Alrededor de 400 jubilados del país, ubicados en las barras altas del Salón del Pleno, participan del debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, que tiene como objetivo incrementar las pensiones de jubilación.
Con el auspicio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, IDEA Internacional, el Instituto Holandés por la Democracia Multipartidaria-NIMFD y el Grupo Parlamentario sobre Población y Desarrollo Tránsito Amaguaña, se inició en Ciespal el Seminario Internacional “Democratización de las Frecuencias de Radio y Televisión” - Desafíos de la digitalización.
El Viceministro de Transporte y Obras Públicas, Andrés Martínez y el Director de Aviación Civil, Fernando Guerrero reconocieron que el proceso licitatorio para construir el primer aeropuerto ecológico del mundo, en Baltra-Galápagos se realizó sin la aprobación previa de Senplades y la Contraloría y que uno de los problemas graves consistía en que no se encontraba definida la situación legal de los terrenos donde se asentarían las edificaciones y pistas, razón por la cual no se firma aún el contrato con la Corporación América S.A.
Este pronunciamiento lo emitieron en el seno de la Comisión de Biodiversidad, donde también estuvieron presentes el subsecretario de Transporte Aeronáutico Civil, capitán Guillermo Bernal y la Ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, quien se comprometió a intervenir inmediatamente para realizar arreglos en la pista del aeropuerto Baltra, tomando en cuenta que su estado es pésimo.
Advirtió que si no hay una salida legal hasta el próximo 28 de octubre para firmar el contrato de concesión del aeropuerto ecológico de Seymour de la Isla Baltra y las autoridades de control no emiten su pronunciamiento, el Estado delegaría a empresas privadas la operación para el arreglo de la pista, aclarando que no es la concesión.
Esta decisión la anunció luego de escuchar al asambleísta Alfredo Ortiz, quien a través de un video advirtió el estado calamitoso del aeropuerto de Baltra y aseguró que existe una serie de omisiones legales e inconsistencias de carácter económico y que, por tanto, la concesión no es conveniente a los intereses del Estado.
A su vez, el Viceministro de Transporte, ante las inquietudes del asambleísta Ortiz de que no se debe entregar a una empresa extranjera la concesión de esta obra que generaría enormes beneficios económicos, indicó que la rentabilidad del negocio no es para la Corporación América, sino para el Estado, ya que en el contrato se especifica que existe un horario para la administración del aeropuerto y el régimen de ingresos y egresos computables está regulado, por lo que las utilidades que resulten de la administración de la terminal son para el Estado y por ende permitiría la reactivación económica local, a más de que el Estado mantiene su soberanía.
Entre tanto, el Director de Aviación Civil, Fernando Guerrero, señaló que por iniciativa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con conocimiento de la Corporación América S.A, a partir de junio de 2010, se realizó un análisis respecto del contrato de concesión del aeropuerto de Baltra bajo el nuevo régimen constitucional vigente en el país, es decir, antes de que el asambleísta Ortiz presente observaciones y cuestionamientos al proceso de concesión y ratificó que espera el pronunciamiento definitivo de los organismos de control.
JLVN/pv
El Pleno inició el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, que tiene como propósito crear los mecanismos técnicos para revalorizar de manera automática las pensiones de jubilación al inicio de cada año.
El 28 de septiembre de 2008, el 64% de los ecuatorianos aprobó, en consulta popular, la nueva Constitución que fue elaborada por la Asamblea Constituyente, con la participación colectiva de todos los sectores, para vivir con justicia, equidad, igualdad y libertad.
En el proceso constituyente participaron centenares de organizaciones que presentaron alrededor de 3.500 propuestas, las que fueron incorporadas en los 444 artículos que contiene la Constitución.
Con ello, se crearon las herramientas para establecer una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir o el sumak kawsay; una sociedad que respeta la dignidad de las personas y las colectividades; y, un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional realizará este viernes, 22 de octubre, a partir de las 17:00, el Foro sobre proyectos de reformas penales, como parte del proceso de socialización y recepción de aportes.
Con la finalidad de corregir ciertas distorsiones en la Ley de Seguridad Social, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, indicó que en la sesión del jueves, donde se analice el segundo debate de las reformas a este cuerpo normativo, insistirá en su propuesta de que el beneficio de la atención médica para los hijos de los afiliados sea hasta los 18 años de edad.
Respecto a este tema, recordó que existe un acuerdo consensuado con el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ramiro González, para que los hijos de los afilados tengan atención médica hasta los 18 años. Actualmente es seis años de edad.
Resaltó que por efecto de la migración de compatriotas (tres millones de ecuatorianos) hay muchos abuelitos convertidos en papás y ellos necesitan, entre otras cosas una ayuda del Estado y del IESS para que esas enfermedades ocasionales de sus hijos adoptivos (nietos) se vean en este caso protegidos con la seguridad social.
Precisó que “no van haber afectaciones económicas graves al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”, por ello, el titular del Consejo Directivo está absolutamente de acuerdo con esta propuesta, por tanto, la Asamblea Nacional no tiene ninguna razón para contra argumentar esto, que es humanamente complementario al salario y otra forma de compensación a las personas de la tercera edad y a los jubilados.
