No faltan razones para creer que el Ecuador es un país eminentemente agrícola. A lo largo de algunas décadas la actividad agrícola del país ha contado con productos que han generado muy importantes ingresos al erario nacional, pero sobre toda han generado empleo a miles de ecuatorianos. Igualmente, la actividad agrícola en el Ecuador nos ha permitido satisfacer los requerimientos fundamentales de la canasta alimenticia de los ecuatorianos. Este es un país privilegiado, porque poco o nada tenemos que importar para la alimentación de los ciudadanos que habitamos en el país; pero también hay que reconocer que la actividad agrícola en el Ecuador adolece de graves problemas, sobre todo en los niveles de productividad. Estamos muy lejos de los estándares mundiales en relación con los países desarrollados. La mayoría de nuestros productos agrícolas no tienen ni siquiera los niveles de productividad que podemos encontrar en países vecinos como Colombia y Perú; es clásica la productividad muy baja en productos que son básicos para la alimentación de los ecuatorianos, como por ejemplo el arroz, maíz, papa. Es muy baja la productividad incluso del producto estrella de exportación agrícola: el banano, si la comparamos con lo que ocurre en países fundamentalmente centroamericanos, que son competidores nuestros. Todo ello se debe a que en Ecuador no se ha desarrollado una tecnología que permita elevar los niveles de productividad de los distintos productos agrícolas, por ello es fundamental la existencia de organismos que trabajen, tanto en el sector público como en el privado, en el desarrollo de tecnología agrícola que permita mejorar la innovación, la producción de semillas, los niveles de productividad de nuestra agricultura. Hace 55 años se fundó el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias-INIAP. En aquellos años este Instituto vivió su mejor época de producción científica, porque contó con muchos recursos económicos que venían de misiones de países amigos que llegaron a Ecuador a ayudar al trabajo del INIAP. Se pudo congregar en esa Institución un importante grupo de ecuatorianos que conjuntamente con los extranjeros que vinieron a colaborar con ellos, pudieron producir importantes avances en el desarrollo agrícola del Ecuador. Con el paso de los años, el INIAP se ha convertido en una dependencia poco importante del Ministerio de Agricultura. Lo que plantea este Proyecto de Ley no soluciona el problema. El más grande inconveniente del INIAP en la actualidad es su total desvinculación con la academia, con la universidad ecuatoriana, por eso es importante la presencia del Secretario del SENACYT en ese directorio; pero la verdadera solución al problema del INIAP pasa por la asignación de recursos económicos, que permitan establecer laboratorios con tecnología de punta y, sobre todo, la contratación de profesionales e investigadores de alto nivel, para que realmente puedan hacer un trabajo de desarrollo científico.
En esta ley se están incorporando algunos avances importantes que por décadas se han venido discutiendo en Ecuador y con los cuales comparto plenamente.
Quiero aprovechar para hacer algunas apreciaciones de tipo técnico sobre las características del modelo de gestión que se está planteando en el nuevo Proyecto de Ley para el servicio eléctrico. Quiero recordar que en la década del 70 del siglo pasado la entonces dictadura militar que gobernaba el Ecuador incorporó a la normativa legal vigente en esos años, algunas disposiciones que convirtieron al extinto INECEL en un organismo muy similar a la Comisión Federal de electricidad que existe hasta la fecha en México. En ese esquema todas las funciones de control, supervisión, manejo del mercado y actores del sector eléctrico estaban congregados bajo una misma institución. En la nueva ley que se promulga en el año 1996 efectivamente se deshace el INECEL y aparecen un grupo de empresas que se dedican a la generación, otras que se dedican a la distribución de la energía eléctrica y una gran empresa que se dedica a la transmisión; y, por otro lado se crea un organismo que se encarga del control, llamado CONELEC y otro, el SENACE , que iba a operar el mercado eléctrico. Ahora se está planteando básicamente un esquema de regresar a los años 70, excepto porque vamos a tener un CONELEC cambiado de nombre (ALCONEL) y el SENACE, cuyo nombre se mantiene. Pero ambas entidades van a estar adscritas al Ministerio de electricidad y las empresas eléctricas de distribución, generación y transmisión se van a consolidar en usa sola, que es la Corporación Nacional de Electricidad. Esto es bueno o malo para el sector? El tiempo lo dirá. Lo que yo quiero advertir es que cuando se consolidan las operaciones de muchos actores en una sola empresa, evidentemente hay ventajas, pero también hay muchos peligros y uno específicamente es el que se puede esconder la ineficiencia de ciertos actores que de alguna manera se mitigada por la eficiencia de otros. Un ejemplo es lo que está ocurriendo actualmente con la Compañía Nacional de Telecomunicaciones: nadie sabe cómo le va a su negocio de telefonía móvil; sospechamos que le va muy mal, sospechamos que ha perdido centenas de millones de dólares, pero esa consolidación con la telefonía fija esconde una ineficiencia que nos está causando serios perjuicios a los ecuatorianos.
