La coordinadora Nacional del Programa Aliméntate Ecuador (PAE), Mariana Galarza, se comprometió a ingresar al sistema de datos, previa verificación de las nóminas, a las 68 comunidades de Sicalpa, 18 de Cajabamba, 68 de Guamote y 3 barrios del cantón Colta, quienes se beneficiarían del derecho constitucional a tener una atención prioritaria. De esta manera más de 2 500 adultos mayores gozarían del Programa Aliméntate Ecuador.
El presidente de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva y el primer vicepresidente, Juan Carlos Cassinelli, entregaron la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador Dr. Vicente Rocafuerte” al mérito social, científico e investigativo, al ecuatoriano Ignacio Amable Ramírez Aguirre y al norteamericano Donald Silberberg.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó a sesión 29 del Pleno para mañana, a las 10H00, a fin de iniciar el segundo debate del proyecto de reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, que tiene por objetivo devolver el carácter de delitos de acción pública a algunas conductas penales que en marzo del año anterior se contemplaron como de acción privada; igualmente, reducir de tres remuneraciones básicas unificadas a un equivalente al 10% de una remuneración el monto para considerar como delito al robo y al hurto.
Con representantes de la ONU, Conaie, Codae, Universidad Andina Simón Bolívar, Codenpe, entre otros, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado abrió un proceso de diálogo social para receptar los criterios de las diversas organizaciones sociales y ciudadanas sobre la consulta prelegislativa.
De esta manera, se analizó, intercambió experiencias y presentaron aportes al respecto, las cuales podrían incorporarse en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La asambleísta María Paula Romo, presidenta de la comisión, destacó la necesidad de definir, con claridad, quién hace la consulta, qué se consulta, a quiénes, en qué momento y cómo se procesan sus resultados.
Argumentó que la Comisión de Justicia considera que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de llevar adelante la consulta prelegislativa y puede pedir la ayuda, el apoyo y la participación de las organizaciones representativas de los pueblos y comunidades, de los órganos electorales o de otro espacio de la institucionalidad estatal.
La Secretaría de Pueblos o las municipalidades también pueden prestar su contingente, dijo, tras precisar que dicha consulta se la tiene que hacer a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así como a los pueblos afro ecuatorianos y montubios, respetando lo que dispone la Constitución.
Sin embargo, falta clarificar si ésta se hace a los dirigentes de las organizaciones, a los representantes de las federaciones, a representantes de las filiales regionales, tomando en cuenta que los convenios internacionales y la propia sentencia de la Corte Constitucional establecen que deben consultarse a los pueblos y a las comunidades que puedan tener una afectación real y concreta a través de la aplicación de una medida legislativa, puntualizó.
De su parte, José Chala Cruz, secretario Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, sostuvo que no está en discusión el hecho que la Asamblea tiene que realizar la consulta, acatando los principios constitucionales y ésta debe hacerse antes del primer debate de un determinado cuerpo jurídico.
Entre tanto, Cecilia Velázquez, de la Confederación de Nacionales Indígenas, Conaie-Mujer, comentó que lo ideal sería consultar a toda la población; no obstante, por la prioridad y agilidad no será posible, pues para ello están reconocidas sus instancias institucionales: comunidad, comuna, los pueblos y las nacionales, Se mostró partidaria de que los grupos inmersos en el tema participen activamente en la construcción colectiva de las leyes, de manera secuencial, además que se conforme un grupo especializado que contribuya al procesamiento de los resultados, en apoyo a la comisión especializada.
A su vez, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU, compartió la idea de la OIT de prever la opinión de un órgano técnico especializado sobre la procedencia de la consulta, entonces se respaldará la decisión política de la Asamblea con una opinión técnica previa, para evitar posibles cuestionamientos en el aspecto constitucional.
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Rocío Rosero y Clara Merino, a nombre de la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, presentaron el anteproyecto de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que fue elaborado de manera participativa en reuniones y talleres provinciales, regionales y nacionales realizados entre mayo de 2010 y marzo de 2012.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, rechazó la actitud antidemocrática de la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quienes irrumpieron de manera violenta el recinto legislativo, intentando imponer a la fuerza conductas e ideas.
La asambleísta Vanessa Fajardo realizó una reunión de trabajo con más de cien pescadores de la provincia de Santa Elena, quienes dieron sus aportes y observaciones al proyecto de Ley para el Fomento de la Pesca, Acui cultura, Desarrollo Integral y Protección Pesquero, de autoría de la parlamentaria.
Con la presencia de más de un centenar de personas, entre médicos, enfermeras, estudiantes, autoridades de gremios, entidades relacionadas con la salud, pacientes, y asambleístas se realizó el Foro Regional, “Hacia la Construcción Participativa de la Ley de Trasplante de Órganos Tejidos y Células, organizado por la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional.