Con el apoyo de nueve asambleístas, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Saruka Rodríguez, presentó un proyecto de reforma a la Ley Especial del Sector Cafetalero, que tiene por objetivo actualizar y adecuar los marcos jurídicos y normativos relacionados con este importante sector productivo del país, en miras a impulsar su desarrollo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó a los asambleístas a las sesión 155 del Pleno, para este jueves 29 de marzo de 2012, a las 9:30, a fin de entregar el Acuerdo Legislativo y condecoración a la Fundación Escuelas Radiofónicas y Populares del Ecuador; así como los primeros debates del proyecto de Ley Notarial; y, de la Ley Orgánica de la Juventud.
Al saludar a todos los asistentes al homenaje que le rindió la Asamblea Nacional, el vicepresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, subrayó que la solidaridad no tiene fronteras, peor límites de tiempo, espacio, ideología y, mucho menos, excepciones; Ecuador está enseñando al mundo que la paz se construye cuando miramos al otro, al diferente, como parte de una misma sociedad.
El Pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Provincial, que armoniza el texto de la ley secundaria con la nueva estructura de los consejos provinciales, prevista en el Art. 252 de la Constitución de la República, a fin de que estos cuerpos colegiados puedan funcionar con normalidad, hasta que se dicte el Código Orgánico de Organización Territorial, que regulará el accionar de los gobiernos autónomos descentralizados.
El Titular del organismo legislativo, también, indicó que a la reunión ha sido invitado el secretario de Inteligencia Nacional, Paco Jijón, tras precisar que la denuncia publicada en un medio de comunicación de Guayaquil en torno a la presunta acción de los servicios de inteligencia colombianos en nuestro país, que habrían interceptado llamadas a altos funcionarios gubernamentales entre los años 2008 – 2009, es motivo de preocupación de todas las instancias del Estado, no solo del Ejecutivo.
En el supuesto no consentido de que tales denuncias fueran verdaderas constituirían una gravísima violación de nuestra soberanía, de los derechos de las personas afectadas, además tendría funestas consecuencias entre ambos pueblos y sería una burla al proceso de acercamiento y de pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas, precisó, al enfatizar que es necesario esperar los resultados de las investigaciones correspondientes.
Reiteró que es fundamental que el Estado en todas sus instancias preste total atención a este tema y busque la forma de aclarar los hechos para disipar cualquier duda que pueda persistir, por tanto, los funcionarios deberán explicar a la Asamblea qué sabe el Ejecutivo respecto de esas versiones, cómo se están llevando a cabo las indagaciones pertinentes y cómo se piensa dilucidar esta oscura sombra de duda que se cierne sobre nuestras relaciones bilaterales.
Bustamante exhortó al gobierno de Colombia para que preste toda la colaboración al esclarecimiento de la información publicada. Sería conveniente saber el nombre del supuesto informante que estaría abasteciendo al medio de sus datos, respetando, profundamente, el derecho de la prensa a la reserva de fuente.
Comentó que los artículos 66, numeral 21, de la Constitución; y, 121, 148, 197 y 202 del Código Penal determinan claras sanciones contra el espionaje. Así, serán reprimidos de dos meses a un año quienes interceptan sin orden judicial conversaciones telefónicas; de seis meses a un año el que emplea cualquier medio electrónico para violentar claves o sistemas de seguridad protegida, subrayó.
Si la información fuere relativa a la Seguridad Nacional, será reprimido de uno a tres años de prisión, concluyó el Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales.
MG/jlvn
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución, en concordancia con lo previsto en los artículos 4, 7 y 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, entregó al Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, el Informe Anual de Cumplimiento de Transparencia, que contiene toda la documentación desde 1830, hasta la presente fecha.
Omar Bonilla, Nelson López, María Paula Romo y Pedro Alvear Bardelini (en conferencia virtual) expusieron sus criterios sobre el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos de los Registros de
En la reunión estuvieron presentes los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a más de dirigentes de los trabajadores, docentes y estudiantes de las diversas universidades públicas y privadas, así como del Consejo Nacional de Educación Superior, Conesup, que se concentraron en el ex Senado.
Cordero reiteró que las puertas de la Función Legislativa están siempre abiertas para escuchar las inquietudes de todos los sectores sociales, tras enfatizar que se debe trabajar por una universidad, con visión de futuro, que mejore la calidad, cumpla a cabalidad sus objetivos, promueva la investigación, la ciencia y tecnología, para beneficio del país.
Se mostró partidario de garantizar los fondos de jubilación, en función de un mejor trato para los docentes; que el titular del Consejo de Educación Superior se integre, con voz y voto, al Consejo Nacional de Planificación, en una muestra real de afianzar la articulación entre el Estado y la universidad.
Gustavo Vega, máxima autoridad del Conesup, destacó que es fundamental sacar una ley que sea una garantía para un instrumento de la superación de la calidad de la universidad ecuatoriana.
Profundizar discusión
Entre tanto, Enrique Ayala Mora, coordinador de la Comisión de Diálogo para la LOES, planteó concretamente que se instale inmediatamente un grupo especial para revisar el texto de la ley, a fin de ratificar los consensos y buscar alternativas a los desacuerdos; si este objetivo no se logra, que sea el Pleno de la Asamblea quien tome la últimas decisiones. También, que la Comisión de Educación exprese públicamente su decisión de apertura para acoger esta tarea.
Análisis
De su lado, Raúl Abad Vélez, presidente de la Comisión Especializada Permanente, dijo que, en los actuales momentos, es difícil formar una comisión tripartita, no obstante se analizarán los insumos que por escrito remita el Conesup, desde el punto de vista jurídico y técnico, al enfatizar que las inquietudes de la Academia han sido tomadas en cuenta oportunamente.
Anticipó que no habría inconveniente en revisar el tema de los recursos a favor de las entidades cofinanciadas.
Mientras, Carlos Cedeño y Ernesto Álvarez, presidentes de la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana y de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos, respectivamente, coincidieron en señalar que la LOES debe consagrar los principios de autonomía, cogobierno, financiamiento, acorde a las normas constitucionales, a más de la formación profesional y una jubilación digna para los docentes.
MG