El Pleno inició el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, que tiene como propósito crear los mecanismos técnicos para revalorizar de manera automática las pensiones de jubilación al inicio de cada año.
Con los votos de Francisco Velasco, Zobeida Gudiño, Christian Viteri, Lorena Bravo, Eduardo Encalada, Ramón Vicente Cedeño y Ramiro Terán, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, que incluye el derecho de repetición contra funcionarios públicos. En contra votaron Salomón Fadul, Sylvia Kon, Patricio Quevedo y Andrés Ramírez.
En rueda de prensa, los asambleístas independientes Guillermina Cruz, Tomás Zevallos y Fernando Vélez, formularon un llamado a las bancadas de oposición y de Alianza País, con el objetivo de profundizar el debate y construir consensos respecto de los temas considerados polémicos en la Ley de Comunicación.
Creemos que habiendo una discrepancia en algunos artículos de la normativa, bajo la firme defensa de la libertad de expresión en nuestro país, que es la base fundamental de lo que significa el Estado, debemos entrar en una concertación, precisamente, para avanzar en la temática, expresó Guillermina Cruz, representante de la provincia de Napo.
Reiteró la necesidad que los 124 legisladores encuentren mayores posibilidades de acercamiento en cuanto a sus posiciones, a fin de lograr acuerdos en los puntos polémicos de la ley, sobre la base de defensa de intereses comunes, y no personales, antes de que se convoque a la sesión pertinente, tras indicar que el pedido lo oficializarán ante el Presidente de la Asamblea.
Es fundamental que vayamos limando asperezas, pues el país necesita una Ley de Comunicación, lo cual constituye un mandato popular y constitucional, agregó Guillermina Cruz Ramírez.
Entre tanto, Tomás Zevallos Vera, de la provincia de Orellana, argumentó que antes que pensar en un posible veto de parte del Ejecutivo, todos los legisladores deberían asumir un compromiso serio sobre el texto de la propuesta.
Estamos a tiempo para enriquecer el documento; dejemos de lado las discrepancias y sentémonos a legislador por la patria, enfatizó.
MG/eg
Por iniciativa de la Comisión de Régimen Económico se realizó el Foro de socialización del proyecto de Código de la Producción, que fue enviado por el Presidente de la República, Rafael Correa, con el calificativo de urgente en materia económica, donde empresarios, trabajadores y funcionarios gubernamentales expusieron sus puntos de vista al respecto.
En efecto, a la convocatoria del organismo acudieron Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil; Santiago León, titular del Directorio de la CAE; Mauricio Peña, secretario Técnico del Ministerio Coordinador de la Producción; Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI); Bernardo Acosta, representante de la Cámara de Industrias; y, Pablo Serrano, dirigente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl).
El asambleísta Paco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, anunció que el próximo miércoles continuará el proceso de socialización abierta, con el objetivo de escuchar a todos los actores sociales y lograr así acuerdos indispensables para que el Código sea resultado del más amplio debate, considerando que el proyecto constituye una herramienta efectiva para el desarrollo del comercio exterior y del país en general.
Eduardo Peña y Bernardo Acosta, de la línea empresarial, reconocieron que la propuesta gubernamental tiene aspectos positivos para el progreso nacional, sin embargo, plantearon que se elimine el impuesto a la salida de divisas y el cobro del impuesto mínimo, además que el pago del impuesto a la renta sea al final del año y no en el transcurso del camino.
Las medidas descritas son una mala señal para atraer las inversiones, enfatizaron, a la vez de sugerir que se establezcan incentivos fiscales para que la empresa privada genere mayor productividad y empleo, tratado de incorporar a los comerciantes informales al comercio formal, considerando que son una gran mayoría y perciben menos del salario básico.
La aplicación del Código tendrá un impacto en la economía de más de 379 millones de dólares en el primer año, destacó Carlos Marx Carrasco, director del SRI, quien puntualizó que no es procedente eliminar el impuestos a la salida de capitales y el impuesto mínimo, ya que atentaría a la estabilidad y sustentabilidad fiscal que ha desarrollado el régimen, para consolidar el principio constitucional del buen vivir de la sociedad ecuatoriana.