La perversidad más grande que tiene la existencia de mercados monopólicos u oligopólicos es precisamente que se produce una grave distorsión en el mercado, que consiste en que el precio para el usuario de cualquier servicio es mayor que el que pudiera ser en un mercado de competencia perfecta, pero además la cantidad de servicio que consume, tiende a disminuir. Ese es realmente el problema; no son los ingresos del Estado, es el perjuicio que recibe el consumidor por el que tenemos que velar a través de los organismos de supervisión y control.
Qué es lo que hacen los estados para controlar los monopolios? En primer lugar controlar los precios de los servicios. En el Ecuador no se ha hecho eso, por eso es que aquí pagamos el doble de lo que se paga en América Latina. En segundo lugar, se permite la entrada de nuevos actores para que se incremente la competencia. Qué ha ocurrido en el Ecuador? El nuevo actor, que ya existía en el 2008, el CNT, que resulta, a la luz de las cifras de su gestión, una empresa muy ineficiente, que no ayuda para nada a la regulación de precios que debe haber en el mercado Este es un tema que debería preocuparnos a todos: llamar a la gente del CNT para que nos explique cómo es posible que, teniendo la mayor cantidad del espectro radioeléctrico, teniendo alrededor de 8.000 empleados y habiendo hecho inversiones cuantiosas en los últimos años, apenas hayan mantenido el porcentaje de participación del mercado que ya tenían en el 2008. Respecto a la Superintendencia de Comunicaciones, es necesario que en un mercado tan complejo como el de las telecomunicaciones, tengamos un organismo de control independiente y de alto nivel técnico para que controle, más que nada, los intereses de los usuarios.
Segundo Debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados
El Doctor Tacle señala que algunos asambleístas del oficialismo tratan de justificar su posición frente a este Proyecto de Ley señalando que ha habido muchas irregularidades en el manejo de estos fondos, lo que hace necesario expedir esta ley. No es justo ni correcto meter en el mismo saco a todas las entidades que manejan fondos previsionales complementarios privados en el país. El Asambleísta explica el excelente manejo que se ha hecho de ese fondo en una institución universitaria de mucho prestigio en el Ecuador, a la que estuvo vinculado por muchos años hasta hace poco tiempo; se trata del fondo de los servidores de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que se inició en el año de 1983.
Pere Ariza Montobbio Profesor Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, entrevista al Dr. Moisés Tacle acerca de la "Soberanía Energética" y el cambio de la matriz productiva y energética. Esta entrevista es parte del desarrollo de la investigaciòn sobre "Energía Territorio y Soberanía Energética" que se realiza en la FLACSO.
TEMA: APROBACIÒN DEL CÒDIGO ORGÀNICO MONETARIO Y FINANCIERO.
No hubo sorpresas, porque las observaciones que hizo el Ejecutivo en su veto son más bien de forma y no de fondo. De las 56 objeciones del Presidente, los asambleístas se allanaron en 53.
Para nosotros lo fundamental era defender las inquietudes ciudadanas, puesto que el dinero que manejan las entidades públicas y privadas no es de los banqueros, sino de los ciudadanos, que estàn preocupados por algunas disposiciones que podrían generar problemas. Una de las principales inquietudes es la vigencia de la dolarizaciòn.
La preocupaciòn gira también en torno a los mecanismos de creación del denominado dinero electrónico, que obviamente debe estar respaldado por la entrega del dinero físico. El problema surge cuando el código le da al Banco Central la posibilidad de emitir dinero electrónico y la pregunta es: ¿Con qué respaldo va a emitir el Banco Central el dinero electrónico? El código dice: "con sus activos liquidos". Qué cosa son los activos líquidos? Lo único propio de una persona o instituciòn es el patrimonio. El código debe decir que el Banco Central debe respaldar la emisiòn de dinero electrónico con dinero en efectivo. Hay que ser muy claros en este aspecto.
SEGUNDO TEMA: Proyecto para la transferencia de fondos previsionales al IESS. El gobierno tiene un especial interès en que este tema se apruebe lo antes posible.
TERCER TEMA: El Ejecutivo ha anunciado que no subsidiará más el transporte público y por tanto podría existir un incremento en los pasajes. El Gobierno estos últimos tiempos aplica la política de eliminar subsidios y elevar impuestos a efectos de resolver los enormes problemas que tiene en el área fiscal. El Gobierno hábilmente ha postergado por muchos años tratar frontalmente el tema del transporte. Como esto tiene un alto costo político, no se les ocurriò mejor idea que esperar que algunos de los Municipios asuman las competencias del transporte en sus respetivas comunidades para efectos de pasarles la pelota y decir que son ellos quienes deben enfrentar el tema. El gobierno evidentemente se desmarca de este delicado asunto para evitar asumir el costo político. En el fondo esto es lo que está sucediendo.
