Con la presencia del ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor y delegados de organizaciones inmersas en la actividad petrolera, la Comisión del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, profundizó la discusión del proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario, calificado como urgente en materia económica.
El presidente del organismo legislativo, Francisco Velasco, indicó que mañana los comisionados, luego del intenso proceso de socialización y recepción de aportes, votarían el articulado y el miércoles presentarían el informe para primer debate ante la Secretaría General de la Asamblea, en cumplimiento con la norma constitucional y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
La preocupación de la Comisión ha sido que el informe tenga la mayor cantidad de voces, más aún cuando el tema es de vital trascendencia para el país, sostuvo Paco Velasco, al compartir con la propuesta de que se debería crear la Superintendencia de Hidrocarburos, que permitirá ejecutar un control más fuerte y mejor respecto del negocio del crudo.
Reformas van en beneficio exclusivo del Estado ecuatoriano
El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, aseveró que el proyecto urgente va en beneficio exclusivo del país, actuando y respetando de buena fe con las compañías que inviertan en el negocio petrolero.
Explicó que las empresas que no acepten los procesos de renegociación pueden irse. Según las estimaciones que hemos hecho, creemos que con el trabajo de las entidades nacionales, en los dos años de los ingresos que tendríamos, pagaríamos la inversión de ellas, que se calcula entre 1 200 a 1 400 millones de dólares, argumentó.
Puntualizó que con dichas reformas, que son constitucionales, se incentiva el incremento de la producción, con inversión garantizada para las compañías que se queden; de no ser así, estamos en capacidad de tomar esos campos y obtener ganancias mayores para el Estado, de las que se reciben ahora.
Reiteró que se propone un procedimiento de negociación y un modelo de tarifa de pago a la contratista por la prestación de los servicios de exploración y explotación de hidrocarburos que, en base a inversiones nuevas, propicie un incremento significativo de la producción; caso contrario, se debe estimar el valor de pago por la liquidación del contrato.
Objeciones
La legisladora Magaly Orellana (PK), dijo que la propuesta gubernamental contradice lo determinado en los artículos 136 y 140 de la Constitución, así como el artículo 56 de la LOFL, por cuanto se refiere a dos materias diferentes.
Entre tanto, el presidente Ejecutivo de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE), José Ziritt, expresó que la fijación de plazos de 120 y 180 días para la migración de los contratos, es inconstitucional.
De su lado, Jorge Pareja Cucalón, representante del Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana (FOPEC), advirtió que al nacer una Ley que puede ser observada por cualquier ciudadano ecuatoriano, en razón de sus falencias constitucionales, se estaría fomentando un cuerpo legal que será débil por su naturaleza, lo que provocará una inestabilidad jurídica y la falta de seguridad contractual.
MG
El asambleísta Paco Fierro Oviedo, representante de la provincia del Chimborazo, puso a consideración de la Función Legislativa el proyecto de reformas al Código Penal, que sanciona los delitos de usura.Propone que sea reprimido con la pena de reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 100 salarios básicos unificados del trabajador en general el que se dedicare a la actividad de otorgar préstamos con intereses usurarios.
Además, será sancionado con reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, el que encubriere con otra forma contractual, la realidad de un préstamo usuario.
También, según el proyecto, será reprimido con reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, quien se dedicare a la actividad de otorgar préstamos sobre prendas, sueldos o salarios y no llevare libros, asentando en ellos, sin claros ni entrerrenglones, las cantidades prestadas, los plazos e intereses, los nombres y domicilios de los que reciben los créditos, la naturaleza, cantidad, valor de los objetos prendados y las demás circunstancias que exijan los reglamentos u ordenanzas de la materia; o, que fueren reos de falsedad en los asientos en dichos libros.
El prestamista que no diere resguardo o seguridad de la prenda recibida, será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa del quíntuplo de su valor y no se podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena. La reincidencia en el ilícito de usura será sancionado, a más de las penas establecidas en los artículos precedentes, con el decomiso de los bienes del infractor, para lo cual se requerirá únicamente la presentación de los certificados de gravámenes emitidos por él o los registradores de la Propiedad y Mercantiles del lugar donde estuvieren los bienes.