Entre tanto, Pablo Serrano, de la Ceosl, aseveró que se pretende fomentar la precarización en una especie de tercerización camuflada de empleo y que la unificación de los décimos y otras compensaciones en el salario digno vulnerarían la estabilidad y conquistas laborales, consagradas en la Constitución.
En respuesta, Mauricio Peña, del Ministerio de la Producción, aseveró que los trabajadores continuarán cobrando normalmente los décimos tercero y cuarto sueldos, al tiempo de indicar que el proyecto crea la figura de la contratación temporal especialmente en el área del turismo, para los que se ha fijado un pago adicional del 35% del sueldo básico unificado y se garantiza el reconocimiento pleno de la afiliación al seguro social y otros beneficios laborales.
MG/pv
Con ocasión del tercer año de gestión parlamentaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, presentará a la nación el informe de labores correspondiente al período 2011-2012.
La Comisión de Régimen Económico profundizó hoy el proceso de socialización del Código de la Producción con representantes del sector empresarial, sistema financiero, de las cámaras de comercio y de la producción, de los trabajadores, entre otros.
En efecto, al organismo comparecieron autoridades y delegados de la Asociación de Bancos Privados, de la Bolsa de Valores de Quito, de Expoflores, de la industria Textilera, del Servicio de Vigilancia Aduanera, de las empresas de telecomunicaciones, de las centrales sindicales, de las comercializadoras de combustibles, del Consejo de Minería, entre otros.
Los actores sociales coincidieron en destacar la trascendencia de la iniciativa para impulsar la reactivación productiva del país, pero que hubiese sido preferible tratarla con amplitud y tiempo suficiente. El Comité Empresarial, por medio de su presidente, Blasco Peñaherrera, sugirió que el documento sea devuelto y que el Ejecutivo lo remita por la vía ordinaria.
El asambleísta Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, anunció que el Código será objeto de una verdadera transformación con respecto al proyecto original, recogiendo los aportes y comentarios de las distintas organizaciones, con el propósito de sacar adelante una ley que propicie el desarrollo nacional.
César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados, planteó que se elimine el impuesto a la salida de capitales, además dejar sin efecto la retención del impuesto a la renta del 10% a la remeza de intereses por créditos internacionales que vienen de la banca, tomando en cuenta que ello encarece el crédito en claro perjuicio de los clientes.
Adicionalmente, consideró que es pertinente que los créditos se direccionen a la acción de la banca pública, pero no en el sistema financiero privado, tras sostener que ciertas partes del texto son confusas, especialmente en lo atinente a la intermediación financiera.
De su parte, Ignacio Pérez, de Expoflores, mencionó que el salario digno es una medida discriminatoria, pues no están incluidos todos los trabajadores ni los sectores productivos, por lo que el tema no debería ser incorporado en el Código, más aún cuando generará conflictos respecto a atender las supuestas nuevas conquistas laborales, en el segundo año de aplicación.
Entre tanto, Patricio Peña, presidente de la Bolsa de Valores de Quito, señaló que les preocupa que el proyecto pudiera ser declarado inconstitucional, considerando la diversidad de áreas y materias que contiene el mismo.
No es conveniente que el beneficio de la exoneración tributaria se restrinja a documentos e inversiones a más de un año, ya que ello afectaría la operatividad del mercado secundario de capitales, puntualizó.
A su vez, Mesías Tatamuez, representante de las centrales sindicales, afirmó que el Código de la Producción fue elaborado sin la participación de los trabajadores.
Se nos invitó 15 días antes de presentar el documento a la Asamblea, con el propósito de decir que la clase obrera intervino en la discusión, contradiciendo el principio constitucional de que la democracia debe ser participativa, agregó.
En la reunión participaron Mauricio Peña y Santiago León, encargado del Ministerio de la Producción y titular del Directorio de la CAE, respectivamente.
MG/pv
Con la presencia de más de quinientos ex combatientes de la guerra del Cenepa, familiares y soldados que se situaron en las barras altas del Pleno, los asambleístas iniciaron el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, que establece beneficios para quienes mediante Decreto Ejecutivo fueren declarados héroes nacionales.