Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Quiero empezar mi intervención señalando que desde Montecristi, la relación entre el
poder civil y militar buscó solucionar décadas de historia ecuatoriana donde las fuerzas
del orden, formaban parte de las relaciones y conflictos políticos de esta Patria, y al
mismo tiempo intentó resolver los sistemas desiguales de las relaciones de las
instituciones públicas con gran poder.
El informe de segundo debate es elocuente cuando señala la forma en que están
conformadas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes más trabajan y tienen
riesgos sobre su vida son justamente las tropas que no se encuentran en el sistema
jerárquico de estas instituciones. Por eso Montecristi es la primera constitución en la que
establece, no solo en el texto de una declaración, que las Fuerzas del orden se sujetan al
poder civil, ese poder no está en una o varias Funciones del Estado sino en el Pueblo, y
el Pueblo ecuatoriano las regula bajo competencias específicas de las cinco funciones del
Estado. No las dejo en la declaración de un texto sino que diseño varios mecanismos para
que las FFAA y la Policía Nacional sean desde siempre ciudadanos, iguales, con
atribuciones de gran responsabilidad.
Por eso declaró la unidad jurisdiccional y por tanto la Justicia Ordinaria los juzga, por eso
declaró sus derechos de participación y tienen el derecho facultativo al voto, por eso se
declaró sus derechos a la educación, para que la tropa pueda ser universitaria y
postgraduada, declaró los derechos a igual salario igual remuneración y por eso se han
reducido las inequidades salariales dentro de estas instituciones, ahora es momento de
establecer por ley lo que determina la Constitución sobre el derecho a la seguridad social
y la ampliación a todos los ciudadanos y ciudadanas a este sistema.
Han sido meses de duro debate, de la distorsión de lo que la Asamblea Nacional está
trabajando aquí queriendo generar malestar en las filas de estas dos instituciones. Son
nobles sus miembros pero no siempre quienes dicen representarlos realizan actos que
demuestren esa nobleza. Por eso Señora Presidenta de la Asamblea y Señora Presidenta
de la Comisión de los derechos de los trabajadores es fundamental que las leyes sobre la
seguridad social de la Policía y las Fuerzas Armadas, primero en la conformación de sus
Consejos Directivos, primero porque la sujeción al poder civil es fundamental y segundo
porque los derechos de participación implican la representación de todas las partes, sobre
todo de las mayorías que han sido invisibilizadas a nombre de la naturaleza jerárquica de
estas instituciones. Y aquí señora Presidenta de la Asamblea quisiera señalar que debería
constar en los artículos de la conformación de los consejos la paridad de representación
entre hombres y mujeres, no solo a través de los delegados de las autoridades civiles sino
también del resto de miembros buscando que exista al menos una mujer en esos
consejos.
También señora presidenta debo señalar que en el informe en su exposición en las
primeras líneas de la página 7 señala que el régimen especial tiene una protección
constitucional diferente “y superior” a las del régimen general en cuanto a pensiones de
retiro. Considero que no es superior y es una interpretación de la Constitución que no se
acerca al espíritu constituyente, sin embargo lo que coincido es que las pensiones
jubilares y de retiro tienen prioridad en tanto forman parte de las prestaciones vitales para
garantizar a las personas al final de su ciclo productivo una vida digna, y en el caso del
régimen general son grupos de atención prioritaria en tanto su edad y cantidad de
aportes. Por eso es que las leyes de seguridad social deben fortalecer un solo sistema y
no son superiores unas a otras sino complementarias.
Quisiera Señora Presidenta referirme al artículo 8 de la Ley de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas sobre la designación de director o directora general del ISSFA y los
cambios en cuanto al perfil que deberá tener, pues es una responsabilidad enorme por
ejemplo evaluar permanentemente la suficiencia de recursos y financiamiento de las
prestaciones, asunto que en el mundo es complejo y los análisis actuariales deben ser
técnicos y responsables para la sustentabilidad de las instituciones de seguridad social.