JLVN
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al recordar que solicitó información a la Superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, respecto de la resolución de la Junta Bancaria No. JB-2010-1814, de fecha 14 de octubre de 2010, dijo estar sorprendido por los cambios que se hicieron al Libro I “Normas Generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, sustituyendo íntegramente el Capítulo VII “Prohibición constitucional de invertir en medios de comunicación social¨.
Sostuvo que es raro que en la entidad de control financiero se haya efectuado una interpretación a la ley, reduciendo el grado de parentesco para la entrega de acciones de una empresa, cuando la Ley determinaba que no se podía entregar el paquete accionario hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; sin embargo, la Superintendencia le rebaja dos grados, y establece la posibilidad de entregar parte de las acciones a primos y tíos. Por ello, la explicación de la Superintendenta será fundamental para entender cuál es el espíritu del cambio, aseguró.
El Titular de la Legislatura señaló que es fundamental esclarecer la entrega de frecuencias a los medios de comunicación, porque el espíritu de la Constitución habla de una comisión investigadora de frecuencias, por tanto, es hora de desempolvar ese informe y saber qué paso con las frecuencias.
Manifestó que por el lado empresarial hay que investigar el tema del fideicomiso, puesto que mediante este mecanismo, quien elabora el fideicomiso sigue siendo el dueño, pero a la final solo busca librarse jurídicamente de una disposición constitucional que le impide ser banquero y dueño de medios de comunicación.
Puntualizó que por esta razón es importante investigar el fideicomiso, por el cual Fidel Egas, accionista mayoritario de Teleamazonas y propietario del Banco del Pichincha se desliga del paquete accionario en el medio de comunicación.
Insistió en que se debe revisar este fideicomiso para ver si no están los parientes. “Ahí está la relación con la Superintendencia de Bancos, ya que no se podía entregar ni a los primos ni a los tíos, pero si les han quitado esa prohibición, empezamos a ver una red y es por eso que he solicitado la información”, señaló.
Reiteró que debe prevalecer el espíritu de la Constitución, pues en el artículo 312 se determina que los banqueros tienen que ser banqueros y no dueños de un medio de comunicación, al recordar que en 2000 se hicieron estas relaciones tramposas, en donde eran juez y parte y en donde se prestaban dinero que era de todos los ecuatorianos.
Precisó que “no se trata de una auditoria, sino que quede completamente claro lo que se ha hecho, porque habrían 90 medios de comunicación que estarían en la misma línea de Teleamazonas”.
“Es extraño que en este caso, se cree un fideicomiso y se enajene de esta manera un paquete accionario, pero en el fondo todos sabemos que el que crea el fideicomiso es el dueño y éste condiciona quienes pueden ser los adquirentes, los que vayan hacer los futuros dueños y esa no era la intención de la norma constitucional”, aseguró.
Informó que insistirá y recabará toda la información de las frecuencias, pues existen muchos temas que deben ser aclarados, como la adquisición y adjudicación de las frecuencias, ya que hay otra disposición de la Superintendencia de Bancos, con respecto al caso de los bienes que fueron dados en dación de pago, en donde el origen de Teleamazonas en el Banco del Pichincha es una dación de pago de Granda Centeno.
Dijo que la Constitución prohíbe la relación entre el poder económico y los medios de comunicación, entre los banqueros y los medios de comunicación, pero se pretende hacer un by pass a la disposición, pues aparentemente ya no tienen relación, pero en el fondo la siguen teniendo a través de parientes.
“Confío en que la Superintendenta de Bancos envíe la información a la brevedad posible para actuar de manera documentada. Mañana es un día especial, mañana se cumplen dos años de vigencia de la Constitución y el jueves algunas cosas deberían pasar en aquellos casos que no se han hecho públicos y como les dije hay como 90 casos equivalentes a Teleamazonas”, concluyó.
JLVN/pv
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, remitió a la Secretaría General de la Asamblea Nacional su informe favorable respecto al pedido de denuncia del Convenio entre Ecuador y Finlandia sobre la Promoción y Protección de Inversiones.
El respectivo pedido de denuncia lo formuló el Presidente de la República el 5 de agosto de 2010, bajo el argumento de que el documento contradice el artículo 422 de la Constitución, el cual impide celebrar instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje fuera del país, porque afecta los intereses nacionales.
Es más, la Corte Constitucional, acorde el Art. 438 de la Carta Política, emitió dictamen previo y vinculante el 29 de julio del presente año, determinando la inconstitucionalidad de la disposición contenida en el artículo 10 del Convenio.
Debate y aportes
La Comisión cinco recibió los aportes de Jorge Acosta, subsecretario de Asuntos Económicos y Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y de Pablo Piedra, funcionario de la Cancillería, quienes recordaron que el Tratado se firmó el 18 de abril de 2010 durante la vigencia de un distinto marco constitucional.
Precisaron que el objetivo de dicho instrumento era promocionar al país para atraer inversiones provenientes de la contraparte, brindando una presunta mayor seguridad jurídica a las mismas. Sin embargo, al no existir una verdadera política de Estado que propicie la inversión en grandes proyectos, y sin una planificación que establezca áreas prioritarias de la economía y planes de fomento para desarrollarlos, pocos fueron los logros alcanzados.
