En el marco de los 15 proyectos de ley en materia penal, que procesa la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, propone que sean sancionados con prisión de dos a cuatro años y multa de 100 a 500 remuneraciones básicas unificadas quienes establezcan casas, mesas o centros de juegos de azar, casinos o salas de juego.
Según la reforma, en la normativa se incluirá a todos los establecimientos que se dediquen a la práctica, con fines de lucro, de juegos de azar, de mesa y banca en los que se utilicen naipes, dados, ruletas, máquinas tragamonedas, máquinas de juegos mecánicos, electromecánicos o electrónicos cualquiera sea su denominación, en los que se admitan apuestas o que permitan al público un tiempo de uso a cambio del posible pago de un premio por la jugada.
Los juegos de azar tendrán un tiempo perentorio de 12 meses para dejar de operar, a partir de la vigencia de dicha norma.
En otro ámbito, el Ejecutivo plantea sanción con prisión de tres a cinco años y multa de 10 a 50 remuneraciones básicas unificadas para quien ilegalmente impidiere el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas del país.
Si la interrupción provoca graves destrucciones y daños en la vía o en contra de otros bienes, la pena será de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.
También, el mandatario es partidario de que los particulares que sin el permiso respectivo, portaren armas de fuego, serán sancionados con reclusión de tres a seis años de reclusión menor ordinaria y multa equivalente a 10 remuneraciones básicas unificadas. Quien proporcione, venda o facilite un arma de fuego a un niño, niña o adolescente será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de 10 a 20 remuneraciones básicas.
Propuestas de la Fiscalía
La Fiscalía establece que constituye delito de sicariato, el homicidio cometido por encargo, cumpliendo órdenes o por convenio, bajo la promesa o el pago de un precio, retribución o compensación económica o de otra naturaleza, en beneficio personal o de terceros, para lo cual sugiere reclusión mayor especial de 25 a 28 años. La misma pena recibirán quienes encarguen u ordenen la ejecución del delito, sus intermediarios y ejecutores.
Serán sancionados con la mitad de la pena los que por cualquier medio promuevan, oferten, demanden o instiguen la comisión de estos delitos de sicariato, aunque éstos no se hubieren ejecutado.
MG/pv
A partir de las 14h00 del lunes 11 de octubre, la Comisión de Régimen Económico y Tributario, realizará el último análisis de los artículos y debate de las observaciones, previo a la lectura y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, inició el análisis de 15 proyectos de reformas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal orientados a establecer mayores sanciones contra los delitos de sicariato, usura, tráfico de influencias, así como normar la participación de menores de edad en la delincuencia, entre otros aspectos.
Las propuestas, debidamente calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), son de iniciativa de los legisladores Abdalá Bucaram Pulley y Gabriela Pazmiño; Susana González, Leonardo Viteri, Mercedes Villacrés, Henry Cuji, Paco Fierro, Vicente Tainao, Guillermina Cruz, Mauro Andino, Cynthia Viteri, además del Presidente de la República y de la Fiscalía General del Estado.
Sicariato
Henry Cuji plantea que se reprima con reclusión mayor especial de 20 a 25 años el homicidio que se cometa por precio, promesa remunerativa, recompensa, dádiva, orden o cualquier otro medio fraudulento con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igual sanción recibirá el autor intelectual del hecho o contratante, el cómplice y el encubridor.
En el mismo ámbito, Guillermina Cruz es partidaria de reclusión mayor especial de 25 a 35 años. Además, sugiere que los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas que incurran en el delito de sicariato sean procesados y sancionados por la justicia ordinaria y con el Código Penal vigente.
Usura
Será reprimido con la pena de reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 100 salarios básicos unificados el que se dedicare a la actividad de otorgar préstamos con intereses usurarios. También recibirá estas penas el que encubriere con otra forma contractual, la realidad de un crédito usurario, según el proyecto de Paco Fierro.
Tráfico de influencias
Mercedes Villacrés plantea que toda persona que mediante el ofrecimiento de dádivas o promesas y valiéndose de las relaciones que tenga con autoridades o servidores públicos, influyera para obtener una resolución que pueda generarle beneficio económico para sí o para un tercero, sea reprimido con prisión de seis meses a tres años y una multa equivalente a 10 salarios unificados.