Por ese motivo considero que la reforma a este artículo debe señalar al menos cinco años
de experiencia exclusiva en conocimientos de los sistemas de seguridad social y
formación en Derechos Humanos.
Finalmente Señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, quiero expresar a este
pleno la necesidad de que después de la aprobación de esta ley reformatoria se realicen
procesos continuos de capacitación e información sobre las normas que estamos
debatiendo y aprobado, para que sean los miembros de las FFAA y Policía Nacional los
que analicen con toda la información, completa, veraz y contextualizada sobre lo que
implican en sus derechos a la seguridad social, y que sean los Ministerios de Defensa o
del Interior que realicen talleres de capacitación e información de esta ley con apoyo del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; todo esto constando en una norma
transitoria donde señale la obligación de la difusión, capacitación, explicación completa
sobre esta reforma.
Muchas gracias
Con 92 votos, la Asamblea se allanó a los 14 artículos que objetó el Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica que Regula las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de Seguro que Ofrecen Cobertura de Seguros de Asistencia Médica. En uno de ellos el Régimen sugirió que quien apruebe y regule los planes de estos servicios sea la Superintendencia de Compañías. También planteó que las compañías de seguros cancelen al Estado los valores por atenciones en la Red Pública de Salud.
La norma otorga más de 46 beneficios que no existen en la Ley vigente, en favor de cerca de un millón de usuarios. Sus bondades se resumen en tres ejes: regulaciones del Estado sobre las actividades empresariales para impedir abusos y arbitrariedades; precautelar los derechos de los ciudadanos para que no haya exclusiones por edad, estado gestacional, enfermedades preexistentes y siniestralidad; y, la sostenibilidad económica y financiera de las compañías, según el presidente de la Comisión de la Salud, William Garzón. El veto del presidente Rafael Correa se circunscribió en cinco temas y una precisión.
Con la ley se regula y aprueban los planes, programas y modalidades para las prestaciones de los servicios de salud prepagada y de asistencia médica, incluidas las coberturas internacionales. La Asamblea propuso que sea la Autoridad Sanitaria Nacional la que cumpla esta función, pero el Primer Mandatario consideró que debe ser la Superintendencia de Compañías. Entre otras justificaciones, advirtió que el Código Orgánico Monetario dispone que el organismo de control es quien determina las cláusulas en las pólizas de seguros médicos.
La Superintendencia también deberá vigilar que no haya modificación en estos documentos y determinar que las cláusulas no perjudiquen al cliente. Estos cambios inciden en seis artículos y una disposición transitoria.
En el veto, el Régimen también propuso que las compañías que financien estos servicios reembolcen a las instituciones de Salud Pública los valores que se hayan facturado por atender a los beneficiarios del seguro privado. Esta condición rige para casos de derivación y atención directa. El Estado asumirá el costo de los deducibles no asumidos por las compañías.
El asambleísta Carlos Velasco, vicepresidente de la Comisión de Salud, explicó que se hace un cruce de cuentas. Si una cirugía vale 100 mil dólares y la tarjeta tiene cobertura de cinco mil, cuando el paciente es atendido por las instituciones públicas la diferencia la cubren estas, aclaró. “Para eso hay un tarifario”, dijo María José Carrión. Es falso que se va obligar a los pacientes a acudir a la Red Pública, porque la modalidad abierta estipula que pueden acudir al sector público o privado. Esta ley debe proteger al ciudadano, añadió la autora del proyecto Pamela Falconí.
La norma prohíbe la disminución, restricción o eliminación de cobertura por razones de la edad. La Asamblea había sugerido que no se discrimine a los ciudadanos mayores de 65 años, pero el Ejecutivo propuso que reemplace por “determinada edad”. Explicó que resulta peligroso fijar una edad específica, ya que las empresas podrían valerse de mecanismos para no cumplir esta disposición.
