Con 66 votos afirmativos, 15 negativos y 19 abstenciones, el Pleno de la Asamblea archivó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos, de iniciativa del asambleísta Andrés Páez, sin perjuicio de que se remita a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado como insumo de trabajo en el debate de las reformas penales que está tratando o que se presente como nuevo proyecto.
Asambleístas de diversas tendencias políticas, al felicitar a la Comisión de Salud por el trabajo realizado en la preparación de un proyecto con beneficio social para los ecuatorianos y, en particular, para las personas con enfermedades catastróficas, resaltaron que el organismo acogió varias de las observaciones presentadas en el primer debate, con el propósito de mejorar el texto del cuerpo legal, lo que significa un verdadero avance en la legislación del país.
El Pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, de iniciativa del asambleísta Andrés Páez, a través del cual se busca garantizar una efectiva aplicación del principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción y lograr un adecuado desarrollo del proceso penal en delitos cometidos en el Parque Nacional Galápagos y en la Reserva Marina de dicha provincia.
En la sesión 82 del Pleno, los asambleístas iniciaron el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que tiene por objetivo garantizar el derecho a la salud y de los ciudadanos, tanto receptores como donantes, en materia de trasplantes, así como que las condiciones de vida que alcancen después de un procedimiento de este tipo les permita tener una mejor calidad de vida.
Con 109 votos, la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca fue de declarada por el Pleno de la Asamblea Nacional como “Ciudad Universitaria de la República del Ecuador”, en reconocimiento de la trascendencia histórica y cultural de la capital azuaya.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 120, numeral 11 de la Constitución, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a los superintendentes de Bancos, Pedro Solines Chacón, y de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo Palacios, quienes fueron designados el pasado jueves por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, propone modificar alrededor del 60% de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para armonizar con la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por tanto, tiene por objetivo redefinir el rol del gobierno central y los gobiernos locales para hacer realidad la transferencia de competencias en los ámbitos político, administrativo, legal y financiero a cada entidad territorial autónoma, en materia de tránsito y seguridad vial.
El asambleísta César Montúfar, del Movimiento Concertación Nacional, pidió al Contralor General del Estado, Carlos Pólit, disponga un examen especial a las cuentas bancarias del Secretario General de la Administración Pública y del Secretario Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República, Vinicio y Fernando Alvarado, respectivamente.
En esta semana se produciría la segunda reunión de trabajo con el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, los jefes de bancada y los miembros de la Comisión Ocasional de Educación, a fin de terminar el análisis de varios artículos del proyecto de Ley de Educación Intercultural, así como para conocer la posición de los representantes de los ministerios de Finanzas, Educación e Inclusión Social respecto a determinadas cifras económicas que generará la aplicación de este cuerpo jurídico.
El asambleísta Rolando Panchana presentó nuevas acusaciones en contra de la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, funcionaria sobre quien pesa un pedido de juicio político por presuntas irregularidades en el desempeño de su cargo.