Delincuencia juvenil
Dentro de la inimputabilidad penal de los adolescentes menores de 18 años, lo que está siendo aprovechado por nuevas forma delincuenciales que llevan a la impunidad de los mismos, en perjuicio de los derechos humanos de la ciudadanía, el parlamentario Vicente Taiano propone que las personas que no hayan cumplido los 16 años de edad, estén sujetos al Código de la Niñez y Adolescencia.
MG/pv
En la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, el legislador Leandro Cadena, responsabilizó al gobernador del Carchi, Efrén Benavides, de haber contratado a un grupo de sicarios para acabar con su vida, el pasado 20 de septiembre.
Recordó que el lunes 20, a las 20h00, en la ciudad de Tulcán, fue interceptado por un vehículo del que se bajaron dos de los tres ocupantes, según dijo sicarios, quienes lo amenazaron con matarlo si no dejaba de interferir en las labores del funcionario provincial, lo que ha generado un grave trauma sicológico para su familia y la indignación de la población carchense.
Aseveró que este tipo de acciones no lo van a callar para continuar su labor de fiscalización, denunciando que el Gobernador, aliado con ciertos políticos en decadencia, ha impuesto un régimen de temor, intimidación, persecución y, lo que es más, la corrupción se ha convertido en una norma de conducta, con un poder maligno y malévolo.
De su lado, Augusto Tandazo, en representación de Efrén Benavides, comentó que la Constitución garantiza la presunción de inocencia y que el caso debe ser ventilado en la Fiscalía General del Estado, a donde el propio legislador ha acudido.
Las acusación directa contra el Gobernador sobre la responsabilidad en la supuesta amenaza de muerte es grave, sobre la base de poca información, por tanto, ésta se debe demostrar con total veracidad, de lo contrario se puede interponer una demanda por daños y perjuicios, advirtió, tras indicar que Efrén Benavides, con fecha 23 de septiembre, solicitó tanto al Comandante Provincial de Policía, cuanto al Jefe de la Policía Judicial del Carchi, procedan a la inmediata investigación del asunto.
Comparecencia del Ministro del Interior
De su parte, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Luis Morales, anunció que el organismo insistirá en la comparecencia del ministro del Interior, Gustavo Jalkh, para que asuma medidas frente a este tema.
Estaremos, también, vigilantes para que el proceso en la Fiscalía se lleve de manera transparente, así como en defensa de la acción y la vida de Leandro Cadena, agregó.
MG/eg
Con la presencia de la viceministra de Defensa, Rosa Pérez, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social centró su mayor interés en buscar una fórmula de solución al conflicto de los ex trabajadores de la desaparecida Junta de Defensa Nacional, quienes reclaman que su liquidación se someta al Mandato Constituyente No. 2.
En la reunión también estuvieron presentes el asesor jurídico del ministerio, Gonzalo Salvador; el abogado defensor de los ex funcionarios de la entidad, Manuel Mora y el grupo de reclamantes.
La viceministra Rosa Pérez precisó que el correspondiente Mandato estableció un piso y techo, mas no una cantidad exacta para los casos de indemnización por supresión de partidas y dejó esa responsabilidad legal en manos de la anterior Secretaría Nacional Técnica de Remuneraciones, Senres, hoy Ministerio de Relaciones Laborales.
Dicho organismo, luego de la respectiva consulta al respecto formulada por el Ministerio de Defensa, dispuso el pago de mil dólares por cada año de servicio, hasta un tope de 30 mil dólares, enmarcado en las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Civil, Carrera Administrativa y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (Loscca).
Reiteró que el Ministerio de Relaciones Laborales es la instancia de competencia para resolver el tema, por lo que se mostró partidaria de que la Comisión invite a sus principales autoridades, a fin de acercar posiciones y lograr una salida legal al problema, sin afectar el interés económico del país.
De su parte, Manuel Mora sostuvo que el Mandato Constituyente y el pronunciamiento de la Procuraduría son de estricto cumplimiento, por tanto, el Ministerio de Defensa no puede interpretar una determinada norma, tras precisar que sus defendidos están incluso dispuestos a aceptar una reliquidación en un monto de 1 400, tal como sucedió con los ex trabajadores del comisariato de las Fuerzas Armadas.
Alternativa
De su parte, el legislador Luis Morales, presidente de la Comisión de Participación, respaldó el criterio que solo la Asamblea puede interpretar la ley, al comentar que la Junta contaba con recursos propios por alrededor de 46 millones, de los cuales se podría atender las inquietudes de los 30 afectados, para lo que se requeriría aproximadamente 110 mil dólares.
