Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Este lunes, 24 de octubre, a las 08:30, se realizará el “Foro la Vacunación un Derecho y un Bien Público”, en la Asamblea Nacional. Lo organiza el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Su coordinadora, Marisol Peñafiel, explicó que el objetivo es debatir sobre el derecho a la salud de estos grupos sociales.
En este evento, también patrocinado por el Grupo Parlamentario Tránsito Amaguaña, Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Ecuador y Voces Ciudadanas, se abordará en especial el acceso seguro y gratuito a las vacunas durante todo el ciclo de vida. La discusión será desde un enfoque de género, generacional y con pertinencia cultural. Representantes de movimientos de niñas, niños y adolescentes, colegios, autoridades, asambleístas estarán presentes.
El Foro lo abrirá el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, William Garzón, delegado de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira; posteriormente Yasir Chará, Coordinador del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de Ecuador expondrá sobre el derecho a la salud y políticas de vacunación en el país.
Las asambleístas Marisol Peñafiel y Alejandra Vicuña disertarán sobre los retos legislativos en este tema y leyes para el buen vivir, respectivamente. Las voces ciudadanas estarán representadas en el discurso de Pilar Collantes, mientras que Nicky Bravo, coordinador del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Ecuador, hablará sobre la posición favorable hacia la vacunación y Fransheska Canto, del Movimiento Social de Niñas y Niños de Ecuador, presentará un proyecto.
Según la Convención de los Derechos del Niño, de la Unicef, “todo niño tiene derecho a la vida y es obligación del Estado garantizar su supervivencia y desarrollo”. Este documento además determina que es obligación de los gobiernos “adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la Convención".
“Dejamos de lado el sistema en el que los niños eran considerados como objetos y no como sujetos de derechos” enfatizó Marisol Peñafiel, durante una rendición de cuentas de este año. Con ese mismo enfoque continúa trabajando en más acciones, como la del próximo lunes.
Otavalo es mundialmente conocida por su riqueza artesanal, que ofrece artesanías creadas por las manos de los otavaleños. Esta es una ciudad que tiene una vocación comercial y de producción textil importante. Además a lo largo de los años se constituyó en un centro de acopio y comercio entre diferentes culturas y distintas religiones del país. Artesanías en madera, balsa, tallados, bisutería, joyería, pinturas y otro de tipo de artesanías se comercializan en esta ciudad, en la provincia de Imbabura. Esta es una de las razones para que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, incluya en el cronograma de socialización del proyecto de Ley de Desarrollo Artesanal, a la "Ciudad Sarance".
Esta tarde, la escuela Valle del Amanecer, en la Casa de la Juventud, se convirtió en el punto de atención de las organizaciones, gremios y federaciones artesanales de Imbabura, pues se dio a conocer el contenido del borrador del proyecto de Ley de Desarrollo Artesanal. “Las anteriores semanas en diferentes puntos del país y también la comisión, a donde semana a semana acuden representantes del sector artesanal, se recogieron importantes insumos para cubrir las expectativas de este sector productivo. Esta ley permitirá el desarrollo en beneficio de los artesanos”, dijo Soledad Buendía, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico.
Para Soledad Buendía, es necesario que se unifiquen normativas dispersas en un solo cuerpo legal, para respaldar las acciones de los artesanos. “Si generamos plazas de empleo y dinamizamos la economía del país, merecemos una ley que nos beneficie.
Los artesanos generamos plazas de empleo y esto permite dinamizar la economía del Ecuador. Los artesanos merecemos una Ley que nos beneficie. Es proyecto es un borrador que recopila los aportes de los artesanos agremiados o no, para beneficiar a todos. En la Asamblea ahora la ciudadanía es partícipe de las leyes que se construyen, ya no se hacen normas desde las oficinas, también escuchamos propuestas en el territorio, para saber lo que piensan los beneficiarios de la ley”, aseguró Soledad Buendía.
