Durante el debate sobre el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, CJ, asambleístas de diversas tendencias destacaron la importancia de la fiscalización, como un mecanismo de rendición de cuentas ante la ciudadanía, por parte de los funcionarios de Estado, en este caso los miembros del órgano de gobierno de la Función Legislativa.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó a los asambleístas para mañana, 5 de mayo, a partir de las 09:30, para continuar la sesión 102, a fin de iniciar la fase final del proceso interpelatorio.
El asambleísta César Montúfar prepara un proyecto de Ley para Despenalizar el Desacato y Eliminar otros Obstáculos a la Libertad de Expresión, mismo que tiene por objetivo dotar de los instrumentos jurídicos para garantizar plenamente la libertad de expresión de la ciudadanía.
El interpelante, Mauro Andino Reinoso, inició su argumentación felicitando al doctor Ulpiano Salazar Ochoa por su valentía de hablar de una serie de hechos y actos que ha venido ocurriendo en el Consejo de la Judicatura, CJ, al tiempo que le invocó a que se realice un ejercicio de autocrítica “casa adentro”, acerca de lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en ese organismo de control.
En la séptima jornada de juicio político contra los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ), el Pleno de la Asamblea Nacional escuchó la defensa del vocal Ulpiano Salazar, quien manifestó que es bueno venir a rendir cuentas al pueblo sobre su accionar en este organismo estatal.
Mauro Andino, en su argumentación de las acusaciones contra el vocal del Consejo de la Judicatura, CJ, Luis Germán Vásquez, afirmó que sí mantuvo conflicto de intereses, al ejercer el cargo en la Judicatura, mientras continuaba como procurador judicial del Banco Pichincha, puesto que nunca se elevó a escritura pública la revocatoria de la representación otorgada por esta entidad bancaria.
El asambleísta Paco Moncayo Gallegos, en representación de un grupo de 40 legisladores de varias tendencias políticas, anunció que han solicitado al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, que postergue hasta después del 7 de mayo, fecha en que se desarrollará la consulta popular propuesta por el Ejecutivo, la votación del juicio político que se sigue en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura, CJ.
En la reinstalación de la sesión 102 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la cual se desarrolla el juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura, CJ, Luis Germán Vásquez Galarza, octavo encausado en el proceso, negó la existencia de un supuesto conflicto de intereses en el ejercicio de su vocalía, ya que con fecha 12 de octubre de 2009 presentó su renuncia irrevocable al cargo de Procurador del Banco Pichincha CA, mismo que fue acogido por su presidente, Antonio Acosta Espinosa.
El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 102, iniciada el pasado 11 de abril, ha desarrollado cinco jornadas de trabajo, dentro de las cuales seis vocales del Consejo de la Judicatura, CJ, han ejercido su derecho a la defensa, exponiendo su argumentos de descargo, frente a las acusaciones formuladas por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, sobre supuestos actos de corrupción en que habrían incurrido al dejar sin sanción a los jueces que permitieron la caducidad de la prisión preventiva de miles de procesados; presunto incumplimiento de funciones; tráfico de influencias; conflicto de intereses y presiones para que los jueces fallaran a favor de los intereses de determinadas personas; imprecisión en la declaración juramentada de bienes de uno de los vocales, entre otras.