Anunció que el ente legislativo podría aprobar un proyecto de resolución en los mismos términos que lo ocurrido con la problemática del comisariato del Ejército.
MG/eg
Por disposición de la presidenta encargada de la Asamblea, Irina Cabezas, el Secretario General, Francisco Vergara, mediante oficio No. SAN-2010-674, solicitó al ministro de Defensa Nacional, Javier Ponce Cevallos, otorgue seguridad militar para la Función Legislativa, mientras se encuentre en vigencia el estado de excepción decretado por el Presidente de la República.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, amparado en el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a la sesión No. 62 del Pleno, para el jueves 7 de octubre, a 19h00, con el fin de continuar el primer debate del proyecto de Ley – Código de Planificación y Finanzas Públicas, que tiene el calificativo de urgente económico.
En el marco de la 123 Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial, que se celebró en Ginebra, Suiza, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, denunció que a pretexto de la revuelta policial se intentó terminar con la democracia ecuatoriana y , lo que es más, acabar con la vida del jefe de Estado, Rafael Correa Delgado.
Se cometió una agresión antidemocrática e inusual que llevó a situaciones extremas; antes que una defensa por reivindicar derechos se convirtió en un secuestro que dejó graves secuelas: la muerte de algunos ciudadanos, enfatizó.
La política debe ser entendida como la labor más noble de la vida misma para confrontar ideas. En tal virtud, se aprobó en la Legislatura una ley de Servicio Público para trasparentar los egresos del Estado y que los servidores mejoren sus remuneraciones, sobre la base de su calidad, capacidad, experiencia, esfuerzo y la meritocracia, pero si un cuerpo legal, de pronto, tiene falencias, se puede corregir sobre la base del diálogo, sostuvo.
Recalcó que es inexplicable que en menos de 10 de horas luego de la aprobación del cuerpo legal se haya producido la reacción de la Policía que llevó al secuestro del Presidente de la República y que en él hayan intervenido ciertos elementos policiales tratando de acabar con el orden constituido, tras insistir que la confrontación de ideas permite consolidar la democracia, pero a nombre de oposición no se puede caer en conspiración.
Con esta oportunidad, exhortó a la comunidad mundial para levantar la voz y con firmeza extirpar de raíz este tipo de actos antidemocráticos vengan de donde provinieren, con el propósito de frenar cualquier intento golpista dentro de los cuarteles ya sean militares o policiales y reafirmar la vigencia plena de las democracias.
Agradeció a la comunidad internacional por la solidaridad demostrada en la crisis que finalmente fue superada por la movilización social.
En este encuentro participaron también los asambleístas Scheznarda Fernández y Virgilio Hernández.
MG/pv
La Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, reunida en Asunción, Paraguay, resolvió apoyar a la democracia en el Ecuador, a la vez que hizo un llamado a la calma y la normal marcha democrática en nuestro país, considerando que el régimen democrático es la mejor vía para gobernar y permitir que la ciudadanía sea parte de las decisiones y el desarrollo.
La resolución se aprobó, ante las acciones violentas que se desarrollaron el pasado 30 de septiembre que “apuntan a la desestabilización social y del gobierno del Presidente Constitucional del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado”
La comisión, de la que forma parte la asambleísta María Soledad Vela, recordó que el Tratado de Institucionalización, Estatuto y Reglamento del Parlamento Latinoamericano en su artículo segundo establece que el Parlamento tendrá como principios permanentes e inalterables, entre otros, la defensa de la democracia y la condena a la amenaza y al uso de la fuerza contra la independencia política y la integridad territorial de los Estados.
Por último, exhortó a la Mesa de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano para que se pronuncie en contra de este atentado a la democracia en el Ecuador, solicitando se salvaguarde el estado de derecho y se respete la integridad física del Presidente de la República.
La resolución está suscrita por los miembros de la comisión que representan a Paraguay, Uruguay, Argentina, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Aruba, Chile, Perú y México.
PV
Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, vivió entre Madrid y Zaragoza las primeras horas de la crisis política en su país, que fue, a su juicio, una acción "no espontánea".