Las compañías están obligadas a notificar a los usuarios cuando la prestación no se encuentre cubierta o exceda el monto de la cobertura. El gobierno considera que cinco días hábiles es el tiempo razonable para este proceso y no 24 horas, como constaba en el proyecto original. Aduce que con ese tiempo se podrían generar incumplimientos, sobre todo cuando esta inobservancia constituye una falta leve.
Para el control de estándares de calidad de las prestaciones de los servicios, el Ejecutivo excluyó a la modalidad cerrada, quedando únicamente la mixta. Argumentó que el proyecto prohíbe que las compañías ofrezcan exclusivamente la modalidad cerrada e incluirla en esta exigencia sería un error.
En la disposición transitoria tercera el gobierno sustituyó el tiempo de 45 días por un año para que las compañías ejecuten actos y contratos societarios para adaptar su estructura estatutaria y reglamentaria a las exigencias previstas en la ley. Sostiene que estos procesos son importantes y de variada índole por lo que el plazo fijado por los asambleístas es muy corto, en perjuicio de compañías pequeñas que tendrán que hacer varios esfuerzos para cumplir los estándares que fija la norma.
William Garzón aseguró que las observaciones, por un lado, aclaran y corrigen temas de forma y, por otro, específica roles y competencias de la Autoridad Sanitaria Nacional y de la Superintendencia de Compañías, a fin de garantizar la calidad de atención a la salud.
La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre. La norma reemplaza a la Ley de Caminos de 1964. Concibe a la vialidad como un sistema que integra a las carreteras nacionales, provinciales y catonales. Permite la articulación y coordinación entre los niveles de gobierno. Obliga a que todos planifiquen. Destaca la importancia que tiene este sector para el desarrollo económico y garantizar el derecho a la movilidad.
En la propuesta se argumenta que Ecuador requiere de una regulación que permita su adecuada conectividad y la aplicación de parámetros técnicos que garanticen la funcionalidad de los diferentes tipos de vías. El proyecto busca establecer el régimen jurídico para la planificación, ejecución, construcción, conservación, regulación y control de esta infraestructura y sus servicios complementarios.
En este cuerpo legal se desarrollan y especifican las competencias sobre la infraestructura vial a cargo del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Se busca una adecuada clasificación de las vías y, de ser el caso, su reconversión en función de sus nuevas condiciones o características.
Un punto que destaca la comisión es la planificación, que se constituye en una obligación tanto para el ministerio del sector como de los GAD, que deberán aprobar sus respectivos planes de infraestructura vial, como parte de los instrumentos de ordenamiento territorial. Todos los proyectos viales, sean nuevos o que supongan la intervención o modificación de anteriores, deberán incluir la correspondiente evaluación del impacto ambiental y la debida coordinación con los niveles de gobierno competentes.
Otro aspecto que desarrolla es el cumplimiento sobre el Derecho de Vía, para que el Estado pueda ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos. El documento señala que de la información que disponen una gran parte de los terrenos afectados por este derecho han sido invadidos, lo que ha producido altas erogaciones económicas y dificultades legales para la ejecución de las obras, sin mencionar el riesgo que significa construir en estos lugares.
Con esta norma se involucra la facultad de delegar a las empresas de economía mixta y por excepción al sector privado o a la economía popular y solidaria, la prestación del servicio público de vialidad. El ministerio del sector emitirá las especificaciones técnicas de carácter general que se relacionen con la construcción, ampliación, mejoramiento, rectificación y mantenimiento del sistema vial nacional, con la finalidad de lograr la homogeneidad de la infraestructura vial.
Para preservar la infraestructura del transporte se atribuye a este ministerio la facultad de control y regulación sobre la transportación de carga pesada, especialmente en lo relacionado a pesos y medidas. Se establece un régimen sancionatorio, mismo que guardará la debida adecuación entre la gravedad del hecho de la infracción y la sanción aplicada.