En Carchi
Mañana, desde las 08:30, según el cronograma de socialización, se realizará en la ciudad de Tulcán, en la Federación Provincial de Artesanos Profesionales de Carchi, en donde se analizarán los planteamientos recogidos en las demás provincias y se escucharán las necesidades de los artesanos de esta zona del país.
MC/pv
En la segunda mesa de discusión del Foro Parlamentario Regional del Parlatino, en el marco del encuentro Habitat III, los panelistas de la ONU y del Ministerio de Vivienda reconocieron el rol de los parlamentarios para la eficaz y oportuna implementación de la nueva agenda urbana, que surge desde una visión social hacia la inclusión, igualdad de derechos y oportunidades.
Coincidieron en la necesidad de profundizar temas como la especulación, la plusvalía, los asentamientos ilegales, garantizar, fundamentalmente, la accesibilidad universal y condiciones idóneas para las personas con discapacidad.
Alain Grimard, oficial Principal de Asentamientos Humanos de la ONU, dijo que hoy el desafío es cómo impulsar la agenda urbana, que debe responder a un planeamiento, acción territorial, legislación, reglamentación y financiamiento. En las áreas de legislación y financiamiento los parlamentarios tienen un papel muy importante, adecuando las leyes para dar más autonomía a los municipios y provincias y facilitar la formulación de la inversión de programas en las diferentes ciudades.
La agenda invita a todos los países a definir una política nacional urbana, allí también habrá responsabilidad de los parlamentarios en cuanto a fomentar y concretar que los gobiernos definan y establezcan esa política nacional, involucrando a varios socios: ministerios, niveles de gobierno, municipios, provincias, estados. América Latina y el Caribe es el continente más urbanizado del mundo, cuya tasa promedio está en 85 y 90%, más elevada que en Europa y América del Norte. Entonces, aquí hablamos de un mejoramiento cualitativo antes que cuantitativo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hacer ciudades más densificadas y conectadas es el reto, enfatizó.
Juan Andrés Salvador, delegado del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, mencionó que la posibilidad que Ecuador sea sede de Habitat III surgió en 2013, luego de un trabajo político y diplomático muy extenso, poniendo de manifiesto en la actual Conferencia de ONU, que por primera vez se realiza en Latinoamérica, el pensamiento que “el cambio nace en el corazón del mundo”.
Pretendemos, continuó, que haya una nueva etapa en lo que hemos vivido en Hábitat; tenemos el objetivo principal de renovar el compromiso político con la nueva agenda urbana, uniendo esfuerzos para hacerla realidad en el futuro inmediato.
Dijo que para la construcción de esta agenda urbana hubo varias reuniones regionales temáticas, la participación de expertos; es uno de los procesos más inclusivos pues contó con más de 10 mil personas que participaron activamente en esta gran tarea, parlamentarios, académicos, representantes de los gobiernos, etc.
Lo mejor es que se contemplan los mecanismos de implementación de la agenda urbana, que es uno de los puntos que rompe el esquema de los documentos de Naciones Unidas. El derecho a la ciudad es un tema que lo abanderamos, precisó.
Diversas propuestas para consolidar una legislación regional y políticas públicas que permitan buscar soluciones a los problemas que enfrentan las ciudades se abordaron en el Foro Parlamentario Regional, que se realizó en el Marco del Hábitat III, que congrega, en Quito, a representantes de diferentes países del mundo.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, expresó que los parlamentos tienen el reto de generar normativas que permitan tener ciudades seguras, con espacios públicos adecuados, pero sobre todo equitativas.
“Estamos aquí para definir los desafíos que se presentan en la región latinoamericana y caribeña en torno al Hábitat y cómo los mecanismos generados pueden ser adaptados a cada estructura estatal, a cada estructura social que es tan variada y desigual en nuestra región”, reconoció.
