El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó para mañana, a las 09h30, a la sesión No. 107 del Pleno, con el fin de conocer el informe de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre la Denuncia del Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Venezuela para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones.
A partir de la firma de la autorización para la operación definitiva de La Radio de la Asamblea Nacional, efectuada hoy, entre el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva y el Superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo Palacios, este medio de comunicación pública cuenta con el permiso respectivo para desarrollar su actividad en beneficio de la población ecuatoriana, por 10 años.
Las personas con discapacidad, antes de la revolución ciudadana, eran invisibilizadas y marginadas, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva. Esta declaración la formuló durante el acto de entrega de una publicación de la Ley de Discapacidades en sistema Braille al ciudadano no vidente José González, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad “Lenín Moreno”, de la ciudad de Quevedo.
El presidente Cordero destacó que se han creado todas las condiciones para atacar y eliminar cualquier forma de exclusión y marginación, no solamente en la Ley de Discapacidad, sino en las diversas normas jurídicas.
Comentó que una de las formas de exclusión para las personas no videntes es y ha sido la falta de un lenguaje compatible con su discapacidad. Nosotros, hemos hecho un esfuerzo para sacar este trascendental documento, consagrando, así, derechos ciudadanos establecidos en la Constitución, subrayó.
Explicó que ha enviado 300 ejemplares de esta ley a la Vicepresidencia de la República, para que los distribuya a la comunidad y de ser necesario se hará una reedición, al indicar que se proporcionó una publicación a cada legislador, a fin de que lo trasladen a personas que lo requieran.
Agregó que muchas de las ideas expuestas en la Ley de Discapacidades surgieron como resultado de las sesiones de trabajo con las organizaciones y colectivos ciudadanos involucrados en la temática.
Entre tanto, Silvia Salgado manifestó que la publicación en sistema Braille, sin lugar a dudas, es un instrumento idóneo e eficaz para superar las barreras de la discapacidad, lo que forma parte de la políticas públicas que ejecuta el Gobierno y la Legislatura en beneficio de los sectores vulnerables, que les permite proyectarse a grandes sueños profesionales y, de esa manera, mejorar su calidad de vida.
Herramienta para defender derechos y conocer nuestras obligaciones
Por su parte, José González, resaltó el proceso de socialización y los múltiples talleres que se realizaron dentro de la construcción colectica de la Ley de Discapacidades, tomando en cuenta los criterios de los que vivimos la realidad diaria de las personas con discapacidad.
Comentó que “la obra en Braille será de mucha utilidad para defender nuestros derechos y conocer nuestras obligaciones, en función de contribuir al desarrollo de la nación”.
Por último, subrayó que le gustaría acompañar en la tarea legislativa al arquitecto Fernando Cordero, para lo que aspira estudiar Derecho en la Universidad de Loja.
MG/pv
El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el segundo debate de las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que busca garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en materia de pensión alimenticia, régimen de visitas, obligados subsidiarios y el apremio personal, la corresponsabilidad de padre y madre, inhabilidades del deudor de alimentos, entre otros aspectos, los parlamentarios profundizaron su análisis en torno al proyecto en análisis.
La necesidad de salvaguardar la autonomía municipal y la eficiencia de los gobiernos para alcanzar el desarrollo económico y social, se debatió en la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlatino, donde senadores y diputados coincidieron en que se deben establecer bases mínimas para lograr la gobernanza efectiva para las autoridades locales, en la medida de que se reconozcan constitucional y legalmente las atribuciones indispensables para ejercer sus funciones de gobierno.