El legislador expuso que el delito de usura se ha generalizado a lo largo y ancho del país, provocando la desintegración de la familia, la pérdida de bienes patrimoniales e incluso de vidas humanas que sofocadas por la presión del usurero han encontrado en el suicidio la solución a sus problemas.
Puntualizó que las personas que se dedican a este ilícito negocio no registran contabilidad alguna y, por ende, no tributan sobre el capital que genera los intereses usurarios que no se aplican, sino que éstos deben dar a cada quien lo que le corresponde; que la administración de justicia se ve limitada ante la falta de normas legales que sancionen en forma drástica este execrable delito.
Finalmente, Paco Fierro sostuvo que las penas que determina el Código Penal vigente no guardan relación con el daño que genera el delito de usura a la víctima y a su familia.
MG
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó para mañana martes 6 de julio, a las 09h30, a la sesión 48 para conocer y resolver la petición de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia para iniciar causa penal en contra del primer mandatario de la República, Rafael Correa Delgado.El proyecto, cuyo informe fue elaborado por la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, tiene, también, como objetivo ampliar los plazos para la transferencia de los bienes de patrimonio cultural del Banco Central al Ministerio de Cultura, acorde a un cronograma.
Denuncias contra el Consejo de la Judicatura
En la sesión, además se prevé la intervención de los integrantes de la Comisión de Justicia y Estructura sobre las últimas denuncias recibidas respecto a la actuación del Consejo de la Judicatura.
Acuerdo Interministerial
Se conocerá, el proyecto de resolución de la asambleísta Saruka Rodríguez, por medio del cual se exhorta al Ejecutivo el efectivo cumplimiento del Acuerdo Interministerial publicado el 11 de septiembre de 2009, referente a la expedición de los certificados para la exportación del Cacao Nacional Fino.
Día de la Estadística
Igualmente, el Pleno analizará la resolución para declarar el 20 de octubre como Día de la Estadística Nacional; y, el 2010 como Año de los Censos Nacionales. De esta manera, se busca fomentar la cultura estadística en el país y definir a los censos como política de Estado puesto que el 28 de noviembre del año en curso se realizará el levantamiento de la VII encuesta de Población y VI de Vivienda, conjuntamente con el Censo Nacional Económico.
RSA
El Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, manifestó que antes del receso legislativo – 16 al 30 de agosto – se culminará con el proceso de aprobación de las leyes dispuestas por mandato constitucional, así como otras de contenido social.En este contexto, indicó que en las próximas semanas se tramitarán los proyectos de Ley de Servicio Público, Educación Superior, el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), Soberanía Alimentaria, Tránsito, las reformas al Régimen Monetario y Banco Central, de Comunicación, entre otras.
Señaló que el martes 6 de julio, en la sesión 48, el Pleno Legislativo conocerá y analizará la denuncia de la asambleísta María Paula Romo en torno a presuntas irregularidades en el accionar de los vocales del Consejo de la Judicatura. De comprobarse las acusaciones de tráfico de influencias, latisueldos, disputas de poder, se podría configurar las causales para un juicio político, agregó.
También, anunció la posibilidad de que el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Comunicación entre a conocimiento de la Asamblea el 13 de julio, al expresar su total predisposición de intensificar los diálogos con los jefes de bloque y bancadas y, de ser necesario, con los 123 asambleístas, para con la “ley en mano” comparar el Acuerdo Ético Político con el contenido de la última propuesta presentada por la Comisión Ocasional de Comunicación, a fin de analizar las supuestas falencias.
Cordero se mostró optimista de que existirán los votos suficientes para aprobar este importante cuerpo legal, tomando en cuenta que la ciudadanía ha demandado un instrumento de tal naturaleza.
Puntualizó que personalmente y Alianza País demostrarán, con fundamentos, al país que la Ley de Comunicación garantizará absolutamente la libertad de expresión, las actitudes sesgadas de ciertos sectores y, lo que es más, que no contiene nada de mordaza, porque eso lo impide claramente la Constitución, tras sostener que no habría inconveniente en sacar del documento el polémico artículo 10 pues eso ya consta en la Carta Política, así también la temática laboral podría ser materia de otro proyecto.