El proyecto contiene un mandato para el ministerio rector para que implemente un sistema de información vial que incluya a toda la red vial nacional en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, en el que se incluirá a las vías de carácter estratégico.
LM/pv
Importancia del debate
Marisol Peñafiel, presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, , aseguró que las luchas de las mujeres empiezan en edad temprana. “Hay que impedir que los derechos de las niñas se invisibilicen. Las mujeres somos el grupo humano que vivimos más violencia, porque es parte del ejercicio desigual del poder entre hombres y mujeres. “A través del debate se construye una generación con enfoque de género. Esto nos permite ejercer ciudadanía plena, construir espacios distintos”, explicó.
Lo que la resolución establece es la asignación de recursos para implementar la nueva agenda urbana, además que las ciudades se conviertan en espacios que tengan conciencia sobre la situación de las niñas y los valores como protagonistas de cambio. Además se conmina a diferentes entidades para la construcción de ciudades en donde se viva en paz, exista integración, derecho al arte, al ocio, educación y eso vaya de la mano del bienestar colectivo
Marisol Peñafiel, presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, aseguró que las luchas de las mujeres empiezan en edad temprana. “Hay que impedir que los derechos de las niñas se invisibilicen. Las mujeres somos el grupo humano que vivimos más violencia, porque es parte del ejercicio desigual del poder entre hombres y mujeres. “A través del debate se construye una generación con enfoque de género. Esto nos permite ejercer ciudadanía plena, construir espacios distintos”, explicó.
Un quince de octubre en 2013, el Pleno de la Asamblea Nacional se comprometió con los derechos de las niñas y las adolescentes para conmemorar cada 11 de Octubre el Día Nacional de la Niña, con el objetivo de comprometernos -como Legislativo- con la expedición de leyes que erradiquen la violencia de género, el maltrato infantil, el trabajo infantil doméstico, así como la garantía de los derechos de las niñas para el acceso y permanencia a la educación, a la cultura, deporte, ocio; así como la disminución del embarazo adolescente.
Quiero resaltar esta resolución de la Asamblea Nacional, porque ésta se compromete con las niñas y la ciudadanía a dar cuentas de lo realizado en la Función Legislativa, así como dar seguimiento de las políticas públicas de las otras Funciones del Estado que estén acorde con el Plan Nacional del Buen Vivir, y los proyectos en favor de los derechos de las niñas y las adolescentes a través de la ejecución presupuestaria.
En estos tres años se han aprobados leyes fundamentales para la aplicación plena de la Constitución de Montecristi, y que tienen relación con la construcción de ciudades seguras para las niñas y la nueva agenda urbana, como por ejemplo la Ley Orgánica de Ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo que se recogen ahí mucho del legados de lo que constituye la revolución urbana que se expresó en el Brasil cuando por primera vez se habló de la función social y ambiental de la propiedad. No podemos construir ciudades seguras sin el compromiso de que la propiedad privada no puede ser una libertad absoluta, se requiere una planificación con visión social, donde los asentamientos irregulares desaparezcan en la medida que se crean viviendas adecuadas, se les brinde servicios básicos, pensemos en las zonificaciones libres de riesgos ambientales, seguros.
También esta Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Tierras rurales y territorios ancestrales, que va de la mano la legislación sobre el uso de la tierra para la reproducción de la vida, y que tiene un conflicto y complementariedad al mismo tiempo con el crecimiento urbano. En el espacio de lo urbano y lo rural se encuentra el deber del Estado por defender la Soberanía alimentaria, y por eso de la mano se aprobó la Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua para que se aplique la prelación del uso del agua para los seres humanos y la preservación de los ciclos naturales de la Pachamama.