Gabriela Rivadeneira se refirió a los problemas comunes en las ciudades como son la propiedad de la tierra, la especulación inmobiliaria de los espacios urbanos, la poca planificación, la discriminación económica que se ejercen en ciertos espacios, así como la fragilidad de los espacios públicos inclusivos.
“Vencer la pobreza es una prioridad para la región y para el planeta, y eso significa consolidar y garantizar derechos para todos y todas, mejorar índices de equidad, tener un crecimiento sustentable, incorporar la interculturalidad”, acotó.
La ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Ángeles Duarte, precisó que los 193 países del sistema de la ONU renovarán el compromiso con el desarrollo sostenible de las ciudades, al adoptar la nueva agenda urbana, que contiene el Plan de Implementación de Quito, la hoja de ruta para las dos décadas siguientes.
La voz de Parlatino fue expresada por la presidenta de este organismo, la senadora Blanca Alcalá (México), quien se refirió a estimaciones de acuerdo a las cuales hacia el 2030 dos terceras partes de la población mundial tendrán su residencia en alguna ciudad. Para el caso de América Latina, se calcula que ya el 80 % viven en zonas urbanas, dijo.
“Frente a este escenario la convocatoria de estos días tiene como hilo conductor la necesidad de construir ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles”, agregó.
Al referirse a los retos de la región explicó que se necesita ejercer funciones de control sobre el cumplimiento de normas, especialmente en cuanto a la problemática que generan los asentamientos irregulares.
En la cita se analizaron normativas aprobadas por el Ecuador como la Ley de Ordenamiento Territorial, Usos y Aprovechamiento del Suelo que establece normas más rigurosas para las construcciones, especialmente luego del terremoto del 16 de abril pasado.
La próxima semana inician las audiencias públicas provinciales del proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico. La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero organizó dos grupos para salir a territorio a recoger insumos y propuestas de las organizaciones de segundo grado de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, como titulares de derechos colectivos.
En este marco, el martes 25 de octubre las audiencias se realizarán en Cotopaxi y Santa Elena; el miércoles 26 en Tungurahua y Los Ríos; jueves 27 Chimborazo y Guayas; y viernes 28 en Pichincha, en la sede de la Asamblea Nacional.
La segunda semana, los parlamentarios cumplirán una nueva jornada de trabajo. Así, el martes 8 de noviembre en El Oro y Carchi; miércoles 9 en Imbabura; jueves 10 Sucumbíos; viernes 11 en Orellana y Morona Santiago.
La tercera semana, el martes 15 estarán en Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; miércoles 16 Esmeraldas, viernes 18 en Galápagos.
Mientras que la cuarta semana, martes 22 de noviembre en Azuay; miércoles 23 Cañar y Napo; jueves 24 Zamora Chinchipe y Pastaza; y viernes 25 de noviembre en Loja y Bolívar.
De esta manera, los integrantes de la Comisión de Soberanía Alimentaria recorrerán las 24 provincias del país.
En cada audiencia no solo acudirán los titulares de derechos colectivos sino la ciudadanía en general y personas interesadas en conocer el contenido del proyecto y dar sus observaciones al mismo, tomando en cuenta que los comisionados resolvieron abrir el debate de todo el proyecto de ley, sin descuidar que los representantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades opinen sobre los tres temas sustantivos que hacen referencia a diálogos y saberes de conocimientos ancestrales; agrobiodiversidad y semillas; y, garantía de derechos y participación ciudadana.
JLVN/pv
Ecuador es la sede de las reuniones del HABITAT III sobre la nueva agenda urbana, que conmina a todos los Estados para una planificación de las ciudades basadas en el desarrollo, la equidad y la participación de la sociedad civil, es decir que si más de la mitad de personas viven en ciudades, estas deben brindar bienestar, accesibilidad y oportunidades para el desarrollo personal y comunitario.
En varias mesas se han tratado temas relacionados al crecimiento de las ciudades y los derechos de la niñez, y el documento borrador de la nueva agenda urbana señala que las ciudades también deben ser pensadas en las necesidades específicas de la infancia, así como el acceso a servicios básicos, escuelas, lugares donde hacer deporte, acceder a la cultura o ser parte de ella.
