serán imputables penalmente.
Para tal efecto, se debe tomar en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil, por lo que es fundamental mantener el régimen especial que contempla el Código de la Niñez y Adolescencia para estos casos, según la legisladora.
Adicionalmente, sugiere que no prescriba la acción penal en las infracciones de agresión de un Estado contra otro, genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de guerra, infracciones graves a los derechos humanos; enriquecimiento privado no justificado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito; e, infracciones contra el medio ambiente y el patrimonio cultural.
Sanción para la pornografía infantil
Además, la doctora Marisol Peñafiel, vocal de la Comisión de Justicia, propone una sanción con pena privativa de libertad de 19 años a 25 años, para quien filme, fotografíe, grabe imágenes de niños, niñas y adolescentes representaciones visual o ilustración, real o simulada de una conducta sexualmente explícita para producir, divulgar, distribuir, ofrecer, vender, comprar, poseer, portar, almacenar, transmitir o mostrar por cualquier medio.
Si la infracción se comete contra una niña o niño menor de 12 años de edad o persona con discapacidad, será sancionado con pena privativa de libertad de 25 a 28 años.
Si la víctima es menor de cinco años de edad o cuando la víctima mantenga o haya mantenido una relación afectiva con el agresor; o sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano o afines en línea recta o se aprovecharen de una posición de autoridad sobre la víctima, tutoras o tutores, representantes legales, curadoras o curadores o cualquier persona del entorno íntimo de la familia, ministras o ministros de culto o profesionales de la educación o de la salud, la pena se aumentará en un tercio de la pena máxima prevista en esta infracción. Se aplicará la misma pena cuando la conducta sexual explícita sea violenta, sin importar la edad del niño, niña o adolescente.
Serán comisados los instrumentos, productos o réditos utilizados u obtenidos del cometimiento de la infracción. Se sancionará la tentativa.
Secuestro express
Para quien prive ilegalmente de la libertad a una o más personas por el tiempo estrictamente indispensable, con el propósito de cometer una infracción, para la comisión de un robo o beneficio económico o actos de extorsión, la legisladora Peñafiel plantea sanción con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Considera la necesidad que el servidor público que tenga la obligación jurídica de evitar la comisión de la infracción de tortura o no lo denuncie ante la autoridad competente reciba sanción con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
MG
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Rolando Panchana, convocó a los integrantes de este organismo a la sesión 74, para este jueves 17 de noviembre, a partir de las 10:00, con la finalidad de continuar el análisis del borrador del proyecto de Ley del Instructivo de Buenas Prácticas Ambientales; luego la aprobación del informe para primer debate del proyecto de Ley de Protección del Cóndor Andino y otras Especies y en Peligro de Extinción; y, la resolución del Consejo de Administración Legislativa asignándole el tratamiento del proyecto de Ley de la Biodiversidad.
El bloque legislativo del PRIAN ratificó la decisión de votar en contra del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, argumentando que la creación y el incremento de los impuestos tendrá consecuencias negativas en la economía.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon, acudió a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, a fin de explicar el alcance y contenido del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas - Código de la Democracia, que el organismo remitiera a la Asamblea Nacional, que espera la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa.
Mientras las subcomisiones avanzan en el análisis de los principales capítulos del proyecto de Código Integral Penal, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado continúa recibiendo aportes, comentarios y objeciones tanto de asambleístas cuanto de organizaciones inmersas en la temática.
Nichey Bravo, Jaime Coello y Melchor Cevallos, a nombre del Frente de Activistas por los Derechos de la Niñez y Adolescencia y el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, entregaron a los asambleístas Mauro Andino, Marisol Peñafiel, Mariángel Muñoz, María Soledad Vela y Pedro de la Cruz, un manifiesto en el que expresaron su desacuerdo con determinados artículos del proyecto del Código Integral Penal, respecto a los Centros de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
El presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, Mauro Andino (AP), señaló que el país demanda, sin más dilaciones, la expedición de la Ley de Comunicación, más aún cuando constituye un mandato de la Constitución y la voluntad del pueblo, expresada en la consulta popular del 7 de mayo.
Las reglas de juego de carácter legal y jurídico están vigentes y hay que respetarlas. La aprobación del proyecto de Ley de Comunicación es de doble vía, es decir, no depende únicamente del ponente para recoger o no las propuestas, sino que las mismas estén sujetas al ámbito constitucional y los instrumentos internacionales, subrayó.
Invocó a los asambleístas a que actúen con alta responsabilidad, de acuerdo con el mandato popular, tras admitir que el martes o miércoles próximos sería difícil someter el documento a votación, toda vez que deben analizar los respectivos informes de julio 2010 y el complementario de julio 2011 en relación a las preguntas de la consulta y el referendo.
Reiteró que este proceso llevará un tiempo adicional puesto que deben procesar las observaciones, sugerencias, comentarios y propuestas que expongan los legisladores en el Pleno, hecho que llevará a reestructurar todo el articulado y preparar un texto depurado – técnico, sujeto a las disposiciones de la Carta Magna, para seguir garantizando las libertades de expresión, opinión y de comunicación con responsabilidad ulterior.
Mauro Andino objetó los comentarios tendientes a archivar el cuerpo legal, lo que significa desconocer el régimen constitucional y de derechos que vive el Ecuador. No se trata de gustos, sino de cumplir lo que manda la Constitución y lo que dispuso el pueblo, sostuvo.
Dijo que respeta pero no comparte el planteamiento de grupos de oposición en el sentido que quede pendiente el tratamiento de la Ley de Comunicación hasta que se apruebe el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya que no se puede seguir dilatando el tema.
Sobre la posibilidad de invitar a las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andino expresó que eso compete a la Cancillería o al Presidente de la República, quien ha manifestado que no hay problema al respecto, pero que vengan a escuchar a todos, no solo a ciertos ciudadanos y organizaciones.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, durante su intervención en la continuación de la sesión 115 del Pleno, expresó su satisfacción porque en los informes de mayoría y de minoría del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se recogió su propuesta para que los funcionarios de Estado puedan acudir al Pleno a rendir cuentas de su gestión y a contestar preguntas de los asambleístas de las distintas bancadas legislativas.
El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, advirtió que promover actos para bloquear la aprobación del proyecto de Ley de Comunicación constituye un abierto incumplimiento a la Primera Disposición Transitoria de la Constitución y, lo que es más, al mandato popular expresado en las urnas el pasado 7 de mayo.