Hemos aprobado leyes que transforman los servicios para las ciudades como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley orgánica del Servicio Público de energía eléctrica, para temas de seguridad esta el COIP y con un enfoque de prevención la Ley Integral del Fenómeno socioeconómico de las drogas y la regulación y control
Muchas de las niñas que están hoy presentes en esta sesión, entregaron sus cartas de niñas, donde señalaban que se sentían inseguras al caminar por las calles solas, al igual que en las escuelas. Creo que también hay que pensar en las adolescentes que están en los centros de adolescentes infractores para que esos espacios dentro y fuera sean seguros, que toda política de diseño y funcionamiento de la ciudad y sus servicios tenga un enfoque de género.
Todos estos años desde la aprobación de la Resolución de la Asamblea Nacional que declara como Día Nacional de las niñas el 11 de octubre hemos dado cuenta del trabajo que se realiza en esta sala que lleva el nombre de Nela Martínez como reconocimiento de la primera mujer que llegó a una curul como diputada principal, antes de ella estuvo la Dra. Matilde Hidalgo de Prócel quien fue la primera mujer que nos llevó a ejercer el derecho al voto pero que fue relegada como diputada alterna. Las luchas de las mujeres empiezan desde edades tempranas porque es la edad donde se forjan los sueños, las aspiraciones y los planes de vida. Si las niñas se interesan por el mundo, por su ciudad, su comunidad y sus representantes podrán ejercer con mayor conocimiento y compromiso funciones de poder. Si decimos que la niñez es el futuro, es nuestro deber que su presente sea de ciudadanas plenas, que su pensamiento y voz estén basados en conocimiento y experiencia de la democracia, de la vida y de los retos que deberán enfrentar como adultas.
Las niñas tienen especial derecho a vivir una vida libre de violencia, pues las mujeres somos el grupo humano que vivimos la violencia, sobre todo física, psicológica y sexual, de una manera distinta, pues es parte de un ejercicio desigual de poder entre hombres y mujeres. Las implicaciones de la lucha contra la violencia a las mujeres tiene múltiples enfoques, esta mañana el debate que se realizará en el Pleno de la Asamblea Nacional será desde el enfoque generacional para que la planificación de las ciudades, las políticas urbanas nacionales y locales, los servicios básicos, los sistemas locales de protección tengan un enfoque de género y generacional para alcanzar la tan anhelada seguridad humana y la convivencia pacífica.
Quiero agradecer a cada uno de ustedes, a mis compañeros asambleístas que hoy asistieron para compartir su espacio como representantes del pueblo ecuatoriano con las niñas, sus mandantes y por quienes durante más de 8 años hemos trabajado para que sus derechos no queden solo en la letra de las leyes sino que se efectivicen en espacios de participación y los bienes y servicios públicos que brinda el Estado en todos sus niveles. Ustedes son las hijas del presente, las hijas de nuestra patria nueva. Y somos sus asambleístas dispuestos a trabajar desde donde estemos porque su calidad de vida sea mejor que la nuestra, la heredad que dejamos está en ustedes.
Agradezco finalmente a las autoridades nacionales que aceptaron nuestra invitación para recibir la resolución de las niñas para una ciudad segura, y a la Presidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira por permitir que el último año de de conmemoración que realiza esta Asamblea Nacional 2013-2017 sea un cierre inolvidable para nuestras niñas. Gracias a Doctora Libia Rivas, quien es secretaria de la Asamblea Nacional y quien nos ha apoyado en este trayecto de conmemoración.
Es un honor haber servido a este país en este espacio legislativo y siento que el deber se ha cumplido, dejando que los espacios de la Asamblea sean principalmente de nuestros mandantes, sobre todo que el empoderamiento de las mujeres empieza en la infancia.
Despacho Asambleísta Dra. Marisol Peñafiel M.
El Foro “Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimentación en un Contexto de Cambio Climático” convocó a numerosos representantes de los sectores público, privado y organismos internacionales. “Este es un tema que nos compromete”, dijo la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira durante la inauguración. “Es una problemática que tiene que ser asumida desde los Estados con mucha seriedad", añadió.