El Ministerio Coordinador de la Política Económica organizó una interesante mesa donde desde la academia y desde UNICEF regional se habló de la necesidad de invertir en la infancia a través de políticas públicas contra la pobreza, mientras que los Ministerios del Estado ecuatoriano presentaron importantes experiencias desde la universalización de la vacunación, la lucha contra la desnutrición infantil crónica, las buenas experiencias del etiquetado como método para mejorar la educación alimenticia a consumidores, los programas de primera infancia, que muchos son ejemplos en la región.
No hay mejor inversión de las ciudades para que exista bienestar y desarrollo sostenible que la inversión en la niñez y adolescencia (personas menores de 18 años de edad), sin embargo es importante visibilizar en la agenda algunos temas sobre esta inversión.
Los bienes y servicios públicos deben estar pensados desde un enfoque de género, generacional, de discapacidad, movilidad humana y étnico cultural. Las niñas son víctimas de violencia machista, y los niños migrantes pueden ser víctimas de trata o tráfico de personas, es decir, el enfoque de niñez debe ir de la mano de otros enfoques de derechos humanos.
Existen servicios que deben ser diseñados con mayor protección para la niñez y adolescencia, que son necesidades que no queremos “mirar”; básicamente la mendicidad, el trabajo doméstico no remunerado, el trabajo en basurales y otros trabajos peligrosos, los adolescentes infractores, el uso indebido de drogas, etc.
Es necesario que las instituciones de todos los niveles de gobierno centren su atención en la detección temprana de vulnerabilidades, por ejemplo la discapacidad, las enfermedades prevenibles, el maltrato intrafamiliar o en la escuela, la violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. Por tanto las ciudades deben diseñar sistemas que se interrelacionen para una atención integral, protección de derechos, prevención de vulneraciones y la reparación integral.
Para las ciudades el tema de la función social y ambiental no está alejado de los derechos de niñez, pues el problema del crecimiento y la falta de planificación ha hecho que se construya de manera irregular, muchas de las veces donde no se brindan servicios básicos como agua, luz y saneamiento ambiental. Para a infancia es fundamental el acceso a estos servicios, mas otros como el transporte, calles adoquinadas, alumbrado público, y la regularizción de las viviendas para que no sean expulsados y mejoren las condiciones de contrucción. El alumbrado público y las vías de acceso son fundamentales para garantizar ciudades más seguras para las niñas y los niños.
La nueva agenda urbana señala en varias ocasiones que las ciudades deben promover el desarrollo económico de sus habitantes, sin embargo es fundamental que se valore este objetivo desde una perspectiva no netamente capitalista. Nuestra Constitución habla de una economía social y solidaria, por tanto las niñas y los niños pueden participar del sistema económico que no solo se sujetan a las reglas de la oferta y la demanda, sino la de una economía social, una economía del intercambio y del no desperdicio o la forma en que se desechan las cosas y que están llenando de basura las ciudades, lo que en general hace que la economía responda a la visión ecológica del habitat.
La ruralidad y la niñez. La expansión de las ciudades hacia el sector rural hace urgente una planificación de convivencia. La ruralidad no puede seguir siendo sinónimo de exclusión y falta de oportunidades, lo rural debe ser sinónimo de desarrollo sostenible y de economías que convergen. La infancia en la ruralidad es un reto en tanto no se obligue a dejar un estilo de vida de las familias por acceso a educación de calidad o cultura.
La soberanía alimentaria y la niñez es fundamental en las ciudades, más aun dentro de la lucha contra la desnutrición y la malnutrición.
La participación: Ciudades que no escuche a las niñas, los niños y adolescentes no puede ser inclusiva, más aun si desde la nueva agenda urbana hablamos de la inclusión y la equidad.
