Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Con la presencia de representantes del Consejo de la Judicatura, de jueces de la Corte Nacional de Justicia, de las Federaciones de Judiciales y de Notarios, de la Procuraduría, del Ministerio de Justicia, de la Contraloría y abogados en libre ejercicio profesional, la Comisión de Justicia dio paso a la jornada de evaluación de la aplicación del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), en sus primeros seis meses de vigencia.
El asambleísta Mauro Andino, presidente del organismo parlamentario, dijo que la comunidad jurídica de todo el país está a la expectativa de conocer las cifras de lo que ha representado la puesta en marcha del código, al enfatizar que nunca es suficiente la creación de nuevas leyes sin la voluntad de cambiar las viejas prácticas de quienes trabajan en el sistema de justicia.
Es fundamental saber cómo se ha llevado la capacitación a los servidores judiciales, cómo se ha mejorado la infraestructura, si se han depurado los procedimientos en la práctica o todavía se presentan problemas, el uso de las herramientas de la oralidad como las audiencias y el manejo de la prueba en las mismas, la confianza por parte de los abogados litigantes con el cambio del protagonismo del expediente físico, si las soluciones son rápidas, imparciales y devuelven la tranquilidad a los usuarios del sistema judicial, precisó.
Mientras que Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura, ratificó que el Código de Procesos es el cambio procesal más importante de la vida republicana del Ecuador, tras presentar un informe sobre los estados de los procesos, tiempos procesales, intervención en las provincias más afectadas por el terremoto del 16 de abril, los desafíos, logros y beneficios alcanzados.
Indicó que 17.243 demandas han sido resueltas en materias de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Civil; Trabajo; Contencioso Administrativo; y, Contencioso Tributario, ya sea por sentencias, conciliación, abandono, desistimiento, allanamiento, abandono por falta de impulso, las cuales han tenido respuestas en promedio de 69 y 102 días y que antes duraban de 700 a 824 días. Aclaró que hay 4.350 demandas inadmitidas (5%).
Precisó que se ha desarrollado una capacitación permanente a nivel nacional: 2.163 jueces y secretarios capacitados con 546 horas de formación; 8736 abogados en libre ejercicio y estudiantes con 2.315 horas. También en los programas de capacitación virtual participaron 18.459 abogados del Foro, 11 cursos, con una oferta de 280 horas; 44 formadores a nivel país; 70 docentes universitarios formadores (curso de formador de formadores universitarios en el COGEP, 700 horas; y, 4.115 participantes en diferentes conferencias y charla magistrales.
La proponente del proyecto, Marisol Peñafiel, pidió que el tema sea tratado bajo el principio de reciprocidad de derechos y no más violencia. Informó que la propuesta nació luego de que conociera que un padre mató a patadas a su hijo por haber llorado, quien en el juicio argumentó que tenía todo el derecho de corregir a su hijo que lloraba sin control.
La asambleísta Marisol Peñafiel aclaró que este proceso también lo puede llevar el Registro Civil, según la Ley de Gestión de Identidad.
Para estos casos también se reducen los tiempos para la instalación de la audiencia, que ahora es de 60 días y hoy se propone que no sea en un término mayor a 10 días. Marisol Peñafiel propuso que se cambie por “plazo”, es decir 10 días calendario, a fin de que se garantice los principios de eficiencia, celeridad y economía procesal.
Ley de Cultura garantiza: Autonomía de la CCE, facilitación de afiliación de artistas a Seguridad Social y otorgamiento de fondos para cultura
Así lo ratificó el ministro Raúl Vallejo, quien reiteró que esta normativa beneficia no solo a los gestores culturales, sino a la ciudadanía en general
La semana pasada la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Cultura. En este contexto, el ministro del Ramo, Raúl Vallejo, resaltó logros como las reformas al Código Monetario y Financiero para garantizar fondos para cultura, la facilitación de la afiliación de artistas a la seguridad social y reiteró que se garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE).
