Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
La coordinadora del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, Marisol Peñafiel, recibió a un grupo de representantes de varios movimientos sociales de niñez y adolescencia de todo el país, para escuchar sus demandas. Los dirigentes, al agradecer su apertura, dijeron que desde la legislación se ha avanzado mucho en sus derechos, pero que falta por construir más.
“Vamos a tener un pequeño intercambio, no solo para echarnos flores y decir que todo esta bien, sino para escuchar sus cuestionamientos, porque eso fortalece nuestro trabajo. Como grupo parlamentario nos hace mirar cuáles son sus necesidades, a fin de enarbolar la agenda de niñez y adolescencia. Estos temas muchas veces no son discutidos, muchas veces no se los entiende”, afirmó Peñafiel, al destacar que la Asamblea aprobó, por ejemplo, las reformas al Código Civil, en que se estableció como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años y no 12, como era antes.
Además, reseñó las leyes dictadas en favor de estos sectores, las que se han construido desde sus demandas. Antes los adultos resolvían los problemas de niñez y adolescencia desde su mirada, así como los hombres resolvían los de las mujeres. Este diálogo es para darle continuidad a ese trabajo que ustedes hacen en territorio, exigiendo con firmeza sus derechos. Llevamos juntos ese sueño colectivo, dijo.
Demandas de la niñez y adolescencia
Nicky Bravo, coordinador del movimiento social por la niñez y adolescencia, destacó como grandes logros la Ley de Comunicación y otras normas que sancionan la violencia contra estos sectores sociales. Sin embargo, acotó que hay que seguir hablando y trabajando en estos temas y otros, porque se siguen registrando casos de violencia a las niñas y niños. También subrayó que, aunque han disminuido las cifras de embarazos en adolescentes, los porcentajes siguen siendo altos.
Así mismo, sostuvo que el sistema de vacunación contra algunas enfermedades trasmitidas por el zika y el chikungunya no abarca a todos los niños y adolescentes. Además, pidió más niveles de participación y decisión en los sectores afectados por el terremoto del pasado 16 de abril, por lo que solicitó que se sigan tomando en cuenta estas temáticas e ir trazando una hoja de ruta, a fin de que sus derechos se vean reflejados en las leyes.
Otro de los participantes, Henry Manzano, indicó que el objetivo es ir afianzando espacios para que exista una verdadera participación y promover un mejor desarrollo de la niñez y adolescencia.
Al encuentro asistieron también representantes de la plataforma de jóvenes climáticos, de la fundación Fucosin, entre otros.
LM/pv
En la sesión 257, convocada para este miércoles 3 de agosto, a las 09:30, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, continuará el estudio del proyecto de reformas al Código Penal que busca establecer sanciones para contravenciones de delitos de violencia contra la mujer y el núcleo familiar.
La iniciativa corresponde a los parlamentarios azuayos Rosana Alvarado, Diego Vintimilla, Mariangel Muñoz y Liliana Guzmán.
Por segunda ocasión, en el organismo expondrán sus puntos de vista las psicólogas y docentes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador: Graciela Ramírez y Nathalia Quiroz, en torno a la ruta crítica y círculo de violencia que siguen las víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Además, avocará conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) respecto a las peticiones de indulto de Manuel Antonio Escobar Yépez y de Yuber Alexander Navarro Muñoz.
Finalmente, la comisión analizará y resolverá el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Notarial, de autoría de la asambleísta Soledad Vela, representante de la provincia de Manabí.
MG/pv
El 21 de julio en la ciudad de Cotacachi; Dora Cifuentes, Andrea Amaguaña, Steeven Patiño y Juan Ponce fueron elegidos para representar a las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Imbabura, para participar en el encuentro nacional de consejos consultivos que se realizará en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el 9 y 10 de agosto del presente año.
Este proceso se llevó a cabo con la participación de los representantes de Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Urcuquí y Pimampiro contando con el apoyo de los secretarios ejecutivos de los consejos cantonales para la protección de derechos de dichos cantones.