El evento, organizado por el Frente Parlamentario Ecuador sin Hambre y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) convocó a campesinos, estudiantes, instituciones gubernamentales, gremios, asambleístas, organizaciones sociales, entre otros sectores. Se lo realizó en conmemoración del Día de la Soberanía Alimentaria y al Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre.
“Este es un tema que ha estado en debate durante los últimos años y creemos que lo hemos asumido desde la Asamblea Nacional”, enfatizó Gabriela Rivadeneria al contar que los nuevos retos desde el Legislativo se han condesando en la Ley de Recursos Hídricos, que entre otras cosas, prohíbe su privatización y permite prioridades para su uso; la Ley de Tierras, que termina con los latifundios improductivos, para que pasen a manos de los campesinos y puedan cultivarlos; y, el proyecto de Ley de Semillas, que directamente tiene que ver con la temática del Foro.
“No podemos permitir que se violente ese candando constitucional que con claridad menciona que Ecuador es libre de semillas transgénicas y eso tiene que ser un tema que debe seguir en debate. Una de las cosas que no puede estar en juego es la soberanía alimentaria basada en nuestras semillas, en el fortalecimiento de nuestra agricultura, que es en sí mismo la reactivación económica de una gran población que sigue en el campo. Tenemos que generar políticas de estabilidad y desarrollo de agro y la soberanía alimentaria”, enfatizó.
Grant Leaity, representante de la FAO Ecuador, sostuvo que el objetivo del Foro es socializar con los actores del Estado y la sociedad las estrategias encaminadas a garantizar la soberbia alimentaria en el cambio climático y promover espacios para crear sinergias entre quienes estén comprometidos en el tema.
“Todos estos problemas los hemos comenzado a reflexionar y hemos empezado a debatir cómo podemos aportar desde nuestro sitio”, resaltó, por su parte, la Coordinadora Regional del Frente Parlamentario contra el Hambre, María Augusta Calle, quien ha impulsado la creación de estos organismos en los parlamentos de la región “para luchar contra el hambre, pelear juntos y hacer leyes que sirven para todos”. De 50 legisladores que conformaban estos frentes ahora son 600, de 18 países de América Latina y el Caribe, reseñó.
Destacó que en nuestra región ha disminuido 64 a 32 millones el número de personas que sufren hambre y resaltó que los parlamentos deben luchar para que ninguna persona muera por esta causa en el mundo. Este llamado lo hizo después de revelar algunas cifras.
Explicó que según la FAO para el 2050 el mundo tendría que aumentar la producción agrícola en el 60% para que no haya una persona en el mundo que se acueste sin comer y que para esa fecha los Estados se han propuesto el reto tener hambre cero. Sin embargo, dijo que esa meta se enfrenta a algo serio que es el cambio climático que afecta fundamentalmente a las regiones más pobres del mundo. La disyuntiva es buscar formas diferentes de ganadería, es ahí donde necesitamos que la ciencia ponga sus ojos, nos den salidas, expresó.
También sostuvo que para el 2050 va a disminuir un 40% de especies de peces en los trópicos. No obstante, aseguró que más complicados estamos cuando no tomamos en cuenta los desperdicios de alimentos que se producen, que no solo son de los que están o son consumidos, sino de cuando se cosecha mal, cuando no se utiliza todo lo que se puede utilizar de una planta. Eso depende de nosotros. Espero que esta sea una jornada en la que todos reflexionemos, manifestó.
Por dos horas quedaron atrás las bancadas y los partidos políticos, porque el Pleno de la Asamblea Nacional tuvo como huéspedes a decenas de niñas de los colegios Simón Bolívar, Nacional Yaruquí, Gran Colombia, 24 de Mayo y Manuela Cañizares, que ocuparon las curules para la sesión plenaria de niñas, en la que se aprobó de forma unánime la Resolución de Ciudades Seguras para las Niñas, como parte de la conmemoración del Día Nacional de la Niña, que se instauró en Ecuador hace tres años y se celebra cada 11 de octubre.
