Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
En la sesión 266, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado prevé conocer las observaciones presentadas sobre el informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico Administrativo. La reunión se efectuará este miércoles 23 de noviembre de 2016, a las 10:00.
Una ley para el ciudadano
El código tiene una visión diferente del derecho administrativo, pues se enfoca desde la centralidad del ciudadano y desde su participación activa frente a la administración pública, considerando que en una democracia avanzada, las personas ya no son sujetos inertes o simples receptores de servicios públicos. Ahora, en un Estado de derechos y justicia, los ciudadanos son actores activos y participativos en la construcción de una nueva administración pública.
En esta línea, la propuesta incluye un catálogo de derechos y deberes de las personas, con la finalidad de buscar la concienciación de que todos somos responsables para conseguir una buena administración pública. En nuestro Estado social de derechos y justicia, la base de los principios es estructurante del respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos.
Desarrolla los principios de la Constitución
El artículo 227 de la Constitución determina que la administración pública es un servicio a la colectividad que está regida por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
Tales principios adquieren un valor trascendental en la aplicación de las disposiciones contenidas en el proyecto, pues tienen la calidad de informadores e interpretativos de esta normativa. Además, cumplen dos funciones: limitar la actuación administrativa y asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas.
Relación entre las personas y la administración pública
El código responde a la necesidad de hacer frente a la mal normada actividad de la administración pública, a los límites imprecisos de las competencias de sus organizaciones; se inscribe en el marco del contacto directo entre la ciudadanía y el poder político, cuyo fin es la satisfacción inmediata de los intereses públicos.
Evita la dispersión normativa y los procedimientos administrativos difusos, más aún cuando ha sido una constante en nuestro ordenamiento jurídico que la mayoría de instituciones públicas cuenten con sus propios procedimientos administrativo y sancionador lo que ha creado un caos en la práctica afectando directamente al ciudadano.
Su aprobación supone un hecho histórico en el Ecuador dado que, por primera vez, cuenta con una norma reguladora del procedimiento administrativo, que se aplicará a todos los órganos y entidades del sector público.
MG/pv
En la sesión 266, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado prevé conocer las observaciones presentadas sobre el informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico Administrativo. La reunión se efectuará este miércoles 23 de noviembre de 2016, a las 10:00.
Una ley para el ciudadano
El código tiene una visión diferente del derecho administrativo, pues se enfoca desde la centralidad del ciudadano y desde su participación activa frente a la administración pública, considerando que en una democracia avanzada, las personas ya no son sujetos inertes o simples receptores de servicios públicos. Ahora, en un Estado de derechos y justicia, los ciudadanos son actores activos y participativos en la construcción de una nueva administración pública.
En esta línea, la propuesta incluye un catálogo de derechos y deberes de las personas, con la finalidad de buscar la concienciación de que todos somos responsables para conseguir una buena administración pública. En nuestro Estado social de derechos y justicia, la base de los principios es estructurante del respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos.
Desarrolla los principios de la Constitución
El artículo 227 de la Constitución determina que la administración pública es un servicio a la colectividad que está regida por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
Tales principios adquieren un valor trascendental en la aplicación de las disposiciones contenidas en el proyecto, pues tienen la calidad de informadores e interpretativos de esta normativa. Además, cumplen dos funciones: limitar la actuación administrativa y asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas.
Relación entre las personas y la administración pública
El código responde a la necesidad de hacer frente a la mal normada actividad de la administración pública, a los límites imprecisos de las competencias de sus organizaciones; se inscribe en el marco del contacto directo entre la ciudadanía y el poder político, cuyo fin es la satisfacción inmediata de los intereses públicos.
Evita la dispersión normativa y los procedimientos administrativos difusos, más aún cuando ha sido una constante en nuestro ordenamiento jurídico que la mayoría de instituciones públicas cuenten con sus propios procedimientos administrativo y sancionador lo que ha creado un caos en la práctica afectando directamente al ciudadano.
Su aprobación supone un hecho histórico en el Ecuador dado que, por primera vez, cuenta con una norma reguladora del procedimiento administrativo, que se aplicará a todos los órganos y entidades del sector público.
MG/pv
El Consejo Nacional para la Igualdad de Género junto a la Asamblea Nacional en el marco del Plan para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, realizarán, en conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un Memorial por las víctimas de femicidio y sus familias, evento.