Todos los presentes desearon éxitos a las representantes de Imbabura a la asamblea nacional de consejos consultivos.
Sobre el Juicio Político a Augusto Espinosa Andrade
El viejo congreso y quienes hacen política oportunista les agrada iniciar juicios políticos y saldrán con argumentos que la Asamblea Nacional no ha realizado su proceso de fiscalización. Lo cual es falso, se ha seguido de cerca las actividades de las máximas autoridades del Estado y han sido convocados innumerables veces a las Comisiones Especializadas. Sin embargo que se pretende con el juicio político a Espinosa? En primer lugar aprovecharse de un momento de duelo nacional por las consecuencias del terremoto y decir que el Ministro debió preverlo, asegurando cada institución educativa como si los recursos del estado fueran ilimitados y las necesidades limitadas cuando es al revés. Los recursos de todo Estado son limitados ante las necesidades ilimitadas de sus ciudadanos y ciudadanas.
Se busca un linchamiento mediático a Augusto Espinosa pero ¿cuál es el motivo de fondo? Es la transformación radical del sistema educativo ecuatoriano. De pasar en las listas internacionales como educación de mala calidad a una educación de calidad de un país de renta media en vías de desarrollo que apuesta por la investigación científica, la capacitación permanente y excelencia de los aducadores y educadoras. La lucha contra el acoso sexual y otros delitos sexuales en el ámbito educativo. La salida de las mafias partidistas que secuestraron a la educación en este país.
En la historia del Ecuador pocos ministros de educación han sido llamados a juicios políticos por la Función Legislativa. Y me recuerda el caso de Alfredo Vera, quien fue ministro en el gobierno de Rodrigo Borja partido de la doctrina social demócrata que tuvo oposición de los partidos de derecha en el Congreso. Dos veces se llamado a juicio Alfredo Vera, el primero por el programa de alfabetización para adultos un hito en conmemoración del trabajo de Monseñor Leonidas Proaño y el otro juicio que terminó en censura por la defensa de los derechos de la educación para los grupos más vulnerables, donde se estableció el programa de desayuno escolar, el sistema intercultural bilingüe, el programa de alfabetización para adultos y la entrega gratuita de libros escolares. Es decir fue llamado a juicio político por buscar un cambio estructural de nuestro país, a través de la inversión social en la niñez, adolescencia y juventud como estrategia para salir de la pobreza como país. Hoy sucede lo mismo. Esperemos que la oposición en el legítimo derecho de llamar a un juicio político conozca a profundidad el cumplimiento de las funciones del Ministro de Educación y que esta Asamblea conozca que los actos de fiscalización no son un show mediático ni mecanismo de persecución sino un mecanismos jurídicos constitucionales para el control de la responsabilidad de las máximas autoridades del Estado.
Esta mañana estamos en el segundo debate de esta ley, que tiene un importante mensaje al Ecuador en cuanto a legislación en materia de seguros. La salud es un derecho y como tal todos los bienes y servicios públicos o privados alrededor de la salud pública e individual tienen que garantizar que no es el fin de lucro lo que prime sino el bienestar de los seres humanos.
Las contingencias que podemos cubrir con servicios de seguros privados de salud no pueden seguir siendo en el Ecuador excluyentes, discriminatorias y elitistas. Quien tenga menos riesgos no puede ser el “cliente perfecto” para las aseguradoras. Sino quienes necesiten servicios sumamente especializados puedan acceder a seguros con un buen abanico de servicios a prestar.
El artículo 15 del proyecto de ley en los numerales 8, 9, 10 es un claro ejemplo de la transformación del enfoque sobre seguros de salud. Cubrir enfermedades preexistentes, enfermedades crónicas, catastróficas, atención oncológica integral con cirugía reconstructiva y rehabilitación.
