La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional dialogará, en las próximas horas, con representantes del personal contratado del Magisterio, con el propósito de establecer los mecanismos y pasos para hacer realidad la estabilidad a este sector.
Así lo indicó la asambleísta Gioconda Saltos, vicepresidenta del organismo legislativo, quien precisó que en la reunión estará presente un representante del Ministerio de Educación y reiteró que se buscarán soluciones efectivas a la problemática de los profesores contratados que esperan, por algunos años, obtener una partida en calidad de nombramiento.
Comentó que la figura de la precariedad en el Magisterio Nacional se implementó en gobiernos anteriores y lamentablemente no se les garantizó la entrega de partidas y, como tal, los nombramientos fijos, a miles de maestros contratados, a pesar de que han cumplido una gestión positiva para los alumnos y el país.
Enfatizó que en los primeros días de noviembre se llamará a los pertinentes concursos para posibilitar las correspondientes partidas, en cuyo proceso los maestros contratados tendrán prioridad e incluso un puntaje adicional, tal cual lo determina la Ley de Educación Intercultural.
Es fundamental definir el Reglamento, con normas claras, para que el tema sea totalmente transparente, dijo, al manifestar que para el nuevo año escolar se espera encaminar la concreción de 20 mil partidas. Por tanto, esperamos consensuar en la reunión de trabajo los mecanismos que faciliten las cosas, subrayó.
Finalmente, Gioconda Saltos destacó que los maestros contratados al obtener una partida y de hecho el nombramiento dentro del Magisterio pasarán a ganar un salario digno y justo, que les permitirá mejorar sus condiciones de vida, al puntualizar que la disposición transitoria de la Ley de Educación Intercultural garantiza mayores oportunidades de estabilidad a las personas que han ejercido la docencia en calidad de contratados por más de cuatro años.
MG/pv
La Comisión de Régimen Económico y Tributario, que preside el asambleísta Francisco Velasco, fue el centro de exposiciones de los representantes del sector empresarial y los voceros del gobierno, respecto al proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.
El Viceministro de Relaciones Laborales, Juan Fernando Salazar, en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Colectivos, admitió que hasta el momento no se ha realizado el reglamento para la expedición de la escala de remuneraciones mensuales unificadas, conforme lo exige la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de la Ley de Servicio Público.
El Secretario de Estado dio a conocer el listado de la normativa que ha emitido esta institución y la que está en análisis en el Ministerio de Finanzas, respecto a la serie de ingresos complementarios que determina la Ley de Servicio Público y su Reglamento con las respectivas escalas remunerativas que se están trabajando con las distintas funciones estatales, pero que existen otras que aún no se concretan, como por ejemplo de los gobiernos autónomos descentralizados.
De su lado, el asambleísta Francisco Cisneros señaló que no está de acuerdo con la firma de este convenio, porque le corresponde a esta Secretaría de Estado recabar toda la información para procesar las tablas salariales que requieren los municipios.
A su criterio el Ministerio debería enviar un delegado imparcial a los municipios para que presente su respectivo informe pormenorizado, categorizando y evaluando al personal y luego de este proceso lleguen a una decisión final que no afecte los intereses ni de los gobiernos autónomos descentralizados, ni del presupuesto del municipio
En la reunión de trabajo el parlamentario solicitó al Viceministro de Relaciones Laborales realice una auditoría de personal en el Municipio de Pastaza, en razón de que existen distorsiones laborales según lo plantean los propios funcionarios del gobierno autónomo de Pastaza.
JLVN/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a la sesión No. 133 del Pleno, para el jueves 27 de octubre de 2011, a las 10H00, con el fin de tratar en primer debate el proyecto de Ley de Administración de Bienes, Reformatoria a la Disposición Transitoria Única de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
El Consejo de Administración Legislativa, calificó el proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado y remitió a la Comisión de Régimen Económico y Tributario que se encargará de su análisis para la elaboración del informe para primer debate.
La Asamblea Nacional impulsa encuentros con la ciudadanía que le permite difundir los beneficios de las leyes aprobadas y una participación interactiva con las y los ciudadanos, jóvenes, niñas y niños. El proyecto se denomina “Punto de Encuentro Ciudadano” que incorpora un bus interactivo con la más moderna tecnología en computadoras digitales y conexiones satelitales para internet y otros medios.
La asambleísta Nivea Vélez presentó el proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal para la Tipificación y Sanción de la No afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que pretende, sin perjuicio de las acciones administrativas a que hubiere lugar, reprimir con prisión de tres a seis meses, al representante legal de los empleadores públicos o privados, que no hubieren afiliado a la seguridad social a sus trabajadores y trabajadoras, servidores y servidoras públicos, dentro de los plazos previstos en la ley que regula la Seguridad Social.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce, presentó informe favorable sobre el pedido de aprobación del “Acuerdo entre los Gobiernos de las Repúblicas de Ecuador e Italia relativo a la Cooperación en Defensa”, enviado por el Presidente de la República, Rafael Correa.