La identidad, la cultura y la innovación: Las ciudades son los espacios perfectos para el intercambio, la creación cultural, la innovación y al mismo tiempo son los lugares donde se debe brindar mayor protección a las identidades y al conocimiento ancestral y tradicional. Un derecho fundamental que consta en la Convención de los Derechos del Niño es justamente el derecho a la identidad.
La conciencia ecológica de las ciudades, es la gran preocupación de este siglo, donde los recursos son finitos, y dependemos cada vez más de una racionalización de estos recursos, para las generaciones futuras. Los niños y las niñas tienen una gran conciencia ecológica, son la generación que aprende no solo del reciclaje sino del no desperdicio. Su educación y participación ahora en materia medioambiental garantiza ciudadanos adultos que propongan soluciones innovadoras a la crisis ecológica mundial.
Marisol Peñafiel Montesdeoca
Ambiente, energía, paridad, seguridad, democracia, gobernanza y migraciones fueron los temas analizados por la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), en la ciudad de Quito, en el marco de HABITAT III. Uno de los puntos neurálgicos de la cita parlamentaria giró en torno a las legislaciones para un adecuado ordenamiento territorial.
Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional y presidenta alterna del Parlatino, expresó que días después del terremoto del 16 de abril pasado, el Parlamento aprobó la normativa para el Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que permitió controlar adecuadamente las condiciones de las construcciones en el país. Esta ley será presentada mañana en el Foro Parlamentario Regional, de dicho organismo.
Gabriela Rivadeneira aseguró que el intercambio parlamentario es vital para analizar las diversas legislaciones y recoger las mejores experiencias, relacionadas con el ordenamiento territorial. “Ese es un tema relevante cuando se quiere hablar de hábitat digno y saludable, y ese es uno de los objetivos del HABITAT III, poner sobre la mesa ideas que nos lleven a construir mejores ciudades para vivir”, aseguró la titular del Legislativo ecuatoriano.
Leyes Marco aprobadas
En la cita, Liliana Fellner, Secretaria de Comisiones del Parlatino, se refirió a algunas de las leyes aprobadas por este organismo como la Ley Modelo para el Liderazgo de Mujeres Indígenas; Ley Modelo para la Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar; Ley de Seguridad Minera; y Ley de Agricultura Familiar.
Añadió que se trata de un trabajo transversal entre las comisiones, pero también con organismos internacionales, como ONU Mujeres. “En 2015 nos planteamos una serie de desafíos hacia 2016, y poco a poco los vemos realizarse. La meta para el año que viene debe ser profundizar en estos temas y empezar a abordar otros como la migración o la seguridad”, sostuvo.
La presidenta del Parlatino, Blanca Alcalá, resaltó los avances en las iniciativas regionales contra el hambre. “Desde el Parlatino, los parlamentarios latinoamericanos y caribeños tenemos el compromiso con nuestros pueblos de impulsar leyes modelos que resulten adecuadas contra los problemas que nos aquejan como naciones”, concluyó.
En el tema de seguridad regional, los parlamentarios destacaron las iniciativas de paz en Colombia, y se pronunciaron por la necesidad de mantener abiertas las puertas del diálogo.
MC/JS/dp
Con 84 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó la aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía, con algunas modificaciones planteadas por el asambleísta Fausto Cayambe relacionadas, entre otros aspectos, con la conformación del Consejo Directivo del ISSFA e ISSPOL; eliminar el primer inciso de la disposición única para que quienes estén terminando el curso de formación para ingresar a las Fuerzas Armadas, en las ramas aérea y marina, puedan optar para quedarse en el régimen actual de pensión jubilar, es decir, aporten el 23% de su salario y el empleador el 26%, o migrar a la nueva cotización que es del 11.45% y el empleador 9.15%, mantener el artículo 51 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, entre otros aspectos.
El proyecto será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para su sanción u objeción.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Marllely Vásconez, aclaró que de ninguna manera se está eliminando el régimen especial de Fuerzas Armadas.
