Una comitiva de líderes, dirigentes, ancianos, mujeres y niños del pueblo de Sarayacu, en rueda de prensa, solicitó a la Comisión de Derechos Colectivos haga un seguimiento del proceso que lleva adelante la Corte Interamericana de Derechos Humanas, por la violación de sus derechos humanos.
Hay que contribuir al trabajo que realiza Naciones Unidas en la implementación del desarrollo del milenio pos 2015 y para ello hay que poner una mirada hacia el desarrollo sostenible que implica involucrar al hombre y la naturaleza. Este fue uno de los criterios expuestos por los parlamentarios en el taller sobre “Una visión nueva para el desarrollo”, en el marco de la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria.
Con ocho votos, la Comisión de Biodiversidad aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Protección de Animales Domésticos y de Compañía de autoría de la legisladora Saruka Rodríguez, que tiene por objetivo establecer una serie de medidas y regulaciones sobre el cuidado y protección integral de estos animales, garantizando su bienestar y procurándoles una atención especializada.
Por razones de conservación ambiental, étnico culturales o de población, en el marco de las circunscripciones territoriales, se establece la constitución de regímenes especiales, distritos metropolitanos, consejo de gobierno de la provincia de Galápagos y circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, aseguró el asambleísta Paco Moncayo, al resaltar los beneficios del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Con la finalidad de recoger insumos para la legislación ecuatoriana, en la Asamblea Nacional se inauguró el Foro Bioconocimiento, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Recursos Naturales, Biodiversidad e Impacto Ambiental, organizado por la primera vicepresidenta de la Función Legislativa, Irina Cabezas y la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Ambato.
La asambleísta Mariangel Muñoz anunció que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la cual es parte, retomará, en los próximos días, el estudio del informe borrador, para segundo debate, del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, en el que se toman en cuenta las observaciones y aportes de los sectores sociales, colectivos ciudadanos y grupos de defensa de derechos humanos, entre otros.
Resaltó que la ciudadanía se ha empoderado del debate de este trascendental cuerpo jurídico y está exigiendo, con absoluta legitimidad, la incorporación de ciertos tipos penales como femicidio, sicariato, secuestro exprés y la trata de personas.
Nosotros hacemos el mayor esfuerzo para resguardar los derechos a la vida, la propiedad, la integridad física, a la honra, los que tienen que garantizarse en nuestras leyes, no digamos la Constitución, agregó.
Enfatizó que en las legislaciones de México, El Salvador y Argentina está claramente tipificado el delito de femicidio. La idea es, no solo identificar estadísticas de cuántas mujeres son violentadas hasta perder la vida en manos de sus parejas o cónyuges, sino, precisamente, para combatir esa violencia desde la prevención y desde las políticas públicas.
“Nosotros tenemos la perspectiva de sancionar fuertemente, a tal punto que tengan la misma sanción el femicidio y el sicariato, es decir, hasta 28 años, si es que no es más”, dijo, al puntualizar que el reto de la comisión es trabajar en la aprobación del segundo informe, a fin de que la mesa de Justicia tenga una herramienta y no inicie desde cero.
Jóvenes infractores
Mencionó que existe la propuesta de modificar las medidas alternativas o de sanciones a los adolecentes infractores, que elevaría de cuatro a seis, nueve o más años la pena de prisión o libertad, dependiendo del delito.
Por último, la asambleísta Mariangel Muñoz Vicuña reiteró que lo fundamental es garantizar condiciones idóneas para que los menores puedan rehabilitarse en centros especializados y, así, reinsertarse a la sociedad.
MG/eg
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en cumplimiento del artículo 66 de la Constitución, notificó al titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, la declaratoria del estado de excepción en la provincia del Carchi, cuyo decreto ejecutivo fue expedido para garantizar la captación, provisión, producción, almacenamiento y distribución de agua para el consumo humano y uso agropecuario y evitar una grave conmoción interna en ese territorio.
El Pleno de la Asamblea Nacional creó la comisión especializada ocasional que se encargará de tramitar el proyecto de Ley de Discapacidades, sobre la base de los proyectos presentados por las asambleístas Irina Cabezas, primera vicepresidenta, y María Cristina Kronfle.