Con la Ley de Cultura se cumple con un mandato de la Constitución. “Creo que es una ley no solamente para los artistas o los gestores culturales, sino para la ciudadanía. Por ejemplo, en términos patrimoniales, es una normativa que introduce, por primera vez, seguridad para el patrimonio inmaterial, pero además, promueve un sistema flexible de créditos con tasas de interés preferentes para conservación de patrimonio arquitectónico de privados”.
En términos de memoria social, dijo, al declararse como un servicio público todo lo que es la atención de museos, de bibliotecas y archivos, es importante porque permitirá medir, evaluar y mejorar constantemente el servicio de los museos a la ciudadanía. “La Ley se demoró un poco porque estábamos buscando fuentes o medios de financiamiento que permitiesen que la normativa tenga las bases legales para gestionar todos los aspectos culturales”.
Se logró reformas al Código Monetario y Financiero para otorgar fondos para la cultura, informó. “Eso es muy importante, no estaba en las líneas del Código Monetario, no había nada de eso. Hoy, por ley, alguien que quiere financiar un proyecto de emprendimiento puede acudir a la banca pública porque ya está catalogada como prioritaria”.
Además, dijo, el fondo de cultura y creatividad se alimenta con un remanente del antiguo fondo de cultura que es de aproximadamente US$28 millones. “Ese es el aporte oficial para el fondo, pero además, se mantiene el 5% de los excedentes del exbanco ecuatoriano de desarrollo”.
“Al crearse el Instituto de Fomento a las Artes y la Creatividad vamos a tener una institución con presupuesto propio para todo lo que son fondos concursables y otros tipos de apoyo. Entonces, hoy día, para la emisión de los fondos concursables, logramos que eso esté en gastos corrientes, de tal forma que pase a ser parte del presupuesto”, indicó.
Vallejo reiteró que con la organización del Sistema Nacional de Cultura queda establecida y además, todo el proceso de fomento a las artes y creatividad, se basa en el proceso de libertad de creación. Esto es muy importante porque todo esto se basa en el principio de la libertad de creación de artistas y gestores culturales con la libertad de emprendimiento para poder desarrollar lo que es la actividad cultural”.
El Ministro de Cultura recalcó que esta normativa garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura. “Amplía la participación de actores culturales en las asambleas provinciales. Eso es muy importante porque en muchas provincias del país, la CCE es el referente para poder acceder a estos espacios”.
Además, la Ley de Cultura facilita la afiliación de los artistas a la Seguridad Social, comunicó el Secretario de Estado. (JPM)
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818811274&umt=ley_cultura_garantiza_autonomia_cce_facilitacion_afiliacion_artistas_a_seguridad_social_y_otorgamiento_fondos_para_cultura
Este martes, desde las 09:30, en el Pleno de la Asamblea Nacional se realizará el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Notarial y también el primer debate del proyecto de de Ley Orgánica para una Niñez y Adolescencia Libre de Castigo Físico y Tratos y Penas Degradantes.
Con respecto a la reforma a la Ley Notarial, en el procedimiento de elaboración del informe para segundo debate, se trató la necesidad y oportunidad de las observaciones presentadas durante el primer debate. Además, hubo sugerencias presentadas por escrito en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
Dentro de las observaciones se acordó que solo en el caso de que un documento cuente con firma electrónica, el notario no puede dar fe de la autenticidad, exactitud y fuerza probatoria de la impresión de un mensaje de datos, registros electrónicos, páginas web, mensajes de texto. Además la impresión de un mensaje de datos o documento electrónico y la transcripción de un mensaje de datos. Sin embargo, esto no significa que no haya la posibilidad de usar mensajes de datos en un juicio, pues existen otros mecanismos procesales como los peritajes que darán valor probatoria a esa información.
Según el informe, el documento válido para el reconocimiento de la unión de hecho no puede ser únicamente la sentencia, pues eso implicaría que previo al trámite de la disolución de bienes, las partes deban acudir ante un juez que resuelva sobre la existencia de la unión de hecho, tomando en cuenta que no existe obligación de formalizar dicha unión ante notario. Para solicitar la disolución bastaría con presentar la sentencia o el acto notarial del reconocimiento de la unión de hecho.