En la sesión 415 del Pleno, Fausto Cayambe solicito la reconsideración del proyecto amparado en lo que dispone el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La moción tuvo 78 votos.
De inmediato planteó se incluyan las siguientes precisiones en el proyecto que tienen que ver con la conformación del Consejo Directivo. Dijo que es fundamental que exista igualdad de condiciones, representatividad y sobre todo corresponsabilidad, por tanto, pidió que en el artículo 4 se cambie los literales b) y c) para que el Consejo lo conformen el Jefe de Comando Conjunto o su delegado; y los Comandantes Generales de Fuerza o sus delegados.
Bajo estos mismos principios legales y constitucionales, solicitó se modifique el artículo 49 del cuerpo legal en los literales b), c), d) y e) del Consejo Directivo del ISSPOL para que sea parte el Comandante General de la Policía Nacional o su delegado; de la misma manera el Subsecretario de la Policía o su delegado; el Director General de Personal o su delegado; y, el Director Nacional de Bienestar Social o su delegado
Igualmente, expresó que en el artículo 46 del proyecto, donde se incorporan las disposiciones transitorias a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en la Disposición Vigésima Segunda, que se prevé que los miembros que se encontraren en servicio activo en las Fuerzas Armadas a la fecha de expedición de esta ley y que se encuentren en los grados de soldado, cabo segundo, subteniente o teniente, o sus equivalentes en cada una de las Fuerzas Armadas, y cumplan los requisitos establecidos en la Ley, así como aquellos que obtuvieren el alta hasta el 31 de diciembre de 2016, podrán pasar voluntariamente al nuevo sistema de cotización y prestaciones en el plazo de seis meses.
También pidió que en el artículo 78 que habla de la pensión por incapacidad se ajuste el término haber policial.
En proyecto de ley garantiza las prestaciones de los actuales miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, fija un monto único para el seguro de vida en 50 mil dólares para todo el personal de la fuerza pública; prevé la posibilidad de mensualizar los fondos de reserva, regula el subsidio de funerales.
Para el personal antiguo se precisa que la base de cálculo de las pensiones de retiro, invalidez y muerte será sobre los 60 mejores haberes. Para el personal que ingrese, los techos para las pensiones serán los mismos de la seguridad social general, es decir con un aporte personal del 11.45% y el patronal del 9.15%. Para acceder a las prestaciones de seguro de retiro deben acreditar 25 años de servicio activo y efectivo en la institución.
En el Registro Oficial No. 860 se publicó la Ley de Incentivos Tributarios para Varios Sectores Productivos e Interpretativa del artículo 547 del COOTAD, a través del cual se establecen beneficios para las empresas que afilien a la totalidad de sus trabajadores a la medicina prepagada, también para el sector agropecuario, pesquero o acuacultor; las operadoras de transporte público y comercial.
La ley precisa que los empleadores tendrán una deducción adicional del 100% por los gastos de seguros médicos privados y/o medicina prepagada contratados a favor de la totalidad de sus trabajadores, sin perjuicio de que sea o no por salario neto, y que la contratación sea con empresas domiciliadas en el país.
Señala que el sector agropecuario, pesquero o acuacultor que se encuentren en el Régimen Impositivo Simplificado, podrá mantenerse en dicho régimen en su fase de producción, cuando el Presidente de la República, mediante decreto, así lo disponga, siempre que exista el informe del SRI sobre el correspondiente impacto fiscal. Las tarifas serán fijadas, mediante decreto ejecutivo, dentro del rango de entre 1% y 2%.
La normativa establece que los valores pagados por el impuesto a las tierras rurales constituirán crédito tributario para el pago del impuesto, así como para las cuotas del régimen simplificado. Así mismo, las operadoras de transporte público y comercial legalmente constituidas no considerarán en el cálculo del anticipo, tanto en activos, costos, gastos y patrimonio, el valor de las unidades de transporte y sus acoples.
