Una comitiva de líderes, dirigentes, ancianos, mujeres y niños del pueblo de Sarayacu, en rueda de prensa, solicitó a la Comisión de Derechos Colectivos haga un seguimiento del proceso que lleva adelante la Corte Interamericana de Derechos Humanas, por la violación de sus derechos humanos.
Hay que contribuir al trabajo que realiza Naciones Unidas en la implementación del desarrollo del milenio pos 2015 y para ello hay que poner una mirada hacia el desarrollo sostenible que implica involucrar al hombre y la naturaleza. Este fue uno de los criterios expuestos por los parlamentarios en el taller sobre “Una visión nueva para el desarrollo”, en el marco de la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria.
El presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), Francisco Cadena, explicó, en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, la metodología y análisis de indicadores de evaluación para la categorización de las universidades ecuatorianas.
La Comisión Ocasional de Deportes inició la aprobación artículo por artículo del proyecto de Ley Orgánica de Deportes, cuyo informe para segundo debate debe ser entregado hasta el próximo miércoles 10 de marzo.
Con ocho votos, la Comisión de Biodiversidad aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Protección de Animales Domésticos y de Compañía de autoría de la legisladora Saruka Rodríguez, que tiene por objetivo establecer una serie de medidas y regulaciones sobre el cuidado y protección integral de estos animales, garantizando su bienestar y procurándoles una atención especializada.
El Grupo Parlamentario por los Derechos de la Naturaleza desarrollará el próximo 15 de enero una conferencia magistral sobre la “Gestión de los Recursos Estratégicos para el Sumak Kawsay” a cargo del vicepresidente de la República, Jorge Glass.
En diálogo con la prensa de la ciudad de Cuenca el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, invitó formalmente a los alcaldes, prefectos y a los integrantes de las juntas parroquiales del país a participar activamente en el debate del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Con la finalidad de recoger insumos para la legislación ecuatoriana, en la Asamblea Nacional se inauguró el Foro Bioconocimiento, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Recursos Naturales, Biodiversidad e Impacto Ambiental, organizado por la primera vicepresidenta de la Función Legislativa, Irina Cabezas y la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Ambato.
La asambleísta Mariangel Muñoz anunció que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la cual es parte, retomará, en los próximos días, el estudio del informe borrador, para segundo debate, del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, en el que se toman en cuenta las observaciones y aportes de los sectores sociales, colectivos ciudadanos y grupos de defensa de derechos humanos, entre otros.
Resaltó que la ciudadanía se ha empoderado del debate de este trascendental cuerpo jurídico y está exigiendo, con absoluta legitimidad, la incorporación de ciertos tipos penales como femicidio, sicariato, secuestro exprés y la trata de personas.
Nosotros hacemos el mayor esfuerzo para resguardar los derechos a la vida, la propiedad, la integridad física, a la honra, los que tienen que garantizarse en nuestras leyes, no digamos la Constitución, agregó.
Enfatizó que en las legislaciones de México, El Salvador y Argentina está claramente tipificado el delito de femicidio. La idea es, no solo identificar estadísticas de cuántas mujeres son violentadas hasta perder la vida en manos de sus parejas o cónyuges, sino, precisamente, para combatir esa violencia desde la prevención y desde las políticas públicas.
“Nosotros tenemos la perspectiva de sancionar fuertemente, a tal punto que tengan la misma sanción el femicidio y el sicariato, es decir, hasta 28 años, si es que no es más”, dijo, al puntualizar que el reto de la comisión es trabajar en la aprobación del segundo informe, a fin de que la mesa de Justicia tenga una herramienta y no inicie desde cero.
Jóvenes infractores
Mencionó que existe la propuesta de modificar las medidas alternativas o de sanciones a los adolecentes infractores, que elevaría de cuatro a seis, nueve o más años la pena de prisión o libertad, dependiendo del delito.
Por último, la asambleísta Mariangel Muñoz Vicuña reiteró que lo fundamental es garantizar condiciones idóneas para que los menores puedan rehabilitarse en centros especializados y, así, reinsertarse a la sociedad.
MG/eg
La asambleísta María José Carrión (AP) manifestó que el artículo inicial relativo a la sanción para la mala práctica profesional, constante en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), fue objeto de varias modificaciones importantes durante dos años de debate y socialización de la normativa, recogiendo, para el efecto, aportes, sugerencias y observaciones de los sectores inmersos en la temática.
Enfatizó que en la construcción del proyecto tomaron en consideración los puntos de vista conceptuales y técnicos de los sectores de la salud, de los familiares de las personas que han fallecido por la mala práctica profesional, al reconocer que la búsqueda de ese punto medio, de equilibrio, tan deseado, ha sido realmente un proceso largo y difícil, más aún cuando se presentaron dos posturas diferentes.
En el texto final del artículo 146 del COIP se determinó la concurrencia de ciertos aspectos que deberían ocurrir, de manera simultánea, para que se configure el delito de la muerte culposa por mala práctica profesional, lo que permite que se analice el profesionalismo del personal que brinda oportunamente atención de salud y las circunstancias en las que se presentó el hecho, para verificar que la muerte de un paciente es o no directamente responsabilidad del médico, agregó.
Precisó que los administradores de justicia deben estudiar todas las circunstancias que ocurren cotidianamente en las casas de salud, es decir, complicaciones normales de una enfermedad, problemas generados por la aplicación de la anestesia durante intervenciones quirúrgicas, la recuperación y por el suministro de medicamentos, etc.
Argumentó la trascendencia de la disposición que establece que frente a una denuncia, el fiscal, en la fase de indagación, solicitará un perito especialista en cada área, quien analizará el caso, la historia clínica, el tratamiento previo, el tipo de enfermedad, las complicaciones, entre otros aspectos, que serán insumos fundamentales para los administradores de justicia.
Explicó que se incorporó también una figura que delimita dos tipos de sanción: de uno a tres años en caso de culpa menor y de tres a cinco años cuando se comprueben acciones peligrosas, riesgosas e ilegítimas.
Tras invocar a la clase médica a profundizar el conocimiento y alcances del artículo 146 del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, señaló que la propuesta de eliminar los términos riesgoso e innecesario en cuanto al delito por homicidio culposo por mala práctica profesional la puede decidir el Ejecutivo, a través de un veto.
MG/pv
