La Ley de Alianza Público-Provada, no está orientada incentivar cualquier proyecto sino los que le interesa al Estado, dijo el asambleísta del PSC-Madera de Guerrero, Moises Tacle. El legislador cuestionó que la normativa no permita la apertura a cualquier inversión privada, por lo que considera que esta Ley no ayudará a fomentar la inversión que necesita el paìs en estos momentos de crisis.
El asambleísta, afirmó que el gobierno debe reconocer que hay una crisis económica, que su modelo ya se agotó y no se puede sustentar solo en la inversión pública sin la intervención del sector privado.
Cuando conocimos que el Ejecutivo estaba enviando un Proyecto de Ley con carácter económico urgente, que tenía que ver con la posibilidad de que se establezcan alianzas público-privadas en el Ecuador, saludamos con mucha expectativa esta iniciativa, porque pensábamos que luego de casi nueve años de gestión del actual Gobierno, tiempo en el que se había renegado siempre de la inversión privada nacional y extranjera, ahora por fin se iba a dar la posibilidad de que la inversión privada también participe en el desarrollo nacional. Pero luego, cuando conocimos ya el Proyecto de Ley y se discutía el articulado, nos dimos cuenta de que esta iniciativa no representaba una verdadera apertura a la inversión privada. Apenas es una leve apertura y está dirigida principalmente a proyectos que poco a poco estamos viendo que tuvieron siempre nombre y apellido, proyectos de alianzas público-privadas que es de todos sabido que el Gobierno estaba negociando y que por razones derivadas de la crisis económica en la que está inmerso el Ecuador, no era posible concretarlos si no existían de por medio incentivos que permitieran viabilizar estas negociaciones en algún momento. Cuando finalmente se aprueba este proyecto, se incluyen en el mismo cosas totalmente criticables, como lo es la disposición que permitió el resurgimiento de un impuesto que había sido derogado en su momento y que tiene que ver con el dos por mil del capital pagado de las empresas asentadas en la ciudad de Guayaquil para el mantenimiento del sistema hospitalario de esa ciudad. Creíamos que ese impuesto se había derogado, pero desgraciadamente el Ejecutivo lo restableció en una disposición general de este Proyecto de Ley. Ahora que el veto tenía la oportunidad de corregir ese desacierto, esa iniciativa totalmente injusta y discriminatoria con la ciudad de Guayaquil y sus empresarios, no la ha hecho. Al mantenerse este impuesto del dos por mil, nosotros jamás podremos estar de acuerdo con el fondo de esta Ley. Pero aún hay más: en el veto del ejecutivo se incorpora un nuevo ataque, una nueva minimización a la Contraloría General del Estado al limitarla a que las auditorías de las empresas de economía mixta no pueda hacerlas directamente esta institución y tenga que hacerlo obligadamente a través de una empresa privada de auditoría. Quiero recordar un proceso que ha sido rápido y doloroso en el tema de la Contraloría General del Estado y que se ha producido específicamente en este Gobierno: Empezó con la aprobación de la Ley de Contratación Pública, en la cual se eliminó lo que existió por muchos años en el Ecuador, que era el informe previo de la Contraloría General del Estado a efectos de poder contratar una obra en el sector público; ahora ese examen es cuando el paciente ha fallecido, cuando no se puede hacer nada en el caso de muchas obras que han demandado una enorme inversión de recursos del Estado y encontramos que no sirven para nada, que hay un lucro cesante enorme y una obra que en definitiva no responde a los intereses de la sociedad ecuatoriana. Luego viene el tema de la denominada enmienda constitucional, en la que se cercena uno de los roles fundamentales que le asigna la Constitución a la Contraloría; ahora este ente de control no puede hacer auditorías de la gestión de las entidades públicas y esto es muy grave, porque la verdadera auditoría de los recursos públicos no consiste solamente en verificar el buen uso de recursos en cuanto al cumplimiento de disposiciones legales y contractuales en las obras que se ejecutan, sino fundamentalmente en auditar la calidad del gasto y si el propósito de los recursos invertidos en un proyecto se está cumpliendo o no, si hay o no lucro cesante en una inversión. Esa es la verdadera función de un ente rector del control del gasto de recursos públicos. Con la denominada enmienda, que es en realidad una reforma, todo esto se produjo en detrimento de las funciones de la Contraloría General del Estado y ahora, una de las escasas funciones que todavía le quedaban a la Contraloría y que tiene que ver con la auditoría de los estados financieros de las empresas de economía mixta, que son aquellas en las que el Estado realiza una sociedad con una entidad privada para ejecutar un proyecto, asociación en la que necesariamente, por mandato de la ley, el Estado debe tener participación mayoritaria, es decir, al menos el 51%. En ese tipo de empresas, la ley determina que la auditoría de los estados financieros debe hacerla necesariamente la Contraloría General del Estado de una manera directa, y si por alguna razón no fuese esto posible, podría contratar los servicios de una empresa auditora privada. Ahora, con el veto del Ejecutivo, se elimina la posibilidad de que la Contraloría pueda hacer directamente esa auditoría
Qué es lo que persigue el actual Gobierno con respecto al control del uso de los recursos públicos. ¿No se quiere que el uso de los recursos públicos sea debidamente auditado. que haya la transparencia necesaria para que todos los ecuatorianos estemos seguros de la buena utilización de estos recursos? ¿Qué se persigue con estos constantes ataques a la Contraloría General del Estado? Quiero resaltar en materia del uso de los recursos públicos, siempre es necesario el control de un ente estatal. Lamento que una vez más el Ejecutivo, a través de este Proyecto de Ley, pretenda nuevamente minimizar el rol de la Contraloría General del Estado.