Se insiste en la necesidad de simplificar los trámites y facilitar el perfeccionamiento de las decisiones voluntarias. Lo que se prevé es acordar los términos para evitar trámites innecesarios, si desde el inicio existe la voluntad de las partes. Queda claro que la unión de hecho genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.
Los miembros de la comisión además acogieron la observación presentada por el Consejo de la Judicatura y la Federación Ecuatoriana de Notarios, en lo que respecta a las atribuciones de los notarios de declarar extinto el usufructo y amplían esta atribución para extinguir los derechos de uso y habitación. Se considera que se debe precautelar el interés social de los usuarios. Este y otros temas respecto a este proyecto de ley se debatirán el martes.
MC/pv
El asambleísta Mauro Andino Reinoso, presidente de la Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, convocó a la sesión 265.
La reunión se efectuará el miércoles 16 de noviembre de 2016, a partir de las 9:30, en el salón de los ex presidentes, ubicado en el segundo piso del edificio de la Asamblea Nacional.
En esta ocasión, el organismo parlamentario recibirá al doctor Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, quien expondrá sobre el proceso de implementación del Código Orgánico General de Procesos en consideración a sus seis primeros meses de entrada en vigencia.
Ley de la Contraloría
Además, en el orden del día consta el debate del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa del penúltimo inciso del numeral 3 del artículo 57, del primer inciso del artículo 71; y, del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
El tema se refiere al trámite de excepciones que pudieran interponer los herederos en defensa de los intereses del causante frente a una acción coactiva que pudiera ejercer la Contraloría, que no implica que los herederos deben obligarse a asumir, con cargo a los bienes de su peculio personal, responsabilidades civiles, penales o de cualquier otra índole, por actos u omisiones administrativas de los cuales no son responsables.
También se habla de la facultad de la Contraloría para pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado y los actos de las personas sujetas a la ley, así como para determinar responsabilidades, en caso de haberlas, que caducarán en siete años contados a partir en que se hubieren producido tales actividades o actos y no desde la fecha de órdenes de trabajo.
MG
Para Marisol Peñafiel esta normativa —planteada por iniciativa del Ejecutivo en 2009— se construyó en los diferentes espacios ciudadanos.
"Se recogieron propuestas de los diversos sectores, para terminar con alrededor de 17 normativas dispersas y reglamentos inservibles, que no permitían cumplir lo que dice el texto constitucional, la creación de un sistema que garantiza derechos en lo que respecta a la cultura. Un sistema que sea operativo, eficaz y garantista".
Otra de las propuestas llegó de la asambleísta Dora Aguirre, quien pidió que también se incorporen observaciones realizadas por escrito, para que los ecuatorianos residentes en el exterior estén integrados y que el Registro Único de Gestores Culturales esté abierto para quienes residen en el exterior.
En el articulado final se establece la creación de un fondo de fomento para las artes, la cultura y la innovación, que se encargará de asignar recursos con el carácter de no reembolsables, además de establecer líneas de crédito por parte de la banca pública para los actores y gestores culturales, que no tenían la posibilidad de acceder a estos.
Para ello se establecen reformas al Código Monetario y Financiero. También se elimina del cuerpo legal la contribución del 10% de la recaudación total en las salas de cine comercial que exhiban películas de producción extranjeras. Además se establece una certificación de competencias para los actores culturales.
La ponente del proyecto y vicepresidenta de la Comisión de Educación, Ximena Ponce, explicó que se hacen precisiones en lo referente al Sistema Nacional de Bibliotecas, el cual estará bajo el régimen de la Red Nacional de Cultura. Sobre la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), Ponce manifestó que se garantiza su autonomía administrativa y financiera.
La elección y designación de representantes de esta institución estará a cargo de la Junta Plenaria de la CCE y ya no del Consejo Nacional Electoral, como se lo venía realizando. Precisó que no hay ningún cambio en la Ley de la Casa de Montalvo, sino que más bien se integra esta institución a la Red Nacional de Cultura.
