El primer debate del proyecto de Código de la Producción, que tiene la calificación de económico urgente; la designación de los delegados de la Función Legislativa para formar parte de las comisiones ciudadanas de selección para la designación de miembros del Consejo de la Judicatura y de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado y un proyecto de resolución sobre el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y el respeto a los derechos humanos en Galápagos, forman parte de la agenda del Pleno para hoy que sesionará en doble jornada.
De conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, convocó para las 09h30 de mañana a la continuación de la sesión 69 del Pleno.
En el Orden del Día consta la designación de los delegados de la Función Legislativa para formar parte de las comisiones ciudadanas de selección para la designación de miembros del Consejo de la Judicatura y de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Para tal efecto, los delegados deberán cumplir los requisitos previstos en los artículos 20, 21, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como la resolución 015-023-2010 CPCCS (Suplemento del Registro Oficial 247, 30-VII-2010); y, no estar incursos en ninguna de las prohibiciones estipuladas en las mencionadas normas.
Derechos de migrantes
Adicionalmente, se analizará la resolución para que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes de la provincia de Galápagos, de iniciativa del legislador Alfredo Ortiz.
Según la propuesta, se solicita al Presidente del Comité de Calificación y Control de Residencia del Consejo de Gobierno de Galápagos, tome las medidas cautelares que el caso amerita, para que garantice los derechos constitucionales, convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos: indígenas, afroecuatorianos, montubio y las comunas que se encuentran en estado irregular en región Insular.
También, exhorta al Defensor del Pueblo proceda a organizar la Defensoría del Pueblo de Galápagos.
Código de la Producción
Para las 15h00 está previsto el primer debate del proyecto de Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, con base al informe favorable entregado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario.
Según el informe, el cuerpo legal es una respuesta a la legislación caduca en materia de desarrollo productivo y de facilitación a las actividades productivas. Es decir, armoniza la legislación referente a la producción, sus factores, proceso y su ciclo.
Por tanto, el Código cubre los vacíos legales que existen en la actividad tanto pública como privada, relacionadas con el fomento e incentivos a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, establece parámetros que permitan a los sectores empresarios definir con claridad las áreas de inversión, en el marco de la Constitución.
En la transformación productiva se determina, por ejemplo, que es fundamental contar con infraestructura vial, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones, además del cambio de la matriz energética.
En cumplimiento del artículo 123 de la Constitución, los legisladores iniciaron hoy el segundo receso legislativo, por el lapso de 15 días, por tanto las actividades del Pleno y de las comisiones legislativas se retomarán el martes 28 de agosto del año en curso.
Estamos avanzando en este proceso de construcción colectiva de la nueva Ley Orgánica del Deporte, aseveró el vicepresidente de
Asambleístas de diversos bloques políticos resaltaron la importancia del Código de la Producción no solo porque dinamiza los niveles de productividad e innovación de toda la economía, sino que beneficia al consumidor final y que, por tanto, en este cuerpo normativo deben estar incluidos principios básicos de la economía social y solidaria y de la ley antimonopolios.
La mesa directiva del Parlamento Andino, en el marco del XVIII Período Extraordinario de sesiones, reunido en la ciudad de Bogotá, resolvió apoyar la candidatura del arquitecto Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a la Presidencia del Grupo Geopolítico de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), de la Unión Interparlamentaria, considerando que ha demostrado vocación democrática e integracionista que le ha caracterizado a lo largo de toda su trayectoria política.
La secretaria de los Pueblos, Movimientos Sociales y Participación, Doris Soliz; y, la representante de la Senplades, Ana María Larrea, ratificaron que los proyectos en ejecución de los diferentes pueblos continuarán con la transición a Consejos de la Igualdad.
Durante la reunión de la delegación del Parlamento Europeo para la Comunidad Andina con los miembros del Parlamento Andino en la Asamblea Eurolat y Congresos (Parlatino), el parlamentario andino Wilber Bendezu Carpio dijo que la integración tendrá resultados altamente positivos y óptimos cuando satisfaga las expectativas del ciudadano de a pie.
El asambleísta Gabriel Rivera, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales, dijo que recibe con profunda complacencia la decisión del Gobierno de otorgar el asilo político a Julián Assange, argumentando que con los hechos se demuestra que Ecuador es un país soberano y no acepta el colonialismo como una forma de convivencia internacional y que, a pesar de las presiones, se ha pronunciado de manera soberana.
Este miércoles, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado Andrade, con la presencia del asambleísta Juan Carlos López, dentro del juicio político planteado en contra del ex ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz, realizó una inspección al funcionamiento de la central hidroeléctrica “San Francisco”, ubicada en la provincia de Tungurahua.
Con base en el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, suscrito por nueve de sus 11 integrantes, el Pleno, en su sesión 72, tramitó en primer debate el proyecto de Ley Derogatoria No. 5, para la depuración de la normativa legal, que tiene como propósito eliminar del ordenamiento jurídico nacional normas que no tienen aplicación práctica en la actualidad.