En el marco del Foro Internacional "Relaciones entre Justicia comunitaria y ordinaria: Retos del acceso a la justicia en Bolivia, Ecuador y Perú", los panelistas de Bolivia y Ecuador coincidieron en la necesidad de que la pertinente ley recoja las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales que reconocen y afianzan los derechos de los pueblos indígenas.
El expositor ecuatoriano Ati Kurikama Yupanqui, consultor de las Naciones Unidas, destacó que hoy nuestro país vive en otra época, en un Estado plurinacional e intercultural, hecho que debe ser entendido por la mayoría del pueblo ecuatoriano.
Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades hemos alcanzado el reconocimiento del conjunto de nuestros propios derechos, consagrados en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales, lo que también garantiza el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico, que implica la vigencia de los 15 sistemas jurídicos, el ordinario y 14 de cada una de las nacionalidades, sostuvo.
Por tanto, precisó que la coordinación y cooperación entre estos sistemas tiene que respetar la disposición del artículo 171 de la Constitución, sin limitar ni subordinar facultades y potestades que tienen las autoridades indígenas de las comunidades, pueblos y nacionalidades, tras enfatizar que la Carta Política también pone en igualdad de jerarquía y nivel tanto a la Función Judicial y la justicia indígena.
Entre tanto, Jaime Álvarez, presidente de la Red Participación y Justicia de Bolivia, director del Centro sobre Derechos y Sociedades (CIDES), dijo que el derecho de acceso a la justicia constituye la garantía que toda persona, independientemente de su factor económico, social o de cualquier otra naturaleza, pueda acudir ante un sistema de justicia en igualdad de condiciones, por tanto, dicho acceso está ligado al derecho fundamental de toda persona constante en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las normas constitucionales de las naciones y tratados internacionales.
Mencionó que la Constitución de Bolivia reconoce a los pueblos indígenas el ejercicio de su sistema político, jurídico y económico acorde a su propia cosmovisión y como tal, el Estado protege y garantiza esos derechos, al puntualizar que existe la división de las jurisdicciones: ordinaria, agroambiental, especiales y la indígena originaria campesina, misma que deberá ser ejercida por sus propias autoridades, de acuerdo con normas y procedimientos propios, pero entendido que la justicia es una sola para todos.
Por su parte, Jaime Ventimilla, director del Centro sobre Derechos y Sociedad manifestó que el proyecto debe estar debidamente sustentado, afianzando igualdad y autonomía de las jurisdicciones; la prohibición de doble juzgamiento y cosa juzgada; la definición de autoridades con jurisdicción indígena; clara definición de las competencias territorial, personal y en cuanto a la materia; buscar un modus vivendi para todos los pueblos indígenas.
MG/pv
En respuesta a la solicitud de la asambleísta Rocío Valarezo, segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, para informar sobre la problemática de escasez y desabastecimiento del gas de uso doméstico en la provincia de El Oro.
Es hora de poner un alto y mano dura para solucionar, de una vez por todas, esta crítica situación que perdura por años, lo que ha generado el reclamo diario de la ciudadanía, dijo la legisladora Valarezo, tras precisar que existen serias denuncias, que a ella no lo constan, de que la fuga de los cilindros hacia el Perú se realiza a vista y paciencia de los responsables de los sitios de control, los que recibirán un dólar por cada tanque.
Comentó que tiene su domicilio en Santa Rosa, a 10 minutos de la Planta de Bellavista, en cuya zona se ha vuelto ya costumbre ver largas colas de gente que espera conseguir un cilindro, incluso a precios excesivos, tras sugerir la posibilidad de que se incorpore a las bombonas de gas alguna especie de chip, para establecer, de cierta manera, algún control de su destino.
Causas del desabastecimiento
El ministro Pastor admitió que a inicios de septiembre se presentó un comportamiento de acaparamiento de gas en El Oro, que se agudizó por publicaciones de prensa que hablaban de desabastecimiento, lo que provocó mayor efecto especulativo y la población comenzó a hacer largas filas para adquirir un cilindro.
Manifestó que el gobierno de Perú, en las últimas semanas, subió de 16 a 22.68 el tanque de gas de uso doméstico de 15 kilogramos, mismo que en Ecuador se vende a 1 dólar 60 centavos, por tanto, eso provocó una fiebre de ganancia de dinero fácil a través del contrabando, que constituye el problema de fondo para el desabastecimiento.
A esto se suma, continuó, que en el mes de septiembre bajo la temperatura ambiente a 17 grados, que regularmente se mantiene entre 21 y 29 grados centígrados, lo que derivó en un aumento de la demanda de gas para las secadoras de granos, más del lado peruano para actividades agrícolas, hoteleras, preparación de alimentos y otras.
Argumentó que se ha puesto en marcha planes de acompañamiento en el área de distribución en Machala, Pasaje y Santa Rosa, además coordinan operativos frecuentes con militares, policías y las autoridades de la Fiscalía, a fin de determinar a los responsables de las cadenas de especulación y contrabando.
Finalmente, explicó que la medida más efectiva será la implementación del sistema de control automático con el uso de un GLP, que permitirá conocer cómo se maneja el negocio y hacia dónde va el cilindro de gas.
MG