Esta resolución se entregará a las autoridades del Parlamento, la Función Ejecutiva y a la Conferencia Internacional Habitat III, con el objetivo de promover en los estados participantes la inclusión en la nueva Agenda Urbana la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.
Grandes avances
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, saludó a las estudiantes y recordó que el Parlamento del Ecuador es el único del mundo que ha reconocido al 11 de octubre como el Día de la Niña. “Esta es para recordar la gestión que debe impulsar un Estado para garantizar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, construir normativas y políticas públicas orientadas a protegerlas de la violencia y buscar una sociedad de paz”, aseguró.
Recordó que en este período de gestión se aprobó el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tipifica el femicidio y toda forma de abuso, explotación y violencia, como la trata de personas, especialmente contra niñas o adolescentes. Además de leyes como la de Ordenamiento Territorial que plantea construir espacios seguros para la recreación en igualdad de condiciones.
La presidenta de la Asamblea Nacional destacó el artículo 6 de la resolución aprobada por las jóvenes estudiantes que, a manera de legisladoras, expresaron su voto desde sus curules, la cual emplaza a los medios de comunicación a informar para construir ciudades seguras y promover el respeto a la mujer. En este sentido, dijo, todos nos tenemos que convertir en veedores para exigir a los medios de comunicación respeto a la no discriminación, a evitar programas con contenidos sexistas o que planteen estereotipos para la mujer.
Importancia del debate
Marisol Peñafiel, presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, , aseguró que las luchas de las mujeres empiezan en edad temprana. “Hay que impedir que los derechos de las niñas se invisibilicen. Las mujeres somos el grupo humano que vivimos más violencia, porque es parte del ejercicio desigual del poder entre hombres y mujeres. “A través del debate se construye una generación con enfoque de género. Esto nos permite ejercer ciudadanía plena, construir espacios distintos”, explicó.
Lo que la resolución establece es la asignación de recursos para implementar la nueva agenda urbana, además que las ciudades se conviertan en espacios que tengan conciencia sobre la situación de las niñas y los valores como protagonistas de cambio. Además se conmina a diferentes entidades para la construcción de ciudades en donde se viva en paz, exista integración, derecho al arte, al ocio, educación y eso vaya de la mano del bienestar colectivo.
Gabriela Rosero, ministra Coordinadora de Desarrollo Social, dijo que se generan políticas públicas enfocadas a erradicar la violencia de género. “Tenemos desafíos pero dejamos un legado de 10 años en donde las políticas sociales se construyen desde una visión diferente, en donde la igualdad de oportunidades es vista como una realidad”, enfatizó.
“Qué alegría ver en el Pleno, que lleva el nombre de la primera diputada del país Nela Martínez, a niñas que decidieron tomar la palabra y hacerse escuchar. Este es uno de los temas compartidos durante estos tres años y medio y con ustedes ratificamos esa amplia participación, pues son parte de una nueva generación de un país que se construye con equidad”, aseguró Gabriela Rivadeneira, quien cerró su intervención con la frase: “Por qué callar si nací gritando”, con la que invitó a las niñas a no callar jamás, cuando se trata de hacer que se respeten sus derechos.
Niñas y adolescentes de todo el país tomarán posesión, de manera simbólica, de la Asamblea Nacional para llevar a cabo una sesión plenaria, en la que tienen planificado aprobar la ‘Resolución de Ciudades Seguras para las Niñas’ como parte de los actos de conmemoración del Día Nacional de la Niña.
La resolución será entregada a las autoridades de la Asamblea Nacional, la Función Ejecutiva y posteriormente a la Conferencia Internacional Habitat III, con el fin de promover que los Estados participantes incluyan en la Nueva Agenda Urbana la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.