También, el organismo escuchó los criterios de Galo Abril, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano – Nórdica.
Bajo estos antecedentes, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, luego de los debates realizados en las sesiones del 29 de septiembre, 11, 14 y 18 de octubre, decidió recomendar al Pleno de la Asamblea la aprobación de la denuncia del Convenio entre los Gobiernos de las Repúblicas de Ecuador y Finlandia sobre la Promoción y Protección de Inversiones.
MG/pv
Esta mañana, en el Hotel Quito, se inauguró el Seminario Internacional del Cuidado y el Derecho a la Seguridad Social de las Personas que realizan Trabajo no Remunerado y de Cuidado Humano.
En la mesa directiva estuvieron presentes la asambleísta Paola Pabón, del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional, organismo responsable del evento; la ministras de Inclusión Social, Ximena Ponce y la Coordinadora de Desarrollo Social, Jannette Sánchez; el presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González; el prefecto del Gobierno de la Provincia de Pichincha, Gustavo Baroja; la presidenta de la Comisión de Transición hacia el Consejo de Mujeres e Igualdad de Género; la Oficial a cargo de la División de Asuntos de Género de la Cepal, Sonia Montaño; y, la representante de la Unifem en Ecuador, Lucía Salamea.
La asambleísta Paola Pabón afirmó que la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2007 refleja las desigualdades en la distribución del uso y calidad del tiempo entre hombres y mujeres, más aún cuando en nuestro país el 85% de cuidadoras son mujeres y el 15% hombres; la atención y la crianza de los hijos menores de 5 años la asume la madre en un 75% y el padre en un 2,7%.
A la semana, las mujeres trabajan 17 horas más que los hombres y en la zona rural las mujeres laboran 22 horas más que los hombres; el 26% de las niñas de 12 años no accede a los estudios secundarios y el 32% de las niñas adolescentes los abandonan, lo que evidencia que alrededor de 200 000 no trabajan ni estudian; una de cada 12 hace trabajo doméstico sin remuneración.
Destacó que la Constitución constituye un acuerdo social fundamental para el Ecuador, pues allí se recogen muchas de las demandas que el movimiento de mujeres y la sociedad en general ha impulsado a lo largo de muchos años, en esa búsqueda constante de la igualdad de oportunidades.
La Constitución propugna un sistema económico social y solidario, que pone como eje clave la equidad y la justicia distributiva; reconoce el trabajo doméstico como productivo; garantiza el derecho al trabajo y sus distintas modalidades, como por ejemplo sustento y cuidado; un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano; garantiza a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación, promoción laboral y profesional y a la iniciativa de trabajo autónomo; prohíbe la discriminación, acoso o actos de violencia, entre otros, precisó.
Manifestó que los derechos de las mujeres deben ser concebidos como de alta prioridad, para lo cual se requiere la colaboración del Estado, organizaciones sociales y todos los actores. Solo un enfoque integrado desde la legislación nacional y las políticas públicas nacionales y locales harán que enfrentemos con éxito este reto, a fin de eliminar las brechas existentes, subrayó.
La legisladora Pabón (AP) resaltó su profundo agradecimiento al titular de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, por su defensa de los derechos humanos, lo que ha fortalecido el accionar del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres.
Entre tanto, la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Jannette Sánchez, al inaugurar el evento, sostuvo que la discusión del tema de la seguridad social es uno de los más trascendentes para la sociedad ecuatoriana, pues no son discusiones de corto plazo, sino que deben llegar a transformaciones de medio siglo.
Las reformas a la seguridad social han ido alumbrando, en el tiempo, una serie de reivindicaciones muy particulares o de ciertos grupos, sin replantearse como país toda la dimensión que implica el sistema, agregó, al enfatizar que el gran problema es que la seguridad social apenas cubre a una de cada tres personas en la nación o de la fuerza laboral.
Otro asunto a resolver es el financiamiento hacia una sostenibilidad en el largo plazo, entonces, hay que conjugar una sociedad y un sistema viable, lo cual merece un compromiso de todos, concluyó.
Por su parte, el titular del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González, expresó la disposición de sumarse a los esfuerzos de las diferentes entidades para hacer realidad la obligatoriedad de la universalización de la seguridad social, en cumplimiento con el mandato constitucional, tras precisar que será de valía compartir las experiencias de los modelos exitosos: Costa Rica, México y Uruguay, donde Ecuador pondrá de manifiesto la creación del Biess.
El evento, que contó con una importante presencia de asambleístas, continuará hasta este martes, en el que se analizarán las aplicaciones e implicaciones en la política pública global del reconocimiento, retribución y redistribución de los cuidados; introducción al concepto de trabajo, organización social del cuidado y aporte de las mujeres a la economía de los países, experiencias; trabajo no remunerado y de cuidado, camino a seguir; el acceso de las mujeres al sistema de seguridad social universal y trabajo no remunerado: responsabilidad social y del Estado.
MG/pv
