Los asambleístas Zobeida Gudiño, Verónica Barufaldi (alterna de Rolando Panchana), Fernando González y Gido Vargas, miembros de la Comisión de Biodiversidad, visitarán la próxima semana el sector de Manga del Cura, ubicado entre las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena, a fin de constatar la situación en la que sobreviven más de 200 comunidades.
En la sesión 24 del Pleno, bancadas de diversas tendencias partidistas expresaron sus puntos de vista sobre el proyecto de Ley de Protección e Inmunidad a la Comisión de la Verdad, que se tramita en primer debate. Unos a favor de conceder esta garantía, fundamentándose en los principios constitucionales que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; y, otros con criterio opuesto, en virtud de que esta prerrogativa no es aplicable a una comisión especial creada mediante decreto.
En este marco, legisladores de PAIS manifestaron la necesidad de que a los integrantes de este organismo se otorgue inmunidad, a fin de que puedan laborar sin temor y favor, con total independencia e imparcialidad, en la investigación de las presuntas violaciones a los derechos humanos, esto no quiere decir que se constituirá en un tribunal de excepción, sino en una comisión que establecerá los indicios de responsabilidad.
Adicionalmente, recordaron que el artículo 417 de la Constitución establece el principio pro ser humano, por medio del cual se garantiza la vida de quienes investiguen presuntos hechos de lesa humanidad, por tanto, el informe preparado por la comisión está enmarcado en la norma constitucional, por tanto, esta ley es procedente.
Consideraron que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida e impedir delitos de lesa humanidad, en virtud de lo cual conviene garantizar el trabajo de esta comisión, dotándoles de inmunidad a sus miembros para preservarles de un juicio a quienes están investigando y buscando justicia, sobre hechos relacionados con las violaciones a los derechos humanos.
Aclararon que no se trata de un tribunal de justicia ad hoc, sino que busca esclarecer la verdad en posibles actos de violación de derechos humanos, pues nada justifica la muerte de personas y lo que se pretende es que en el país no vuelvan a ocurrir estos hechos lamentables. A través de este proyecto se pretende preservar la vida de toda persona.
Preocupaciones constitucionales
En cambio, asambleístas de otros sectores, entre ellos el Prian, PSP, Madera de Guerrero, PRE, ADE y MPD, señalaron sus preocupaciones acerca de la constitucionalidad del proyecto, toda vez que no existe norma expresa que faculte a la Asamblea a otorgar esta clase de prerrogativas a otros funcionarios y, menos aun, a una Comisión creada mediante Decreto Ejecutivo.
Subrayaron que lo conveniente sería que la Comisión de la Verdad dé a conocer el informe final y determine los presuntos responsables de esos actos contrarios a los derechos humanos y no darles inmunidad anticipadamente, tras recordar que este es un derecho constitucional y legal otorgado a los asambleístas en el ejercicio de sus funciones.
No hay argumento claro, preciso y jurídico que faculte al Pleno a conceder inmunidad a los miembros de una comisión con carácter de especial. “Para decir la verdad no se necesita inmunidad, quien dice la verdad no tiene temor a nada ni a nadie”, dijeron.
Así mismo, restaron probidad a la Comisión de la Verdad, por cuanto sus miembros no presentarían imparcialidad ni independencia para entregar el informe, pues está integrada por personas que en el pasado crearon violencia y caos en el país.
Hay que analizar bien a quiénes se va a otorgar la inmunidad y por qué plazo, porque esta garantía no puede ser atribuida como un cheque en blanco, agregaron.
JLVN/eg
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Nivea Vélez y el Secretario Regional de la Internacional de Servicios Público, Juan Diego Gómez convocaron para el miércoles 8 de diciembre a la reunión de seguimiento de las reformas de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
El asambleísta Gido Vargas Ocaña remitió al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, por el cual plantea que a la muerte del afiliado de cualquier edad, con un mínimo de sesenta (60) imposiciones mensuales, sus derechohabientes recibirán una renta mensual total igual al ciento por ciento (100%) de la base de cálculo, que será distribuida entre todos ellos, de conformidad con esta Ley.
El legislador Andrés Páez reivindicó como suya y de Izquierda Democrática la propuesta de consultar al pueblo sobre si está de acuerdo o no con la acumulación y endurecimiento de penas para los delitos considerados atroces como violación, homicidio, asesinato, secuestro con muerte de la víctima, delitos contra la administración pública, delitos de lesa humanidad y en la concurrencia de delitos, para contribuir a la lucha contra la delincuencia e inseguridad.
Recordó que la Corte Constitucional emitió providencia favorable al respecto el 13 de septiembre de 2010 y el pertinente informe de procedibilidad, admitiendo así a trámite, por lo que ahora es pertinente realizar una intensa campaña de recolección de firmas una vez que el Consejo Electoral facilite los correspondientes formularios.
Se mostró complacido con el hecho de que el Presidente de la República haya acogido esta iniciativa.
Más irregularidades en administración de justicia
Acompañado de un importante grupo de familiares de las víctimas del crimen organizado, Andrés Páez presentó más denuncias de irregularidades cometidas por parte de los operadores de justicia.
Comentó que la figura de la suspensión condicional del proceso, incorporada en la legislación penal en febrero del año 2009, que está supeditada a la comisión de delitos leves, ha sido utilizada por ciertos jueces para favorecer a quienes han incurrido en delitos graves sancionados con reclusión, tales como autores de delitos de sustracción con violencia y amenazas, robo en pandillas, robo con heridas, fabricación de armas, municiones y explosivos, tenencia y posesión ilícita de drogas y sustancias estupefacientes, interrupción de sistemas de comunicación y otros, con lo que han sido liberados 150 delincuentes.
Igualmente, aseveró que la Corte Constitucional dejó sin efecto el 24 de abril de 2009, la norma que impedía que los reincidentes se puedan acoger al régimen de libertad controlada y al de pre libertad.
Por último, precisó que la Defensoría Pública Penal, utilizando dineros del pueblo, auspició la libertad de Carlos Alfredo Miño Flores o Julio César Castro Contreras, alias Tayo-Tayo, uno de los delincuentes más buscados y quien fuera encausado por el Tribunal Primero de lo Penal.
MG/pv
La Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores analiza 17 proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Social y para ello escucha las opiniones, propuestas y sugerencias de los diversos actores, como son los jubilados, pensionistas y afiliados, afirmó el presidente encargado del organismo, Carlos Samaniego, al recibir a Gabriel Riera, presidente de la Asociación de Jubilados Batalla de Tarqui.
El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, acudirá el miércoles de esta semana a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, con el fin de explicar los fundamentos teóricos, metodología y el procedimiento para establecer el incremento al salario básico unificado.
Las asambleístas María Augusta Calle y Dora Aguirre participarán en el II Seminario Internacional de Periodismo “Derechos y Libertades en el Siglo XXI” que se llevará a efecto el día de mañana en homenaje al Día Internacional de los Derechos Humanos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, en referencia a las aseveraciones del legislador César Montúfar, expresó que jamás ha intentado impedir la investigación y la fiscalización de un asambleísta.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, en la sesión convocada para este miércoles 13 de enero, a las 09H00, avocará conocimiento de la solicitud de juicio político en contra del ministro de Defensa Nacional, Javier Ponce, auspiciada por el legislador Fausto Cobo (PSP), por presunto incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución y la Ley, relacionadas con la indefensión en que estuvo el país frente a las amenazas externas de Colombia; y, por presunciones de responsabilidades penales y civiles por la adquisición de helicópteros Dhruv para la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