También se fomenta la lectura, para lo que se determina que el Ministerio de Educación será el encargado de promocionar el concurso de libro leído en los planteles educativos. La normativa será enviada en los próximos días al Ejecutivo para su sanción u objeción. (I)
http://www.eltiempo.com.ec/noticias/ecuador/4/402183/la-asamblea-nacional-aprueba-la-ley-de-cultura
Con 82 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves la Ley Orgánica de Cultura. La votación registró además 18 abstenciones. La normativa crea el Sistema Nacional de Cultura para potenciar la acción pública en el cuidado del patrimonio y el fomento de la creatividad de manera integral y en todos los territorios. También reconoce los derechos laborales de los artistas y gestores culturales. En la sesión 411, el asambleísta Virgilio Hernández hizo varias puntualizaciones sobre el régimen laboral pues, según explicó, a través de esta normativa no se puede generar un régimen especial para los gestores culturales que ya están formalizados. Además, el legislador hizo notar que se establece un régimen de sanciones, pero no existen artículos que indiquen un mínimo procedimiento sancionador, lo cual para Hernández, la volvería inconstitucional. "La persona no tiene derecho a impugnar y seguir el debido proceso en caso de que se establezca una sanción, por lo que para salvar un tema de inconstitucionalidad, deben establecerse artículos de un procedimiento sancionador". Para Marisol Peñafiel esta normativa- planteada por iniciativa del Ejecutivo en 2009- se construyó en los diferentes espacios ciudadanos. "Se recogieron propuestas de los diversos sectores, para terminar con alrededor de 17 normativas dispersas y reglamentos inservibles, que no permitían cumplir lo que dice el texto constitucional, la creación de un sistema que garantiza derechos en lo que respecta a la cultura. Un sistema que sea operativo, eficaz y garantista". Otra de las propuestas llegó de la asambleísta Dora Aguirre, quien pidió que también se incorporen observaciones realizadas por escrito, para que los ecuatorianos residentes en el exterior estén integrados y que el Registro Único de Gestores Culturales esté abierto para quienes residen en el exterior. En el articulado final se establece la creación de un fondo de fomento para las artes, la cultura y la innovación, que se encargará de asignar recursos con el carácter de no reembolsables, además de establecer líneas de crédito por parte de la banca pública para los actores y gestores culturales, que no tenían la posibilidad de acceder a los mismos. Para ello se establecen reformas al Código Monetario y Financiero. También se elimina del cuerpo legal la contribución del 10% de la recaudación total en las salas de cine comercial que exhiban películas de producción extranjeras. Además se establece una certificación de competencias para los actores culturales. La ponente del proyecto y vicepresidenta de la Comisión de Educación, Ximena Ponce, explicó que se hacen precisiones en lo referente al Sistema Nacional de Bibliotecas, mismo que estará bajo el régimen de la Red Nacional de Cultura. Sobre la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), Ponce manifestó que se garantiza su autonomía administrativa y financiera. La elección y designación de representantes de esta institución estará a cargo de la Junta Plenaria de la CCE y ya no del Consejo Nacional Electoral, como se lo venía realizando. Precisó que no hay ningún cambio en la Ley de la Casa de Montalvo, sino que más bien se integra esta institución a la Red Nacional de Cultura. También se fomenta la lectura, para lo que se determina que el Ministerio de Educación será el encargado de promocionar el concurso de libro leído en los planteles educativos. La normativa será enviada en los próximos días al Ejecutivo para su sanción u objeción. (I)
Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/proyecto-de-ley-de-cultura-volvio-al-debate-en-la-asamblea
Se cumple el mandato constitucional con la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura
En el año 2009 el Presidente de la República Rafael Correa Delgado envía a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Cultura, y en septiembre de ese año se conforman varias comisiones ocasionales que tratan de manera independiente pero integral el sector social del Régimen del Buen Vivir. Se conformaron las comisiones especializadas ocasionales de Comunicación, la de Deporte, la de Educación General y la de Cultura. Todas estas comisiones recibieron innumerables observaciones y fueron constantemente atacadas en un intento de no aprobación.
