El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite otro juicio político contra la ex superintendenta de Bancos, Gloria Sabando. El pedido fue planteado por el Movimiento Popular Democrático (MPD) y será sustanciado por la Comisión de Fiscalización, según informó la asambleísta Lourdes Tibán, integrante del organismo legislativo.
El presidente de la Comisión Ocasional de Educación, César Rodríguez, con el respaldo de los asambleístas del bloque PAIS, anunció que, tras el análisis realizado respecto a los puntos críticos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, enviará al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, un adéndum con modificaciones al texto, entre ellas la supresión del segundo inciso de la disposición general novena, respecto a la reliquidación a los maestros que se acogieron al retiro voluntario a partir de octubre de 2008.
Familiares de Francis Omitar Tamayo, junto con su abogado, Ernesto García y los asambleístas Thomás Zevallos, Gido Vargas y Armando Aguilar solicitaron el apoyo de los integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos, a fin de aunar esfuerzos para esclarecer los hechos ocurridos el 18 de enero de 2010, en donde fallecieron tres personas, en el Río Sanmiguel, en la provincia de Sucumbíos. El objetivo es que impere la justicia y el caso no quede en la impunidad, según dijeron.
La Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado, continuará este vienes 7 de enero, a partir de las 10:00, con la recepción de pruebas testimoniales, unas solicitadas por el asambleísta Rolando Panchana y otras de oficio, dentro de la sustanciación del juicio político en contra de Gloria Sabando García, ex superintendenta de Bancos y Seguros.
Este jueves, a las 10:00 se reinstalará la sesión No. 82 del Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de votar la Ley de Donación y Trasplantes de Organos, Tejidos y Células; y a las 10:30 se reanudará la sesión No. 77, con el propósito de votar el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, una vez que se han sistematizado las observaciones recogidas durante el segundo debate.Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células tiene por objetivo garantizar el derecho a la salud y de los ciudadanos, tanto receptores como donantes, en materia de trasplantes, así como que las condiciones de vida que alcancen después de un procedimiento de este tipo les permita tener una mejor calidad de vida.
Con la normativa se promueve la actividad trasplantológica en el país, así como consolidar el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes fortalezca el sistema público y actúe bajo la rectoría del Estado, a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución y en estricta observancia de las disposiciones constantes en los tratados e instrumentos internacionales vigentes sobre el genoma humano, los datos genéticos y la bioética.
El cuerpo legal crea la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; determina un sistema de recuperación de puntos; clarifica delitos y contravenciones, entre otros aspectos.
La Comisión de Desarrollo Económico propone modificar alrededor del 60% de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de armonizarla con las disposiciones de la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Entre las principales innovaciones se establece que en el plazo de 90 días a partir de la vigencia de esta normativa, todas las compañías y cooperativas de transporte masivo de pasajeros y de carga están obligadas a presentar en la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las certificaciones del IESS y las copias de los contratos de trabajo. De no hacerlo, se suspenderán las autorizaciones o permisos de operación, hasta que cumplan la obligación, de conformidad con lo propuesto en la disposición general octava del proyecto.
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