“Cuando uno quiere hacer oposición a un gobierno, se puede acudir a las calles y a las plazas del Ecuador, se puede acudir a los medios, se puede utilizar las redes sociales; pero cuando uno ha recibido votos en los diferentes distritos electorales y somos asambleístas, éste (el Pleno de la Asamblea) es el lugar que nos corresponde por mandato popular para defender los intereses de nuestros votantes y para hacer oposición, si es del caso. Por ello estamos hoy aquí todos los integrantes del bloque del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero.
Este paquete de las denominadas enmiendas electorales que se presentó hace un año a consideración del pueblo ecuatoriano y que en un momento fuera avalado por una Corte Constitucional sumisa a los intereses del gobierno, ahora nos toca discutir en segundo debate y aprobar o negar en forma definitiva.
A lo largo de más de un año, el Gobierno y sus asambleístas han tratado de venderle la idea al pueblo ecuatoriano de que estas denominadas enmiendas no afectan a la estructura y elementos constitutivos del Estado y que, por el contrario, aumentan garantías. El debate nacional que se ha producido a lo largo y ancho de todas nuestras poblaciones; el debate que se ha producido en las universidades, en distintas organizaciones sociales, en colegios profesionales, en foros de opinión, nos dice que más del 85% de la población cree que deben consultarse las denominadas encuestas, y deben consultarse porque no son enmiendas, la mayoría de ellas son reformas a la Constitución, son temas que sí afectan a las garantías y derechos de los ciudadanos.”
El Presupuesto General del Estado es un mecanismo de los gobiernos para asignar recursos a las distintas actividades de inversión productiva y social, además del gasto corriente de un país y esté, obviamente, debe estar en concordancia con los ingresos que pudiera tener el gobierno, por ello, en todos los parlamentos mundiales la discusión de una proforma presupuestaria es una de las más importantes que se adoptan en el seno de esas asambleas legislativas. En el Ecuador, desgraciadamente, nos encontramos en una situación en la que esta Asamblea no tiene poder de decisión, prácticamente no puede hacer ningún cambio y ahora ni siquiera tiene el tiempo para analizar adecuadamente la propuesta que le envía el Ejecutivo. Por ello me sumo a los reclamos planteados por algunos asambleístas acerca de que ésta es, sin duda alguna, una de las reformas constitucionales que deberán darse en el futuro, pues no es correcto que el Presupuesto General del Estado sea discutido y aprobado en la forma en la que lo estamos haciendo hoy. El mero hecho de que el presupuesto que se ha planteado para el 2016 sea de 6.000 millones menos que el aprobado para el año 2015 ya refleja y evidencia que hay un problema muy serio y que la crisis económica en el Ecuador refleja que los ingresos que va a obtener el Estado no va a soportar el nivel de gasto al que estaba acostumbrado, por lo menos en referencia al presupuesto actual y desgraciadamente esta propuesta vuelve a presentar los mismos errores que encontramos en la del año pasado: no hay una precisión adecuada de los ingresos y se sobrevaloran los ingresos que vamos a obtener por concepto de impuestos en el 2016; tampoco existen indicios claros acerca de cómo se resolverá el problema del déficit; los asuntos del endeudamiento externo siguen siendo un gran misterio para los ciudadanos y también para los asambleístas, quienes no conocemos los términos en los que el Gobierno se ha endeudado agresivamente en estos últimos años, ni del endeudamiento adicional que se plantearía para el 2016; en el tema de los egresos, no se prioriza el gasto social y la inversión productiva en temas en los que todos podamos estar de acuerdo, porque hemos reclamado constantemente acerca del gasto, tanto en el de inversión como el corriente, de la parte improductiva, que no produce ningún rédito social, de eso hay muchísimos ejemplos. No es posible, por ejemplo que cuando se examinan los grandes proyectos que van a financiarse en el 2016, aparezca la construcción de grandes edificios a los que llaman “plataformas gubernamentales”…Ese tipo de inversiones deben posponerse en una economía de crisis. Cuando pedimos recortar el gasto burocrático innecesario no hablamos de despedir a los maestros o de dejar de contratar médicos y enfermeras para las nuevas instalaciones hospitalarias que vayan a inaugurarse en el 2016, sino que hablamos de los ministros de Estado que salen a la calle resguardados con 5 vehículos y dos motocicletas llenos de guardaespaldas, hablamos de los gastos en la atosigante publicidad, que inunda todos los medios con una propaganda totalmente innecesaria, hablamos de que se contrata a personas que perciben sueldos que están muy por encima de la escala salarial del servicio público.