Reconoció la apertura y receptividad del titular del organismo, Mauro Andino, para conversar y lograr puntos de consenso, incluso con los sectores de oposición, que contribuyan a perfeccionar el articulado, tras destacar que el texto remitido es bueno porque tiene una perfecta organización, estructura y es austero en el lenguaje.
Consideró que no tiene sentido una consulta prelegislativa dado que no se afecta ningún derecho colectivo, ni realizar, en los actuales momentos, una socialización pues ha sido suficientemente debatida; hoy, sería fundamental desarrollar una amplía difusión del documento.
Finalmente, sostuvo en que la Ley de Educación Superior se consolida preceptos constitucionales como la gratuidad, la autonomía y otros, pero se puede mejorar las normas referentes a las funciones de la Secretaría y la integración del Conea.
MG
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, por tercera ocasión, recibió en comisión general a las autoridades y representantes del sistema universitario ecuatoriano, a fin de profundizar el diálogo respecto del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), cuya votación está pendiente hasta que se recojan las observaciones formuladas en el segundo debate.En la reunión estuvieron presentes los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a más de dirigentes de los trabajadores, docentes y estudiantes de las diversas universidades públicas y privadas, así como del Consejo Nacional de Educación Superior, Conesup, que se concentraron en el ex Senado.
Cordero reiteró que las puertas de la Función Legislativa están siempre abiertas para escuchar las inquietudes de todos los sectores sociales, tras enfatizar que se debe trabajar por una universidad, con visión de futuro, que mejore la calidad, cumpla a cabalidad sus objetivos, promueva la investigación, la ciencia y tecnología, para beneficio del país.
Se mostró partidario de garantizar los fondos de jubilación, en función de un mejor trato para los docentes; que el titular del Consejo de Educación Superior se integre, con voz y voto, al Consejo Nacional de Planificación, en una muestra real de afianzar la articulación entre el Estado y la universidad.
Gustavo Vega, máxima autoridad del Conesup, destacó que es fundamental sacar una ley que sea una garantía para un instrumento de la superación de la calidad de la universidad ecuatoriana.
Profundizar discusión
Entre tanto, Enrique Ayala Mora, coordinador de la Comisión de Diálogo para la LOES, planteó concretamente que se instale inmediatamente un grupo especial para revisar el texto de la ley, a fin de ratificar los consensos y buscar alternativas a los desacuerdos; si este objetivo no se logra, que sea el Pleno de la Asamblea quien tome la últimas decisiones. También, que la Comisión de Educación exprese públicamente su decisión de apertura para acoger esta tarea.
Análisis
De su lado, Raúl Abad Vélez, presidente de la Comisión Especializada Permanente, dijo que, en los actuales momentos, es difícil formar una comisión tripartita, no obstante se analizarán los insumos que por escrito remita el Conesup, desde el punto de vista jurídico y técnico, al enfatizar que las inquietudes de la Academia han sido tomadas en cuenta oportunamente.
Anticipó que no habría inconveniente en revisar el tema de los recursos a favor de las entidades cofinanciadas.
Mientras, Carlos Cedeño y Ernesto Álvarez, presidentes de la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana y de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos, respectivamente, coincidieron en señalar que la LOES debe consagrar los principios de autonomía, cogobierno, financiamiento, acorde a las normas constitucionales, a más de la formación profesional y una jubilación digna para los docentes.
MG
El asambleísta Fernando Bustamante Ponce, en su condición de presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, convocó para el próximo miércoles 7 de julio, a las 10h00, al ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, a fin de que informe sobre el tema del supuesto espionaje telefónico.El Titular del organismo legislativo, también, indicó que a la reunión ha sido invitado el secretario de Inteligencia Nacional, Paco Jijón, tras precisar que la denuncia publicada en un medio de comunicación de Guayaquil en torno a la presunta acción de los servicios de inteligencia colombianos en nuestro país, que habrían interceptado llamadas a altos funcionarios gubernamentales entre los años 2008 – 2009, es motivo de preocupación de todas las instancias del Estado, no solo del Ejecutivo.