El objetivo de este acto simbólico, que se realizará el próximo viernes, a las 10h30, en la Asamblea Nacional, es recordar a las mujeres que han fallecido a consecuencia de violencia de género, reconociendo el valor de las familias, reafirmando el compromiso del Estado en continuar adoptando medidas para prevenirla, sancionarla y erradicarla.
Los esfuerzos desde el Estado para eliminar la violencia de género en el país, se muestran con el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, política nacional de Estado creada en el 2008, con la finalidad de abordar de manera integral e interinstitucional la erradicación de la violencia de género a nivel nacional.
Como se recuerda, la Asamblea Nacional tipificó en el nuevo Código Orgánico Integral Penal del 2014 la violencia contra las mujeres y miembros del núcleo familiar y el femicidio como delito, considerando la gravedad de la violencia de género en la vida de las mujeres.
Los asambleístas dieron paso, además, para que se tramite en segundo debate el proyecto de Ley para una Niñez y Adolescencia Libre de Castigo. Marisol Peñafiel, autora de la iniciativa, pidió que se la trabaje bajo el principio de reciprocidad de derechos y no más violencia. En comisión general se pronunciaron positivamente delegados del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Plan Internacional Ecuador y Unicef.
En esta semana la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley de Movilidad Humana, que busca normar varios tipos de desplazamientos humanos internacionales. La ley permite que los derechos de estas personas sean exigibles y se articulen con la Constitución. Rompe el paradigma para que ningún ciudadano sea considerado ilegal por su condición migratoria.
El proyecto de Ley Orgánica para una Niñez Libre de Castigo Físico y Tratos Degradantes será tema de análisis en la Comisión de Derechos Colectivos, luego que pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Según explicó la asambleísta Marisol Peñafiel, proponente del proyecto, se trata de hacer justicia en nombre de cientos de víctimas que mueren en manos de sus propios padres. Según dijo, la Asamblea no niega la posibilidad de la progresividad de derechos.
Marisol Peñafiel relató el caso de un niño que fue asesinato a golpes por su progenitor, en el cantón Pimampiro, provincia de Imbabura. El sujeto aseguró que era su deber reprender a su hijo. Ese episodio motivó a la legisladora a pensar en un proyecto de ley que le ponga un freno a este tipo de situaciones. “Existen antecedentes en Chile, Perú, México, Argentina y Paraguay, en donde se disminuyó la violencia. Hay que evitar que se reproduzca la violencia, porque un niño golpeado es un potencial agresor”, aseguró.
Trabajo coordinado
El proyecto busca la especificidad sobre el tema de la violencia contra los niños, porque en el país no está tipificada la tentativa, cuando un pequeño es asesinado o golpeado en manos de sus padres. La propuesta se centra en la prevención y el trabajo coordinado con los diferentes estamentos del Estado.
La propuesta incluye un plan de erradicación del castigo corporal que se articule con el Plan Nacional del Buen Vivir y que se instrumentalice a través de la política rectora que tienen los ministerios de Justicia y de Inclusión Económica y Social, con su brazo ejecutor que en este caso, es el Ministerio de Educación. “Es normal que se castigue cuando dos adultos se pegan, pero en el tema de derechos de niñez no se habla de forma clara. Por ley no vamos a cambiar los patrones culturales, pero debemos fomentar la cultura de la paz. Hay que erradicar el castigo corporal”, explicó.
Se espera que la normativa se analice de forma rápida para que siga el proceso respectivo hasta convertirse en ley.
MC/pv
Durante los debates, encuentros, investigaciones, mesas interinstitucionales nos hemos visto avocados a que el fenómeno de la violencia tiene múltiples variables causales y de riesgo de la violencia. Las que más nos preocupa como legisladoras y legisladores es la violencia que se naturaliza, la que se considera aceptable y tolerable. Una de ellas es el uso de la violencia física a las niñas y niños en el hogar, en la escuela, en los espacios públicos, en los centros de adolescentes infractores, en los lugares de trabajo cuando el adolescente puede trabajar, y se considera que no es violencia porque se justifica que es un método de disciplina, una forma de crianza que hace bien al niño o a la niña para enseñar límites o modos de convivencia.