Las niñas y adolescentes estarán acompañadas por asambleístas que forman parte del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, dirigida por Marisol Peñafiel.
La “toma de posesión de la Asamblea Nacional” por parte de niñas y adolescentes forma parte de una iniciativa global impulsada por la organización Plan Internacional. En Ecuador niñas y adolescentes se convertirán en alcaldesas, prefectas, directoras de empresas, profesoras de universidad o conductoras de televisión.
En total, está previsto que en el país haya un centenar de estos actos simbólicos que pretenden poner de manifiesto que las niñas y adolescentes pueden ocupar espacios de representación.
Esta iniciativa forma parte de las actividades organizadas para celebrar el Día Nacional de la Niña que fue proclamado por la Asamblea en el año 2013.
PV
Es importante reconocer que en el Ecuador la muerte materna por complicaciones en el embarazo y parto se ha reducido de manera significativa gracias a los servicios permanentes de atención en salud, sobre todo el control prenatal y las medidas de prevención que se toman a través de la educación en salud.
Una ley que eleva la importancia que toma el Estado a este tema es importante, sobre todo a las puertas de una reforma en el Código de la Salud que le ha tomado a la Asamblea Nacional varios años.
Quisiera realizar algunas observaciones con el fin de aportar a la propuesta, porque si se requieren algunas precisiones sobre los términos de salud pública para comprensión del Sistema Nacional de Salud. En el artículo primero se habla de las prestaciones de atención sanitaria esencial e integral, cuando el sistema brinda prestaciones de Atención en Salud , que son tanto bienes y servicios de salud integral. Considero además que la ley es importante resalte en el artículo tres que se habla tanto del postparto como el puerperio pues se necesita un atención integral en todo el proceso de recuperación del cuerpo de la mujer y es donde se presenta también un riesgo a la vida de la madre, también este período esta íntimamente relacionado con la lactancia.
En el artículo de los Fines de la Ley propongo a este pleno y a la comisión se agregue la importancia de Reducir las muertes maternas, así como brindar a la madre y su familia un servicio de salud de calidad y calidez.
En el artículo 13 propongo que además del control prenatal y posparto, se realice el control puerperal, sobre todo a través de la educación para la salud, para que las mujeres y sus familias reconozcan los signos y síntomas que puedan señalar un riesgo para la madre. Además que este control prenatal sirva para que los servicios de salud sobre lactancia materna se combinen y se brinde una educación y atención a las madres sobre todo primerizas para que conozcan los procedimientos naturales de la preparación para la lactancia.
En el artículo 14 numeral 4 quisiera proponer al Pleno de la Asamblea que en el informe que diga si el parto es normal o de riesgo, se detalle las razones del diagnóstico, se explique a la madre, sobre todo si es de riesgo, así mismo se trabaje con servicios sociales para informar adecuadamente a la familia y esta información sea culturalmente adecuada, tomando en cuenta cuando sea posible entregar información en el idioma o lengua propio de la mujer y la familia.
Señoras y Señores Asambleístas el artículo 15 sobre la violencia obstétrica debería ser analizado en tanto debemos definir claramente los elementos que constituyen esta violencia, que por supuesto existe cuando hay asimetría de la información entre pacientes y el equipo de salud, pero el numeral 5 no define quien o quienes calificarán estas faltas o qué significa uso de técnicas y prácticas innecesarias. En el mundo se tienen experiencias de contar en cada hospital con un comité interno que analiza este tipo de casos. Tampoco en la ley se establece las consecuencias de la violencia obstétrica que no debe constar en un reglamento sino en la propia ley.
Finalmente señora Presidenta en el artículo 19 sobre la auditoría de los servicios considero que es necesario que se realice una auditoria y un registro de las personas que por conocimientos ancestrales y educación de una cultura o nacionalidad es partera o partero , pues requerimos también reconocer estas prácticas y que coordinen con el la medicina alopática u occidental.