Para la Comisión Ocasional de Cultura desde su funcionamiento fue importante reconocer que se requería la codificación de la materia de cultura, protección de bienes culturales, incentivos, que se encuentran en alrededor de 17 leyes, varios reglamentos y decretos ministeriales y que por ser un derecho que se encuentra garantizado por la Constitución de la República en los artículo 21 al 25 debía tener el carácter de orgánica, y que se requería cumplir con el mandato de la Constitución al organizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura que determina el artículo 377 al 380 de la Carta Magna.
Este mandato no se puede perder de vista porque el Sistema Nacional de Cultura debe fortalecer la identidad nacional, la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la creación artística, el disfrute de bienes y servicios culturales, y salvaguardar la memoria y patrimonio cultural. En este último punto quiero resaltar en el 2008 con la creación de un ministerio de patrimonio se empezó a configurar la funcionalidad del sistema empezando por las áreas museológicas, la protección de bienes patrimoniales, poder en orden la casa, en tanto no existía en el país en pleno siglo XXI un registro ni catastro de los bienes patrimoniales!. La lucha contra el tráfico de bienes patrimoniales era un asunto casi imposible. Para el año 2009 se habían registrado más de 75 mil piezas, sin embargo la dispersión normativa y la falta de una norma integradora no permitía por un lado la penalización de los delitos de manera correcta, dificultaba la coordinación entre entes creados antes de 2008 y no permitía que se clasifiquen las políticas culturales en otras áreas que no sea el patrimonio de bienes históricos y el repensar los espacios culturales como salas de exposición, museos, teatros, espacios públicos desde un nuevo enfoque de interacción con la ciudadanía y un equilibrio con los incentivos a las industrias culturales.
La cultura no son únicamente las 7 artes plásticas, no se expresan únicamente en los museos, también son artes los expresiones de conocimientos ancestrales, las expresiones culturales originarias pero que se adecuan y transforman en el territorio. Por tanto el enfoque intercultural y multiétnico era un mandato que asumimos en la Comisión. Sin embargo los tiempos en la Asamblea de 2009 frente a la oscuridad de la aplicación de la Consulta Prelegislativa y lastimosas visiones erradas de lo que implica la complejidad de la Cultura hizo que se transforme un buen informe de primer debate donde se reconocía como dice la Constitución a la Función Ejecutiva la rectoría de las políticas públicas culturales y se establecían tres subsistemas donde la Casa de la Cultura Ecuatoriana se le reconocía su autonomía de gestión financiera y administrativa y actuación en el marco de la rectoría del Ministerio encargado que constaba en el artículo 71 del Informe de primer debate aprobado el 21 de noviembre de 2009.
En ese informe antes de la Ley de Comunicación como miembro de la Comisión Ocasional establecimos mecanismos de fomento a las artes a través de cuotas de pantalla en cine y televisión, la educación en Artes, la protección social y derechos laborales a los artistas, los aportes de las salas de cine y telefonía móvil. Las propuestas fueron socializadas y debatidas desde entonces con cientos de observaciones y mesas de trabajo para crear una verdadera Ley Orgánica de Cultura que estructure un sistema nacional, tenga un enfoque innovador de las Artes y las Culturas.
La Sentencia de la Corte Constitucional sobre el procedimiento básico de las Consultas Prelegislativas fue posterior a la aprobación de informe de segundo debate y pese a que se realizó la correspondiente consulta prelegislativa, no se aprobó un informe de segundo debate que incorporara los resultados de la consulta sino que posteriormente se entregó un alcance al informe que fue revisado incluso en 2013. El procedimiento, los documentos y los resultados por tanto requerían de una revisión de la actual comisión de Educación para que el Pleno de la Asamblea valore toda la documentación a la luz del espíritu constituyente como de los resultados del debate en el pleno de la Asamblea en 2009 y los resultados de la consulta prelegislativa.