Lo único que ha demostrado el uso del castigo físico aún el llamado leve como golpes, chirlazos, nalgadas, etc, y la violencia psicológica a través de la humillación es que produce en las niña y niños daños no solo emocionales sino físicos en su corteza cerebral. Es decir el daño es físico y permanente en un estado que se está desarrollando como ser humano. Lo señalan los informes de Naciones Unidas a través de representantes especiales, investigaciones regionales sobre los efectos del castigo corporal realizados por UNICEF a nivel latinoamericano, los informes mundiales que realizan diversos comités de Derechos Humanos del cual el Ecuador es suscriptor y por tanto obligado a su cumplimiento.
Muchos me dirán como hace eco la Comisión de Derechos Colectivos que la Constitución de la República y el Código de la Niñez y Adolescencia ya establecen claras prohibiciones del uso de la violencia de cualquier tipo contra todos los seres humanos y especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo no se señala la forma en que debemos entender la disciplina , la crianza positiva y la intervención estatal sobre el uso del castigo en las familias, la escuela.
Otros me dirán que en el COIP se establecen las sanciones cuando existe violencia intrafamiliar o lesiones. Sin embargo el derecho penal está pensado para sancionar los hechos consumados, en muy pocos tipos penales se sanciona la tentativa. Por tanto no hay un enfoque preventivo, tampoco se señala con especificidad órdenes para que los padres tomen medidas re-educativas, o la forma específica en que debe restituirse el derecho de un niño que sufre castigos físicos.
Se requiere entender desde una manera positiva y no solo sancionadora la erradicación del castigo corporal como un método de enseñar a los hijos a relacionarse con la sociedad y con sus propios padres. Si es intolerable que un adulto sea golpeado, con más razón un niño o niña que no puede defenderse y que muchas veces sus agresores con las personas que la sociedad les dice que son en quienes pueden confiar.
Las observaciones que realiza el Comité de la Convención de los Derechos del Niño dice que se requiere una legislación específica, no solo en lo penal o civil, incluso en el sector laboral, sistemas de cuidado, y de salud, para que quede claro que no hay un grado tolerable de uso de violencia física sobre los niños. Creemos que una cachetada , una patada no son nada, pero en realidad estamos afectando para siempre no solo a la víctima de violencia sino a la sociedad entera pues el uso de la violencia entonces si tiene justificaciones cuando es de los más fuertes a los más débiles, y que cualquier diferencia no se resuelve con el diálogo sino con el control. Que la enseñanza es dolorosa, y que lo importante es la obediencia sin reflexión. Les enseñamos a las niñas, niños y adolescentes que las personas que nos dicen amar tienen justificaciones para lastimarles. Un amor con castigo es un mensaje muy peligroso a las generaciones venideras, y somos responsables de que el Estado eduque, asista, apoye a los padres en procesos de crianza con métodos y valores basados en los Derechos Humanos.
Este proyecto de ley tiene por objetivo dar cumplimiento a las recomendaciones de los distintos Comités de Derechos Humanos, visibilizar que hay formas de violencia que todavía están naturalizadas y que esto debe cambiar.
Los principales argumentos que ha presentado la Comisión de Derechos Colectivos en su informe son la falta de necesidad de una ley sobre este tema porque no desarrolla derechos constitucionales, lo cual es errado en tanto la Constitución de la República en muchos de sus artículos señala que debemos establecer una cultura de paz, la erradicación de la violencia, el derecho a la dignidad humana, a la integridad física y el Principio de Interés Superior del Niño.
La Comisión también ha señalado que no es necesario desarrollar instrumentos internacionales de Derechos Humanos como tratados contra la Tortura, sin embargo eso no opinan los comités de al menos tres convenciones que el Ecuador es suscriptor, tanto que países de la región ya tienen legislaciones específicas sobre la erradicación del castigo físico.
También la Comisión ha señalado que genera gasto público que se implemente un plan contra la erradicación del castigo corporal, pero se ha olvidado que este pleno ha aprobado varias leyes donde consta el diseño y aplicación de planes nacionales como es la propia ley de Tierras, la Ley de Telecomunicaciones, La Ley de Educación Intercultural, y que todos estamos sujetos como gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados al Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente es ilógico pensar que las leyes no tienen impacto presupuestario. Toda norma tiene un costo. Les invito a leer el libro “El Costo de los Derechos” de Stephen Holmes que nos hace reflexionar sobre la relación de los derechos, la justicia distributiva, y el propio gasto fiscal en tanto la garantía de los derechos tiene un costo real en el presupuesto general del Estado.
Yo conmino a esta Asamblea Nacional para que solicite a la Comisión de Derechos Colectivos realice un esfuerzo por debatir este proyecto de ley, invite a niñas, niños, adolescentes a su mesa, a las organizaciones de la sociedad civil a los proponentes, y socializarla con los Ministerios de Estado sobre sus alcances. Considero que la propuesta trata de mejorar el marco normativo, las falencias que aun existen. Pido a los miembros del Grupo Parlamentario que no se archive la ley y que puedan con sus argumentos debatir con los miembros de la Comisión especializada permanente, pues creo que sus argumentos en el informe no han contrastado con las obligaciones que tenemos como estado suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño.
Marisol Peñafiel relató el caso de un niño que fue asesinato a golpes por su progenitor, en el cantón Pimampiro, provincia de Imbabura. El sujeto aseguró que era su deber reprender a su hijo. Ese episodio motivó a la legisladora a pensar en un proyecto de ley que le ponga un freno a este tipo de situaciones. “Existen antecedentes en Chile, Perú, México, Argentina y Paraguay, en donde se disminuyó la violencia. Hay que evitar que se reproduzca la violencia, porque un niño golpeado es un potencial agresor”, aseguró.
Trabajo coordinado
El proyecto busca la especificidad sobre el tema de la violencia contra los niños, porque en el país no está tipificada la tentativa, cuando un pequeño es asesinado o golpeado en manos de sus padres. La propuesta se centra en la prevención y el trabajo coordinado con los diferentes estamentos del Estado.
La propuesta incluye un plan de erradicación del castigo corporal que se articule con el Plan Nacional del Buen Vivir y que se instrumentalice a través de la política rectora que tienen los ministerios de Justicia y de Inclusión Económica y Social, con su brazo ejecutor que en este caso, es el Ministerio de Educación. “Es normal que se castigue cuando dos adultos se pegan, pero en el tema de derechos de niñez no se habla de forma clara. Por ley no vamos a cambiar los patrones culturales, pero debemos fomentar la cultura de la paz. Hay que erradicar el castigo corporal”, explicó.
Se espera que la normativa se analice de forma rápida para que siga el proceso respectivo hasta convertirse en ley.
MC/pv
El proyecto de Ley Orgánica de Cultura se encuentra ya en conocimiento del Ejecutivo, que deberá objetarlo o sancionarlo. La Asamblea Nacional lo aprobó el 10 de noviembre pasado. La norma garantiza los derechos culturales y la interculturalidad. Crea el Sistema Nacional de Cultura, sobre la institucionalidad existente.
Muchas son las ventajas. Con el proyecto se fortalece la identidad nacional; impulsa la libre creación, valoración y circulación de productos, servicios culturales y de los conocimientos ancestrales; reconoce los derechos laborales de los trabajadores de la cultura y el patrimonio, con la creación de un régimen de seguridad social.
A través de esta iniciativa se busca salvaguardar el patrimonio cultural y la memoria social, promueve su investigación, recuperación y puesta en valor; y, se fomenta las expresiones culturales y artísticas en todos los territorios. Además incentiva la descentralización y desconcentración de la institucionalidad de este sector y fortalece su articulación con los sectores educativos, turísticos, productivos, de ciencia y tecnología, entre otros.
Entre otros beneficios fomenta la educación artística y patrimonial para todos nuestros niños; impulsa el cine nacional y las expresiones de cultura y arte; promueve el respeto a la propiedad intelectual y conocimientos ancestrales; promueve la utilización eficaz y eficiente de los recursos públicos asignados a la cultura, así como el manejo transparente y rendición de cuentas.
El proyecto reconoce el derecho al uso del espacio público en el ámbito cultural y lo articula en una red a dispsición de los artistas, gestores y creadores; y, reconoce el derecho a la expresión cultural propia de colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, entre otras ventajas.
Las políticas culturales están orientadas a afirmar el Estado intercultural y plurinacional, con el fin de desarrollar la unidad en la diversidad, para ello se garantiza la participación ciudadana en todas las fases y espacios de gestión, planificación nacional y local en el ámbito cultural y se democratiza la toma de decisiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Con la norma se obliga al Estado para que genere las condiciones e institucionalidad necesarias para el reconocimiento, investigación, gestión, actualización, difusión, acrecentamiento y circulación de la memoria social; implemente medidas de protección adecuadas para evitar la importación y exportación de bienes culturales que tienen prohibición de ser comercializados o que han sido robados; otorgue incentivos y estímulos para que las personas y colectivos realicen actividades culturales y artísticas; y, políticas de fomento a la producción de bienes y servicios culturales para garantizar la soberanía cultural.
De igual manera, se fija los lineamientos para una política nacional de lectura y creación literaria y se crean dos fondos de financiamiento para la cultura.
LILA
El Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, fue otra de las autoridades que compareció ante la Comisión de Fiscalización por el tema Papeles de Panamá. El Fiscal resumió los procesos que ha llevado a cabo esta institución y dijo que han sido oportunos. Contó que en seis meses se han impulsado 17 causas penales, con 24 personas procesadas y 80 más investigados, relacionados con seis delitos. Se han realizado 381 diligencias.
Los legisladores consultaron sobre el cumplimiento del principio de celeridad en el caso de Carlos Pareja Yannuzzelli, ex ministro de Hidrocarburos. El Fiscal explicó que la asistencia penal internacional solicitada a Panamá, el 24 de mayo, ayudó a consolidar el caso y vincular a Pareja Yanuzzelli. Sin embargo, aclaró que el informe de la UAF, con 1.365 hojas, llegó a la FGE el 26 de septiembre y al fiscal del caso tres días después, por lo que no podía actuar sin respetar el debido proceso. Pareja salió del país el 28 de septiembre. Se debía estudiar el informe, ir a una audiencia con el juez y llevar evidencias, agregó.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, señaló que se siente decepcionada por la traición al pueblo y al gobierno por parte de los exfuncionarios. No vamos a parar hasta esclarecer los hechos, que los actos no queden en la impunidad y que se recupere el dinero del pueblo, dijo, mientras su compañera Marisol Peñafiel recordó que este caso es aislado y denunciado desde el propio gobierno. “Con todo el costo político que implique esto, nosotros denunciamos los actos de corrupción”, acotó.
Sobre Carlos P., el Fiscal informó que está procesado por presunta participación en enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos y peculado. Indicó que con base a las recomendaciones del pronunciamiento de la Comisión de Justicia, la Fiscalía recibió el informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal en contra de Pareja el 28 de octubre, el 10 de noviembre solicitó audiencia de formulación de cargos y el 23 de noviembre formula cargos contra el exfuncionario.
Entre los otros implicados está Alex B, que se encuentra privado de la libertad y cuya audiencia de dictamen acusatorio será el 31 de enero de 2017, por cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos y peculado; mientras que Marco C, afronta procesos por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado. También se encuentran exfuncionarios, contratistas, representantes de empresas proveedoras de Petroecuador y funcionarios, en los que se incluye a Pedro M., por presunto pejurio. En este caso investigaremos con objetividad. Este delito tiene precisiones que tienen que ser demostradas, manifestó.
Chiriboga aseveró que seis fiscales llevan los diferentes casos, mientras que él está a cargo de los procesos de Pedro M, y Carlos P. Aseguró que es falsa la acusación de que tiene alguna relación de amistad con este último, por una supuesta colaboración en el libro de su autoría “Al toro negro por los cuernos”. Simplemente fue subalterno de Galo Chiriboga en el Ministerio de Minas, hace siete años, sostuvo.
Explicó además que se han solicitado 15 asistencias penales internacionales a Panamá, Reino Unido, Suiza, China, Estados Unidos y Bahamas e información de alrededor de 30 cuentas bancarias. La Fiscalía se compromete a dar continuidad a esta investigación, añadió el funcionario. Expresó que esta permitirá saber qué y cómo ocurrieron los delitos.
Sobre los seis allanamientos señaló que se han incautado 19 bienes inmuebles con un avalúo comercial de 7,2 millones de dólares; 7 vehículos, por 319 mil dólares; 361 mil dólares y 650 euros en dinero en efectivo; y, 3,8 millones de dólares retenido en cuentas en Panamá.