En el supuesto no consentido de que tales denuncias fueran verdaderas constituirían una gravísima violación de nuestra soberanía, de los derechos de las personas afectadas, además tendría funestas consecuencias entre ambos pueblos y sería una burla al proceso de acercamiento y de pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas, precisó, al enfatizar que es necesario esperar los resultados de las investigaciones correspondientes.
Reiteró que es fundamental que el Estado en todas sus instancias preste total atención a este tema y busque la forma de aclarar los hechos para disipar cualquier duda que pueda persistir, por tanto, los funcionarios deberán explicar a la Asamblea qué sabe el Ejecutivo respecto de esas versiones, cómo se están llevando a cabo las indagaciones pertinentes y cómo se piensa dilucidar esta oscura sombra de duda que se cierne sobre nuestras relaciones bilaterales.
Bustamante exhortó al gobierno de Colombia para que preste toda la colaboración al esclarecimiento de la información publicada. Sería conveniente saber el nombre del supuesto informante que estaría abasteciendo al medio de sus datos, respetando, profundamente, el derecho de la prensa a la reserva de fuente.
Comentó que los artículos 66, numeral 21, de la Constitución; y, 121, 148, 197 y 202 del Código Penal determinan claras sanciones contra el espionaje. Así, serán reprimidos de dos meses a un año quienes interceptan sin orden judicial conversaciones telefónicas; de seis meses a un año el que emplea cualquier medio electrónico para violentar claves o sistemas de seguridad protegida, subrayó.
Si la información fuere relativa a la Seguridad Nacional, será reprimido de uno a tres años de prisión, concluyó el Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales.
MG/jlvn
En la Comisión de Fiscalización, que tramita el juicio contra los miembros del Consejo de la Judicatura, el ministro de Justicia, José Serrano, aseguró que la mayoría del Consejo, encabezado por Benjamín Cevallos, cerró las puertas a la realización de los procesos de auditoría y evaluación de jueces de garantías penales y los fiscales, en cumplimiento de la disposición transitoria de la Ley Reformatoria al Código Penal y Procedimiento Penal, aprobada por la Asamblea.
En la sesión 47 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para mañana, 1 de julio de 2010, se prevé el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 2 para la Depuración de la Normativa Legal y el conocimiento y resolución de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal.
Además, según la agenda, se analizará el informe de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral en torno a la Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna, Flora y Vida Silvestre.
Derogatoria No. 2 para la Depuración de la Normativa Legal
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a través de su informe favorable, propone la depuración de 159 decretos, tomando en cuenta que éstos, aunque forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley; por el cumplimiento de la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, cuanto porque los presupuestos establecidos en ellas han sido recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
Dicha derogatoria se refiere a leyes, decretos legislativos, decretos supremos y codificaciones referentes, principalmente, a la destilación de aguardientes; impuestos a las ventas de alcoholes, sal y cigarrillos para financiar obras públicas como escuelas, colegios, puentes, carreteras, edificios estatales; regulación para el manejo del monopolio fiscal de aguardientes, fósforos y tabaco, entre otros contenidos legales, que actualmente han perdido eficacia.
Objeción al proyecto de Ley Derogatoria No.1
La depuración del primer paquete de 107 cuerpos legales obsoletos fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado mes de mayo. Sin embargo, el Ejecutivo presentó una objeción parcial en el sentido de que se revise lo concerniente al Abono Tributario, ya que crea un instrumento de política exterior idóneo para compensar a los productores que se vean perjudicados por medidas impuestas por terceros países, lo que resulta indispensable para mantener y atraer la inversión productiva.
Convención
Ecuador se adhirió a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y Vida Silvestre (CITES) el 3 de marzo de 1973, como parte integrante de la ONU. La Enmienda al Art. XXI se incorporó el 30 de abril de 1983, la cual permitía a organismos internacionales - la Unión Europea, o en el futuro la Unasur -, participar plenamente con derechos y obligaciones, y representar a los países partes, asumiendo su derecho al voto.
