Asambleístas de diversas bancadas legislativas defendieron el carácter intercultural, plurinacional y multiétnico del Estado ecuatoriano, que debe estar amplia y debidamente desarrollado en la Ley Orgánica de Culturas, tramitada en primer debate por el Pleno.
Con representantes de las diversas organizaciones sociales indígenas de las provincias de Cañar, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe, la Comisión Especializada Ocasional, continuó el proceso de validación de las consultas en torno al proyecto de Ley de Educación General, en relación con el capítulo IV, del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB). Esta vez el encuentro fue en Cuenca.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Constitución y 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado presentó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Inquilinato.
La propuesta, de autoría de la asambleísta Nivea Vélez Palacio, representante de la provincia de Loja, se tramitó en primer debate el pasado 19 de abril, en el que se expusieron observaciones de carácter general, no modificaciones o cambios de fondo.
Objetivos
La normativa busca proteger de manera integral los derechos de las personas que participan en la relación contractual de inquilinato; equilibrar derechos y obligaciones entre las partes que intervienen en la relación arrendaticia.
Además, pretende cubrir vacíos legales y adecuar esta legislación a la norma constitucional y leyes orgánicas atinentes a la materia, como por ejemplo el Código Orgánico de la Función Judicial; y, establecer procedimientos expeditos que aseguren los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, haciendo por supuesto efectivas las garantías del debido proceso y tutela judicial efectiva.
Bajo estos parámetros, la Comisión de Justicia consideró que los fines propuestos en el proyecto justifican suficientemente una reforma a la Ley de Inquilinato, más aún cuando no solo en materia de relaciones de inquilinato los conflictos que en ella se producen por lo general terminan en procesos eternos que crean como en todo el sistema de administración de justicia la inconformidad de los usuarios.
Adicionalmente, se puntualizó que el inquilinato y las relaciones vecinales no están fuera de este problema irresoluto, por ello, esta reforma intentará disminuir el largo y tortuoso camino de la justicia de inquilinato, pues la verdadera solución a todos los conflictos judiciales está en el cambio integral del sistema de administración de justicia, comenzando por dejar en el pasado el proceso escrito y abrir las puertas a la oralidad de manera urgente.
MG/pv
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, bajo la presidencia de Fernando Bustamante, decidió hoy recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, la aprobación de la denuncia del Convenio entre los Gobiernos del Ecuador y la República China para el Fomento y Protección Recíproca de Inversiones.
En efecto, el organismo aprobó el pertinente informe, el cual contó con el voto favorable de Linda Machuca, Fernando Bustamante, Vethowen Chica, Gabriel Rivera, Maruja Jaramillo y Eduardo Zambrano. En contra se pronunciaron Fausto Cobo y Fernando Aguirre, mientras Vladimir Vargas se abstuvo.
La Corte Constitucional emitió dictamen previo y vinculante el 29 de julio de 2010, por medio del cual determinó que el artículo 9, numeral 3 de dicho Convenio, contradice lo dispuesto en el primer inciso del artículo 422 de la Constitución, en cuanto a la prohibición de celebrar tratados o instrumentos internacionales en que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Bajo tales antecedentes, la Corte determinó que, al encontrarse este instrumento en contradicción con el texto constitucional, es procedente continuar el trámite correspondiente para su denuncia.
Socialización, observaciones y aportes
Previo a la aprobación del informe, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió a Jorge Acosta, subsecretario de Asuntos Económicos y Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; Pablo Piedra, funcionario de la Cancillería; Cai Runguo, embajador de la República China; Michael David Caza, representante de la Cámara de Comercio Ecuatoriano – China, quienes presentaron sus pareceres y aportes sobre el tema.
MG/pv
El asambleísta Eduardo Zambrano, del Movimiento Alianza País, analizó y socializó con los compatriotas ecuatorianos que residen en Venezuela el contenido del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que se tramita en la Comisión de Gobiernos Autónomos.
En el encuentro también participó Juan Pablo Valdiviezo, cónsul General del Ecuador en Caracas.
