En la continuación de la sesión 31 del Pleno, 21 asambleístas participaron del debate en torno al proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad, que determina las atribuciones y funciones de los distintos niveles de gobierno, regula las competencias del Gobierno Central y la asignación de competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, GAD, así como los parámetros para la distribución equitativa de los recursos del Presupuesto General del Estado para estos organismos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, desde Río de Janeiro, en donde participó en la XVI Reunión de Comisiones del Parlamento Latinoamericano, anunció que dentro de las modificaciones que se realizarían a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se ampliarían las atribuciones de las comisiones especializadas permanentes, a fin de que todas ejerzan el control político, en el ámbito de sus competencias, por ejemplo en la ejecución presupuestaria.
Audio del Presidente de la Asamblea Nacional
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, presidida por Nivea Vélez, oficiará al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Finanzas, con el propósito de requerir información sobre el proceso de homologación de las remuneraciones de los servidores judiciales y la ubicación de los correspondientes recursos en el presupuesto, respectivamente.
Por unanimidad de los integrantes, la asambleísta Lourdes Tibán, del Movimiento Pachakutik, fue electa presidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad; mientras que la Vicepresidencia recayó en el asambleísta Luis Morales, del PRIAN, quien obtuvo seis votos a favor, una abstención y uno en contra.
La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira Burbano, en compañía de las vicepresidentas Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga, recibió a los dirigentes de la Coordinadora Nacional Campesina “Eloy Alfaro”, quienes pidieron que se efectivice, en el menor tiempo posible, el trámite y aprobación de los proyectos de Ley de Tierras, de Agrobiodiversidad y de Comunas.
Romelio Gualán Japón, titular de la organización, sugirió se abra un debate nacional sobre los alcances y contenido de las propuestas, tras precisar que la coordinadora, en articulación con la Red Agraria Nacional, trabajó en la construcción del proyecto de Ley de Tierras, que se remitió a la Legislatura por iniciativa popular, con el apoyo de 44 mil firmas, que fueron validadas – en número de 30 mil – por el Consejo Nacional Electoral.
Asambleas provinciales
La presidenta Gabriela Rivadeneira reiteró el compromiso de implementar las asambleas provinciales, como una herramienta eficaz para recoger los criterios de los ciudadanos, que permitan enriquecer las diversas normativas a favor del campo, a fin de hacer efectivo el cambio de la matriz productiva, que no solo implica ciencia y tecnología, sino transformación de matriz del campo para poder vivir bien.
“Es una deuda pendiente del proyecto político el tema del campo, por tanto, como lo ha dicho el presidente de la República, Rafael Correa, vamos a apostar por una verdadera revolución agraria, dejando atrás las reformas agrarias que han traído desastres para los campesinos - agricultores y beneficio para los grandes productores y transnacionales, hechos que son parte de las inequidades existentes en el país”, puntualizó.
Dijo que en los 100 primeros días de la actual administración se pretende sacar la Ley de Recursos Hídricos, Aprovechamiento y Uso del Agua.
Revolución agraria
La asambleísta Rosana Alvarado, primera Vicepresidenta de la Legislatura, expresó que la consigna es que ya no puede pasar más tiempo sin que la revolución llegue a los campos, pues esta vez habrá el espacio para la reivindicación, quizá no del 100%, de las postergadas aspiraciones, por siglos, de los movimientos campesinos, montubio, rurales en la Ley de Tierras.
Más fuertes que nunca
Entre tanto, Marcela Aguiñaga, segunda Vicepresidenta de la Asamblea, comentó que la Ley de Aguas es muy compleja, mientras la de Tierras por ser obsoleta ha permitido algunos abusos, al enfatizar que es necesario construir colectivamente las normativas para el desarrollo agrario, con las voces de los sectores inmersos en la actividad, no que otros nos manden o gobiernen frente al reto histórico de consolidar los derechos de los más pobres.
MG/eg
Debido al avanzado deterioro ambiental y alta contaminación en que se encuentran las cuencas y subcuencas hidrográficas de los ríos Cutuchi, Ambato y Patate, en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, el asambleísta Fernando Cáceres, solicitó a la Comisión de Biodiversidad, presidida por Rosana Alvarado, realice una investigación exhaustiva sobre este hecho, e invite a las autoridades respectivas para buscar una solución integral regional de largo plazo.
El director de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, César Robalino, pidió a los integrantes de la Comisión de Régimen Económico, eliminen del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, todas las normas que modifiquen la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, por contravenir los artículos 136 y 425 de la Constitución, que determinan que debe referirse a una sola materia.
La asambleísta Dora Aguirre, por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, forma parte del diseño del Plan de Retorno para que las y los ecuatorianos residentes en el exterior, puedan participar en el proceso de vinculación de trabajo directo con el MIES o a través de pequeñas y medianas empresas de carácter popular y solidaria, para contratar con el Estado servicios alimentarios, de confección de uniformes, de limpieza o de provisión de mobiliario, entre otros.
Los presidentes de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero y de la Comisión de Justicia, María Paula Romo, solicitaron al Pleno de la Corte Nacional de Justicia que analice la posibilidad de revocar la resolución mediante la cual se determina que para el ejercicio de la acción penal pública, esto es para el inicio de la instrucción fiscal, por los hechos a los que se refiere el artículo 257 del Código Penal y los artículos innumerados agregados a continuación del Art. 296 del mismo Código, capítulo del “Enriquecimiento Ilícito” se requiere el informe previo de la Contraloría General del Estado, en el que se determinen indicios de responsabilidad penal”. Descargue el documento aquí.
Según el artículo 2 de la mencionada resolución se establece que “para el inicio de la indagación previa no se requiere el informe expresado en el artículo anterior, pero el fiscal interviniente, tan pronto llegue a su conocimiento, por cualquier medio, hechos presumiblemente constitutivos de peculado y enriquecimiento ilícito debe solicitar a la Contraloría la práctica de la auditoría gubernamental sobre tales hechos, así como la remisión del informe respectivo que, de establecer indicios de responsabilidad penal, ha lugar al inicio de la instrucción penal”.
Con siete votos a favor el asambleísta Víctor Quirola, fue electo presidente de la Comisión del Derecho a la Salud; y con ocho votos el parlamentario Abdalá Bucarám Puley, como Vicepresidente de este organismo legislativo.
