Olindo Nastacuaz, representante de la Federación Awa y del Fondo Italo-Ecuatoriano, pidió al presidente de
La Directora de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, Sandra Ordóñez, en el informativo Acción Legislativa, informó que hasta hoy están inscritas 312 organizaciones de distintas comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, como titulares de derechos colectivos, para participar en la consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley Orgánica de Culturas, en lo referente a los tres temas sustantivos propuestos por la Comisión que realizó el estudio de esta propuesta legal y aprobados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Esta posición fue planteada por el alcalde metropolitano de Quito, Augusto Barrera, en la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos que recibió a los alcaldes Paúl Granda de Cuenca; Jorge Martínez, de Ibarra; Juan Salazar, de Riobamba, Freddy Saldarriaga; de Atacames; Washington Varela, de Tena; y, Verónica Zurita de Santo Domingo de los Tsháchilas.
Con 88 votos afirmativos, seis negativos, tres blancos y seis abstenciones, la Asamblea aprobó el Acuerdo Marco de Cooperación entre Ecuador y Venezuela, que tiene por objetivo promover el fortalecimiento y la diversificación del proceso de comercialización e intercambio de bienes, bajo un nuevo modelo de gestión socio-productiva, que establezca nuevas relaciones para el intercambio, distribución y comercialización de productos, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA.
Con 93 votos de 94 presentes, el Pleno de la Asamblea, aprobó el Acuerdo de Cooperación en materia de representación diplomática entre Ecuador y Perú, considerando que constituye un instrumento jurídico suscrito por los dos Estados, en el marco del Derecho Internacional Público y se ajusta al articulado de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la misma que entró en vigor el 27 de enero de 1980 y que fue ratificada por Ecuador.
El Presidente de
Con 54 votos a favor, 20 negativos, tres blancos y 25 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a 11 de las 12 objeciones parciales propuestas por el Ejecutivo al proyecto de Ley de Seguridad Pública que tiene como objetivo regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia de los habitantes del Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado.
Como respuesta al preocupante ambiente de inseguridad, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, prepara un conjunto de reformas penales para contribuir a la lucha contra el crimen organizado.
Varias organizaciones feministas, agrupadas en la Plataforma Nacional por los Derechos de la Mujeres, acudieron ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con el propósito de exponer algunas inquietudes sobre el proyecto de Código Orgánico Integral Penal.
Rocío Rosero, vocera del movimiento, puso a consideración de los comisionados varias propuestas de consenso en materia de derechos de las mujeres, cuyo texto fue trabajado por la Asamblea Nacional de Mujeres Populares y Diversas, el Frente de Derechos Sexuales y Reproductivos, ciertos cabildos de mujeres, la Coordinadora Política Juvenil, el Movimiento de Mujeres de Sectores Populares “Luna Creciente”, la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, algunos grupos de mujeres indígenas y afrodescendientes, entre otros.
Es fundamental el derecho a la toma de decisiones libres e informadas y las soberanías de nuestros cuerpos; la despenalización del aborto como un tema de justicia y salud públicas, tomando en cuenta las altas tasas de mortalidad materna, la ausencia de Estado respecto de programas de salud preventiva y de atención, así como la problemática de embarazos de adolescentes, dijo.
Reiteró la necesidad de garantizar a la mujer el derecho a una vida libre de violencia física, sicológica, sexual, económica, patrimonial y política, considerando el impacto que eso conlleva sobre proyectos de vida individual, familiar y social.
Invitó a pensar y repensar en la visión estatal respecto a la violencia de género en los distintos niveles, además el derecho a la protección de integridad sexual en los ciclos de vida, a la vez de señalar que la tipificación del feminicidio debe partir reconociendo que es un problema estructural.
Planteó que se mantenga la Ley 103 como una normativa especializada en contravenciones sobre violencia contra la mujer, acogiendo disposiciones de la Constitución atinentes al establecimiento del sistema nacional de protección de víctimas de violencia.
Finalmente, pidió visibilizar a las mujeres como sujetos de derechos, en el marco de enfoque de género.
MG
Con la finalidad de recoger los criterios de la ciudadanía, en la ciudad de Latacunga se realizará el Primer Foro de Comunicación para la Región Central del País, donde se prevé la exposición de los proponentes de los tres proyectos de Ley de Comunicación, presentados en la Asamblea Nacional.
