El Pleno de la Asamblea Nacional en segundo punto del orden del día de este martes 29 de diciembre tratará el proyecto de resolución para aclarar que el monto de 1.723 millones de dólares se refiere el allanamiento del Ejecutivo, tiene relación exclusivamente con los fondos y compensaciones generales de las que son partícipes todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
El Presidente de la Función Legislativa, en declaraciones a los medios de comunicación de la ciudad de Cuenca, ratificó que el acuerdo sobre la Ley de Comunicación se mantiene firme, pues se trata de un compromiso inédito y transparente, con lineamientos básicos de lo que debe ser una Ley de Comunicación que desarrolle los principios establecidos en la Constitución.
Recogiendo el sentir de la ciudadanía,
El cuerpo legal engloba el cambio de delitos de acción privada a pública, el rol de
El Defensor del Pueblo del Ecuador, Fernando Gutiérrez, a través del Asesor Nacional, Fernando Garzón Orellana, entregó al Prosecretario General de la Asamblea Nacional, doctor Andrés Segovia, el informe de labores cumplidas correspondientes al período julio del 2008 a septiembre de 2009.
El cambio de delitos a acción privada a pública, el rol de la Fiscalía, inclusión de medidas cautelares, la eliminación de la posibilidad de apelar el auto de llamamiento a juicio y obligación de secretarios de informar sobre quienes falten a las audiencias, constan entre las reformas urgentes al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, que debatirá en primera la Asamblea la próxima semana.
En rueda de prensa conjunta, los asambleístas César Montúfar (CD) y Luis Morales (Prian), acompañados por Leandro Cadena (ID), Fernando Flores (Prian) y Juan Carlos López (PSP), reiteraron su predisposición de mantener el acuerdo ético-político sobre la Ley de Comunicación, firmado el pasado 17 de diciembre.
Este fue el pronunciamiento de los asambleístas Marco Murillo, Paco Moncayo, Thomás Cevallos y Rafael Dávila, al destacar que se mantiene vigente el acuerdo suscrito con los jefes de bloque en torno a la Ley de Comunicación.
“Habiendo consultado con todos los jefes de las bancadas legislativas puedo asegurarle al país que el acuerdo sobre
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, presentó el informe para segundo debate de las reformas al Código Penal para la tipificación de delitos cometidos en el servicio militar y policial. El objetivo es desarrollar en la ley el principio de unidad jurisdiccional establecida en la Constitución, por tanto, los delitos comunes serán juzgados por los jueces penales ordinarios, asegurando de esta manera la sujeción de policías y militares a los principios democráticos que organizan el Estado.
