En la sesión 57 de la Asamblea Nacional, el Pleno resolvió 91 de las 98 objeciones del Ejecutivo al proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que contiene 641 artículos.
Con 96 votos de 98 presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 172, aprobó la Convención para reducir los casos de apatridia, tomando en cuenta que el país no cuenta con una legislación secundaria que reconozca, regule y garantice expresamente las situaciones y casos de apatridia, por tanto, todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio.
El asambleísta ecuatoriano Carlos Velasco Enríquez presidirá la reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) que se desarrollará en la Habana, Cuba, los días 6 y 7 de junio.
En este encuentro se tratarán temas como la promoción de salud con énfasis en su impacto en la conducta de las personas y el consentimiento informado de salud. También se abordará la construcción de Ley Orgánica de Salud del Ecuador.
Carlos Velasco, quien es presidente de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, viajó hoy a La Habana - Cuba.
La reunión la dirigirá Carlos Velasco, en su calidad de primer vicepresidente de la comisión.
RSA/pv
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Saruka Rodríguez, y los médicos Ángel Alarcón y Mario Montalvo, delegados de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, Capítulo Pichincha, sostuvieron ante la Comisión del Derecho a la Salud, que el conjunto del pueblo ecuatoriano, en base a los principios de equidad, universalidad y solidaridad, libre y voluntariamente son potencialmente donantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso de la persona, por escrito.
El presidente de la Confederación de Servidores Públicos del Ecuador, Miguel García, en su comparecencia ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, pidió que se respete la estabilidad y la carrera en la Ley de Servicio Público.
La Comisión de Régimen Económico, presidida por Francisco Velasco, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas, que hasta el 15 de octubre deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional.
Dentro del plazo de socialización, la Comisión recibió los criterios del ministro de Finanzas, Patricio Rivera; del secretario de Planificación y Desarrollo encargado, Diego Martínez; del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero; del director del Observatorio de la Política Fiscal, Hugo Jácome; y, César Robalino, de la Asociación de Bancos Privados.
La propuesta constituye un instrumento jurídico para la planificación y se estructura en función de tres ejes: el régimen del desarrollo, la garantía de los derechos del buen vivir y el nuevo modelo de Estado.
Se destaca como principal desafío el devolver la rectoría del ámbito de la planificación al Estado.
En este aspecto se identifican aspectos como la vinculación entre la planificación y presupuesto; la gestión fiscal plurianual; se redefine el concepto de endeudamiento público dando la suficiente flexibilidad a instrumentos financieros modernos; se mejora los límites de endeudamiento para los gobiernos autónomos descentralizados en función de su capacidad de pago; entre otros.
En la fase de aprobación del informe se registró: 6 votos afirmativos, 4 negativos y una ausencia. El proyecto sería puesto a consideración del Pleno el lunes próximo, 27 de septiembre, según lo anunció el principal de la Función Legislativa, Fernando Cordero.
AM/mg
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral presentó informe favorable al pedido de aprobación del “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR, sobre Compromiso con la Democracia”, enviado por el Presidente de la República.
Dicho informe fue aprobado, de manera unánime, por los legisladores Vethowen Chica, Fausto Cobo, Linda Machuca, Wladimir Vargas, Eduardo Paredes, Soledad Vela y Eduardo Zambrano.
Los comisionados establecieron que el Protocolo contribuye a la defensa de las instituciones democráticas, previene y sanciona la ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático en Sudamérica; y, coadyuva al mantenimiento del poder legítimamente constituido.
También, responde al Derecho Internacional y está acorde al artículo 416 de la Carta Política que proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos para organizarse democráticamente, la cooperación, la integración y la solidaridad, entre otros aspectos.
Dictamen de Corte Constitucional
La Corte Constitucional emitió dictamen previo y vinculante, tomando en cuenta que las disposiciones del referido instrumento son compatibles con la Constitución de la República del Ecuador.
Objeto del Protocolo
El Protocolo tiene como propósito la aplicación de medidas políticas y/o económicas por parte de los Estados sudamericanos, en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una grave violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder por parte de gobiernos democráticamente electos y la vigencia de los valores y principios democráticos en alguno de los países contratantes.
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El presidente de la Comisión Ocasional de Educación, César Rodríguez, informó que el ministro de Educación, Raúl Vallejo, se excusó de asistir al organismo legislativo, a donde fue invitado para que explique los aspectos más trascendentales del proyecto de Ley de Educación remitido por el Ejecutivo.
Luego de varias jornadas de trabajo y la participación de varios sectores involucrados, la Comisión de Desarrollo Económico entregó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a través del cual se redefine el rol del gobierno central y local para hacer realidad la transferencia de competencias en los ámbitos político, administrativo, legal y financiero a cada entidad territorial autónoma, reconocida en la Constitución de la República.
Respondiendo a la invitación de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, Fabricio Correa declaró que no tiene contratos con el Estado, tras advertir que la decisión del Gobierno de dar por terminado unilateralmente ciertos contratos le costará al país varios millones de dólares, en razón del pago de indemnizaciones que le tocará afrontar.