Prevé que las instituciones de la Red Pública Integral de Salud podrán reconocer hasta los montos establecidos en el tarifario emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional, los gastos que sus afiliados o usuarios deban pagar por concepto de excedente no cubierto por las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada o de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica, siempre que haya efectuado la prestación en un establecimiento de salud privado debidamente calificado o acreditado de conformidad con lo definido en la norma técnica establecida para el efecto. Este pago solo se podrá efectuar siempre que se realice la respectiva derivación, la cual será autorizada por la institución de la Red Pública Integral.
Está exento del pago del Impuesto a la Salida de Divisas el monto equivalente al valor del capital ingresado al país por un residente, sea como financiamiento propio sin intereses o como aporte de capital, siempre y cuando se hayan destinado a realizar inversiones productivas, y estos valores hubieren permanecido en el Ecuador por un período de al menos dos años contados a partir de su ingreso.
Así mismo, precisa que los productores en los sectores agrícola, pecuario, acuícola, así como las plantaciones forestales no son objeto del impuesto a la patente y en consecuencia las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras dedicadas a estas actividades no pueden ser sujetos de cobro por parte de ningún gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano del país.
JLVN/pv
El proyecto de Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue aprobado con el voto positivo de 89 asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con ello se busca acortar las brechas de inequidades y desigualdades y renovar y fortalecer su institucionalidad dándole mayor capacidad, experticia, conocimiento, profesionalismo. Dispone el incremento de las pensiones en la misma proporción que la inflación promedio anual; define un monto único de indemnización para el seguro de vida para todo el personal de la fuerza pública; regula el subsidio de funerales, entre otros.
Para los antiguos las pensiones de retiro, invalidez y muerte la base de cálculo será sobre los 60 mejores haberes; en el caso de cesantía, la posibilidad de que puedan retirar sus contribuciones personales a los dos años; sobre el seguro de vida, se iguala tanto para tropa como para oficiales y en el caso de la Policía se duplica de 24 mil a 50 mil dólares.
El proyecto prevé la posibilidad de mensualizar los fondos de reserva; se agrega una disposición para que el Estado garantice las prestaciones de los actuales miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
En el segundo debate se recogieron las observaciones de varios asambleístas, entre ellas, que el Consejo Directivo del ISSFA esté integrado por el Ministro de Defensa Nacional o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; el delegado del Jefe del Comando Conjunto; un delegado por cada uno de los Comandantes Generales de Fuerza; dos representantes por el personal de tropa en servicio pasivo y un representante por los oficiales en servicio pasivo.
En el caso de la Policía estará conformado por el Ministro del Interior o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; un delegado del Comandante General de la Policía Nacional; un delegado del Subsecretario de Policía; un delegado del Director General de Personal; un delegado del Director Nacional de Bienestar, un representante por los oficiales en servicio pasivo y dos representantes por el personal de tropa en servicio pasivo. El Director General del ISSFA y del ISSPOL deberá acreditar título de tercer nivel.
Se cambia la palabra obligatoria por “forzosa” en el caso de seguro de retiro, para las dos instituciones.
Se incluye que las prestaciones de seguro de enfermedad y maternidad deben otorgarse a los asegurados que hayan cumplido las condiciones establecidas en la presente ley, aún en los casos de mora patronal.
En el seguro sobre la prestación que se origina por el fallecimiento del militar en servicio activo en actos de servicio se añade a consecuencia de enfermedad y por accidente profesional y de la misma manera en la Policía Nacional.
El ISSFA podrá administrar únicamente las aportaciones y servicios que constan en la presente ley. El ISSPOL prestará el servicio de cesantía previsto en la presente ley. El seguro de cesantía protege al policía que se separe del servicio activo mediante la baja y acredite al menos dos años de servicio activo y efectivo en la institución.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, remitirá el proyecto al Ejecutivo para su sanción u objeción, en los términos previstos en la Constitución de la República.