Otro artículo de gran importancia en esta ley es el 19 que trata sobre los planes y programas de las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y de seguros de cobertura de asistencia médica, donde se debe obligatoriamente detallar las prestaciones cubiertas, los alcances y límites.
El artículo 27 sobre las condiciones generales de los contratos de seguros de salud y medicina prepagada numeral sobre las condiciones de carácter sanitario se prohíbe las estipulaciones que regulen la duplicidad de amparo o de la misma naturaleza. Considero que esas condiciones son generales a todos los contratos y por tanto deben constar en el artículo 26. Porque en el 26 dice que las estipulaciones que contradigan los numerales ahí constantes se considerarán como no escritas. También debe quedar claro que si el beneficiario es asegurado al sistema de seguridad social tampoco se le puede negar el acceso a los beneficios de los servicios contratados en los seguros privados de asistencia médica o servicios de atención integral de medicina prepagada.
En el artículo 32 de restablecimiento de vigencia de contratos sugiero que la Comisión pueda agregar que no pueden empeorarse las condiciones del contrato sino mantener en su integralidad los beneficios del contrato integral, o ser modificado con mejoras siempre que no afecte el costo de la prima.
En el artículo 33 sugiero que las prohibiciones que hace referencia el primer inciso debe agregarse la nacionalidad o el estatus migratorio de la persona en el Ecuador. También en este artículo debe contar un inciso que exprese taxativamente que las empresas no pueden dejar de ofertar sus servicios a personas mayores de 65 años de edad ni negar un contrato a personas adultas mayores. Estas empresas en todos los casos deben tener un paquete de oferta para las personas adultas mayores que tengan más de 65 años de edad.
Finalmente Señora Presidenta, señoras y señores asambleístas una obligación de los usuarios además de lo establecido en el artículo 38, es dar a conocer a las autoridades pertinentes de control y de defensa de derechos de usuarios y consumidores de los cambios de condiciones de contratos que puedan ser perjudiciales a individuos o colectivos por razones discriminatorias.
La Asambleísta de Imbabura, Marisol Peñafiel, durante la instalación de la Mesa Territorial en contra de la violencia de género, citó que en el 2014 al 2015 Imbabura, tuvo un alto índice de femicidios.
“Nadie puede olvidar que una de las víctimas en Otavalo a pico de botella fue agredida por su parerja, actualmente ésta persona está ciega, igualmente en Ibarra, hay una persona que fue degollada, mutilada, agredida”, afirmó.
Indicó que la violencia sicológica es la más alta, porque la media nacional es del 63.4% en Imbabura llega al 66.5%.
http://www.expectativa.ec/marisol-penafiel-violencia-sicologica-es-la-mas-alta/
La legisladora Marisol Peñafiel dijo que existen universidades que han sacado hasta 50 millones de dólares fuera del territorio. Archivo
Dentro de la investigación del denominado caso papeles de Panamá, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional,
Fecha de Publicación: 2016-07-10 00:00
Quito. Dentro de la investigación del denominado caso papeles de Panamá, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, prevé recibir el martes al director del Servicio de Rentas Internas, SRI, Leonardo Orlando, con el objetivo de ampliar la información de universidades privadas cofinanciadas por el Estado, que tendrían dinero en paraísos fiscales. Así lo confirmó la legisladora oficialista Marisol Peñafiel.
"Existen universidades que han sacado hasta 50 millones de dólares fuera del territorio, existe una universidad la cual, ahora mismo, tiene representantes de candidatos políticos y tienen 10 millones de dólares fuera del territorio. Esto nos da a entender que la educación sigue siendo un negocio para estos sectores", afirmó.
Peñafiel señaló que son alrededor de nueve universidades que tendrían dineros en paraísos fiscales, entre ellas, algunas cofinanciadas por el Estado.
