La Comisión de Soberanía Alimentaria, de Desarrollo el Sector Agropecuario y Pesquero inició el estudio el Reglamento de Aplicación de la Consulta Prelegislativa, sobre la base del borrador presentado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, que tiene por objetivo garantizar el derecho de la Educación Superior de calidad que propenda a la excelencia, sin discriminación, entró a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
En el primer piso de la Sede Legislativa, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, siendo las 19:05 recibió al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Humberto Cholango, junto a representantes de otras organizaciones con quienes analizarán cinco puntos que fueron solicitados por estas organizaciones, con lo cual instaló la mesa de diálogo.
El expresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, de conformidad con lo dispuesto en el art. 134, numeral 1, de la Constitución de la República, con el respaldo de varios legisladores, presentó los proyectos de Ley Orgánica de Tierras y Territorios y de Ley de Desarrollo Agropecuario, en cumplimiento de su compromiso inclaudicable con las personas menos favorecidas del Ecuador y continuar el proceso de revolución agraria en el país, para democratizar el acceso a la tierra y fomentar el desarrollo de este importante sector productivo, como herramientas para erradicar la pobreza, particularmente en las zonas rurales.
En los próximos días,
El asambleísta Fernando Bustamante, presidente del organismo legislativo, comentó que existe preocupación por la violencia, robos, asaltos, homicidios, sicariato, el crimen organizado transnacional de la guerrilla y paramilitarismo, por lo que es necesario conocer la realidad de esta problemática y fundamentalmente analizar los avances de los programas implementados por el régimen en esta materia, en una especie de fiscalización.
En esta ocasión, el organismo propone la depuración de 159 decretos, considerando que tales normas, aunque forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley; por el cumplimiento de la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, cuanto porque los presupuestos establecidos en ellas han sido recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
Dicho informe plantea la derogatoria de leyes, decretos legislativos, decretos supremos y codificaciones referentes, principalmente, a la destilación de aguardientes; impuestos a las ventas de alcoholes, sal y cigarrillos para financiar obras públicas como escuelas, colegios, puentes, carreteras, edificios estatales; regulación para el manejo del monopolio fiscal de aguardientes, fósforos y tabaco, entre otros contenidos legales, que actualmente han perdido eficacia.
El 12 de enero 2010, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió al titular de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, el proyecto de Ley de Depuración de la Normativa Legal, que comprendía alrededor de 700 normas caducas.
En razón de la extensión y complejidad del tema, la Comisión de Justicia logró del Consejo de Administración Legislativa, CAL, la autorización para tratar el proyecto en partes, es decir que se aprueben como leyes diferentes, a fin de realizar un exhaustivo análisis del contenido de cada una de las normas.
El primer paquete de 107 cuerpos legales obsoletos fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado mes de mayo. No obstante, el Ejecutivo, a solicitud de la ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely Suárez, presentó una objeción parcial en el sentido de que se exceptúe de la depuración lo atinente al Abono Tributario, pues crea un instrumento de política exterior idóneo para compensar a los productores que se vean perjudicados por medidas impuestas por terceros países, lo que resulta indispensable para mantener y atraer la inversión productiva.
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El Pleno tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Héroes y Heroínas Nacionales, presentado por el asambleísta Henry Cuji que tiene como finalidad ampliar el espectro de beneficios al resto de combatientes que participaron en los conflictos armados, considerando su evidente predisposición al sacrificio, al acudir al frente de guerra, sin consideraciones de índole familiar o del riesgo que corrían sus vidas o integridad física personal.