La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por el asambleísta Raúl Abad (AP), solicitó al titular de la Legislatura, Fernando Cordero, una prórroga de 20 días, a fin de presentar el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
Durante el proceso de socialización, hemos tratado de acercar opiniones en lo atinente al tema de prohibiciones de los funcionarios públicos para contratar con el Estado, lo cual contempla la reforma al artículo 24, literal j) de dicho proyecto, explicó Abad Vélez.
Comentó que la mayor preocupación ha sido verificar que la propuesta está enmarcada en lo que establece la Constitución de la República, la propia Ley Orgánica de Servicio Público y la Ley de Contratación Pública.
Indicó que un grupo de trabajo, integrado por la Comisión de Educación y el Ministerio de Relaciones Laborales, tendrá la responsabilidad de analizar pormenorizadamente el documento y preparar un borrador al respecto, como una herramienta de apoyo para la mesa, tras señalar que el plazo para la presentación del informe concluía el martes próximo.
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Con la finalidad de que explique en qué estado se encuentra el manejo del Campo Sacha que es operado por la Compañía mixta Río Napo, la Comisión de Biodiversidad, presidida por el asambleísta Rolando Panchana, invitará al Ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, por pedido del parlamentario Fernando González.
Para este miércoles está prevista la sesión 80 de la Comisión de Derechos Colectivos. Su presidenta, la legisladora Zobeida Gudiño, convocó a los integrantes de este organismo para conocer y tratar el borrador del articulado del proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad.
El Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, presentó hoy al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, una solicitud de amnistía a favor de autoridades y comuneros del cantón Nabón, provincia del Azuay.
A propósito de la presencia de los dirigentes de la Confederación de Profesionales de Salud, el asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, aseveró que en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, de ninguna manera, se pretende criminalizar a los profesionales de la salud.
Dijo que al amparo del artículo 54 de la Constitución, lo que se busca es definir una legislación contra las personas u organizaciones que presten servicios públicos deficientes y, lo que es más, que los responsables de la mala práctica en el ejercicio de su profesión, a nivel general, no un sector o actividad en particular, respondan civil y penalmente.
El mayor objetivo es garantizar los derechos de todos los profesionales, al igual de las víctimas, con la reparación económica por el daño que se cause a una persona. Es fundamental, tomando en cuenta la demanda ciudadana, sancionar la negligencia médica y acabar muchos casos que han quedado en la impunidad, enfatizó.
Patricia Gavilánez, titular de la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros, propuso que toda infracción culposa en el ejercicio profesional de la salud esté tipificada en el proyecto de Ley Orgánica de Salud.
Además, planteó la creación de un consejo nacional de vigilancia y control profesional de la responsabilidad en salud, tras afirmar que el proyecto de código criminaliza y penaliza de manera ambigua y general situaciones derivadas de la atención sanitaria.
Contradicciones
En respuesta, el legislador Mauro Andino Reinoso señaló que como abogado, él no estaría jamás de acuerdo en que en un Código Penal solo se trate de delitos dolosos, pues ello sería una herejía jurídica, por tanto, la propuesta de sacar del proyecto a los delitos culposos generaría inseguridad tremenda y una impunidad a todo nivel.
Asimismo, consideró que la idea de crear un organismo administrativo que determine la responsabilidad culposa es pretender legislar, prácticamente, aparte de lo que manda la norma constitucional.
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La Comisión del Derecho a la Salud, presidida por el asambleísta Víctor Quirola el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Salud que incluye el tratamiento de enfermedades raras o huérfanas y catastróficas, que tiene por objetivo que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública emita las regulaciones pertinentes en cuanto a estas enfermedades y así dar cobertura legal a las personas que sufran este tipo de enfermedades.