"Son nueve o 10 universidades a las cuales estamos investigando, la mayoría son privadas, algunas son cofinanciadas. Queremos recalcar que esto no es nada en contra de los estudiantes de las universidades, han sido los propios alumnos los que nos han dado la información", destacó la legisladora. (VDS) (I)
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/187078-sri-indaga-recursos-de-universidades/
Noticias relacionadas: En 5 años, 94 grupos 'exportaron' $ 2 mil millones a paraísos fiscales Redacción Economía Ayer, en la Comisión de Justicia de la Asamblea, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando (foto), indicó que cinco universidades privadas tendrían nexos con paraísos fiscales, según un informe preliminar presentado a propósito de las revelaciones de los ‘Papeles de Panamá’. Los centros académicos mencionados fueron la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la Universidad de las Américas, la Universidad Internacional SEK, la Universidad Internacional del Ecuador y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. No se comunicó cuánto dinero tendrían estas instituciones en jurisdicciones extranjeras. La situación con estas instituciones es que varias autoridades habrían constituido empresas offshore en paraísos fiscales. En algunos casos esas compañías prestaban servicios a los centros de estudios, lo cual implicaría además un conflicto de intereses, señaló el titular del SRI. Hasta 2015 solo se tenía registro de la USFQ. Las otras cuatro aparecieron a raíz de las recientes investigaciones. Según el reporte, la USFQ tiene 1 integrante domiciliado en paraíso fiscal, información que ha sido transparentada antes, afirmó Orlando. Esa institución tendría 5 miembros y empresas offshore relacionadas con el grupo económico que aparece en los ‘Papeles de Panamá’; tiene 11 personas naturales, 80 sociedades nacionales y 2 extranjeras. En total, 93 integrantes vinculados (ver infografía). La legislación brinda beneficios tributarios a los centros de estudio, como la exoneración del impuesto a la renta, sin embargo, se estarían cometiendo irregularidades para evadir obligaciones con el fisco. Orlando indicó que una institución habría perjudicado al Estado en alrededor de $ 1,7 millones. Por ello se analiza la posibilidad de retirar este beneficio a ciertas entidades, toda vez que se ha evidenciado que no cumplen con los fines estatutarios para los que fueron creadas. Varias autoridades académicas estarían percibiendo ingresos mensuales que bordean los $ 300 mil, dijo el funcionario. El asambleísta Fausto Cayambe (AP) expresó que otras dos universidades también tendrían vínculos con paraísos fiscales. De su lado, la legisladora Marisol Peñafiel manifestó supuestas irregularidades en la UDLA. El rector de esa universidad, Carlos Larreátegui, expresó que la “UDLA no tiene transacción alguna con paraísos fiscales ni ha dejado de pagar impuestos por transacciones al extranjero”. Aseguró que su nombre aparece en los ‘Papeles de Panamá’ “una sola vez como abogado”, creando una compañía cuando ejercía la profesión, pero “es una entidad que no registra actividad económica alguna, peor transacciones con UDLA”. Los resultados de la investigación serán presentados mañana en la Comisión de Justicia, por el titular del SRI. (I)
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En un año se incorporaron 75 grupos económicos Hasta 2015 existían 125 consorcios registrados por el SRI. En un año la Administración Tributaria incorporó a 75 grupos. El patrimonio consolidado de las sociedades asciende a $ 108.303 millones. Para la asambleísta Marisol Peñafiel (AP), los grupos de poder se han quejado de que viven una supuesta crisis, pero es evidente la bonanza porque han podido enviar su riqueza a paraísos fiscales. En 2007 se identificó a los primeros 17 grupos económicos a nivel nacional. En los últimos 10 años, la evolución de los consorcios ha sido importante. Al cierre de esta edición, el SRI estaba en proceso de publicar información sobre el poder adquisitivo de cada grupo. (I)
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La asambleísta Marisol Peñafiel informó que se pidió que se investiguen a las universidades con empresas off shore constituidas en paraísos fiscales, puesto que de las investigaciones que se han realizado en la Comisión, “existe una empresa off shore vinculada a las universidades y que subvenciona bienes y servicios y los mismos integrantes son parte de los directivos de las universidades”.
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