Con la intervención de 40 asambleístas, el Pleno de la Asamblea concluyó el primer análisis de las reformas a la Ley de Seguridad Social, referente a la jubilación para las mujeres que tengan 25 años de aportación, sin límite de edad, que haya acreditado un mínimo de trescientas imposiciones mensuales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, decisión que será opcional.
Por su accionar inclaudicable en defensa de las comunidades indígenas de las provincias de Manabí, Esmeraldas y parte de Pichincha, en la era colonial; por proponer políticas sobre la reforma agraria que las presentó ante la Audiencia de Quito; por ser el primer precursor de ideales independentistas desde los años 1760, el Pleno declaró al Cacique jipijapense Manuel Inocencio Parrales y Guales, Precursor de la Reforma Agraria y Defensor de los Indígenas de la Costa Ecuatoriana.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, en torno a las reformas a la Ley de Seguridad Social, subrayó que las mujeres ecuatorianas merecen el máximo de respeto porque, a diferencia de cualquier trabajador, tienen un trabajo no reconocido e invisibilizado, del cual somos responsables históricamente todos. Ventajosamente ese error está en proceso de ser reparado y, por ese mismo respeto, no se debe crear falsas expectativas, más si hay una violación de las leyes.
El Pleno de la Asamblea Nacional, en el maco de la sesión No. 129 debate el proyecto reformas a la Ley de Seguridad Social, referente a la Jubilación Especial para las Mujeres, mismo que pretende permitir el acceso de las mujeres a una pensión jubilar que haga viable su subsistencia y desarrollo, tras acreditar 300 imposiciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
El Superintendente de Bancos, Pedro Soilnes, en su comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico, sostuvo que la Superintendencia de Bancos y Seguros, en el marco del análisis de la situación financiera actual del sector mutual, identifica que la legislación vigente para mutualistas resulta caduca e insuficiente, pues no contempla la posibilidad de que cuenten con un capital propio y capacidad para otorgar a sus asociados derechos económicos y de propiedad, previstos en el artículo 321 de la Constitución de la República.
En el marco de las leyes que la Asamblea Nacional tiene previsto dictar para mejorar la seguridad ciudadana ante el asedio de la delincuencia, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió calificar como prioritario el proyecto de Ley de Servicio Cívico-Militar y de las Reservas de las Fuerzas Armadas Nacionales, disponiendo que el trámite lo inicie la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral.
La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rocío Valarezo, presentó un proyecto de Ley de creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que tiene como propósito garantizar la paz y la tranquilidad y permitir el libre ejercicio de los derechos y libertades democráticas mediante acciones orientadas a prevenir el delito y proteger las actividades individuales y colectivas de todos los ciudadanos y ciudadanas.
La Comisión del Derecho a la Salud, presidida por el asambleísta Víctor Quirola el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Salud que incluye el tratamiento de enfermedades raras o huérfanas y catastróficas, que tiene por objetivo que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública emita las regulaciones pertinentes en cuanto a estas enfermedades y así dar cobertura legal a las personas que sufran este tipo de enfermedades.
El asambleísta Francisco Ulloa presentó un proyecto de Ley para la protección del paciente de epilepsia, una enfermedad crónica causada por descargas eléctricas cerebrales anormales más antiguas que se conocen.
Garantizar la transparencia, eficiencia, agilidad, calidad en la contratación pública; la necesidad de avalar la responsabilidad ambiental y social; fortalecer las veedurías ciudadanas en cada localidad; la obligatoriedad del uso de mano de obra de cada jurisdicción en los contratos; establecer una semana de plazo entre la convocatoria de la oferta y la presentación del oferente; determinar un tiempo específico para el cobro de planillas y así evitar la corrupción de toma y daca, fueron los temas que los asambleístas consideraron deben constar en las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
