Queda pendiente por resolver los puntos cuatro y trece del veto, relacionados con el pago de indemnizaciones por retiro voluntario y la disposición final segunda, que reforma y deroga algunas disposiciones de leyes vinculadas con esta temática.
De esta manera, se determina que la creación de las empresas públicas que se constituyan entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser mediante escritura pública, para lo cual se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima autoridad del organismo autónomo descentralizado, según sea el caso.
También, en la contratación y optimización del talento humano se determina que la designación y contratación de personal de las empresas públicas se realice a través de procesos de selección que atiendan los requerimientos empresariales de cada cargo y conforme a los principios y políticas establecidas en la ley, la codificación del Código del Trabajo y las leyes que regulan la administración pública.
Se elimina la disposición que determina que el Presidente de la República será el que conceda la autorización para la realización de las inversiones, inclusive en el exterior y que la obtención de financiamiento internacional debe efectuarse por concurso público y no directamente.
Debido a la cantidad de información correspondiente a trámites y petitorios de los usuarios, las empresas públicas deberán divulgar en sus sitios web, entre otros aspectos, la información financiera y contable del ejercicio fiscal anterior; la información mensual sobre la ejecución presupuestaria de las empresas; el informe de rendición de cuentas de los administradores; los estudios comparativos de los dos últimos ejercicios fiscales; sus reglamentos internos, entre otras disposiciones.
Así mismo se prevé que el control de estas empresas se realice a través de la Contraloría General del Estado; la unidad de auditoría interna y el Consejo de Participación Ciudadana. Para la recaudación de los valores adeudados por los clientes, dichas empresas gozarán de jurisdicción coactiva.
Las empresas públicas y estatales existentes, tales como Ferrocarriles del Estado, Petroecuador, Correos del Ecuador, las empresas municipales, entre otras para seguir operando adecuarán su organización y funcionamiento a las normas previstas en la ley, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la expedición.
En cambio, las empresas que están vinculadas con la defensa nacional deberán permanecer bajo el control de las FFAA, por consideraciones de tipo técnico-estratégico; los directorios se conformarán, a más de los miembros previstos en el Art. 7 de la Ley, por el Jefe del Comando Conjunto y del Comandante General de la Fuerza más antiguo de las FFAA.
El Pleno de la Asamblea Nacional oportunamente retomará el análisis de las objeciones pendientes.
JLVN/eg
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, la ministra de la Producción, Nathaly Cely, y asambleístas de diversas bancadas legislativas, socializaron el índice del Proyecto del Código de la Producción, previo al envío formal de esta iniciativa por parte del Ejecutivo.
Con la presencia de 122 asambleístas, el Pleno reinstaló su sesión 136 en la que consta la votación del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación. En las barras altas se dieron cita algunos sectores sociales, quienes vigilarán la fase final del proceso de aprobación de esta iniciativa legal.
Una nutrida delegación de los diferentes estamentos universitarios, autoridades, estudiantes, profesores y trabajadores, fue recibida por la primera Vicepresidenta de
Luego de aprobar por unanimidad en segundo debate el proyecto de Ley Interpretativa que beneficia a los posesionarios de sector Atucucho, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, se dirigió a los beneficiarios para felicitarles y exteriorizarles su total apoyo para convertir a este sector en el mejor barrio de Quito.
El presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Raúl Abad, subrayó que Ecuador es el primer país de América Latina en que se aplica un proceso para garantizar la calidad académica de las universidades y se ha constituido en ejemplo para otras naciones como Colombia y Honduras, que también buscan un objetivo similar, conforme conoció en el diálogo mantenido hoy con Pedro Enríquez, observador internacional y director de la Unesco para América Latina y el Caribe.
Diez millones de hojas útiles y 40 mil títulos de libros recogen los documentos, textos, actas, fotografías y periódicos que contienen la historia política y legislativa de nuestra nación, desde el siglo XVII, forman el amplio patrimonio documental que está bajo custodia de
La Secretaría de la Asamblea Nacional receptó, en las últimas horas, dos proyectos de Ley orientados a regular la pesca en Galápagos y a legalizar terrenos en el Cantón Playas, de iniciativa de los legisladores Juan Carlos Cassinelli y Andrés Páez, respectivamente.