No obstante todo lo señalado, hay un tema de fondo que quisiera analizar: He escuchado decir al Presidente de la República y a algunos asambleístas, es que en la Proforma Presupuestaria para el 2016 se prioriza al ser humano sobre el capital y con esto se envía el mensaje de que no va a haber despidos en el sector público para recortar el gasto corriente; todos estamos plenamente de acuerdo en esto, pero el desempleo crece cada día en Ecuador y eso sí afecta al ser humano. Por desgracia, tan pronto termine este año, el número de ecuatorianos que van a quedar desempleados en el sector privado será enorme, porque las empresas esperan liquidar este año para despedir a muchos de sus empleados. Entonces, el Presupuesto General del Estado, que no es otra cosa que la implementación de políticas que en la actual coyuntura permitan salir de una crisis que es evidente, no está sirviendo ese propósito, no hay indicios de que el Gobierno quiera recortar los onerosos gastos improductivos, no hay indicios de que el Gobierno vaya a abrir las puertas a la inversión productiva, no hay indicios de que se eliminarán los costos e impuestos que están encareciendo los precios en las actividades productivas, no hay apertura para el empresariado ecuatoriano y se sigue satanizando la riqueza y el éxito empresarial y se sigue poniendo trabas de toda índole para que las actividades productivas puedan realmente tomar vuelo, generar empleo y generar riqueza. Es lamentable que con el voto de los asambleístas del correísmo se vaya a aprobar esta Proforma Presupuestaria, que para nada responde a la crisis económica en la que estamos inmersos y se va a profundizar en el año 2016 y esto es una irresponsabilidad que de todas maneras corresponde a toda la Asamblea Nacional.
Había manifestado en mi primera intervención sobre el tema que para el desarrollo de la investigación científica con el fin de tener realmente una sociedad basada en el conocimiento, eran necesarias algunas condiciones previas, entre ellas, la existencia de un sistema de un sistema de educación superior de excelencia, la absoluta libertad de cátedra e investigación y, por supuesto, el financiamiento adecuado, tanto del sector público como del privado, para las actividades del desarrollo científico y tecnológico; por tanto, me voy a referir a esta última parte, que considero fundamental a efectos de que en el Ecuador en un futuro cercano tengamos algún grado de desarrollo científico y tecnológico importante.
En el Libro 4, que se refiere a distintos incentivos administrativo-financieros y fiscales relacionados con la investigación, el Artículo 543 habla de la pre-asignación de recursos que servirían fundamentalmente para financiar los programas de desarrollo científico y tecnológico, y se menciona que la fuente de recursos sería el 1% no reembolsable del monto de pago a los contratistas del sector petrolero. Como ese sector está en crisis, incluso impago en buena parte de sus facturas, no tengo idea al momento de cuánto podría representar este 1%. De igual forma, la segunda fuente tiene que ver con el 1% no reembolsable de los ingresos de las operadoras en el sector de las telecomunicaciones. Esta asignación ya estaba dispuesta en la Ley de Telecomunicaciones y estaba destinada primordialmente a financiar investigaciones relativas a temas de telecomunicación. Finalmente se habla del 0.5% del pago de las planillas al Seguro Social. Pediría aclarar a qué 0.5% se refiere, puesto que se indica a continuación que todas estas pre asignaciones ya existen y no se trata de la creación de nuevas contribuciones o impuestos. Lo que yo conozco es que existe un aporte patronal del 1%, del cual 0.5% está destinado a financiar las actividades del IECE y 0.5% a financiar las actividades del SECAP; por lo expuesto, sería importante aclarar a qué se refiere esta pre asignación. En todo caso, la suma de estas tres pre asignaciones, debería dar un aporte total de al menos 0.55% del PIB, a las actividades de ciencia y tecnología en el país, lo cual sigue siendo insuficiente si tomamos en cuenta que los países que han logrado una importante producción científica y tecnológica destinan a estas actividades por lo menos un 3% del PIB y, por supuesto, también hay una contribución importante del sector privado.
En el Artículo 548 se habla de los permisos que se dan en el sector público para que personal de la administración pueda hacer cursos de capacitación o incursionar en cualquier tema para la obtención de un título. La Ley deja en libertad a la oficina de talento humana para conceder la licencia con o sin remuneración al servidor público; esto trae un problema de discrecionalidad que generalmente termina en serios incidentes. Por lo tanto, mi recomendación sería que se otorgue licencias para estas actividades a todos, o no se otorguen a ninguno, pero que no se deje la discrecionalidad sujeta a lo que decida la oficina de recursos humanos de cada institución.
En el Capítulo II se habla de los incentivos financieros y el Artículo 555 establece incentivos tributarios en los que se reduce el impuesto a la renta cuando los sujetos pasivos que reinviertan sus utilidades en proyectos y programas de investigación científica o tecnológica, pueden gozar de una reversión del impuesto a la renta hasta del 10% si se trata de inversiones en ciudades del conocimiento, del 8% si se trata de otro tipo de áreas de producción del conocimiento y en el resto de los sitios del 6%. Yo creo que este Artículo es discriminatorio y no tiene justificación alguna.