Finalmente muchas de las necesidades del sector cultural que requerían una respuesta inmediata ante el complejo proceso e irregular convocatoria de debate que se llevó en la comisión ocasional, la Asamblea Nacional tomó muchas de las propuestas y las incorporó en leyes como la de comunicación, el COIP, las leyes de Educación intercultural y de Educación Superior, la creación de la Universidad de las Artes y el fortalecimiento a nivel de política pública que han reconocido los subsistemas y que por el análisis y participación que ha realizado la comisión volvemos a recuperar el espíritu de muchos textos del primer debate como la rectoría del sistema nacional de cultura y se agrega la rectoría del sistema integral de información cultural.
Hoy la Asamblea Nacional del Ecuador cumple con su deber de aprobar por mandato constitucional una Ley Orgánica de Culturas, con obligaciones para el fomento de las Artes, las Culturas y la Innovación, derechos de los gestores culturales, relación armónica y de apoyo con el sector privado. Les invito a revisar el informe final que se encuentra en la Página de la Asamblea Nacional para que conozcan con veracidad esta ley que esperemos profundice los cambios en el sector Cultura en nuestra Patria.
Fraternalmente,
Marisol Peñafiel Montesdeoca Asambleísta por la Provincia de Imbabura
Con 90 asambleístas presentes, a las 10:23 se instaló la sesión del Pleno, para continuar el segundo debate del proyecto de Ley de Cultura, en el que los asambleístas coinciden en la importancia de crear un fondo de cultura, ya que sin financiamiento es imposible que la normativa se aplique. Otro de los puntos topados fue la inclusión de un procedimiento sancionador.
Para los asambleístas de la provincia de Tungurahua una de las preocupaciones es el funcionamiento de la Casa de Montalvo. Esteban Torres asegura que si la ley se aprueba tal como está, se imposibilitaría su normal desenvolvimiento, porque chocaría con la normativa para la creación de la Casa de Montalvo de 1989, que la nueva normativa no deroga. Con ese criterio coincidió Betty Jerez, para quien es necesario garantizar la estabilidad de la entidad, que nació de los ciudadanos y se juntó al apoyo estatal. “Para los pueblos y nacionalidades esta ley es un avance, porque se garantizan los derechos ancestrales, pero hay puntos que deben considerarse”, aseguró Jerez.
La Legisladora Alexandra Ocles dijo que la aprobación de esta ley es una deuda pendiente de la Constitución de 2008 y que ordenar el Sistema Nacional de Cultura le permite al país crear una serie de políticas culturales que incidan en el cambio de las formas de convivencia y patrones culturales, que para ella, son una herramienta vital para regular esas normas. Sugirió a la Comisión de Educación y Cultura que se incluya a los pueblos y nacionalidades. Además pidió que en lo que respecta a la Compañía Nacional de Danza, se le otorgue autonomía administrativa y financiera.
Sanciones
El asambleísta Virgilio Hernández hizo varias puntualizaciones. La principal tiene que ver con el Régimen Laboral, pues según explicó, a través de esta ley no se puede generar un Régimen Especial para los gestores culturales que ya están formalizados. Además hizo notar que se establece un régimen de sanciones, pero no existen artículos que indiquen un mínimo procedimiento sancionador, lo cual para Hernández, la volvería inconstitucional. “La persona no tiene derecho a impugnar y seguir el debido proceso en caso de que se establezca una sanción, por lo que para salvar un tema de inconstitucionalidad, deben establecerse artículos de un procedimiento sancionador”, dijo.
Para Marisol Peñafiel, esta normativa planteada por iniciativa del Ejecutivo en 2009 se construyó en los diferentes espacios ciudadanos. “Se recogieron propuestas de los diversos sectores, para terminar con alrededor de 17 normativas dispersas y reglamentos inservibles, que no permitían cumplir lo que dice el texto constitucional, la creación de un sistema que garantiza derechos en lo que respecta a la cultura. Un sistema que sea operativo, eficaz y garantista”, explicó.
Otra de las propuestas llegó de la asambleísta Dora Aguirre, quien pidió que también se incorporen observaciones realizadas por escrito, para que los ecuatorianos residentes en el exterior estén integrados y que el Registro Único de Gestores Culturales esté abierto para quienes residen en el exterior.
MC/pv
