La Comisión de Desarrollo Económico invitó para mañana, a partir de las 10:00, al Ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, con la finalidad de dialogar sobre los planes, metas y políticas que tiene esa Cartera de Estado para fomentar el desarrollo del sector exportador.
Asambleístas de diversas bancadas legislativas coincidieron en la necesidad de incorporar reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, con el propósito de que esta normativa se aplique adecuadamente, para evitar que las contravenciones queden sin juzgamiento y lograr que las multas sean recaudadas por los organismos pertinentes.
Con la presencia de las autoridades de la Universidad de Guayaquil y los asambleístas María Alejandra Vicuña y Juan Fernández, cientos de estudiantes visitaron el Punto de Encuentro Ciudadano, con el fin de conocer específicamente el GLIN (Global Legal Information Net) que es un proyecto de intercambio mundial de información legal, al que está suscrita la Asamblea Nacional.
El presidente de la Asamblea Nacional, arquitecto Fernando Cordero Cueva y su comitiva, visitó a los compatriotas que forman parte de la tripulación del Buque Escuela Guayas, que zarpó de la ciudad de Guayaquil el 16 de diciembre de 2009.
Las asambleístas Silvia Salgado, María Augusta Calle, Mary Verduga, Diana Atamaint, María Alejandra Vicuña del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba, junto al embajador de Cuba Jorge Rodríguez Hernández, expresaron la necesidad de que el régimen, representado por Rafael Correa Delgado, en el marco de la diplomacia, lleve a las Naciones Unidas y al mundo el mensaje para que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba y que otorgue la libertad definitiva a los cinco presos políticos de ese país: René González, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Liort y Antonio Guerrero Rodríguez.
El doctor Renato Guaraldo, catedrático universitario, de nacionalidad itialiana, en la Comisión de Justicia consideró que hay que evitar la impunidad, pero sin caer en una normativa punitiva y rigurosa para sancionar la mala práctica médica.
El juez tiene que evaluar el error o impericia, sobre la base de la aplicación o no de las reglas macroscópicas definidas por la comunidad científica, a fin de determinar si el acontecimiento lesivo o la muerte del paciente habría podido ser previsible, en el objetivo de fijar, así, la responsabilidad civil y penal.
Para tal efecto, continuó, se debe considerar las condiciones del paciente, la condición del lugar donde el galeno ejerce su función, la posibilidad que las diferencias individuales entre uno u otro paciente puedan no haber sido completamente estudiadas debidamente.
Reiteró que en un código solo se puede establecer indicaciones generales; será el juez el que verifique si efectivamente el acontecimiento lesivo o peor la muerte del paciente habría posible se previsible o no, según buena práctica médica y técnica.
Estamos hablando de los errores en el ejercicio de la práctica médica, de ninguna manera de todas las actuaciones que están fuera de este ámbito: la intervención quirúrgica inútil y la intervención equivocada de forma grave, que hacen parte de otro universo jurídico, sostuvo, tras expresar que la idea de sanción con prisión de dos a cuatro años tiene que merecer profundo análisis.
Biopiratería
También, la Comisión de Justicia recibió a Andrés Ycaza Mantilla, director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, quien solicitó tipificar e imponer sanciones para el delito de biopiratería.
Destacó que Ecuador es uno de los países más megadiversos del mundo, en razón de su gran riqueza en recursos genéticos y saberes culturales tradicionales, que han sido patentados por personas y organizaciones particulares, sin la respectiva autorización y responsabilidad de los pueblos y comunidades y, lo que es más, sin la redistribución justa y equitativa de beneficios.
MG
Los presidentes de
Freddy Peñafiel, subsecretario de Educación, acudió a la mesa 9, presidida por la asambleísta Ximena Ponce, con el propósito de informar sobre el funcionamiento y resultados del proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (EBJA), el cual sustenta los programas de alfabetización y post-alfabetización.
En la reunión también intervino María Ester Lemus, gerente del proyecto EBJA.
Peñafiel señaló que el proyecto, que funciona desde el 2011, por su importancia y trascendencia, ha sido considerado como emblemático y modelo, tras manifestar que tiene como principal objetivo bajar la tasa de analfabetismo del 6,8%, según el censo del INEC, al 4%, de manera progresiva en el Ecuador, cuya tasa es universalmente aceptada.
Para tal efecto, hemos estado trabajando intensamente en territorio, a nivel nacional con docentes calificados. Los locales de alfabetización están en colegios, instituciones educativas, iglesias y fundamentalmente en centros comunitarios y comunales, para atender a la gente que nunca entró o se retiró del sistema educativo y que tiene derecho a recibir educación, formación y aprender y codificar el mundo.
En el momento, continuó, tenemos 328 mil estudiantes promovidos, que avanzan en el proceso no solo por asistencia sino el cumplimiento de exámenes y un perfil de salida, los que están debidamente registrados.
Finalmente, indicó que la alfabetización busca sentar las bases para una educación continua, es decir, que las personas completen la fase básica, intermedia y el bachillerato, al enfatizar que se fortalece un amplio plan de ofertas de estudio gratuito para deportistas de alto rendimiento, ciudadanos privados de libertad y otros grupos poblacionales, con modalidades a distancia, presencial, semipresencial y virtual.
MG
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, recibió al intendente y al director del departamento Jurídico, de la Superintendencia de Compañías de Quito, Marcelo Icaza y Oswaldo Noboa, respectivamente, quienes solicitaron reformar el primer inciso del artículo 56 y segundo inciso del artículo 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de poner fin a la serie de abusos por parte los socios mayoritarios que conforman compañías anónimas.
Las personas con discapacidad hemos recorrido un arduo camino en el cual se han presentado tanto trabas como luces, pero más fuerte ha sido el entusiasmo y nuestra esperanza de dibujar, para las personas con discapacidad y nuestras familias, un futuro mejor, pues lejos quedó el sello de la oposición y el oficialismo, ante la oportunidad de corregir décadas de olvido y desatención, enfatizó la presidenta de la Comisión Ocasional para Personas con Discapacidad, María Cristina Kronfle.