Angustia e impotencia. Estas palabras fueron las elegidas por Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, para definir las sensaciones que se apoderaron de él cuando aterrizó en Madrid a las cinco de la tarde del jueves y, al conectar su teléfono móvil, un aluvión de llamadas y mensajes le ponía sobre aviso del delicado momento que se vivía en su país. "Todo lo que nos llegaba era una mezcla de noticias y rumores. Se nos hizo muy largo hasta que pudimos recobrar la comunicación con la Asamblea", reconoció, solo parcialmente aliviado.
Cansado, tras una noche demasiado larga a la que pudo arrancar "un rato de sueño", Cordero pasó ayer por Zaragoza para firmar dos convenios de colaboración con la Fundación Manuel Giménez Abad en la sede de las Cortes de Aragón. Las entrevistas con los medios de comunicación se sucedían y, entre medio, aún tenía tiempo para atender llamadas de apoyo, como la que recibió durante la conversación con HERALDO de la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Teresa Cunillera. "Agradezco los apoyos recibidos, del Gobierno de España, de su presidente, e invito al mundo entero, a los parlamentos del mundo, a las democracias del mundo, a cerrar filas para apoyar a Ecuador, porque ahí tenemos un presidente democrático", indicó.
Presidente que, dijo, estuvo a punto de ser asesinado en una acción "no espontánea" que buscaba hacer el mayor daño posible. "Correa estaba convaleciente de una operación de rodilla efectuada el día 20 y se vio envuelto en la revuelta policial. Los sublevados querían que, desprovisto de su andador, afectado por los gases lacrimógenos y con la herida reabierta, cayera, se asfixiara. De hecho, sus seguidores le pusieron una máscara antigás y los rebeldes se la quisieron quitar. Fue una acción muy calculada", narró. Lo más importante ahora es descubrir quiénes han sido los autores intelectuales, los diseñadores de unos hechos que fueron "planificados", subrayó.
Investigación de la Fiscalía
Preguntado por la posible implicación del ex presidente Lucio Gutiérrez en los hechos, afirmó que no tiene posibilidad de contestar y confió en la capacidad de la Fiscalía de Ecuador para hacer una investigación imparcial y profunda, "suficientemente serena, pero suficientemente radical también", para dar con los verdaderos autores, cómplices y encubridores. "Los propios agentes nos podrán contar. Ya lo han empezado a hacer", señaló Cordero, quien insistió en que la Policía estaba desinformada y ha sido "usada".
En este sentido, recordó que las razones esgrimidas por los policías para la revuelta, referidas a supuestas pérdidas salariales, no tenían razón de ser ya que la Constitución tiene "el principio de progresividad de los derechos". "Ningún derecho puede ser eliminado, así que no se puede perjudicar a los trabajadores. Lo que la ley aprobó fue hacer transparentes los salarios, los gastos públicos, que los ciudadanos sepan en qué se gasta el dinero", indicó el presidente de la Asamblea Nacional.
También precisó que, durante la revuelta, muchas operaciones de inteligencia se hicieron simultáneamente. "Se desconectaron antenas de conexión satélite, seguramente para atentar contra la libertad de información; se asaltó la Asamblea Nacional y se borraron todas las imágenes de las cámaras de seguridad, creyendo que no tenemos réplicas, para hurtar pruebas; también se cerró el aeropuerto internacional", enumeró, en su intento por demostrar la imposibilidad de una acción espontánea. En ese sentido, también recordó que la Asamblea ya fue asaltada hace unos días por un partido político opositor al Gobierno del país, algo que se tendrá que investigar también.
Una agenda que cumplir
Fernando Cordero admitió que, cuando se enteraron en Madrid de la gravedad de los hechos, la delegación que él encabeza valoró la posibilidad de regresar lo antes posible a Quito, pero, ante las noticias cada vez más tranquilizadoras que llegaban desde su país, decidieron mantener la agenda, viajar a Zaragoza y cumplir también sus compromisos en Ginebra, donde él participará en la reunión del Grupo Latinoamericano y del Caribe, así como en la Comisión y el Consejo Directivo de la Unión Interparlametaria Mundial.
"Al principio era un caos. Ningún teléfono funcionaba, las comunicaciones estaban cortadas", indicó Cordero. Sin embargo, la tecnología se alió con ellos. "Con un portátil logramos una comunicación bastante eficiente. Gracias a Facebook, Skype, Messenger y todo tipo de redes sociales y sistemas de comunicacion alternativos pudimos conocer la realidad en Ecuador. Después de un buen rato ya conseguimos calmarnos, y la verdad es que gran parte de la calma nos llegó de allá", concluyó.