Con esta oportunidad, Zambrano Cabanilla, representante de Latinoamérica, el Caribe y África, comentó que gracias a la Constitución vigente, se reconoce el derecho de las personas a migrar, además de no considerar a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria, el derecho a la nacionalidad ecuatoriana como el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, el cual no se pierde por estar viviendo fuera del país.
Enfatizó que la Ley de Registro Civil actual tuvo su última reforma en el año 1983, por tanto, no responde a la realidad que viven las y los ecuatorianos en el exterior, ni tampoco está en armonía con los preceptos constitucionales.
Insistió que la realidad cotidiana de la comunidad migrante presenta varios inconvenientes al momento de la obtención de los documentos personales y de identidad. A través de la propuesta se busca establecer mecanismos de solución eficientes en beneficio de ciudadanos que viven en el exterior, entre otros temas.
La normativa fija un mecanismo para que ellos puedan obtener la cédula de ciudadanía nacional en las oficinas consulares del Ecuador de forma permanente, sin tener que estar a la espera de una brigada de cedulación temporal; al igual que facilita la inscripción, en los consulados, de los hijos, con los nombres que han sido inscritos en el país donde residen, argumentó.
Por último, el vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, dijo que el proyecto fortalece el artículo 7, numeral 2, de la Constitución, el cual determina: "Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad..”
MG/pv
En este importante evento intervendrá el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero; la ministra de Inclusión Económica y Social, María de los Ángeles Duarte, mientras la primera autoridad del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon, posesionará a los flamantes personeros.
Proceso eleccionario
El domingo próximo, a las 09h00, se desarrollará la elección de los representantes nacionales del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, en el Hotel Embassy (Wilson E8-22 y 6 de Diciembre), en Quito.
Más de 100 niños, niñas y adolescentes, delegados de las 24 provincias del país participarán en este trascendental sufragio, en el cual se elegirá a la directiva del CCNNNA, misma que está conformada por: presidente (a), vicepresidente, secretario y, dos vocales, quienes tendrán la gran responsabilidad de actuar y consultar a la niñez y adolescencia del país, en los temas que les competan.
MG/pv
En el Hotel Quito, Salón Pichincha, del 18 al 19 de octubre, se desarrollará el seminario internacional “Economía del cuidado y seguridad social para personas que realizan trabajo no remunerado”, organizado por el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, bajo la conducción del asambleísta Eduardo Zambrano Cabanilla, profundizó el estudio de los proyectos de ley en materia de control de la violencia en los escenarios deportivos.
Mediante videoconferencia con la Casa Legislativa de Guayaquil, el organismo receptó los comentarios de Juan Rojas, titular de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR). También recibió al legislador Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos.
El licenciado Rojas destacó la necesidad de implementar un análisis profundo de las garantías que prestan los escenarios deportivos para darles el respectivo permiso de funcionamiento.
Comentó que un estadio del puerto principal está ubicado en el centro de la ciudad y rodeado de múltiples de cables de alta tensión, entre 10 y 20 mil vatios. Qué pasaría si de pronto surge un desprendimiento de uno de esos cables, preguntó, al enfatizar que las sanciones deben ser más enérgicas para los escenarios, cuando se producen actos de violencia que incluso conllevan a la muerte de ciudadanos.
La principal prioridad a proteger tiene que ser la niñez, que está expuesta a ver no solo hechos violentos, sino escuchar vocabulario prosaico por parte de malos aficionados, que no reparan en el daño sicológico y en la formación integral que causan a los menores. Se tiene que recuperar el principio que los escenarios son lugares para disfrutar sanamente de un espectáculo, en familia, agregó.
FEF mantiene doble estándar
Entre tanto, el asambleísta Virgilio Hernández aseveró que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) mantiene un doble estándar en su comportamiento, pues por una parte, reivindica su autonomía respecto a la legislación nacional y, por otra parte, hace caso omiso a la propias recomendaciones técnicas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), para la organización de campeonatos internos e internacionales, especialmente las medidas en torno a los asientos y la comodidad, en general, de la gente en los estadios, a fin de garantizar su protección y seguridad.
Igualmente, precisó que el Código de Organización Territorial (COOTAD), en sus artículos 54, 55, 84 y 87, establece las responsabilidades de los municipios y de los distritos metropolitanos para la administración de los diferentes espectáculos públicos.
MG/pv