El mayor objetivo de este tratado es la protección de más de 30 000 especies de animales y plantas a nivel mundial, con el compromiso de que los países ejerzan estrictos controles y optimizar medidas de protección.
MG
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, en cumplimiento del artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentó el informe para primer debate de la Ley Derogatoria No. 2 para la depuración de la normativa.En esta ocasión, el organismo propone la depuración de 159 decretos, considerando que tales normas, aunque forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley; por el cumplimiento de la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, cuanto porque los presupuestos establecidos en ellas han sido recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
Dicho informe plantea la derogatoria de leyes, decretos legislativos, decretos supremos y codificaciones referentes, principalmente, a la destilación de aguardientes; impuestos a las ventas de alcoholes, sal y cigarrillos para financiar obras públicas como escuelas, colegios, puentes, carreteras, edificios estatales; regulación para el manejo del monopolio fiscal de aguardientes, fósforos y tabaco, entre otros contenidos legales, que actualmente han perdido eficacia.
El 12 de enero 2010, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió al titular de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, el proyecto de Ley de Depuración de la Normativa Legal, que comprendía alrededor de 700 normas caducas.
En razón de la extensión y complejidad del tema, la Comisión de Justicia logró del Consejo de Administración Legislativa, CAL, la autorización para tratar el proyecto en partes, es decir que se aprueben como leyes diferentes, a fin de realizar un exhaustivo análisis del contenido de cada una de las normas.
El primer paquete de 107 cuerpos legales obsoletos fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado mes de mayo. No obstante, el Ejecutivo, a solicitud de la ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely Suárez, presentó una objeción parcial en el sentido de que se exceptúe de la depuración lo atinente al Abono Tributario, pues crea un instrumento de política exterior idóneo para compensar a los productores que se vean perjudicados por medidas impuestas por terceros países, lo que resulta indispensable para mantener y atraer la inversión productiva.
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El presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea Nacional, esta tarde, el proyecto de Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, con la calidad de urgente en materia económica.Tal cual lo dispone el artículo 140 de la Constitución, la Asamblea deberá aprobarlo, modificarlo o negarlo dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción
El titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, trasladó dicho documento a la Secretaría General, para que sea difundido a las y los asambleístas y a la ciudadanía, a través del portal Web, y sea remitido al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para el trámite correspondiente, en cumplimiento del artículo 55 de la LOFL.
Contenido y alcances de las reformas
En la Exposición de Motivos, el Ejecutivo señala que desde el año 1971 hasta la presente fecha, se han producido cambios sustanciales en la vida social, económica y política del país, a lo que se ha sumado el extraordinario desarrollo científico y tecnológico. En este período, el petróleo como recurso natural agotable, no renovable y estratégico, se ha constituido en la principal fuente de ingresos estatales, cuyo manejo requiere la adopción de un marco jurídico e institucional, que acorde a la nueva Constitución de la República, permita un mayor control y participación del Estado ecuatoriano.
Argumenta que es fundamental introducir disposiciones que permitan impulsar la actividad hidrocarburífera, incrementando los niveles de producción de los campos petroleros, dentro de un esquema contractual de prestación de servicios, que devuelva la titularidad de la totalidad de la producción nacional a favor del Estado, estableciendo únicamente el reconocimiento de una tarifa por barril producido a favor de las contratistas, que no fluctúe en función del precio del crudo, del cual se han beneficiado desproporcionadamente las compañías petroleras.
El proyecto dispone que el Estado explorará y explotará los yacimientos en forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De manera excepcional, podrá delegar el ejercicio de estas actividades a empresas nacionales o extranjeras, de probada experiencia, capacidad técnica y económica, para lo cual la Secretaría de Hidrocarburos podrá celebrar contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para explotación y exploración o mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana.
La propuesta gubernamental crea la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), como un organismo técnico administrativo, que regulará, controlará y fiscalizará las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera.
MG