Reformas a la Ley Orgánica de Galápagos
Dentro del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos, Páez propone que la persona natural o representante legal de la persona jurídica que realice actividades pesqueras no autorizadas en la Reserva Marina de la región Insular, será sancionada con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil salarios básicos unificados del trabajador en general.
Además, se efectuará el comiso especial, de acuerdo con lo que dispone el Art. 65 del Código Penal, del cargamento y la nave de cualquier tipo, siempre que no hayan sido aplicadas estas sanciones en el ámbito administrativo, por las autoridades del Parque Nacional Galápagos u otra autoridad provincial en el área de su competencia.
Igualmente, Páez Benalcázar (ID) se muestra partidario de aplicar reclusión menor extraordinaria de tres a seis años y multa de dos mil salarios básicos unificados a las personas naturales o el representante legal de la persona jurídica que utilice métodos no permitidos por las leyes ecuatorianas, o capture especies en veda o cuya pesca esté expresamente prohibida en la Reserva Marina de Galápagos.
Plantea una sanción de dos a cinco años de prisión y multa de cien salarios básicos unificados y el decomiso del producto para quien destruya o altere las áreas protegidas, abandonen desperdicios o desechos en las bahías, playas o riberas; arrojen al agua desperdicios u objetos que deterioren gravemente el ecosistema o, sin la autorización, extraigan materiales áridos o pétreos de las zonas protegidas. Quien, sin autorización, transporte por cualquier medio materiales geológicos de las islas hacia el continente o el extranjero.
La misma sanción se contempla para aquel que autorice la concesión de cupos de operación turística o de pesca en los períodos de moratoria que se señalen expresamente o en contravención grave de las normas vigentes. Además, será o serán sancionados con la cancelación de su cargo e inhabilitación de por vida de acceder al desempeño de cualquier función pública.
Legalización de terrenos
Considerando que la Constitución, en su artículo 30, consagra a los habitantes el derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica, el asambleísta Juan Carlos Cassinelli (AP) presentó el proyecto de Ley de Legalización de terrenos a favor de los moradores y posesionarios de los predios que se encuentran ubicados dentro de la jurisdicción del cantón Playas.
Cassinelli pide que, con fines de orden social, se declare de utilidad pública y se expropie a la Municipalidad de Playas, con la obligación de que ésta venda y adjudique a los actuales posesionarios, los predios ubicados en el referido cantón, en beneficio de un total de 67 barrios.
MG/eg
La tenencia de la tierra, del agua, la situación del sector agropecuario y pesquero, fueron abordados en el seminario organizado por la Comisión de Soberanía Alimentaria, con el propósito de socializar el proyecto de Recursos Hídricos, para su uso y aprovechamiento.
En la sesión de este martes, 20 de julio, se procederá a la fase de votación del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
La respectiva convocatoria a la continuación de la sesión 46, a partir de las 12h00, la realizó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Codero Cueva, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
El pasado martes, 13 de julio, estaba previsto resolver el tema. En esa ocasión, el titular de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y de Tecnología, Raúl Abad Vélez, presentó un adéndum de 26 enmiendas al articulado.
Raúl Abad reiteró que ha recogido el 95% de las observaciones propuestas por los asambleístas en el segundo debate de este cuerpo legal, así como las opiniones de la Academia y demás sectores involucrados en este tema, mismas que han permitido mejorar el texto, tanto en aspectos de forma como de fondo.
Por solicitud del asambleísta, se abrió un período para la recepción de nuevas propuestas y sugerencias, en el afán de generar los consensos necesarios para la aprobación de la ley.
Sesión 48
Previamente, el martes, a las 11h30, la Asamblea continuará la sesión 48, con el propósito de recibir la votación, en segundo debate, del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.
La propuesta se orienta a que el Banco Central del Ecuador (BCE), tenga un solo balance general, que contará con dos sistemas de información contable (reservas y operaciones). También establece los plazos para las transferencias de sus bienes culturales y no culturales al Ministerio de Cultura.
El informe fue aprobado por los asambleístas Francisco Velasco, Betty Amores, Viviana Bonilla, Irina Cabezas, Juan Carlos Cassinelli, Ramón Vicente Cedeño, Vanessa Fajardo. En contra votaron María de Lourdes Alarcón, Sylvia Kon, Luis Noboa y Patricio Quevedo.
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